A primera hora de ayer, en La Moneda, el presidente Gabriel Boric Font encabezó una ceremonia donde se anunció el ingreso al Congreso de dos proyectos de ley relacionados con los plazos de tramitación de permisos para distintos tipos de inversiones; por una parte una reforma integral a la tramitación de los permisos sectoriales, y por otra, la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300/1994), que para efectos de la presentación fue denominada como “evaluación ambiental 2.0”.

En el acto, que contó con una amplia participación de representantes del sector productivo, se puso énfasis en que ambos proyectos se inscriben en el marco del Pacto Fiscal presentado por el gobierno. “Son dos reformas clave para el crecimiento y el desarrollo sostenible de Chile (…) son parte integral del Pacto Fiscal para poder tener un crecimiento sostenible, responsable en el tiempo”, señaló el presidente Boric.

“Estos proyectos en particular buscan agilizar la entrega de permisos necesarios para iniciar un proyecto de inversión y mejorar los procesos de evaluación ambiental y, muy importante, lo hacen sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y las personas”, puntualizó el Mandatario, quien estuvo acompañado por los ministros del Medio Ambiente, Maisa Rojas Corradi, y de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau Veloso, entre otros.

Según informaron desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el proyecto de modificación a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente sería ingresado la tarde de ayer a través del Senado. En relación a esta ley, promulgada hace casi 30 años, existe consenso sobre la necesidad de actualizarla, sin embargo, dos gobiernos previos han fracasado en el intento de hacer una reforma profunda.

El proyecto elaborado por el MMA se basa en tres pilares fundamentales: disminuir incertidumbres y tiempos de tramitación para comunidades e inversionistas; fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, en particular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica; mejorar la participación de la ciudadanía en línea con el Acuerdo de Escazú.

“Esta reforma [a la Ley 19.300] fortalece la gestión ambiental y mejora la tramitación de proyectos para dar certezas a las comunidades y a los inversionistas. En esto es muy relevante la modernización del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), que refuerza el carácter técnico de la toma de decisiones al eliminar instancias políticas como el Comité de Ministros”, señaló el presidente Boric y manifestó su esperanza de una tramitación expedita en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, senador Ignacio Latorre (RD), dijo a País Circular que “uno de los aspectos importantes e innovadores de este proyecto de ley es que elimina toda la autoridad política, es decir, el Comité de Ministros y las Comisiones Evaluadoras Ambientales [Coeva, entidad regional], que dependen de los gobiernos de turno, y donde muchas veces puede haber arbitrariedad en las decisiones (…) El hecho de fortalecer las Direcciones Regionales y la Dirección Ejecutiva del SEA, así como la evidencia técnica-científica a la hora de tomar decisiones, es algo que da certeza al país”.

Asimismo, el legislador apuntó que uno de los aspectos importante a discutir en este ámbito es la participación ciudadana anticipada: “Mientras mejor trabajo se haga con las comunidades involucradas, escuchando -los inversionistas y los gestores de los proyectos- dónde puede haber eventuales conflictos, anticiparse a esos conflictos, cumplir las normativas, y no solo cumplir lo que exige la ley, sino que ojalá mejorar los estándares ambientales, va a ayudar a la tramitación de los proyectos, a un mejor desarrollo de los mismos y a disminuir la complejidad socioambiental”.

“Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado le daré máxima celeridad a la discusión de este importante proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación Ambiental. Hoy  (ayer) en La Moneda al presidente Boric nos solicitó generar un debate y unos consensos mínimos para modernizar y actualizar nuestro sistema de evaluación ambiental, por tanto, ya desde el próximo martes  vamos a comenzar con las primeras audiencias para escuchar en la Comisión a las ONGs, a la sociedad civil en torno a los temas ambientales, a expertos en Derecho Ambiental, al sector privado y, obviamente, en el ámbito institucional a la ministra del Medio Ambiente, a la Superintendenta, y a la misma directora ejecutiva del SEA”, puntualizó el senador Latorre.

Mirada del sector productivo

Como oradora invitada en el evento de ayer, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) Rosario Navarro, subrayó “la necesidad de contar con certezas jurídicas al momento de emprender e invertir”, y en ese sentido valoró que el Presidente “haya tomado el desafío de resolver los nudos que enfrentan los proyectos de inversión, encargando el diseño de dos proyectos de ley que buscarán resolver la burocracia asociada a los permisos”.

La dirigenta gremial destacó, asimismo, el trabajo prelegislativo realizado por las carteras del Medio Ambiente y Economía, donde “hemos tenido la posibilidad de tener un diálogo -al igual que otros actores- para aportar a lo que se está persiguiendo”. Agregó que, si bien no conoce el detalle del texto definitivo de la reforma a la Ley 19.300, ve avances concretos en aspectos como “el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su rol de coordinador del sistema; la precisión de los contenidos mínimos de la Resolución de Calificación Ambiental, y la limitación a la exigencia de consultas de pertinencia por organismos sectoriales”, entre otros.

“Un elemento que es necesario mejorar es el proceso de participación ciudadana; los proyectos tienen que nutrirse con la mirada a las comunidades que realmente son vecinas o serán afectadas por las iniciativas en discusión (…). Lo que definitivamente no es razonable es dejar un proceso abierto, donde participen grupos que no tienen ninguna relación con el proyecto”, agregó la dirigenta del gremio empresarial.

A su vez, el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, comentó que “resulta simbólico que el gobierno ingrese simultáneamente a tramitación legislativa los proyectos de racionalización de permisos y de modernización de la evaluación ambiental. Esto demuestra que el crecimiento económico y la protección ambiental son plenamente compatibles”.

“No debe olvidarse que el objetivo es reducir los tiempos involucrados en el otorgamiento de permisos manteniendo los estándares ambientales y sociales, lo que no se logra con el solo envío de proyectos de ley al Congreso Nacional (…) Mientras se tramitan estas iniciativas, resulta indispensable asignar mayores recursos a los servicios que otorgan los permisos y que las autoridades entreguen permanentemente señales en el sentido de que Chile requiere urgentemente de más inversión, crecimiento y empleo”, añadió Urenda, quien también participó en el acto en La Moneda.

En tanto, el consultor ambiental Jaime Solari evaluó positivamente la eliminación del Comité de Ministros y las Coeva señalando que “efectivamente esto va a despolitizar decisiones que deben ser más técnicas”. De este modo se puede agilizar -dijo-, más que los tiempos de evaluación, los tiempos post evaluación; la judicialización, por ejemplo.

“Actualmente, cuando se reclama por una RCA, se va al Comité de Ministros, que pide muchas cosas y uno se demora por lo menos seis meses más sin tener una decisión. Yo diría que el 80% de las veces, las decisiones del Comité de Ministros son más técnicas, y solo el 20% son políticas. En los proyectos más conflictivos, esta instancia política hace lo que el gobierno quiere -eso es un secreto a voces-, entonces se pierde cualquier objetividad técnica. Me parece acertado el cambio, porque ese 20% a veces son proyectos grandes, de mucha envergadura, que requieren ser analizados desde el punto de vista técnico, y va a ser más rápido, porque van a ir directamente al Tribunal Ambiental y ahí se va a reducir un plazo la tramitación”, comentó Solari, presidente ejecutivo de Soluciones en Gestión Ambiental, SGA.

Respecto a la participación ciudadana anticipada, el consultor comentó que es una práctica que ya se realiza, especialmente en las “empresas que trabajan en forma más ambientalmente segura” y que ha demostrado su efectividad en reducir la conflictividad. “En general, se habla con la comunidad, con algunos stakeholders, se recogen opiniones que muchas veces llevan a modificaciones del proyecto (…) No creo que influya en la tramitación, pero por mi experiencia puedo decir que sí reduce la conflictividad”, comentó Solari.

La visión de las ONGs

La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, consultada por País Circular comentó que consideran “muy positiva la inclusión de una participación ciudadana anticipada reglada” porque permite concretar lo mandatado por el Acuerdo de Escazú, en cuanto al derecho de acceso a la información y participación en decisiones ambientales, además de “regular el procedimiento de relación entre el inversionista y las comunidades previo el ingreso del proyecto al SEIA”.

“Hasta hoy, en general, las relaciones entre las empresas y las comunidades y sus dirigentes han sido negociaciones de compensaciones individuales, que han tenido como consecuencia la compra de voluntades, la cooptación de algunos dirigentes y la división de las comunidades. Se establecen relaciones clientelares que en nada ayuda a mitigar los daños ambientales o alcanzar beneficios compartidos; y menos compensaciones en ‘moneda ambiental’”, explicó Larraín.

Sobre la eliminación del Comité de Ministros del proceso de evaluación ambiental, dijo que es una demanda histórica del movimiento ambiental y lo valoró como “extremadamente positivo”, porque reduce “telefonazos de alto nivel y factores de discrecionalidad que atentan contra la prevención de los impactos ambientales, para lo cual está hecho el instrumento del SEIA”. Sin embargo, respecto a las Coeva manifestó cierta inquietud: “Se tendía a reproducir la distorsión de la incidencia del superior jerárquico, y en ese sentido es mejor que los evaluadores competentes de cada servicio que concurren al proceso de evaluación, funcionen con autonomía técnica, pero sería recomendable aclarar y reglar el procedimiento de intercambio y consultas entre los servicios que evalúan, para  avanzar en miradas y enfoques más integrados de evaluación, y no solo con el sesgo del permiso sectorial”.

A juicio de la directora de Chile Sustentable, la reducción de plazos se producirá porque habrá mejoras de los proyectos en el periodo de participación temprana y porque se evitarán las sesiones de las Coeva y el Comité de Ministros, además de la simplificación del proceso de reclamación. “Eso generará mayor equidad entre el tiempo que tenían los funcionarios para evaluar y las múltiples suspensiones que solicitaban las empresas, que luego achacaban al organismo evaluador”.

“También es positivo que se haya robustecido el mecanismo de término anticipado, lo que soluciona el grave problema de que el titular presenta un proyecto sin información adecuada, y el SEA y las comunidades deben arreglarle el proyecto vía adendas, lo cual es caro para el Estado y desgastante para los ciudadanos”, advirtió Sara Larraín.

En tanto, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, también abordó el tema de las suspensiones solicitadas por los titulares de los proyectos, señalando que, si se revisan las estadísticas del SEA, “el tiempo que toma la evaluación ambiental de proyectos -vía estudio o vía declaración- vemos que hay demora en el proceso debido a la suspensión de los plazos de evaluación cuando los proponentes reciben el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones que envía el SEIA. (…) Consideramos que es muy importante reducir los plazos de suspensión para que la evaluación ocurra más rápido y esto requiere que se presenten declaración y/o estudios con toda la información que se requiere para la evaluación de proyectos”.

Agregó que para hacer una reforma que reduzca los plazos y proteja el medio ambiente se requiere “poner exigencias en la calidad de la información que los titulares de proyecto entregan al inicio en los procesos de evaluación, disponer de equipos técnicos dentro de los servicios públicos que tengan las competencias y el tiempo para realizar la revisión de la información, a lo que se suma el que las organizaciones locales y comunidades puedan tener apoyo técnico para participar de este proceso en igualdad de condiciones”.

Liberona aclaró que en Terram no han conocido aún el texto definitivo del proyecto, no obstante, comentó que desde la Fundación han seguido de cerca “los procesos que apuntan a realizar modificaciones a la Ley 19.300 y nuestra reflexión, una y otra vez, es la misma: para hacer una adecuada propuesta de cambios hay que considerar la integralidad del proceso y a todos los actores involucrados -organizaciones y comunidades locales, servicios públicos y empresas-. Lamentablemente, esto no ha sucedido así y, una y otra vez, el gobierno de turno actúa por presión de los grandes consorcios empresariales”.