Proyecto de ley sobre lavado verde de imagen: cómo salió de la Cámara y qué se espera de la tramitación en el Senado
Hace una semana pasó a segundo trámite constitucional el proyecto de ley que busca regular, prevenir y sancionar el “greenwashing”, es decir, la práctica de publicitar algo como sustentable sin que lo sea. Pamela Poo, politóloga experta en temas ambientales y asesora parlamentaria, explica que la iniciativa sufrió pocos cambios en la Cámara de Diputados y Diputadas, y manifiesta algo de preocupación en cuanto a la celeridad con que va a ser tramitada en la Cámara Alta. “Sería interesante que el Ejecutivo se involucrara en este proyecto (…) ponerle urgencia, por ejemplo”, señala en esta entrevista la directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur.
Hace exactamente una semana, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que regula, previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen, con lo cual la iniciativa pasó a segundo trámite legislativo en el Senado. Para conocer cómo ha sido hasta ahora la tramitación de esta iniciativa y cómo debiera avanzar, País Circular conversó con la politóloga experta en temas ambientales y asesora parlamentaria Pamela Poo Cifuentes, quien explica que “el hecho de que haya avanzado un primer trámite es una señal potente de que existe voluntad de legislar para regular temas que en Chile prácticamente no se hablaban”.
El proyecto (boletín 15044-12), que ingresó a la Cámara en moción parlamentaria el 31 de mayo de 2022, fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de esa cámara hace un año, luego fue aprobada en Sala en octubre pasado, pero con indicaciones, por lo que volvió a la Comisión, desde donde salió en noviembre, para finalmente ser aprobada en Sala el 15 de enero de este año.
“El proyecto tuvo un paso bastante fluido, si consideramos que ingresó hace menos de dos años”, cometa Poo Cifuentes. “Se tramitó bastante rápido, independiente de las indicaciones a favor o en contra, o de no querer tramitarlo, es decir, todos los sectores políticos aportaron con ideas para generar el debate en la Comisión de Medio Ambiente, después pasó a la Sala, donde se aprobó en general y eso le dio holgura para presentar nuevas indicaciones, las que se tramitaron nuevamente en la Comisión y el proyecto prácticamente salió como había salido en su primer informe”, agrega la politóloga, quien es directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur.
A grandes rasgos, la iniciativa busca hacer frente a la práctica empresarial de publicitar como sustentable, o “verde”, sus productos, servicios o proyectos, muchas veces sin antecedentes reales que avalen esa etiqueta, lo que puede tener consecuencias en los consumidores, inversionistas, comunidades y otros grupos de interés, entre otros. “Hoy en día cualquier cosa es ‘sustentabilidad’”, comenta Poo al destacar que entre otras cosas, el proyecto de ley contra el greenwashing busca establecer definiciones, “una especie de rayado de cancha” sobre qué entendemos por sustentable.
-El proyecto que salió la semana pasada de la Cámara, ¿tiene algún cambio relevante en relación al texto original?
El proyecto original está prácticamente aprobado como salió en su primer informe (11 de enero de 2023). Quedaron las sanciones, y eso es lo más potente, que existan infracciones y sanciones. Por otro lado, también es muy potente que se estipule que las empresas no puedan hacer publicidad con cosas que sí o sí tienen que cumplir en el marco de la evaluación ambiental; no pueden decir que un proyecto es ecológico o verde solamente porque está cumpliendo la ley ambiental, porque eso no tiene nada de verde ni ecológico. Esto permite que las personas puedan acceder realmente a la información de la publicidad y sustentabilidad de manera correcta, que es el tema de fondo.
El proyecto prácticamente que salió ‘como venía empaquetado’, y aborda distintos temas que son importantes, que en el fondo apuntan a regular, prevenir y sancionar el tema del lavado verde de imagen. También es relevante que apunta a definir qué es sustentable, porque hoy en día cualquier cosa es ‘sustentabilidad’; este proyecto de ley pone elementos que definan qué es lo sustentable y qué es lo que se va a publicitar como sustentable. Si bien estas consideraciones se deben definir en un futuro reglamento, cuando el Ejecutivo tiene voluntad, los reglamentos pueden salir bastante rápido; es cosa de ver, por ejemplo, lo que pasó con la Ley de Humedales Urbanos, cuyo reglamento se dictó dentro del plazo que se había fijado, que eran seis meses.
El reglamento va a operativizar finalmente el tema de las definiciones. De todas maneras, hay normas expresas en la ley con respecto a las sanciones, (…) estos elementos quedan zanjados en la ley, pero el reglamento va a definir qué información deben entregar las empresas con respecto a la sustentabilidad; es importante que haya una especie de rayado de cancha de dónde nos movemos, porque eso entrega certeza jurídica para todas las partes.
“Un punto importante tiene que ver con los proponentes de un proyecto, que no pueden hacer publicidad de sustentabilidad mientras se encuentran en evaluación ambiental. Esto apunta al hecho de que muchas veces se hacen afirmaciones relativas a la evaluación de un proyecto cuando ni siquiera está aprobado”.
-En relación a los titulares de los proyectos de inversión, ¿cuáles son las regulaciones qué se establecen y por qué son relevantes?
Lo primero es que no se pueden publicitar como sustentables las prácticas que dan cumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias, por ejemplo, temas de medidas de mitigación, reparación o compensación cuando eso está dispuesto en la Ley de Bases de Medio Ambiente. Se trata de no exacerbar un tema que consiste en cumplir con las exigencias, porque eso no es ser más verde.
Por otro lado, tampoco podrán hacer publicidad de temas sustentables las empresas que hayan sido condenadas por daño ambiental o por infracciones graves o gravísimas; porque una empresa puede haber secado un bofedal y estar diciendo que es sustentable, entonces la idea es evitar ese tipo de prácticas. Esta limitación tiene un plazo, pensando en que tienen que subsanar antes de hacer esa publicidad.
Otro punto importante tiene que ver con los proponentes de un proyecto, que no pueden hacer publicidad de esto mientras se encuentran en evaluación ambiental. Esto apunta al hecho de que muchas veces se hacen afirmaciones relativas a la evaluación de un proyecto cuando ni siquiera está aprobado, entonces para que no haya esta especie de publicidad engañosa de decir a la comunidad ‘miren este es un proyecto verde, es sustentable’, cuando en el fondo todavía no está aprobado. Se trata de evitar afirmaciones previas para predisponer a la población.
“Lo que hemos estado viendo, lamentablemente, es que en el Senado todo lo que va desde la Cámara no ha tenido movimiento”.
-¿Cómo quedó el tema de las sanciones y las multas?
En caso de infracciones por parte de las empresas se establecen multas por 4.500 unidades tributarias mensuales (UTM); y 9.000 mil UTM, según el artículo que se contravenga. Además, las sentencias impuestas por infracciones a esta Ley deberán publicitarse en el Sistema Nacional de Información Ambiental. Si bien los montos son altos -similares a los que establece la SMA- la idea es que también sean disuasivos.
Otro elemento interesante, en materia de fiscalización, es que también se modifica la Ley del Consumidor para otorgar herramientas a la ciudadanía para que puedan denunciar este tipo de cosas, tanto las personas de manera individual como las asociaciones de consumidores. Es interesante que los ciudadanos tengamos esta herramienta, en especial actualmente, a raíz de la baja fiscalización que el Estado puede hacer a una cantidad enorme de empresas, o de los mensajes que estamos viendo todos los días (…) Y no solo en esta ley, también en otras se han dejado artículos que establecen que la ciudadanía pueda denunciar. (…) Todas las personas andamos con un celular en la mano y por lo tanto es fácil denunciar.
-¿Cómo prevé la tramitación de la ley del ecoblanqueo en el Senado?
En general, lo que hemos estado viendo, lamentablemente, es que en el Senado todo lo que va desde la Cámara no ha tenido movimiento. Hay proyectos importantes que la Cámara ha despachado, como el proyecto de protección de glaciares, este proyecto de greenwashing, el proyecto de transición sociológica justa etc., se han ido acumulando proyectos interesantes en esta legislatura y el Senado lamentablemente no les ha dado curso.
Respecto a la composición de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la derecha tiene la mayoría, pero está presidida por un senador que es del oficialismo [Juan Ignacio Latorre (RD)], así que sería interesante que pudiesen poner este proyecto en tabla, pero creo que no va a ser en lo inmediato, en el sentido de que la Comisión del Senado tiene hoy en día el proyecto de ley de la 19.300, y eso va a dejar un poco las mociones parlamentarias a un lado, para discutir los proyectos que han ingresado por mensaje presidencial, como la reforma a la ley 19.300. Por otro lado, la comisión de la Cámara tiene el proyecto de Residuos Orgánicos, que es un mensaje presidencial, y tiene el proyecto de ley de reforma a la SMA (también mensaje), que en algún momento se tienen que ir al Senado.
Creo que sería interesante que la Comisión del Senado diera espacio para tramitar mociones. Es algo que se ha aplicado mucho en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, esto de legislar un mensaje, pero también poner una moción en una segunda hora u otro día, para que los parlamentarios puedan avanzar con sus legislaciones, y también el Ejecutivo con las de ellos. Se pueden ver fórmulas, debiera haber una conversación al respecto entre los próximos presidentes de las Comisiones para ver cómo se puede generar una agenda legislativa fluida entre ambas comisiones de las distintas cámaras.
Además, sería interesante que el Ejecutivo se involucre este proyecto de ley porque la moción siempre se puede fortalecer si hay indicaciones del Ejecutivo que ayuden a perfeccionar, a colocar recursos, a darle mucha más fuerza. Sería bueno que el Ejecutivo patrocine el proyecto para seguir avanzando en esta materia (…) ponerle urgencia, por ejemplo.
-¿Ha habido algún gesto en ese sentido?
Hasta ahora, con este proyecto de ley, no he visto un gesto de parte del Ejecutivo, pero creo que como ya avanzó un primer trámite, quizás en el Senado haya una apertura a revisar el proyecto y ver qué cosas se pueden fortalecer.
“El hecho de que haya avanzado un primer trámite es una señal potente de que existe voluntad de legislar para regular temas que en Chile prácticamente no se hablaban”.
-¿Cuáles cree que son los “intransables” de este proyecto?
Para mí es importante, por lo menos, lo que se refiere a los proponentes de proyectos que están en el marco de la evaluación un impacto ambiental. Somos un país que tiene una fuerte inversión y desarrollo en torno a recursos naturales, y hay un asunto muy debatible en lo que hacen algunas empresas cuando llegan a las comunidades, entonces creo que esta ley también ordena esos elementos.
Viendo que nuevamente hay una ola extractiva potente, creo que es importante no caer en mensajes de que todo es sustentable, sostenible, etc., porque si bien puede haber buenas intenciones con el proyecto, sabemos que “el infierno está lleno de buenas intenciones”.
El hacedor de política pública tiene que velar por un equilibrio en cuanto a los mensajes, porque la población en general no tiene la posibilidad de leerse todo un proyecto de inversión para saber qué tan sustentable o no es, y que no se lo vendan previamente diciendo que es así.
-¿Y en el caso de los productos que se ofrecen como “verdes”?
Creo que cuando se trata de inversiones, se pesquisa desde el inicio, en cambio con los productos es posterior. Por ejemplo, veía un video donde explicaban sobre bloqueadores solares que no son sustentables porque tenían tres químicos que son cancerígenos a nivel medio, entonces desglosar eso es mucho más difícil, tiene otras complejidades (…) Se debe ir tomando conciencia. Hay un mundo en esto y creo que este es un primer avance para empezar a acercarnos y hablar del tema; que las personas también nos eduquemos al respecto. Esta ley puede servir también para hacer esos debates.