Con la instalación del Comité de Expertos, el 6 de marzo se inició el segundo proceso constituyente que redactará una nueva propuesta constitucional para Chile. Dicho Comité, compuesto por 12 hombres y 12 mujeres designados por las cúpulas de los partidos políticos, tendrá tres meses de plazo para redactar un anteproyecto de Constitución que será entregado al Consejo Constitucional, un órgano que será formado por 50 personas -también bajo criterios de paridad de género- elegidos por votación popular el 7 de mayo próximo.

Sin embargo, este nuevo proceso no goza de popularidad en la ciudadanía, principalmente por su carácter cerrado y elitista, que dejó fuera de la discusión de entrada a las y los independientes y a los movimientos sociales que propiciaron el proceso anterior, y que empezó con 12 bases constitucionales o “bordes” de antemano. Pese a ello, Ezio Costa Cordella, abogado y director ejecutivo de la ong FIMA -organización miembro de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC)-, cree que la dimensión ambiental no puede estar ausente en el debate constitucional que arrancó el lunes pasado en el ex Congreso Nacional, en Santiago.

A juicio del académico de la Universidad de Chile, es posible que la nueva propuesta tenga menos normas ambientales, pero percibe que hay consenso respecto de la crisis ambiental que azota a Chile y al planeta, por lo que espera que la dimensión ambiental sea transversal al texto y mantenga una estructura de protección ambiental que ya había sido plasmada en el documento que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. “Creo que la mayoría de las personas y los partidos políticos reconocen que el tema ambiental es un problema del que hay que hacerse cargo”, dice Ezio Costa en esta entrevista con País Circular, en la que narra sus expectativas y temores ante esta nueva oportunidad.

– ¿Cuál es tu mirada general del proceso constituyente? ¿Sientes que las propuestas ambientales plasmadas en el proceso anterior van a sobrevivir y van a ser ejes en esta nueva fase?

-Yo espero que sí. Si bien este proceso es muy distitno al anterior, percibo que en las materias ambientales no recibió el rechazo de la ciudadanía. Por supuesto que se le pueden hacer modificaciones, pero lo que va a quedar en la nueva propuesta constitucional no va a ser igual al proceso anterior. Aun así, una Constitución del año 2023 que quiera hacerse cargo de los problemas actuales y quiera proyectarse hacia el futuro debe tener un estatuto ambiental lo suficientemente robusto.

– Dentro de los llamados “bordes” constitucionales del Acuerdo por Chile, en el punto 12 se cita textualmente: Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad”. ¿Cree que es un buen punto de partida para iniciar el debate constitucional en materia ambiental o es insuficiente?

– A ver, creo que la dimensión ambiental va a estar, y va a estar por la magnitud de la crisis que estamos viviendo actualmente. Si además, afortunadamente, en los bordes está la protección de la naturaleza y la biodiversidad, con mayor razón la discusión va a tener que quedarse. Con una base tan precaria como la Constitución del 80, lo más probable es que en materia ambiental avancemos hacia algo mejor. Ojalá se avance a algo suficientemente profundo y adecuado, como para dotarnos de normas que nos permitan convivir mejor con el entorno.

– En el proceso anterior hablabas de que poner límites a la propiedad privada en la protección ambiental era clave. ¿Crees que esa bandera de lucha, levantada también por los movimientos sociales durante el estallido, se mantendrá dentro del nuevo debate constitucional?

– Espero que sí. Hay ciertas cosas que son avances normativos bien básicos. Y entre esos, la protección del medio ambiente y la limitación a las explotaciones que se puedan hacer de él, es algo bastante básico. Es algo que existe incluso en la normativa y en la Constitución del 80; lo que pasa es que la forma en que esa norma ha sido interpretada no ha sido lo suficientemente adecuada para la protección ambiental. Eso hay que mejorarlo. No creo que haya dudas en la necesidad de instalar este tipo de normas. En el caso de los expertos y expertas, creo que tienen un conocimiento básico del derecho que les permite entender que una Constitución del siglo XXI debe tener derecho ambiental.

– ¿Temes que esta composición elitista termine siendo regresivo en cuanto a los derechos del agua? Me refiero, por ejemplo, a que se vuelva a instalar la propiedad sobre el agua.

Lo que temo es que las personas que redacten esta nueva Constitución no sean capaces de ver cómo el péndulo ha ido de un lado a otro, y no sean capaces de caer en un justo equilibrio. Esa es la dificultad que enfrenta. Si la redacción es reaccionaria frente a lo que Chile quería y sigue queriendo, y que se manifestó en el estallido y en las siguientes iteraciones políticas, vamos a terminar de nuevo con un rechazo. Preferiría pensar que si se quiere hacer este trabajo bien, tendrán que tomar en cuenta que un 38 por ciento aprobó la propuesta rechazada; que ese 38 por ciento sigue existiendo, votando, creyendo cosas muy similares, y que a esas personas deben darle una voz en su manera de ver el mundo, junto con darle voz a otro grupo de personas que rechazó la propuesta anterior, pero que todavia quiere que cambie la Constitución. Hay un 20 por ciento que no quiere cambiar la Constitución. La base es de un 20 por ciento de rechazo porque sí, porque quieren que se quede la Constitución del 80. Entonces, los consejeros y expertos tienen que lograr un texto que al otro 80 por ciento le haga sentido. Si, por ejemplo, el texto mantiene el derecho de propiedad sobre las aguas, algo que en las encuestas la gente manifiesta estar en contra, el texto va a terminar siendo rechazado y nos vamos a farrear un nuevo proceso constituyente. Yo espero que no sea así. Yo veo que los expertos son lo suficientemente inteligentes para entender lo que deben hacer.

– Cuando se inició el debate anterior, hablabas de la transversalidad que deberían tener los contenidos ambientales en todo el texto constitucional. A la luz de la conformación de este nuevo proceso, ¿se debe abandonar la idea de que el medio ambiente sea transversal a todo el documento?

– No sé cuál será el estilo usado para redactar la nueva Constitución, ni qué tipo de Constitución van a redactar. Tiendo a pensar que de los expertos va a salir un anteproyecto de Constitución bastante mínimo. Creo que va a ser una propuesta breve, de principios. Si es así, lo más probable es que lo ambiental se mantenga como algo transversal. Lo que sí es bien probable es que vamos a tener menos normas ambientales y menos normas específicas que las que había en la propuesta de 2022. Pero la transversalidad no creo que cambie. Hay una cuestión transversal en lo ambiental. Creo que hay un consenso en que hay que hacerse cargo de lo ambiental. La mayoría de las personas en Chile y los partidos políticos saben que es un problema del que hay que hacerse cargo, que hay que reconocer derechos y deberes, creando instituciones.

-¿Esos derechos ambientales debiesen ir acompañados necesariamente con la superación del Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet?

– Me parece que tenemos que superar la subsidiariedad del Estado, al menos como la hemos entendido actualmente. Eso no quiere decir que el Estado deba tener una iniciativa en todos los frentes. Pero creo que la discusión entre subsidiariedad y estado social de derechos no condiciona la protección ambiental. Independientemente de estas decisiones sobre la forma de Estado, la protección ambiental debe estar en cualquier forma de Estado.

-¿Qué normas específicas rescatarías del proceso anterior que deberían ser el piso mínimo en la nueva propuesta constitucional?

– Lo más rescatable del proceso anterior era una estructura pensada para, dentro del ordenamiento jurídico, permitir la protección ambiental. Yo no renunciaría a eso. El nuevo proceso tiene que mirar con mucha atención esa estructura y cómo replicarla, independientemente que se modifiquen las normas específicas. Con la “estructura” me refiero a que implementaba derechos, deberes, un reconocimiento de una crisis climática y ecológica, obligaciones para las personas y el Estado de hacerse cargo y limitaciones de derechos a industrias y actividades, reconociendo que las personas somos parte de la naturaleza y que dependemos de ella para existir, y que Chile depende de ella para existir. Esto es lo más macro que debería permanecer en esta fase constituyente. Como segundo punto importante, hay que decir que el derecho ambiental a nivel global está avanzando a un derecho de límites. El derecho ambiental que se conocía hasta ahora era sobre controlar los riesgos. Ahora, lo que se establece es un límite a los impactos totales en los ecosistemas, en lugar de hacer una gestión de riesgos.

– ¿Crees que sobrevivan los llamados “derechos de la naturaleza”, cuya interpretación fue bastante manoseada por los medios de comunicación?

-Es un tema con el cual la academia no está muy de acuerdo. Pero yo espero que sobreviva, y que además sobreviva la idea de que hay que mantener la funcionalidad de los ecosistemas. Y sobre lo de la televisión, durante la campaña del Apruebo/Rechazo tuvimos una interpretación mañosa de las normas que solo ayudó a la gente que rechazó la Constitución. No era una discusión razonable. Se hablaron unas brutalidades que no se resisten desde la interpretación jurídica. Ojalá haya un ánimo más en serio.

– ¿La Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) va a volver a jugar un rol en este nuevo proceso? Dentro de todo lo elitista que es, igual habrá mecanismos de participación ciudadana…

– Al menos desde FIMA vamos a seguir participando en los espacios en que se pueda participar, tratando de incidir por tener una Constitución lo más protectora posible del medio ambiente.

– ¿Ya no una Constitución ecológica?

Sí, también ecológica (piensa unos segundos). Es que también ese concepto fue manoseado, porque cuando hablamos de Constitución ecológica hablamos de normas de protección ambiental dentro de la Constitución. La gente entendió que era toda ecológica; eso no quiso ser ni fue. Vamos a tener una Constitución ecológica, más breve o larga, con más o menos normas, pero queremos que sea lo más protectora posible del medio ambiente.