Medio Ambiente / Proceso constituyente

A un mes del plebiscito: así se prepara el mundo ambientalista para incidir en la nueva Constitución

Las grandes organizaciones ambientalistas en Chile se están articulando en cuanto a nociones básicas que quieren dejar plasmadas en una futura Constitución, entre ellas, la prioridad es garantizar el derecho público al agua potable y el saneamiento. Sin embargo, y más importante aún, es que los derechos ambientales deben ser analizados desde una mirada multidimensional, y estar directamente relacionados con la protección de los derechos humanos. No piensan presentar candidatos a la eventual Convención Constituyente, pero sí traspasar todo su bagaje técnico y jurídico para apoyar a líderes locales que lleven por bandera los contenidos medioambientales a la nueva carta magna.

A 26 días del plebiscito que decidirá si el pueblo chileno quiere o no una nueva Constitución, y el órgano encargado de redactarla, las organizaciones medioambientalistas en el país se están articulando para poder incluir estas temáticas en el proceso constituyente que se iniciará si gana la opción Apruebo.

Buena parte del ambientalismo chileno se encuentra agrupado en la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que, entre otras iniciativas, organizó el año pasado la llamada “COP de los pueblos”, un espacio alternativo de discusión sobre la emergencia climática. Desde esa plataforma, las ong’s ambientalistas piensan, en general, que las temáticas medioambientales debiesen ser abordadas de forma transversal en la redacción de la nueva Carta Fundamental, y que su importancia tiene directa relación con la cautela de los derechos humanos.

Durante estos meses previos al plebiscito, entidades como Greenpeace, Terram, Chile Sustentable y FIMA han organizado y/o participado en charlas, conversatorios y seminarios, todos virtuales debido al contexto de la pandemia. Como grupo integrante de SCAC, en tanto, cuentan con un grupo especialista en materias constitucionales, en el que se debaten qué elementos debiesen ser incorporados a una nueva carta magna. Algunas organizaciones han publicado infografías y contenidos específicos respecto del proceso constituyente, priorizando una finalidad de educación y concientización.

Para Matías Asún, director nacional de Greenpeace, antes que todo, es muy relevante que la Constitución que suceda a la de 1980 sea escrita “por vía democrática, participativa y ciudadana para garantizar que el medioambiente esté en el centro de nuestro desarrollo sustentable”.

Una visión similar tiene Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, para quien es importante que la Constitución tenga “una bajada ambiental”, pero más significativo aún es que sea un texto en el que participe la ciudadanía. “Obviamente poner los temas ambientales en la Constitución es súper importante, pero eventualmente si eso no ocurriera, la prioridad es que la nueva carta sea democrática y dejar abierta la puerta para los temas ambientales”, dice Liberona, cuya organización participa de los debates en Nuevo Pacto Social.

En esa línea, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, teme que el proceso constituyente sea conducido desde una asamblea a “puertas cerradas” y, consecutivamente, carezca de legimitidad: “Hay bastante temor, creemos que puede ser correcto. El texto puede estar correcto en los principios, pero puede que no genere ese proceso de pertenencia. Si se logró que la sociedad chilena salió a la calle para cambiar las reglas del juego, el ideal es que la misma gente tenga la oportunidad de participar”.

FOTO: Softys Water Challenge.
Más de un millón y medio de personas en Chile tienen graves dificultades en el acceso a agua potable. Los ambientalistas esperan consagrar el agua como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado.

“Hay que pensar que el medioambiente no es solo un derecho, es un error reducirlo a una sola dimensión. Los territorios son un elemento del Estado. La comunidad jurídica y política que habita en un país depende de tener un medioambiente sano, ecológicamente equilibrado”.

Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la ong FIMA.

Medioambiente: una visión multidimensional

El abogado Ezio Costa, director ejecutivo de la ong FIMA, dice que un punto clave para incluir los contenidos ambientales en la Constitución es hacerlo de forma transversal a todas las normas del texto. “Hay que pensar que el medioambiente no es solo un derecho, es un error reducirlo a una sola dimensión. Los territorios son un elemento del Estado. La comunidad jurídica y política que habita en un país depende de tener un medioambiente sano, ecológicamente equilibrado”, plantea Costa.

Un diagnóstico parecido ofrece Matías Asún, de Greenpeace Chile, para quien es importante entender que “las cuestiones ambientales no son exclusivamente ambientales. Los problemas de la Constitución son del modelo económico, de equidad, de democracia, son políticos. No implica la protección del medioambiente en sí mismo ni el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, sino que exista participación en las evaluaciones ambientales, que haya contrapesos institucionales, limitar la corrupción y regulación de los bienes comunes. El fondo es un modelo de desarrollo sustentable que se traduzca en un país más justo”.

En ese sentido, Sara Larraín, de Chile Sustentable, dice que, en términos generales, “los derechos ambientales tienen que estar relacionados directamente con los derechos humanos”. Cita por ejemplo que el derecho a la vida debe estar vinculado indisolublemente con el derecho público al agua potable y saneamiento. Dentro de los derechos humanos tiene que estar el acceso a los bienes comunes: agua, aire, tierra, áreas protegidas, transporte”.

Flavia Liberona concuerda con sus pares en lo que respecta a la interdependencia entre la sociedad y el medio ambiente. “Los seres humanos dependemos de la naturaleza, entonces tiene que haber una decisión en la Constitución sobre lo que se protege y lo que no. Y otro tema importante es la propiedad de los recursos naturales. Cómo desde el Estado se logra un equilibrio entre el sector productivo y la protección de la naturaleza”.

Justamente, opina Matías Asún, “el problema de las elites es que se olvidan de las dimensiones ambientales, al considerarlo única y exclusivamente un recurso natural: la acuicultura, las forestales, las mineras, las papeleras tienen una visión cortoplacista que debe cambiar a una manera más sustentable. Es clave poner al medioambiente en el centro de discusión de nuestro desarrollo”.

Pero, además de ello, Sara Larraín cree que, al momento de discutir cómo se redactará el nuevo texto constitucional, es sumamente trascendente pensar cómo éste se va a operativizar a través de las leyes. Dice que en la SCAC han revisado el modelo constitucional ecuatoriano y boliviano, en los que se protege específicamente la naturaleza, pero cuyas leyes no han ido cumpliendo a cabalidad esos principios.

Por eso, señala Larraín, “hay que ser muy inteligentes en pensar en las leyes sectoriales que aplicarán el principio de los deberes y derechos que expresará la Constitución”. Tanto Larraín como Ezio Costa han debatido en el seno de sus organizaciones la existencia de una “defensoría de la naturaleza” para viabilizar el cumplimiento de las normas constitucionales. “Sería algo así como un Instituto de los Derechos Humanos, pero del medioambiente”, explica Costa.

Para Flavia Liberona, de Terram, es clave ver cómo dejar abierto el espacio en la Constitución “para que las leyes lo tomen de buena manera y no se produzca algo tan controversial”. Se refiere a que en la legislación chilena el derecho de propiedad está por sobre el “derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación” declarado en la vigente Constitución fraguada en dictadura. “Sabemos que hay mucha gente que no vive en un ambiente libre de contaminación. Si analizamos solo la contaminación del aire, no es solo Quintero-Puchuncaví, sino que somos cerca de ocho millones de personas las que vivimos en un ambiente contaminado”. Por eso, añade Liberona, “se necesita mucha habilidad en los conceptos técnicos y jurídicos porque seguramente esta Constitución será de mínimos, y habrá que seleccionar los temas que son fundamentales”.

Foto: Agencia Uno
Para los expertos medioambientales, en el debate constituyente es importante pensar qué ley sectorial aplicará los principios constitucionales, de manera tal que no se produzcan situaciones como la de Quintero-Puchuncaví.

“Los seres humanos dependemos de la naturaleza, entonces tiene que haber una decisión en la Constitución sobre lo que se protege y lo que no. Y otro tema importante es la propiedad de los recursos naturales. Cómo desde el Estado se logra un equilibrio entre el sector productivo y la protección de la naturaleza”.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.

Adicionalmente, Liberona dice que el problema de no aplicar “el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación” a la realidad pasa porque las leyes sucesivas definen “contaminación” con respecto al cumplimiento de normas sanitarias. “Hay que reconocer que si bien lo del ambiente libre de contaminación fue moderno en la Constitución del 80 -que sabemos que es ilegítima de origen-, la bajada que se hizo a través de la ley fue restrictiva”, añade.

Casi todas las organizaciones, además, coinciden en un piso mínimo que debe tener la Constitución nueva: se debe garantizar el derecho público al agua potable y saneamiento, y no dejarlo en manos de privados.

Aunque en Terram están concentrados, como primer paso, en asegurar el triunfo de la combinación Apruebo-Convención Constitucional, Flavia Liberona dice que el debate constituyente ya empezó en su organización, y ahí el tema del agua es fundamental.

“Sin duda, el agua es el gran tema de Chile. Hay que lograr que el acceso al agua potable y saneamiento sea un derecho humano. Es importante también el mantenimiento de los ecosistemas. Es lo que congrega a los grupos ambientalistas. El agua en Chile no puede seguir siendo un bien privado”, subraya Liberona. Lo mismo cree Sara Larraín.

En FIMA, en tanto, hay un grupo especializado que está trabajando en los nudos críticos de una “Constitución ecológica”, dice Ezio Costa, para quien también es clave que en la gobernanza futura los gobiernos locales “tengan una efectiva gestión de sus territorios y sus recursos naturales”, y no solo esté supeditada a “un gobierno central”.

“Hay que declarar un acceso universal a los bienes comunes como el agua, las altas montañas, las funciones ecosistémicas. La protección del medioambiente es una variable que debe limitar el derecho de propiedad, y eso no se supedita a la voluntad del legislador. Debe tener herramientas administrativas o judiciales”, prosigue Ezio Costa.

“El problema de las elites es que se olvidan de las dimensiones ambientales, al considerarlo única y exclusivamente un recurso natural: la acuicultura, las forestales, las mineras, las papeleras tienen una visión cortoplacista que debe cambiar a una manera más sustentable. Es clave poner al medioambiente en el centro de discusión de nuestro desarrollo”.

Matías Asún, director de Greenpeace.

“En Chile Sustentable no hemos empezado el debate sobre los candidatos a la Constituyente, pero hemos tenido algunas conversaciones. No hay mucha gente de los ambientalistas tradicionales en participar directamente. Sí estamos interesados en ayudar en términos de contenidos, pero no en ser las personas constituyentes”.

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.

¿Candidatos a la Constituyente?

Los y las cabezas de las organizaciones ambientalistas contactadas apoyan la opción Apruebo y Convención Constitucional para el referéndum del 25 de octubre. Sin embargo, la manera de incidir en el debate no será -hasta ahora por lo menos- llevar candidatos a la Constituyente, sino brindar apoyo técnico y jurídico a eventuales postulaciones que tengan por bandera los temas ambientales y los quieran insertar en la nueva carta magna.

“En Chile Sustentable no hemos empezado el debate sobre los candidatos a la Constituyente, pero hemos tenido algunas conversaciones. No hay mucha gente de los ambientalistas tradicionales en participar directamente. Sí estamos interesados en ayudar en términos de contenidos, pero no en ser las personas constituyentes. Hay algunos jóvenes que tienen interés, pero estamos más enfocados en cómo será el modelo de convención constitucional y cómo va a recibir insumos de las asambleas territoriales, cómo va a hacer participar a las regiones. Nos gustaría que fuera como el proceso sudafricano, en que había un grupo técnico asesor de contenidos dentro de los convencionales que iba a las regiones a recoger los temas que discutían a nivel local. Es importante que la Constitución ayude en la convivencia nacional. Para ello, tiene que ser inclusiva, el proceso no puede ser entre cuatro paredes”, comenta la excandidata presidencial Sara Larraín.

Flavia Liberona valida lo señalado por Larraín en tanto ofrecerán apoyo técnico y jurídico desde Terram a los asambleístas que se interesen por incluir las temáticas ambientales en la Constitución. “Es muy difícil que las organizaciones ambientales más grandes llevemos candidatos a convencionales. Trabajamos en territorios muy amplios y para ser candidato a la Constituyente necesitas tener un trabajo local muy fuerte. Vamos a ser soporte técnico de los asambleístas”.

Por el lado de FIMA tampoco piensan postular candidatos a la Convención Constitucional porque “tenemos un rol técnico-jurídico y no un rol político eleccionario”, aclara Ezio Costa. Lo importante para insertar los temas es, al igual que sus pares, brindar todo el apoyo a los asambleístas que se postulen y eventualmente sean escogidos entre los 155 convencionales que integrarán la inminente Convención Constitucional (todos sus miembros elegidos popularmente).

Según Matías Asún, director de Greenpeace, las organizaciones de base deben ser protagonistas en la deliberación constituyente, “evidenciando sus necesidades en la gestión de agua, de justicia ambiental, en el respeto a los derechos humanos, en una restauración ambiental que incluya una visión de pueblos originarios. Ese conjunto de medidas está en el corazón de una ciudadanía que ha despertado, que va a marcar la agenda. No hay que bajar los brazos para que en este proceso dichos temas no sean transados a través de los partidos políticos, y que generen una antigua Constitución”.

Escazú: ¿una oportunidad para la Constitución?

La negativa del Gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú, como es de esperar, fue repudiada por las organizaciones ambientalistas. “El Presidente Piñera se ha autodefinido como un líder ambiental, pero no quiere proteger el medioambiente, porque ello atenta contra inversionistas extranjeros que lucran con la extracción de los recursos naturales. El Gobierno se ha dedicado a mantener subsidios a las empresas de energías sucias. En Chile hay agua y está mal distribuida. La no firma de Escazú es un síntoma más de la desconexión absoluta de las necesidades de la población”, dice Matías Asún, de Greenpeace.

Pero, ¿podría la no ratificación de Escazú tener algún impacto en el futuro debate constituyente en lo que respecta a las temáticas ambientales? Pese a la condena irrestricta a la decisión del Gobierno, Sara Larraín plantea que este hecho otorga la “oportunidad” de colocar en la Constitución lo que estaba contenido en Escazú. “Puede abrir la posibilidad de meter los temas de Escazú en la Constitución: el acceso a la justicia, por ejemplo”, apunta Larraín.

Según Ezio Costa, de FIMA, el “bochorno” de Escazú no atenta contra la deliberación constituyente, porque, al igual que Larraín, cree que estos temas podrían ser incluidos en la nueva Constitución. En ese sentido, Costa es optimista, por cuanto piensa que esta decisión de no firmar será “algo temporal”, y que “cualquier gobierno razonable que venga lo va a firmar porque es una mejora para la democracia de Chile. El Gobierno ha mostrado una visión miope y retrógrada que va a ser revertida por quien sea que gobierne”.

Más enfática incluso es al respecto Flavia Liberona, de Fundación Terram, quien cree que la negativa del Ejecutivo a ratificar Escazú, aunque “impresentable” en sus palabras, puede “significar un tremendo avance para el país” por cuanto “cualquier candidato va a tener que pronunciarse sobre este acuerdo”. Según ella, “puede convertirse en una ganancia porque los temas ambientales van a estar mucho más presentes”.

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