Desde hace meses que Ezio Costa, director ejecutivo de la ong FIMA, abogado y magíster en Regulación de London School of Economics, está trabajando en los conceptos de lo que el mundo ambiental chileno denomina una “Constitución Ecológica”, tanto desde la organización que dirige como desde el conglomerado Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), una plataforma reúne a más de 80 organizaciones del mundo ambiental, la academia y la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, Terram y Chile Sustentable.
Desde allí han realizado una serie de talleres, charlas y discusiones en torno al proceso constituyente, proceso que debiera plasmarse en las próximas semanas en un primer documento, adelanta Costa, “con los primeros titulares y bajadas de esos titulares” para un nuevo texto constitucional.
A esto, agrega, le seguirán otros documentos más extensos, algunos del SCAC, otros de FIMA, otros de distintas organizaciones ambientales. “El del SCAC recogerá la discusión que hemos tenido todo el año, hemos ido teniendo reuniones una vez al mes con distintos temas. Nos quedan tres, o sea en diciembre vamos a terminar, y una vez que ello ocurra vamos a sacar ese documento que recoja la deliberación del SCAC, probablemente fines de enero o febrero”, adelanta.
Hoy, tras el contundente triunfo de la opción apruebo a la nueva Constitución, con un 78,27% de los votos, su primer análisis del resultado es que este muestra “que hay cierta unidad en Chile, y creo que eso es importante de resaltarlo. Que toda la supuesta polarización es más bien de las elites pero no responde a la realidad del país, y que el país tiene una razonable expectativa de cambio que debiera verse honrada con la Convención Constitucional”.
El desafío ahora, plantea, es cómo hacer que esa Convención Constitucional sea efectivamente representativa del país. Y en ese sentido, cree que es razonable aspirar a que esté integrada por al menos un 20% de independientes, y que estos no sean parte de esa elite también, sino que “lo que tiene que estar representado es toda la diversidad del país. Lo que espero que suceda es que las mismas organizaciones territoriales que hicieron un montón de actividades durante el estallido social, los cabildos, juntas de vecinos, se organicen para tener candidatos. Es muy posible que si lo hacen logren sacarlos electos, y eso es algo en lo que se tiene que trabajar”.
Hace un mes, en una nota de País Circular sobre como se preparaba el mundo ambiental para el proceso constituyente, varios líderes de las ong’s ambientales señalaban que preferían no integrar la convención ¿Eso se mantiene, y por qué no hacerlo, cómo se va a representar el mundo ambiental en la Convención Constitucional?
Entiendo que esa decisión se mantiene, o al menos nadie ha dicho todavía que quiera presentarse. Esto tiene que ver con vocaciones distintas y con entender desde qué lugar uno puede aportar más. A mí me parece que muchos y muchas líderes ambientales podrían aportar un montón desde una Convención Constitucional, pero me imagino que la visión que tienen ellos -no puedo hablar por los demás, pero sí por mi-, la visión que yo tengo es que el trabajo que puedo hacer por una Constitución ecológica, que es el horizonte al que aspiramos, tiene más posibilidades, es mejor, es más potente hacerlo desde otras posiciones distintas que la misma convención.
¿Desde qué posiciones, cómo lo van a abordar?
En el caso nuestro, hemos ido construyendo -ya llevamos un año en esto- qué significa una Constitución ecológica, y vamos a sacar una serie de documentos con conceptos abordados en profundidad, estamos haciendo las discusiones, conversatorios, ojalá encuentros territoriales cuando la situación lo permita, y por supuesto una vez existiendo la convención vamos a estar ahí para trabajar con los constituyentes y hacer incidencia en términos ambientales.
En materia de definiciones, ¿cómo se plasma una Constitución ecológica, cómo se define lo que es un desarrollo sustentable? Ustedes han planteado que esto no sea solo un artículo sino que sea transversal en la Constitución.
Efectivamente, la idea es que sea transversal a la Constitución, y por lo tanto que se integre en la parte de los Principios, en la parte de los Derechos, y en la estructura de la organización del poder. En esas tres partes debería haber definiciones, conceptos, reglas, que estén mirando a la protección del medio ambiente. Algunas de ellas incluso puede que no digan medio ambiente, o naturaleza, pero que colaboren con este objetivo, que finalmente es mirar al medio ambiente como el entorno en que vivimos, del que somos parte, y ponerlo al centro de la protección de la Constitución. Cuestiones como la distribución del poder hacia los territorios, que las comunas, que las regiones tengan efectivamente una capacidad de gestión sobre sus bienes comunes, es algo súper importante a pesar de que no sea explícitamente algo ambiental, pero tiene el componente de generar las instancias y espacios de participación que los territorios requieren precisamente para protegerlos.