Sorpresivo para algunos, esperado para otros, lo cierto es que el triunfo del apruebo a la reforma constitucional con un 78,27% marcó un contundente respaldo a la necesidad de cambios profundos no solo en la carta fundamental, sino también en lo que se conoce como el “contrato social”: la relación entre los derechos y deberes tanto del Estado como de los ciudadanos. El cambio exigido desde la calle el pasado 18-O se ratificó, de forma pacífica y con un alto sentido de la trascendencia del momento, finalmente en las urnas, donde la participación alcanzó un histórico 50,9% del padrón electoral, la más alta desde que existe el voto voluntario con 7.562.173 personas participando del proceso.
Ahora se abre un largo camino que se inicia con la elección de los 155 constituyentes el próximo 11 de abril, conveción que además deberá ser paritaria -igual número de hombres y de mujeres-, quienes deberán redactar una nueva Constitución en un plazo máximo de 12 meses, la que luego deberá ser aprobada -o rechazada- en un plebiscito de salida. Es decir, un proceso que podría tardar un máximo de un año y medio, y que se inicia por estos días con la elaboración de las listas para definir quiénes postularán como constituyentes.
¿Qué rol tendrán los temas ambientales en esta discusión? Aunque hoy la atención está puesta principalmente en los problemas sociales, como las pensiones, el acceso a la salud, a la educación y la igualdad de oportunidades, entre otros, la preocupación por el medio ambiente y la necesidad de un “nuevo trato” con la naturaleza está -si bien no con tanta fuerza- también presente en la ciudadanía. La contaminación, el cambio climático, la crisis hídrica o la destrucción de ecosistemas hacen que el tema hoy tenga especial relevancia, más aún considerando que en los últimos años Chile registra 116 conflictos socioambientales en su territorio, 64 de ellos aún activos.
Una preocupación que, por cierto, no es nueva. Ya en el proceso constituyente iniciado en 2016 por Michelle Bachelet el tema marcó una fuerte presencia en los más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, así como en las más de 90 mil consultas individuales registradas. Allí, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantespara una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley.
Esto llevó a que en el proyecto de reforma constitucional presentado al Congreso los últimos días de su gobierno estableciera en su artículo cuarto que es deber del Estado la protección del medio ambiente, mientras que en el capítulo de los Derechos Fundamentales, establece no solo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación -ya presente en la actual Constitución-, sino que suma el deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y agrega que “la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.
Sin embargo, algo de agua ha pasado bajo el puente desde entonces. A una crisis climática cada vez más evidente bajo la forma de destructivos fenómenos climáticos extremos que se reiteran año a año a nivel global, y a una sequía instalada en Chile que comienza a tensionar el uso y propiedad de los cada vez más escasos recursos hídricos, se sumó este año la pandemia por el Covid-19, que terminó por poner en jaque el modelo económico global basado en la extracción ilimitada de recursos. Pareciera ser que este año terminamos por comprender que el planeta, y la naturaleza, no son infinitos.
Así lo ha demostrado el mundo político, económico y financiero a nivel global, que desde Europa -por ejemplo- respondió a la crisis económica post pandemia con un fuerte impulso a un Pacto Verde que desacople el crecimiento de la degradación ambiental, y también en Chile, donde tras la larga sucesión de crisis (social, sanitaria, económica) la industria está recogiendo esta visión de avanzar hacia un modelo más resiliente, sostenible e inclusivo. Y lo propio ha hecho el mundo ambiental y científico.