Sorpresivo para algunos, esperado para otros, lo cierto es que el triunfo del apruebo a la reforma constitucional con un 78,27% marcó un contundente respaldo a la necesidad de cambios profundos no solo en la carta fundamental, sino también en lo que se conoce como el “contrato social”: la relación entre los derechos y deberes tanto del Estado como de los ciudadanos. El cambio exigido desde la calle el pasado 18-O se ratificó, de forma pacífica y con un alto sentido de la trascendencia del momento, finalmente en las urnas, donde la participación alcanzó un histórico 50,9% del padrón electoral, la más alta desde que existe el voto voluntario con 7.562.173 personas participando del proceso.

Ahora se abre un largo camino que se inicia con la elección de los 155 constituyentes el próximo 11 de abril, conveción que además deberá ser paritaria -igual número de hombres y de mujeres-, quienes deberán redactar una nueva Constitución en un plazo máximo de 12 meses, la que luego deberá ser aprobada -o rechazada- en un plebiscito de salida. Es decir, un proceso que podría tardar un máximo de un año y medio, y que se inicia por estos días con la elaboración de las listas para definir quiénes postularán como constituyentes.

¿Qué rol tendrán los temas ambientales en esta discusión? Aunque hoy la atención está puesta principalmente en los problemas sociales, como las pensiones, el acceso a la salud, a la educación y la igualdad de oportunidades, entre otros, la preocupación por el medio ambiente y la necesidad de un “nuevo trato” con la naturaleza está -si bien no con tanta fuerza- también presente en la ciudadanía. La contaminación, el cambio climático, la crisis hídrica o la destrucción de ecosistemas hacen que el tema hoy tenga especial relevancia, más aún considerando que en los últimos años Chile registra 116 conflictos socioambientales en su territorio, 64 de ellos aún activos.

Una preocupación que, por cierto, no es nueva. Ya en el proceso constituyente iniciado en 2016 por Michelle Bachelet el tema marcó una fuerte presencia en los más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, así como en las más de 90 mil consultas individuales registradas. Allí, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantespara una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley.
Esto llevó a que en el proyecto de reforma constitucional presentado al Congreso los últimos días de su gobierno estableciera en su artículo cuarto que es deber del Estado la protección del medio ambiente, mientras que en el capítulo de los Derechos Fundamentales, establece no solo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación -ya presente en la actual Constitución-, sino que suma el deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y agrega que “la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Sin embargo, algo de agua ha pasado bajo el puente desde entonces. A una crisis climática cada vez más evidente bajo la forma de destructivos fenómenos climáticos extremos que se reiteran año a año a nivel global, y a una sequía instalada en Chile que comienza a tensionar el uso y propiedad de los cada vez más escasos recursos hídricos, se sumó este año la pandemia por el Covid-19, que terminó por poner en jaque el modelo económico global basado en la extracción ilimitada de recursos. Pareciera ser que este año terminamos por comprender que el planeta, y la naturaleza, no son infinitos.

Así lo ha demostrado el mundo político, económico y financiero a nivel global, que desde Europa -por ejemplo- respondió a la crisis económica post pandemia con un fuerte impulso a un Pacto Verde que desacople el crecimiento de la degradación ambiental, y también en Chile, donde tras la larga sucesión de crisis (social, sanitaria, económica) la industria está recogiendo esta visión de avanzar hacia un modelo más resiliente, sostenible e inclusivo. Y lo propio ha hecho el mundo ambiental y científico.

Una oportunidad para una “Constitución Ecológica”  

Desde hace meses, las grandes organizaciones ambientalistas en Chile se están articulando en torno a una serie de propuestas básicas que quieren dejar plasmadas en una futura Constitución, y entre ellas la prioridad es garantizar el derecho público al agua potable y el saneamiento. Sin embargo, y más importante aún, es que los derechos ambientales deben ser analizados desde una mirada multidimensional, y estar directamente relacionados con la protección de los derechos humanos.

Y aunque hasta ahora no está entre sus objetivos el presentar candidatos a la convención constituyente, sí buscan traspasar todo su bagaje técnico y jurídico para apoyar a líderes locales que lleven por bandera los contenidos medioambientales a la nueva carta magna.

Parte importante de ellos se encuentran agrupados en la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que, entre otras iniciativas, organizó el año pasado la llamada “COP de los pueblos”, un espacio alternativo de discusión sobre la emergencia climática, y cuenta con un grupo especialista en materias constitucionales. En los meses previos al plebiscito, entidades como Greenpeace, Terram, Chile Sustentable y FIMA han organizado y/o participado en charlas, conversatorios y seminarios, todos virtuales debido al contexto de la pandemia.

En la ong FIMA, por ejemplo, hay un grupo especializado que está trabajando en los nudos críticos de una “Constitución ecológica”, donde uno de los aspectos clave es que en la gobernanza futura los gobiernos locales tengan una efectiva gestión de sus territorios y sus recursos naturales, y no solo esté supeditada a un gobierno central.

“Hay que declarar un acceso universal a los bienes comunes como el agua, las altas montañas, las funciones ecosistémicas. La protección del medioambiente es una variable que debe limitar el derecho de propiedad, y eso no se supedita a la voluntad del legislador. Debe tener herramientas administrativas o judiciales”, señaló hace una semanas el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, a País Circular.

Por su parte, una evz conocido el amplio triunfo del apruebo la ong WWF Chile llamó a aprovechar la oportunidad para que la protección del medio ambiente sea una parte estructurante de la nueva Constitución, como base para un desarrollo que sea sustentable, equitativo y resiliente.

“Un país moderno y que se proyecta a futuro debe priorizar aspectos como la conservación de la naturaleza y la reducción y mitigación de los impactos humanos. Una biodiversidad sana y la incorporación de desafíos como el cambio climático de manera transversal son claves para poder avanzar hacia un desarrollo que sea sustentable, resiliente, equitativo y que incorpore a las comunidades locales”, afirmó Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

Empresas y think tanks, activos en el debate

“Los empresarios y emprendedores de Chile debemos comprometernos con tres caminos, igualmente importantes y completamente interdependientes: profundizar nuestra evolución empresarial; seguir aportando con políticas públicas que colaboren a una recuperación económica centrada en las personas, resiliente y sustentable; y ser protagonistas del debate de los contenidos constitucionales”, señaló en una declaración el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, el mismo día del plebiscito.

Desde el mundo de las empresas, avanzar en la sostenibilidad y la resiliencia ha sido el principal foco para abordar las temáticas ambientales desde que se inició la crisis en octubre pasado, profundizada luego por el coronavirus. Hoy, tras el resultado del plebiscito, las primeras reacciones apuntan a que el proceso constitucional no implique un desequilibrio normativo ni en la estabilidad económica. La apuesta es a un espíritu constructivo y de diálogo, donde esperan además ser protagonistas activos de la discusión.

No obstante, en los días previos desde el mundo de las empresas dieron algunas señales respecto de su visión en temas ambientales. Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), por ejemplo, se publicó un documento prelimiar denominado “Consideraciones para un debate constitucional”, enfocado principalmente en aspectos económicos, donde define una primera postura respecto del derecho establecido en la actual Constitución a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

“Con relación a esta garantía, junto con reconocerle su legítmo rol habilitante para delimitar, conforme a las reglas establecidas, el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos, los económicos, se insta a perseverar en la necesidad de contar con un derecho a un medio ambiente sano, que en lo posible se disocie de su marcado carácter antropocéntrico y que le reconozca su dimensión de bien colectivo. Destacando, por lo demás, su naturaleza y contenido obligacional, en primer lugar, respecto del Estado y, también, de las organizaciones privadas y de las personas individualmente consideradas”, señalan.

Pero quizás una de las propuestas más amplias en esta materia, hasta ahora, es la elaborada por el think tank Horizontal, que en un documento denominado “Bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva Constitución”, entrega algunas ideas concretas en esta materia.

Entre ellas, establecer en el Artículo 1º de la Constitución que es deber del Estado “promover un desarrollo ambientalmente sustentable, que concilie la protección del medioambiente y el patrimonio histórico y cultural, con el desarrollo económico y social del país”.

Además, señala que entre los elementos nuevos que debieran estar presentes en la futura Constitución está la necesidad de establecer “un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable, que reconozca un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida y bienestar de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medioambiente para así no comprometer las expectativas de las generaciones futuras, promoviendo un desarrollo económico y social respetuoso del medioambiente”, y que también se considere que “la investigación y la innovación científica y tecnológica deben aportar a la preservación y mejoramiento de nuestro entorno”.

Lo cierto es que hoy el campo de intervención en la Constitución es amplio en cuanto a las temáticas ambientales, principalmente porque muy pocas cosas están definidas y porque, dicen los expertos, se requiere de una mirada a más largo plazo en esta materia. Por ello, esta semana iniciamos en País Circular un especial sobre los escenarios que se abren en este debate para avanzar hacia un Chile más sostenible, con mayor justicia ambiental y un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental que permita entregar un futuro posible a las nuevas generaciones. A través de columnas y entrevistas, diversos expertos y actores irán entregando día a día su visión al respecto. Los invitamos a seguirlo.