Con el objeto de analizar las prácticas de las grandes empresas mineras en América Latina en su gestión de asuntos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza (EESG por su sigla en inglés), el Centro Vincular de la PUCV -en conjunto con Responsible Mining Foundation (RMF)- elaboró el informe “¿Minería Responsable en América Latina y el Caribe? Evaluando como las empresas mineras abordan cuestiones de interés público”, que fue dado a conocer ayer y que se articula en base a las acciones que realizan las compañías en comparación con las expectativas de la sociedad.

El estudio se centra en las 20 empresas mineras que tienen operaciones en la región y 49 yacimientos, y revela cómo se están implementando los compromisos y sistemas corporativos a nivel local. Para ello se revisaron más de 4.000 documentos e informes públicos de empresas, y se realizaron consultan con todas las partes interesadas, entre ellas las propias compañías, gobiernos y comunidades locales. Y los hallazgos no son muy alentadores.

“Los resultados revelan un sorprendente desfase entre los compromisos y sistemas a nivel corporativo, por una parte, y la acción a nivel de explotaciones mineras, por otra, en temas de importancia primordial para la región”, señala el documento. Si bien las 20 compañías evaluadas en la región obtuvieron una puntuación promedio del 68% por haber asumido compromisos formales para gestionar sus impactos ambientales de manera sistemática, “en temas como el consumo de agua, gestión de relaves y preparación para emergencias, estos acuerdos a menudo no se traducen en acciones y transparencia a nivel de explotaciones mineras”, agrega.

En esto, el tema de la información aparece como clave. La evaluación realizada se basa en pruebas, y por tanto refleja lo que las empresas pueden demostrar que están haciendo. Por tanto, explicó la gerente de operaciones del Centro Vincular, Ingrid Koch, durante la presentación del informe, “esto no significa que las empresas no lo hagan, sino que no están proporcionando evidencia pública de que lo hagan”.

En materia de consumo de agua, por ejemplo, “los resultados muestran una acción débil e inconsistente”, señala el reporte. Las 20 empresas que operan en la región obtuvieron un promedio de un 30% en sus acciones a nivel corporativo para monitorear, reportar y actuar pare mejorar su gestión del consumo de agua, mientras que sus explotaciones mineras evaluadas alcanzaron como promedio solo un 21% en esta materia. De hecho, un tercio de los 49 yacimientos recibió una puntuación de cero para este indicador.

Y en cuanto al manejo de relaves, uno de los asuntos más críticos relacionados con la minería en la región, “de nuevo vemos resultados muy decepcionantes a nivel de explotaciones mineras”, afirma el estudio. Las 20 empresas obtuvieron un promedio de 78% en la divulgación a nivel corporativo sobre la ubicación y seguridad de sus instalaciones de relaves. Estos resultados bastante sólidos, agrega, se deben en gran medida a la presión de los inversionistas.

Sin embargo, revela el reporte, “muchas de estas empresas no pueden demostrar que sus operaciones han informado a la población local sobre la ubicación exacta de sus sitios de relave, el área de riesgo de fugas o los procedimientos a seguir en caso de que esto suceda. Sus explotaciones mineras evaluadas obtuvieron una puntuación promedio de solo 22% en estas divulgaciones y, preocupantemente, 17 explotaciones mineras de la región LAC obtuvieron una puntuación de cero para este indicador”.

En esta materia, no obstante, nuestro país es destacado como un ejemplo de mejores prácticas. “Chile es uno de los casos en que el gobierno ha monitoreado- y puesto a disposición del público- información sobre la ubicación e información básica de seguridad de los sitios de relave en el país, la que es de interés directo para inversores, financistas y autoridades gubernamentales, así como para las partes interesadas locales que viven cerca de estas instalaciones”, dice el informe.

Análisis de las empresas con su casa matriz en América Latina

El estudio pone el foco también en seis empresas mineras de Latinoamérica que tienen su casa matriz u operaciones exclusivamente en la región, entre ellas dos chilenas: Codelco y Antofagasta. A ellas se suman Grupo México e Industrias Peñoles (México), Vale (Brasil) y Buenaventura (Perú).

Si bien muestran desempeños variados en las diferentes áreas analizadas -con puntuaciones generalmente bajas-, el informe destaca también que tres de ellas lograron posicionarse entre las 10 empresas con mejor desempeño a nivel mundial -entre 38 empresas y 180 explotaciones mineras medidas en el reporte global- en al menos una de las áreas temáticas.

Por ejemplo, Antofagasta se posicionó en el quinto lugar en dos ámbitos, desarrollo económico (32%) y condiciones de trabajo (42%), y en la octava posición a nivel global en gestión de ciclo de vida (35%). Codelco, en tanto, alcanzó el tercer lugar a nivel global en condiciones de trabajo (43%) y el séptimo en gestión del ciclo de vida (37%). En materia de responsabilidad ambiental, Codelco alcanzó el 11º lugar (35%) y Antofagasta el 13º (31%).

Sin embargo, advierte el reporte, “el alto nivel de incoherencia entre los resultados de las áreas temáticas dentro de una empresa determinada pone de relieve la necesidad de una integración más sistemática y completa de los asuntos de EESG en sus prácticas empresariales”.

Esto porque, por ejemplo, porque las seis empresas de la región evaluadas mostraron un promedio de solo un 7% al demostrar que están monitoreando, revisando y actuando para mejorar su desempeño en la reducción de impactos adversos en la calidad del agua, “y la acción a nivel de explotaciones mineras es aún más pobre, con una puntuación promedio de 2%”.

En cuanto al monitoreo, revisión y actuación frente a reclamos de trabajadores y comunidades, las empresas obtuvieron un promedio de solo un 9% en demostrar tales acciones para sus mecanismos de denuncia de los trabajadores (con 5 compañías que anotaron cero), y solo un 13% en las acciones equivalentes para sus mecanismos de quejas comunitarias (con dos compañías en cero).

No obstante estos indicadores, señala el informe, existen hoy una serie de iniciativas en la región que están impulsando prácticas más responsables y transparentes por parte de las empresas mineras, y proporcionando modelos valiosos para que otros países los sigan. Esto fundamentalmente en tres ámbitos: asociaciones público-privadas para el desarrollo socioeconómico en las regiones mineras, desarrollo de competencias para las comunidades locales y las fuerzas laborales locales, y acciones para abordar cuestiones de equidad de género relacionadas con la minería.

“Como paso inicial -propone el reporte- las empresas pueden asegurarse de que han puesto en marcha compromisos formales de asuntos claves de EESG, como el respeto a los derechos humanos, la provisión de condiciones de trabajo seguras y saludables, y la gestión sistemática de sus impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de sus operaciones”. Y agrega que las empresas pueden mostrar liderazgo en algunos de los asuntos más apremiantes que afectan a la región, entre ellos los riesgos relacionados con relaves e impactos adversos en la calidad y disponibilidad del agua. “La acción sistemática sobre estos asuntos contribuiría de alguna manera a satisfacer las expectativas de la sociedad con respecto a las compañías mineras”.

La visión de los expertos

“La lógica de poner la información en el dominio público es que sea confiable para todas las partes interesadas y que permita tomar mejores decisiones, tener un mejor conocimiento de cuál es la realidad para construir una mejor gobernanza de nuestros recursos, y que permita el bienestar y prosperidad de nuestras sociedades. Ese es el espíritu de lo que estamos haciendo”, planteó Dante Pesce, director ejecutivo del Centro Vincular, tras la presentación del informe, el que luego fue analizado por una serie de expertos, donde la necesidad de una mejor gobernanza en esta materia apareció como un tema central para avanzar en mejoras.

Para Ana María Vidal, co-coordinadora del Grupo de Dialogo Minería y Desarrollo Sostenible de Perú, los datos son desalentadores, más aún al ver porcentajes de cero en algunas materias importantes, “en las que venimos trabajando por muchos años nos involucra a todos, no solo a las empresas sino también a la sociedad civil, al Estado y a los propios líderes sociales, que nos transmiten información local que muchas veces no llega a las empresas”.

En ese escenario, plantea, un primer desafío para mejorar “es escuchar más a los líderes locales, a las comunidades, a los trabajadores y a los stakeholders locales que viven el día a día de los indicadores que recoge el informe. Hay organizaciones que han surgido y que han hecho que muchas empresas vayan cambiando en el tiempo, y que tienen un valor increíble y que tal vez las empresas no lo recogen. Y lo mismo con los trabajadores”.

A esto se suma, afirma, un Estado que muchas veces está ausente en las regiones mineras, o que es sumamente débil. “La institucionalidad democrática que se había construido durante décadas con tanto esfuerzo está mostrando hoy todas sus vulnerabilidades, entonces nosotros tenemos que ver la relación que existe entre nuestro Estado y esta necesidad de gobernanza, con actores tan fuertes como las empresas mineras”.

Para Luis Felipe López, director del PNUD para Latinoamérica y el Caribe, en una actividad central como es la minería para muchos países del la región -donde el algunos casos representa el 50% de las exportaciones y hasta el 10% del PIB-, es necesario evaluar cómo estas actividades económicas se traducen en un bienestar multidimensional que se aproxime los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

“Una de las cosas que vemos en el reporte es la falta de información pública para poder tomar mejores decisiones. La lógica que nosotros impulsamos como PNUD de usar el capital natural como un motor de prosperidad tiene que involucrar la inclusión y el desarrollo local, y lo que conecta todos elementos es la gobernanza. Necesitamos que esto se refleje en acuerdos entre actores: trabajadores, accionistas, comunidades, la sociedad civil y política pública que sea conducente para que todos se beneficien de esta actividad central”, afirma.

Esto implica, agrega, acuerdos entre los distintos actores para poder avanzar hacia los objetivos colectivos de prosperidad económica y sostenibilidad ambiental, donde un elemento central para ello es no ver a la minería solo en términos de su contribución económica o fiscal de los países, sino en una lógica del valor social de la industria para avanzar hacia una visión más amplia.

“¿Cómo hacerlo? -plantea- Incorporando formalmente, como algunas empresas energéticas lo han hecho en Europa, la lógica del dividendo social en la estructura de gobernanza corporativa, de manera que a los accionistas también se le reporten los logros sociales y no solo los económicos. Este es un elemento que podría ayudar a alinear los objetivos”.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino, plantea que el documento revela la existencia de importantes brechas, y una de ellas tiene que ver también con las expectativas que se hace la sociedad respecto del desempeño del sector minero, y lo que realmente puede llegar a satisfacer.

“En muchos lugares de Latinoamérica -y Chile no es la excepción- las empresas mineras vienen a sustituir un Estado débil, precario, burocrático, que no llega a muchos rincones donde si llega el sector, y por lo tanto se genera una expectativa tremenda en torno a que la industria minera debiera resolver todos los problemas sociales, pero la minería no es el Estado ni tiene recursos ilimitados”.

Esto requiere, agrega, de soluciones que vayan de la mano con políticas públicas con data real, elaborada sobre evidencia, que permita ubicar de verdad qué puede y qué no puede satisfacer la industria minera.

Una segunda brecha, dice Villarino, y que también representa un gran desafío, “es la diferencia entre el compromiso corporativo y la realidad a nivel operativo. Muchas veces tenemos compromisos tomados en las sedes de las casas matrices, y cuando esto tiene que bajar a cientos de operaciones en el terreno existe una brecha relevante que tiene un tercer aspecto, que tiene que ver mucho con lo que hacemos y lo que informamos. El sector minero hace muchas cosas, y lamentablemente no puede o no llega a informarlas todas”.

Un elemento central para mejorar en las falencias detectadas por el informe, plantea Villarino, es el rol del Estado. “Si no tenemos gobiernos que jueguen el rol que tienen que jugar, que básicamente es el de ser buenos fiscalizadores y crear buenas políticas públicas, es muy difícil que logremos el desarrollo sustentable porque no requiere solo el compromiso de las empresas, requiere del compromiso de los gobiernos. Este es un acuerdo de líderes políticos que baja hacia las empresas, y si no tenemos un mundo político ordenado en la consecución de ese desarrollo sostenible es muy difícil. Esto quiere decir que necesariamente tiene que fiscalizar, poner reglas claras y contribuir a manejar esas expectativas”.

“Nosotros tenemos una tarea tremenda -agrega-, no solo de informar para acortar las brechas, sino de involucrarnos de manera más decidida aún a nivel sectorial, empresarial y local en una serie de temas que se han levantado en este informe”.