En noviembre de 2020, se lanzó oficialmente la ecoetiqueta “Elijo Reciclar”, que certifica que al menos el 80% del envase de un producto determinado está hecho de materiales reciclables, que estos pueden ser separados correctamente, y que actualmente existe demanda de la industria nacional del reciclaje por estos materiales. Es decir, que son efectivamente reciclados en Chile. Para entonces la iniciativa sumaba 37 empresas certificando con el sello el empaque de más de 800 productos, cifra que hoy alcanza las 44 empresas de diversos tamañas e industrias, y más de 1.600 productos certificados.

El desarrollo de este sello se enmarca en un Acuerdo de Producción Limpia (APL) impulsado por la Sofofa, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y la Asociación de Consumidores Circular. Y entre sus principales objetivos está incidir en la preferencia de compra de los consumidores hacia productos reciclables, y orientar a estos en cómo reciclarlos tras su uso. Todo esto en el marco de la implementación de la Ley REP para envases y embalajes, norma que obliga a las empresas a hacerse cargo de estos una vez que terminan su vida útil.

En la práctica, esto se traduce en una etiqueta simple, de carácter voluntario, y masiva, que en la parte delantera de un envase indica que este es efectivamente reciclable, mientras que en la parte trasera explica cómo hacerlo.

Pero la obtención del sello es más compleja. Para que la etiqueta pueda ir en un envase, este no debe tener elementos que dificulten su reciclabilidad, ni tener sobreembalajes, y -como se señaló- deber ser reciclable en Chile. Además, hay un Comité Validador que valida, certifica y acredita a organismos certificadores de la ecoetiqueta, y define los requisitos de certificación así como el proceso de medición de los criterios establecidos. A la fecha, el piloto cuenta con 4 casas certificadoras validadas, 15 valorizadores que respaldan la demanda de los envases aprobados, y 44 empresas comprometidas a evaluar envases.

Ahora, con toda esta experiencia, el MMA se apresta a iniciar el proceso de regulación normativa del ecoetiquetado, el que está contemplado en la Ley REP. “Ha sido un tremendo paso haberlo probado, pilotado, y ahora tenemos todos los elementos para hacer la regulación, y hacerla bien. Desde ese punto de vista, esta experiencia nos permitió entender qué queremos exactamente comunicarle a las personas”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del ministerio.

En este sentido, una de las opciones que se están analizando para dicha regulación es que de las dos partes del sello, la etiqueta frontal que indica si un producto es reciclable o no podría ser de carácter voluntario, ya que de lo contrario implicaría obligar a las empresas a tener un distintivo de carácter positivo, y la experiencia demostró que no todas están dispuestas a ello según las características de su envase. Sí sería obligatoria para todos los productos la etiqueta trasera, que indica cómo reciclar ese envase.

Lo que se va a mantener “sí o sí”, dice Guillermo González, es la exigencia de que el material sea reciclable en Chile. “Era un concepto que teníamos, que ahora lo testeamos y nos convencimos de la importancia de que así sea. Por dos motivos: porque no le sirve a nadie que tengamos un producto que dice que es reciclable y que en la práctica no se recicla en Chile; y por otro lado, si le decimos a las personas que los productos son reciclables, tienen que ser efectivamente reciclados en Chile. Entonces, la idea es tomar la metodología que se aplicó en el proceso regulatorio”, agrega.

Este proceso de elaboración de la regulación comenzará “muy pronto”, dice González, y la idea es dejarlo iniciado para traspasarlo a la próxima administración. Será similar a lo ya realizado con los decretos de metas para los productos prioritarios de la Ley REP, es decir, se creará un Comité Operativo Ampliado con todos los actores -públicos, privados, academia y organizaciones civiles-, se hará un análisis del impacto del plan piloto en los consumidores y en las empresas, y se realizará una participación ciudadana ampliada. “Como punto de partida -agrega-, evidentemente vamos a partir de la metodología que ya hemos desarrollado y que hemos ido puliendo en estos dos años de APL”.

Los aprendizajes del plan piloto

Hasta ahora, se han evaluado cerca de 1.800 envases con esta metodología, de los cuales 1.600 han sido aprobados para el uso del sello. Del total, el 60% corresponde a envases plásticos (12% PET, 17% PP y 31% PE), un 14% de cartón para bebidas, 13% son envases de vidrio (principalmente botellas), un 10% son de materiales hechos en base a fibras de celulosa (cartón, papel, cartulina) y 3% entre aluminio y hojalata.

“Que cerca del 90% de los envases hayan sido aprobados en gran parte se debe a los esfuerzos que las empresas ya venían haciendo en cambiar materialidades y aplicar innovadores conceptos de ecodiseño, entre otras”, dice Gonzalo Russi, director de Administración y Finanzas de Sofofa.

Respecto de los que no lograron obtener el sello, las razones son variadas, explica Russi. Entre ellas, que algunos envases no pudieron acreditar la existencia de capacidad de recolección post consumo domiciliario y/o procesos de pretratamiento que los habiliten para su posterior valorización. Y en otros casos, algunos envases han sido rechazados por no cumplir con los requisitos técnicos mínimos que establece el proceso de evaluación.

“Estamos muy satisfechos de este trabajo público-privado porque el APL es el mecanismo a través del cual se le ha dado sustento o se ha operacionalizado el esquema de certificación que permite distinguir los  envases con alto nivel de reciclabilidad, apuntando a la  economía circular de los envases y embalajes, uno de los principales ejes de trabajo de la agencia. En esta experiencia de implementar el sello ha sido fundamental la participación de la academia, en la validación de los distintos envases y embalajes, y de la sociedad civil, los consumidores. Sin duda, el cambio cultural es uno de los grandes desafíos”, dice Giovanni Calderón, director ejecutivo de la ASCC.

Entre las principales lecciones aprendidas, dice Russi, está el gran ánimo de colaborar y contribuir por parte de todos los actores involucrados en el proyecto, tanto empresas como organizaciones de la sociedad civil, valorizadores, gestores y el gobierno. “En segundo lugar -agrega- el proyecto ha permitido acercar a las empresas productoras con los valorizadores, con el objetivo de coordinar las gestiones de la cadena de reciclaje. Así, los valorizadores -quienes reciben los envases posconsumo y los reciclan- pueden entregarles muchos conocimientos y experiencias a los productores -quienes definen las características de los envases-, proceso clave para poder desarrollar ecodiseños y mejoras que en la práctica funcionen y mejoren la reciclabilidad real de los envases post consumo domiciliario”.

Adicionalmente, señala, el proyecto ha confirmado la existencia de una gran brecha entre lo que teóricamente es reciclable y lo que en la práctica se recicla hoy en Chile, precisamente el aspecto que la ecoetiqueta busca destacar. De ello, esta experiencia llevó a la elaboración de una suerte de spin-off  de APL para pilotear experiencias de reciclaje de polipropileno flexible (PP flexible), plástico presente en gran cantidad de envases pero muy complejo de reciclar por estar en contacto directo con alimentos. Para ello se implementó un nuevo sistema de recolección segregada de 8 puntos limpios, que lo separe del flujo del resto de los materiales reciclados.

Para Guillermo González, entre los aprendizajes está también el acierto de haber probado esta experiencia piloto previo a la regulación, lo que ha tenido una alta valoración por parte de los actores públicos que participan de la iniciativa. “Ha sido un acierto probar esto en terreno, con todos los actores que van a estar involucrados en la regulación, entendiendo esto desde los casos reales. Y también constatar lo difícil que es asegurar el reciclaje efectivo en algunos tipos de envase que son de consumo muy masivo, y eso fue lo que nos llevó a armar el spin-off del PP flexible. Esas son cosas que se evidencian a partir de esta iniciativa, nadie lo tenía tan claro. También hemos visto que hay empresas que a propósito del sello han hecho el cambio de su materialidad, y eso es precisamente lo que queríamos”.

¿Cómo ha sido la respuesta de los ciudadanos a la ecoetiqueta? Hasta ahora, dice Gonzalo Russi, la respuesta a las campañas realizadas ha sido excelente. “Por ejemplo, la retención del video que compartimos superó las expectativas y estuvo por sobre los benchmark que teníamos. Así, creemos que existe gran cantidad de consumidores que entienden el sello y lo usan para sus procesos de compra y posterior reciclaje. Sin embargo, para finales de este año tenemos previsto realizar estudios más acabados de percepción de los consumidores”, explica.

Para González, se trata de un proceso en que la etiqueta va tomando fuerza en la medida que tiene masividad, y de ahí la importancia de incorporar la mayor cantidad de empresas y productos a este proceso en construcción. En ello coincide Russi, para quien una de las fortalezas más importantes del proyecto -que empezó con 15 empresas y suma ya más de 40- es la gran cantidad de marcas y productos que son parte de la iniciativa. Y espacio para más incorporaciones sigue abierto a nuevos actores, pymes e industrias que podrían no estar bien representadas. De hecho, recientemente se incorporaron tres nuevas empresas, dos de ellas asociadas a la industria de comida rápida que permitirán sumar esa experiencia al piloto de ecoetiquetado.

Por ello, la decisión es extender este proyecto, que originalmente concluía en diciembre de este año. “Estamos coordinando un segundo APL que asegure la continuidad del sello durante los años 2022 y 2023, tiempo durante el cual el Ministerio de Medio Ambiente trabajará la normativa oficial que regulará este sello en el futuro. En este sentido, queremos seguir sumando a nuevas empresas y esperamos que desde el 2023, el sello se expanda en el marco de una normativa, involucrando a todas las empresas de consumo masivo”, dice Gonzalo Russi.

Desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que lidera los Acuerdos de Producción Limpia, Giovanni Calderón agrega que “todas las empresas han manifestado la necesidad de que este trabajo continúe porque ven que los cambios -en los envases y en la preferencia de los consumidores- se verán con mayor fuerza en el mediano y largo plazo. Por tanto, se espera continuar con este esquema vía APL mientras no exista una reglamentación específica, y en este aspecto están de acuerdo todos los firmantes del acuerdo”.