Ley REP: empresas ya dan los primeros pasos para crear un sistema de gestión para cumplir metas de reciclaje de aceites lubricantes
Proyecto piloto realizado durante un año al alero de un Acuerdo de Producción Limpia instaló las bases para la creación de un sistema que se haga cargo de la recolección, transporte y valorización de los aceites lubricantes usados (ALU), adportas de la aprobación del decreto que establece sus metas de reciclaje en el país. Entre la información que salió de este piloto, se detectó que realizar este trabajo de manera colectiva lleva a un costo de $15,2 por kilo recuperado, mientras que si cada empresa lo hiciera de forma individual la cifra se elevaría a $121,4 por kilo. En paralelo, se analizan las observaciones realizadas por la industria al decreto durante el proceso de consulta pública. Al igual que en neumáticos, la industria automotriz cuestiona el que se incorpore a los vehículos como productos a ser regulados en este nuevo decreto.
Periodista
En los próximos meses, debiera ver la luz el tercer decreto de metas de recolección y valorización de la Ley REP, que busca hacerse cargo de las casi 123 mil toneladas de aceites lubricantes que se ponen cada año en el mercado nacional, de las cuales solo 60 mil son actualmente tratadas y el resto va a destino desconocido. Del total de acietes lubricantes, 73 mil toneladas corresponden al sector automotriz (más de la mitad de ellas concentrados en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío), 30.500 toneladas al sector industrial y 20 mil toneladas del sector minero (el 60% de ellas en Antofagasta).
El decreto de aceites lubricantes, hoy en consulta pública, establece que al primer año de vigencia las empresas productoras deberán recuperar y valorizar el 50% de los aceites puestos en el mercado, meta que irá subiendo gradualmente hasta llegar a un 90% de estos en un plazo de diez años. Se estima que reducir la disposición de residuos de aceites en sitios desconocidos, así como la venta de los productos valorizados tras su recuperación, tendrá un beneficio valorizado en US$211 millones, mientras que los costos de su recuperación, transporte, tratamiento y aumento de capacidad para ello, así como la administración y garantía del sistema de gestión que se cree para el cumplimiento de las metas, tendrá un costo de US$65 millones.
¿Qué se hacer co el aceite recuperado? De acuerdo al Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) elaborado para la formulación del decreto, hoy el principal destino de los aceites lubricantes (ALU) usados es la valorización energética, desde donde se obtiene como producto valorizado combustible para calderas y combustible alternativo. Actualmente el coprocesamiento en cementeras recibe ALU como sustituto de su combustible convencional, y la capacidad de esta industria -señala el documento- es prácticamente ilimitada para la recepción de estos. No obstante, existen otros posibles usos aún no cuantificados, como su uso como insumo para explosivos de minería, impregnación de postes y estacas usadas en los predios agrícolas, o como desmoldador de concreto en la construcción.
Hoy, ad portas de que el decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y luego enviado a Contraloría para su aprobación y publicación en el Diario Oficial, las empresas ya se están preparando para el cumplimiento de estas metas, t para la constitución de un sistema de gestión que se haga cargo de la recolección, transporte y valorización de los aceites lubricantes recuperados en el país, al alero de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Iniciado en 2017, el trabajo de este APL incluyó la creación de un Consorcio de Empresas de Lubricantes Asociadas (CELA) constituido por las empresas firmantes del acuerdo: Enex, Esmax, Total e YPF, a las que luego se sumaron LiquiMolly, Derco, Luval y RTC. Allí se definieron los primeros objetivos para el sector, entre ellos el diseño y operación de un sistema de gestión colectivo que recolecte y mejore la trazabilidad de los aceites lubricantes usados, mejorar la información base del sector, evaluar la capacidad de tratamiento y reciclaje de los ALU, y promover acciones de difusión y capacitación para los distintos actores del rubro.
A esto se sumó el trabajo conjunto con el Ministerio de Energía para el desarrollo de especificaciones técnicas del combustible alternativo líquido elaborado a partir del aceite lubricante usado, aspecto indispensable para los mercados de consumo de este producto.
Un litro de aceite usado genera una mancha de 4 mil m2 en la superficie del agua y contamina 100 mil litros de la misma, permaneciendo entre 10 y 15 años.
Exitosos resultados de plan piloto
Con estos objetivos, a partir de enero de 2019 se desarrolló un proyecto piloto de recogida de ALU en Santiago simulando el funcionamiento que tendría un sistema de gestión bajo el formato de la Ley REP, cuyos resultados fueron entregados recientemente a partir de un informe técnico que analizó el funcionamiento del plan piloto. Según señala el documento, en un período de un año se recolectaron 258,46 toneladas, el equivalente al 2,7% del total de aceites lubricantes puestos en el mercado automotriz de la Región Metropolitana por todas las empresas pertenecientes al consorcio.
Del total de esos aceites recuperados, el 62,7% fue entregado para generar combustible alternativo y el 37,3% para su re-refinación. Este trabajo conjunto permitió a las empresas del consorcio constituirse como un nuevo referente del sector y, con la experiencia y conocimientos obtenidos, iniciar el desarrollo de un sistema colectivo de gestión de residuos que le spermita responder a los requerimientos de la Ley REP.
“El segmento de los lubricentros consume un 30% del aceite del país y es el más atomizado del sector, por lo que representa el mayor desafío para el acopio y recolección del aceite usado. La importancia del piloto realizado en este APL es que nos permitió identificar la problemática, costos asociados y oportunidades, conformando un aprendizaje que nos permite diseñar una estrategia adecuada para cumplir las metas de esta acuerdo y del futuro decreto supremo”, dice Justo Verdejo, subgerente de lubricantes industriales de Enex/Shell, y vocero de CELA.
Entre los impactos detectados por el estudio al proyecto piloto, por ejemplo, se determinó el beneficio de la operación conjunta para la recolección y valorización de aceites. A partir de la información declarada por las empresas, señala el reporte “es posible evaluar los beneficios que trae consigo trabajar en sistemas de gestión colectivos e individuales: la recogida de las 258,5 toneladas de ALU tuvo un costo neto por empresa de $15,2 por kilo recogido. Si cada empresa hubiera hecho el mismo trabajo de manera individual, el costo por kilo hubiese sido de $121,4. A partir de este análisis se puede afirmar que cuando se trabaja en modalidad REP, el sistema colectivo puede disminuir los costos de recolección”.
Al mismo tiempo, agrega, si bien en el plan piloto permitió avanzar en la recuperación del 2,7% de los aceites recuperables sel sector automotriz de Santiago, tuvo un alcance mayor en otros aspectos, ya que este trabajo generó un impacto positivo respecto de la conducta de los generadores, en los porcentajes de formalización (declaraciones en SIDREP), así como también posibles proyeccione de costos para otros sectores y otras regiones del país.
A esto se suma que las empresas participantes en el proyecto capacitaron a alrededor de 300 personas, que corresponden al 75% de su fuerza de ventas, las que a su vez -en conjunto con expertos entregaron información de las iniciativas del CELA a los diferentes generadores y a más de 200 lubricentros. Además, se promovió la formalización de generadores para que declaren la entrega de sus aceites usados, originando un aumento desde un 7% al 72% en esta materia durante el año que duró la ejecución del piloto.
“Los resultados de este APL son muy auspiciosos, tanto por la cantidad de aceites lubricantes usados que fue posible recuperar como en cuanto a la cantidad de CO2 reducido, equivalente a haber plantado cerca de 34.500 árboles al año, lo que es tremendamente importante para lo que se viene en la implementación de este sistema de gestión colectivo de tratamiento de este residuo, que es tan complejo”, dice Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
El vertimiento de aceite al suelo genera una película que destruye el humus vegetal y la fertilidad. Además, puede existir lixiviación de componentes del aceite y trazas de metales presentes, facilitada en suelos de condiciones ácidas, con riesgo de contaminar Napas subterráneas.
Observaciones al anteproyecto
Actualmente, en el Ministerio del Medio Ambiente se trabaja en el análisis y respuesta a las 77 observaciones que se ingresaron durante la consulta pública del anteproyecto del decreto que establece las metas de recolección, valorización y otras obligaciones asociadas a los aceites lubricantes. Y entre ellas, una de las que destaca es la ingresada por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que al igual como hizo con el decreto REP de neumáticos, cuestiona el que se incorpore a los vehículos como productos a ser regulados en este nuevo decreto.
Según el documento en consulta, los productores sujetos a la responsabilidad extendida del productor en aceites lubricantes son aquellos que los introduzcan en el mercado, “independientemente de si los aceites lubricantes forman parte integrante de un vehículo o maquinaria de cualquier tipo (aceites lubricantes de un equipo original), o de si han sido introducidos en el mercadode forma aislada como aceites lubricantes de recambio.
“La Ley REP no incluye y, por tanto, no considera como productos prioritarios a los vehículos automóviles (…) Por esta razón, no cabe hacer aplicable las normas de esta ley o de un decreto supremo reglamentario de la misma a los vehículos automóviles, sea considerados como un conjunto se considerados como una parte de ellos (los aceites lubricantes lo son). Hacerlo sería ilegal”, afirma ANAC en el primero punto del escrito ingresado con sus observaciones.
CELA, por su parte, propone entre sus sugerencias que el anteproyecto contenga un procedimiento que regule la trazabilidad de los aceites lubricantes usados, “en orden a procurar los mecanismos mínimos necesarios para lograr el cambio de conducta que las normas vigentes no han logrado permear en un 53% del mercado generador”, así como introducir un artículo “que cautele la sana competencia entre Sistemas de Gestión y entre estos y gestores finales, como también, que obligue a la mayor transparencia y publicidad en la gestión del residuo”.
Adicionalmente, propone crear una nueva categoría de productor, el productor “comercial”, como una forma de resolver los inconvenientes que introduce la distinción entre domiciliario e industrial. “Ello permitirá identificar un significativo número de generadores – por lo general, comercializadores y distribuidores – que prestan servicios de recambio y que no obedecen a la lógica de ninguno de los dos mencionados anteriormente”, afirman.
La Sofofa, en tanto, solicita -entre otras materias- que se establezca una gradualidad más atenuada de las metas para los cinco primeros años “que permita que todas las variantes del ecosistema puedan implementarse, de manera de avanzar en los objetivos trazados sin poner en riesgo la productividad y competitividad del sector, y luego se proyecte desde el sexto año en adelante un incremento mayor permitiendo el correcto asentamiento de toda la infraestructura necesaria para ello”.
También apunta a que el anteproyecto del decreto para aceites lubricantes establece que los sistemas de gestión deberán ser colectivos, excluyendo, de forma absoluta, la posibilidad de conformación de sistemas de gestión individuales, algo que también fue cuestionado por la Asociación Nacional de Industrias del Reciclaje (ANIR) -entre otros actores- en sus observaciones.
“Si bien tanto en las propuestas de Decreto Supremo de metas de los productos prioritarios de envases y embalajes como de neumáticos se establecen algunas limitaciones para la conformación de sistemas de gestión individual, en ninguno de ellos se propone una prohibición absoluta como la establecida en este anteproyecto, sin siquiera expresar su razonabilidad y fundamento. Mas aún, el no contar a la fecha con los antecedentes de libre competencia que justifiquen esta prohibición conllevará necesariamente que este procedimiento se encuentre supeditado a la generación de esta instancia que permita su obtención, generando las correspondientes dilaciones en el proceso de tramitación de este Anteproyecto y por ende, en la implementación de la Ley REP”, afirma la Sofofa en su escrito con observaciones.