La decisión de Embotelladora Andina, Coca-Cola Embonor y la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) de no continuar con el proyecto para la construcción y explotación conjunta de una planta de reciclaje PET para la fabricación de botellas plásticas, conocida como “bottle to bottle”, informada mediante un hecho esencial a la Comisión del Mercado Financiero (CMF), sorprendió esta semana a la industria del reciclaje.

El proyecto había sido acordado mediante un memorándum de entendimiento y se realizaría a través de la Fábrica de Envases Plásticos S.A. (Plasco, filial de CCU) y Envases CMF (ligada a Embonor), en que cada una de las partes aportaría US$ 12 millones para el proyecto con el compromiso de comprar una determinada cantidad de PET reciclado (RPET) además de reservar cierto porcentaje de producción -al menos el 20%- para ser vendido a cualquier tercero interesado, en las mismas condiciones comerciales contratadas por sus accionistas.

Esto no solo en el marco de las obligaciones de reciclaje impuestas por la Ley REP, sino que también frente a las eventuales imposiciones que establecería el proyecto de ley que regula la entrega de envases desechables y plásticos de uno solo uso actualmente en trámite en el Congreso, que entre otras materias establece la obligación de incorporar un 25% de material reciclado en las botellas plásticas en 2025, y un 50% para el año 2030.

Si bien la instalación de una planta bottle to bottle en Chile es vista como necesaria para generar demanda al PET que deberá ser reciclado en el marco de las obligaciones de la Ley REP para envases y embalajes, existía preocupación en la industria del reciclaje ante la asociación entre los grandes actores de la industria de las bebidas, así como por la integración vertical entre la futura planta recicladora y sus dueños, quienes son los principales compradores de PET para la fabricación de bebidas. El riesgo para la industria valorizadora, habían señalado, era un eventual desabastecimiento de botellas usadas para la fabricación de PET reciclado, y al mismo tiempo la imposibilidad de venderlo a unas embotelladoras que tendrían su propio abastecimiento.

Por ello, la decisión de ambas empresas de echar pie atrás en el acuerdo fue calificada como positiva por el gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Alejandro Navech. “Nosotros valoramos positivamente que las dos empresas que querían juntarse en este proyecto hayan hecho una evaluación razonada de lo que estaban provocando en el mercado. Por lo tanto, me parece de una sabiduría tranquilizadora de parte de ambas empresas. Por otro lado, evaluamos que las instituciones chilenas como la Fiscalía Nacional Económica (FNE) funcionan bien en términos de sus informes”, afirmó ayer.

Esto a raíz del informe final de una investigación iniciada por la FNE luego que las empresas le notificaran del proyecto para analizar la concurrencia de una eventual operación de concentración, de acuerdo a lo que está definido y regulado en la ley. En la conclusión de dicha investigación, la FNE estableció que no existe dicha operación de concentración, por lo que no puede ser evaluada por dicho organismo.

Tras la decisión, el Sistema Coca-Cola anunció ayer su decisión de avanzar en el proyecto de una planta bottle tu bottle, aunque por ahora no hay información de cómo seguirán adelante en esta materia. En una entrevista publicada ayer en el Diario Financiero, el gerente general de Coca-Cola Andina Chile, José Luis Solorzano, señaló que tras el pronunciamiento de la FNE en que se declara incompetente, quedaba el camino de ir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), lo que implicaba un proceso mucho más largo e inviable ante la necesidad de contar con la fábrica en un plazo acotado. “Como es un tema que nos urge, nosotros preferimos tomar el camino de acelerar el proceso, y eso es ir como sistema Coca-Cola más rápidamente”, señaló en dicha entrevista.

Para Alejandro Navech, las empresas están en todo su derecho de realizar su propia recolección y sus propias empresas de reciclaje. “Si hacen envases y compran polímeros, no veo por qué no podrían hacer sus propios polímeros. El tema no está en eso, está en cómo quieren recolectar y a cuánto quieren vender. Y esto es re complicado, porque si van a seguir adelante con una planta – que no tiene ningún problema- van a tener que participar en las licitaciones que los sistemas de gestión colectivos generen en el marco de la Ley REP. Y si una empresa quiere hacer su propia planta, y eventualmente su propio sistema de gestión individual -por ejemplo-, tendrá que recoger sus propios envases y tendrá que reciclarlos, nadie le puede impedir eso. Pero si lo hace a través de un sistema de gestión colectivo, la planta tiene que participar de una licitación”.

No obstante, afirma, “siempre hemos dicho que una planta bottle to bottle es la forma en que la recolección de botellas usadas vaya aumentándose, porque se tiene que generar demanda. Entonces, se espera que en Chile aparezcan este tipo de plantas para que ese PET reciclado que se cree realmente se pueda vender, porque si no se puede vender y queda en las plantas de reciclaje no sacamos nada. Sería imposible recoger botellas”.

La resolución de la FNE

La investigación de la FNE para evaluar una eventual operación de concentración en la constitución de esta nueva empresa, iniciada tras la notificación realizada por ambas compañías, partió en enero de este año para determinar la naturaleza del convenio celebrado y caracterizarlo, junto con analizar los eventuales impactos de la operación en la competencia.

Dicho análisis se centró en determinar si se trataba de una operación de concentración, basándose en una de las cuatro hipótesis para que ello ocurra; esto es, que dos o más empresas -que no forman parte de un mismo grupo empresarial- se asocien bajo cualquier modalidad para conformar un agente económico independiente que desempeñe sus funciones de forma permanente.

En el escrito con los conclusiones de la investigación de la FNE se señala que CMF y Plasco informaron “su intención de asociarse para constituir un nuevo agente económico (‘nueva entidad’)” destinado a la construcción y operación de la planta bottle to bottle, y agrega que tras reuniones sostenidas con los apoderados de las partes en febrero de este año éstas “acompañan antecedentes adicionales a objeto de fundamentar la independencia de la nueva entidad”.

Tras analizar jurídica y económicamente los impactos de la iniciativa tanto en el escenario normativo actual, como en un escenario con una ley de envases desechables y plásticos de un solo uso, en la resolución publicada este martes por la FNE en su página web, la entidad señaló que este joint venture no puede ser calificado como una operación de concentración y, por tanto, no puede ser evaluado por la FNE. Y la razón es simple: no se cumple el supuesto para ello en cuanto a la independencia del nuevo agente económico.

“Para arribar a esta conclusión se debe considerar que las partes actualmente son los principales consumidores de PET a nivel nacional y que, a falta de antecedentes en contrario en la investigación, también resulta razonable predecir que pasarán a ser los principales consumidores de PET reciclado grado botella en Chile en el evento de que llegue a entrar en vigencia el proyecto de ley de plásticos. Esta situación se verifica en proporciones o magnitudes tales que, en la actualidad y en un futuro próximo, hace inviable que la nueva entidad pueda existir en el mercado de forma independiente de sus constituyentes”, agrega.

Para Iván Arcos, abogado de Moraga & Cía, si bien la FNE señala que al no haber una operación de concentración no lo evalúa porque está fuera de sus competencias, y no se pronuncia sobre el fondo, lo interesante de la investigación realizada es que se pone tanto en el escenario normativo actual como en el escenario normativo del proyecto de ley de plásticos de un solo uso. “Hace los dos análisis, y a pesar de eso llega a la conclusión -y pese a que los notificantes entregaron información para demostrar que los porcentajes de participación de mercado daban para que fuera un ente independiente y autónomo- de que no va a ser independiente”, explica.

“Lo que dice en los hechos -agrega- es que al no ser una operación de concentración y no estar regulados los riesgos que ésta trae contra la libre competencia, y por tanto al no estar levantados estos riesgos ni estar mitigados, deja a ambas empresas en una situación en que hay un acuerdo entre ellas que -al no ser una operación de concentración- es un acuerdo entre competidores que cae dentro de las normas generales de regulación de la libre competencia. Entonces, los deja en un escenario complejo”.

Un aspecto que a Iván Arcos le llama la atención respecto del pronunciamiento de la FNE es que ésta no haya considerado la Ley REP en su análisis, en cuanto a que esta normativa obliga a los sistemas de gestión a licitar la gestión de los residuos, lo que implica un escenario mucho más complejo desde el punto de vista de la libre competencia que el proyecto de ley de plásticos de un solo uso.

Esto considerando que quienes se habían asociado para crear esta empresa de reciclaje de botellas son productores, los que a su vez serían potenciales integrantes de un sistema de gestión que posteriormente tendría que licitar los servicios de gestión de residuos. “Hoy creo que los riesgos contra la libre competencia están más presentes en la constitución de sistemas de gestión y licitaciones, que en el proyecto de ley de plásticos de un solo uso”, plantea.

Para Jorge Canales, abogado y ex subsecretario del Medio Ambiente, un aspecto clave de la implementación de la Ley REP en envases y embalajes será la inversión que haga el sector privado en infraestructura, considerando que los sistemas de gestión tendrán sobre sus espaldas gran parte de la responsabilidad para que el sistema sea exitoso. Y ante ello, plantea, el análisis recogido en la resolución de la FNE “es una buena señal en el sentido de que resguarda la libre competencia en un escenario en que en la operación práctica de la Ley REP se pueda tender a sistemas concentrados”.

En ese sentido, agrega, una de las señales que buscaría entregar la FNE es que debe existir una competencia abierta, “y que está preocupada de la concentración y las integraciones que se han dado en otras jurisdicciones en los sistemas de gestión. Es una señal de que la institucionalidad de libre competencia va a ser un actor relevante mirando lo que ha ocurrido en experiencias comparadas”.