De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy existen en Chile 117 conflictos socioambientales, 63 de ellos activos y 30 en estado de latencia. Y en los últimos años, la relación entre las comunidades, el Estado y los proyectos de inversión que buscan instalarse en los territorios se ha ido tensando sin que la institucionalidad ambiental logre entregar una respuesta del todo adecuada para la resolución de los conflictos de mayor envergadura. ¿Cómo avanzar en la relación entre estos tres actores, considerada estratégica para avanzar hacia un mayor desarrollo económico y social, con protección ambiental?
En el marco del ciclo de conversatorios web denominado “A 25 años de la institucionalidad ambiental, una revisión necesaria”, organizado por Elías Abogados y País Circular, su tercera sesión se enfocó en esta materia bajo el título “Comunidades y Medio Ambiente, evolución y proyección de una relación estratégica”, donde se analizaron los intereses y aspiraciones que se deben equilibrar en espacios de relacionamiento crítico, y las oportunidades de perfeccionamiento que son necesarias.
Para ello, en un panel que fue moderado por el jefe del Área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, expusieron Rafael Asenjo, ex presidente del Tribunal Ambiental de Santiago; David Noé, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Transelec; Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público y representante de la sociedad civil para el Convenio de Escazú; y Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Y para abordar la complejidad del tema, Asenjo recordó las palabras de su amigo Vicente Sánchez, médico chileno que se dedicó a los temas de medio ambiente desde Naciones Unidas: “él decía que de lo más difícil de enfrentar en serio, sin servir a la galería -lo que es una restricción bastante importante- es la relación entre el Estado, las comunidades -la sociedad- y los titulares de proyectos que impactan los territorios o a las comunidades directamente”.
Esta relación, agregó Asenjo, “entre funcionarios del Estado, los miembros de la comunidad y los titulares de proyectos es una situación en la que para que el sistema funcione, la idea es que ninguno de esos grupos quede plena y totalmente satisfechos, pero sí tienen que haber obtenido algo muy importante: que les permita embarcarse en los pasos que siguen después de alcanzar los acuerdos. El óptimo es que todos ganan y todos pierden algo importante, pero eso demuestra la tremenda dificultad que es enfrentar un tema como este”.
Por ello, recordó, esto fue abordado inicialmente en los principios y objetivos del mensaje del proyecto de ley enviado por el ex Presidente Patricio Aylwin de lo que posteriormente fue la Ley de Bases del Medio Ambiente, muchas de cuyas ideas finalmente no fueron acogidas en la tramitación parlamentaria.
Dentro de esos principios estaba, en primer lugar, el principio preventivo, así como el principio de el que contamina paga, el gradualismo, la responsabilidad, y el principio participativo. Y en cuanto a este último, recordó Rafael Asenjo, establecía como de vital importancia considerar la participación, en la que se requiere la concurrencia de todos para enfrentar la temática ambiental compatibilizando la participación con la responsabilidad en las opiniones; que las organizaciones locales podrán informarse y hasta impugnar los proyectos en los procesos de autorización por impacto ambiental; e incluye la descentralización de la problemática ambiental –“estableciendo que los gobiernos regionales serán responsables de buscar mecanismos de participación a las municipalidades, que son los grandes actores ausentes hasta el día de hoy en la tramitación ambiental”- y la educación ambiental.
“Hago esta referencia -planteó Rafael Asenjo- porque muestra muy claramente los alcances que se le dieron al iniciar el gobierno democrático, pero muestra también las carencias que tenemos después de 30 años. El texto del mensaje del proyecto de ley que después se llamó Ley de Bases del Medio Ambiente -vigente hasta hoy-, señaló principios con los cuales todavía estamos en deuda”
Con esto abrió una conversación en la que, aseguró, “nos vamos a quedar muy cortos respecto del enorme desafío que para Chile implica encontrar una buena, constructiva, positiva relación entre la autoridad del Estado -que tiene la obligación y el deber constitucional de conservar y mejorar el medio ambiente de hoy y del mañana-, los que impactan o tratan de disminuir el impacto de las actividades productivas que afectan a los territorios y sus comunidades, y las comunidades que son afectadas y/o beneficiadas por las actividades productivas que se instalan en esos territorios”.