La Ley REP significará un importante avance para el país en el incremento de las tasas de reciclaje de una serie de productos prioritarios (envases y embalajes, artículos eléctricos y electrónicos, aceites lubricantes, pilas, neumáticos y baterías), así como en impulsar la economía circular al promover que parte de este material reciclado se vuelva a insertar en la economía y las cadenas productivas para dar forma a nuevos productos, esta vez fabricados con material reciclado.

Un círculo que parece fácil de cerrar en lo que respecta a productos de consumo masivo inocuos para la salud y el medioambiente, pero que se complejiza cuando se trata de residuos peligrosos que deben recibir un tratamiento especial para evitar daño a las personas y ecosistemas. Entre otras cosas, porque implica que entran en la ecuación dos caminos normativos distintos: la Ley REP en materia de medio ambiente, y el Código Sanitario -a través del Decreto Supremo 148- en materia de salud.

¿Cómo abordar esta problemática? País Circular e Hidronor coorganizaron el seminario “Desafíos para la gestión de los residuos peligrosos en la implementación de la ley REP”, donde cuatro expertos en la materia abordaron este tema: Daniel Vargas, coordinador REP de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente; Juan Andrés Salamanca, gerente de ventas regionales y marketing de Hidronor; Maurice Menadier, jefe de proyectos de Vía Limpia; y Maritza Rojas, directora de gestión estratégica, residuos y Ley REP de Idearia.

La Ley REP es un instrumento económico de gestión de residuos, que básicamente obliga a las empresas que fabrican e importan determinados productos dentro del país a organizar y a financiar la gestión de los residuos que se producen a partir de esos productos. En lo principal, propendiendo a que esos residuos sean valorizados, es decir, que sean aprovechados de alguna forma ya sea mediante el reciclaje u otro tratamiento. Esto a través de la fijación de metas al productor para la recolección y reciclaje de los residuos de sus productos, lo que se hace a través de los sistemas de gestión de residuos establecidos en la ley y que son financiados por dichos productores.

Básicamente todos los productos prioritarios, menos neumáticos, tienen algún alcance relacionado a los residuos peligrosos, afirma Daniel Vargas. “Y en el caso de aceites lubricantes y baterías -agrega-, el alcance es sustancial. Son productos prioritarios que una vez que se convierten en residuos son siempre considerados como residuos peligrosos, a diferencia del caso de envases, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, donde es un porcentaje menor del total de los productos regulados el que se termina convirtiendo en un residuo peligroso, y en ese sentido la regulación no está apuntando especialmente hacia esos sectores. En el caso de envases, por ejemplo, no existen mayores obligaciones especiales en esta materia para los productores, a diferencia de los aceites lubricantes donde todas las obligaciones recaen sobre un producto peligroso, y así será también en baterías probablemente”.

Y aquí es donde se juntan el Decreto 148 del Ministerio de Salud y la Ley REP. El primero establece que el generador de un aceite lubricante usado, o cualquier otro residuo peligroso, es responsable de que este sea gestionado en forma adecuada. La Ley REP, en tanto, establece que el productor de un aceite lubricante -u otro producto prioritario- es responsable de organizar y financiar la gestión del residuo respectivo.

Entonces, sobre quién recae la responsabilidad del residuo -si es el generador o el productor- ha sido un tema que ha estado presente permanentemente durante la elaboración de los decretos supremos que establecen las metas de reciclaje de los productos prioritarios, ya que algunos entienden que podría generarse un conflicto entre ambas normas, o una redundancia o reemplazo de las obligaciones. Pero desde el Ministerio del Medio Ambiente tienen otra mirada.

“Nosotros lo hemos entendido distinto- dice Vargas-, estas son normativas super complementarias desde el momento en que en una se regula al generador y en la otra al productor. De todas formas es innegable que ambas normativas van a estar vigentes, los sujetos regulados van a estar sujetos a estas obligaciones, y van a ser suceptibles de las sanciones que estas establecen. Lo que va a ocurrir, en definitiva, es que todo generador va a seguir obligado a tratar el residuo, a separarlo de forma correcta y entregarlo a gestores autorizados”.

“Sin embargo -agrega-, en la medida en que la Ley REP avance en su implementación, las metas vayan aumentando y los sistemas de gestión empiecen a operar de forma más amplia, cada vez va a ser más fácil para los generadores cumplir con esas obligaciones porque va a estar el sistema de gestión financiando. Entonces, el generador va a tener que dejar de hacerse cargo de la parte financiera, de la contratación de un gestor para que se haga cargo de los residuos, y simplemente va a tener que entregarlos. En ese sentido, tanto para los productores como para los generadores va a ser más fácil cumplir con sus obligaciones”.

Oportunidad de migrar a un sistema más sustentable

Juan Andrés Salamanca, de Hidronor, afirma que en el contexto de la Hoja de Ruta para la Economía Circular al 2040, que propone metas y acciones para que Chile migre hacia un modelo más sustentable, la Ley REP está sumando desafíos y normando los requerimientos para que las empresas construyan un sistema integrado para la gestión de residuos. “Creo que ese es el gran desafío que tenemos, cumplir con la normativa vigente y avanzar hacia este modelo”, plantea. Y en lo que respecta a los residuos peligrosos en el marco de los productos prioritarios, agrega, “el país tiene importantes avances, ya tenemos sistemas de captura y estandarización de residuos, y con eso tenemos la trazabilidad desde dónde se están generando, quién los está gestionando, y dónde se están disponiendo de forma adecuada”. Hoy son más de 6.700 empresas las que están reportando a la autoridad la generación de residuos peligrosos.

Salamanca entrega cifras al análisis. De las 23 millones de toneladas de residuos que se generan cada año a nivel nacional, 13 millones de toneladas corresponden a residuos industriales no peligrosos, 8 millones a residuos domiciliarios, y 620 mil toneladas a residuos peligrosos. De estos últimos, el 70% de esa cifra se concentra en cuatro regiones: Metropolitana, Antofagasta, Biobío y O´Higgins. Por tanto, es también allí donde se concentran los servicios de valorización y disposición final de residuos peligrosos.

¿Qué pasa, en este contexto, con los productos prioritarios de la Ley REP? En lo que respecta a los aceites lubricantes, expone Juan Andrés Salamanca, hoy se ponen en el mercado 120 mil toneladas al año y solo 60 mil toneladas se tratan de forma adecuada. “El resto hoy todavía tiene un destino desconocido. La Ley REP lo que busca es que las empresas se hagan cargo de estos residuos, y que en 10 años más se alcance al 90% de la gestión de estos aceites. En Hidronor llevamos más de 15 años trabajando, tenemos una planta que produce combustible alternativo con alto poder calorífico, y ahí entran los aceites, solventes, pinturas, y luego son comercializados a las cementeras que los usan en sus hornos de producción. Esa es una muy buena alternativa al consumo de combustibles fósiles”, afirma.

En lo que respecta a las baterías, las empresas están reportando la generación de 40 mil toneladas anuales que van a disposición final o valorización. Y en cuanto a las más de 170 millones de pilas que se ponen cada año en el mercado, solo se reportan 3 mil toneladas como residuos, pese a que al desarmarse son altamente cotizadas en galvanizadoras y acerías. Esas industrias son también el principal destino de los aparatos eléctricos y electrónicos tras su desarme, además de la recuperación de metales como oro, plata y cadmio para su exportación.

En cuanto a los envases plásticos que se consumen hoy a nivel industrial, y que generan residuos peligrosos, hoy las empresas están reportando más de 15 mil toneladas de residuos. Estos tienen un potencial de valorización y reproceso, dice Salamanca: “Estamos hablando de distintos tipos de plástico a los que hoy les estamos haciendo un proceso de limpieza, se descontaminan y luego pasan a un proceso de trituración para que puedan ser reprocesados y fabricar otro tipo de envases. Y parte de ellos, tras el proceso de lavado, son devueltos a las empresas para que los vuelvan a utilizar en la gestión de residuos. Entonces, los estamos devolviendo a la cadena productiva de consumo”.

A su juicio, lo que ocurrirá con la Ley REP es que se van a ir generando nuevas empresas que vayan completando este ecosistema. “Yo creo que ese es el desafío en esta industria ambiental, que surjan nuevas empresas que puedan procesar esto. Hidronor es parte de la cadena de gestión de residuos, y eso es lo que estamos apoyando. Hoy nosotros estamos gestionando más de 8 mil toneladas anuales de residuos peligrosos a valorización y reutilización en el mercado, alineados con los decretos sanitarios y la Ley REP. Esto está todo integrado, y esos son los desafíos que tenemos que ir trabajando hacia adelante”, afirma.

Desafíos en materia de aceites lubricantes

Vía Limpia gestiona anualmente un 25% de las 60 mil toneladas de aceites lubricantes usados que son tratadas cada año, y formó parte de la discusión para la elaboración del decreto que regulará las metas de recolección y valorización de este producto prioritario. Y en ese marco, han identificado una serie de desafíos para su implementación.

Entre ellos, dice Maurice Menadier, está la necesidad de desarrollar una cultura de manejo de estos residuos en los generadores en el marco de la Ley REP. Esto porque si bien en esta ley se pone la responsabilidad sobre el residuo en quien pone el producto en el mercado -el dueño de la marca-, luego está quien utiliza este producto y se convierte en el generador, que es el responsable de tener toda la infraestructura para el almacenamiento de los residuos peligrosos, y son quienes inician su trazabilidad. “Entonces, es muy importante que los generadores se suban a este carro, porque la trazabilidad va a ser muy importante para lograr el cumplimiento de las metas. Si no tenemos trazabilidad, el sistema de gestión no va a tener cómo acreditarlo”, afirma.

Un segundo punto es combatir la informalidad. Hoy un 50% de los aceites lubricantes usados se gestionan de manera formal, y no se sabe qué pasa con la otra mitad. Se trata de un producto con alto poder calorífico y que, por lo tanto, tiene también un valor en el mercado como combustible líquido alternativo. Esto hace, plantea Menadier, que se puede desarrollar un mercado negro en el que se venda o se procese para otros usos sin pasar por toda la cadena de gestión formal.

Otro desafío que identifica es la aparición de nuevas instalaciones en distintas zonas, tanto de acopio como de valorización, que puedan dar disposición a estos residuos peligrosos en distintas partes del país, lo que además dará mayor competitividad a los gestores. “Esto también permitirá generar un volumen suficiente que permita financiar el transporte de los residuos peligrosos desde los centros de acopio a los destinos finales de disposición, concentrados principalmente en la zona central y norte. El hecho de que esta infraestructura de gestión de residuos peligrosos tenga que crecer requiere tiempo, porque hay que tramitar permisos o incluso someterse a evaluación de impacto ambiental”, señala.

Finalmente, la trazabilidad y la fiscalización serán claves en el nuevo sistema, afirma. Hoy los generadores tienen que cumplir con el Decreto 148 y declarar los residuos de aceites que generan, a lo que se sumará la Ley REP. “Es importante que esta formalidad exista y que también ocurra una fiscalización asociada al cumplimiento de la Ley REP, dado que muchas veces los aceites lubricantes pueden venir contaminados con agua. El anteproyecto indica que se va a hacer el balance de masa, y lo que es efectivamente valorizado es el aceite que viene en el retiro. Entonces, tendrá que haber un control en los destinos finales respecto a qué cantidad de aceite lubricante está efectivamente llegando al destino final, y cuánto se está valorizando, para evitar una contaminación del dato que inflaría el cumplimiento de metas”.

Hacer convivir las dos normativas

Maritza Rojas, CEO de Idearia, plantea que los desafíos de los residuos peligrosos parten desde la implementación de la Ley REP, ya que podría haber confusión respecto del espacio en que gobierna esta, y donde lo hace el Decreto 148. Sin embargo, afirma, hay que entender que cada una opera sobre objetos y sujetos distintos: por un lado la Ley REP apunta a fomentar la reutilización y el reciclaje y se enmarca en los productos prioritarios, incorporando en este marco de gestión al productor que anteriormente no existía; y desde el punto de vista sanitario, se abarca a los generadores -quien genera el residuo peligroso-, y el fin de esa regulación es manejar en forma segura un residuo peligroso.

Con eso claro, agrega, el verdadero desafío es cómo conviven estas dos normativas en la práctica. “La Ley REP lo que está haciendo es aterrizar en este sistema que ya existía. El primero desafío entonces es cómo el Estado entiende y gobierna esto de forma conjunta para que efectivamente los regulados no sientan tanto este eventual conflicto, que en términos efectivos no existe”, afirma.

Maritza Rojas lo ejemplifica con el caso de los envases y embalajes de los aceites lubricantes, ya regulados en la Ley REP. En un primer espacio, explica, en que estos productos se ponen en el mercado, quien gobierna es la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego, cuando se pasa a la generación y gestión de un residuo peligroso, pasa a manos del Ministerio de Salud, quien está a cargo de su fiscalización. “Uno de los grandes desafíos es cómo hacemos para que esta fiscalización se entienda, considerando que son sujetos distintos desde el punto de vista del regulado”, señala.

En el marco de un APL para la gestión de los aceites lubricantes en el marco de la Ley REP, se analizó también que ocurría con los envases usados. En lo que respecta a puntos de venta, explica Rojas, se debe cumplir con el Decreto 148 que exige una bodega adecuada para ello, pero “en general hemos visto que se dan puntos donde o no se almacena el envase en esas bodegas, o se almacena en condiciones que no son las adecuadas de acuerdo al decreto. Por lo tanto, el primer desafío que existe es cómo transitan estos almacenamientos al cumplimiento de la norma sanitaria”.

Aquí el desafío, plantea, está en la valorización de estos envases, la que hasta ahora ha estado concentrada en el aceite lubricante que contienen. “El gran desafío está en establecer mecanismos para la valorización de los envases del aceite. En particular, el decreto de la Ley REP establece una posibilidad para estos envases, que los clasifica como envases de productos peligrosos, de establecer un sistema de gestión a parte y establecer un convenio con sistemas de gestión no domiciliarios”, explica.

Respecto de los envases que están en los patios de las industrias, lo que se ha visto es que la gran mayoría de ellos están siendo destinados a relleno sanitario. Esto porque, al igual que en el caso anterior, el foco de los residuos peligrosos está concentrado en otros residuos como las baterías y los aceites lubricantes usados.

“Eso es básicamente porque no hay mercado para hacerse cargo de estos envases, nadie los compra. Entonces cuando entra esto al ciclo de gestión tenemos nuevamente los desafíos de instalar las bodegas de almacenamiento, la recolección con camiones habilitados, y el pretratamiento -que es tomar el envase y lavarlo- para que esté nuevamente apto para ser reutilizado. El sistema de gestión tiene el desafío de incentivar a este consumidor industrial para que efectivamente ocurra el proceso de recuperación de estos envases”, agrega.

De fondo, plantea Maritza Rojas, hay un desafío mayor que es importante en el caso de los envases domiciliarios que contienen residuos peligrosos, como pueden ser limpiadores, aromatizantes o aerosoles. “Que Salud haga una definición de riesgo asociado a este manejo de residuos -plantea-, y permita lo que permite con los residuos industriales: una desclasificación de residuos peligrosos y que pasen a no peligrosos. Esta es una tremenda barrera, hay muchas iniciativas de emprendedores que están radicadas en esto pero que no se pueden hacer porque la autoridad no lo permite”.