La Biofactoría Gran Santiago de Aguas Andinas ocupa varias hectáreas en el sector de La Farfana. Hasta hace poco allí se trataba gran parte de las aguas servidas de la Región Metropolitana para limpiar sus contaminados cauces. Pero hace un par de años la empresa fue más allá de lo que pedía la normativa ambiental y empezó además a reutilizar los lodos resultantes del tratamiento como mejorador de suelos, a canalizar los gases de metano que se producen de la descomposición de biosólidos para proveer de gas a sus instalaciones, y dejar de emitir los malos olores que la hicieron enemistarse con sus vecinos.

Así, no sólo empezó a ver reducidos sus costos y los residuos que antes debía disponer en un relleno, sino que también empezó a relacionarse con otros actores y con el entorno, llegando hoy a vender los productos.

La transformación vio pronto frutos: la instalación de Suez fue recientemente distinguida en la categoría salud planetaria en Nueva York, en el marco de la Conferencia Global de Clima de Naciones Unidas, junto a otras 14 iniciativas mundiales orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático.

Como lo detallan desde la misma sanitaria, las biofactorías son el resultado de la transformación plantas de descontaminación de aguas servidas en verdaderas “fábricas de vida”, en donde los residuos que produce la ciudad son transformados en nuevos recursos.

“Estas actividades ponen el foco en acciones climáticas que se pueden replicar por todo el mundo”, respaldó Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático. “Son la prueba de que la acción climática no solo es posible, sino que también es innovadora, emocionante y marca la diferencia”.

Es la posibilidad, tan cierta como necesaria, de avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos, donde la reutilización del agua debe ser incluida como una opción estratégica, pero principalmente de un cambio de mentalidad y de mayor conciencia que incorporar a la gestión del agua los conceptos de la economía circular para entregar un servicio más efectivo, eficiente y resiliente. En un contexto de restricción hídrica y cambio climático, el uso de las aguas servidas tratadas puede constituir una solución significativa para aumentar la oferta del recurso. El tránsito definitivo hacia una economía circular, cero residuo.

El reto del agua

Desde hace más de una década, Chile vive una prolongada sequía y año a año vemos como los déficit de lluvias se mantienen, junto con la baja sostenida de niveles freáticos y caudales medios de las aguas superficiales, además del retroceso de glaciares.

Diferentes estudios proyectan que las precipitaciones disminuirán entre 30 y 40%, mientras que las cifras del Ministerio del Medio Ambiente hablan de entre un 5 y un 15% hacia mediados del Siglo XXI. Una realidad que desde hace años convoca y sienta a dialogar a la empresa privada, el sector público y la academia.

En ese escenario, de acuerdo al estudio “Radiografía del Agua, brecha y riesgo hídrico en Chile”, elaborado por la Fundación Chile, nuestro país aparece dentro de las 30 naciones con mayor riesgo hídrico en el mundo al año 2025.

Según el mismo estudio, las regiones que presentan el mayor número de eventos por inundación entre 1912 y 2017 corresponden a los grandes centros urbanos, como la Región Metropolitana (138), Región del Biobío (81), Región de La Araucanía (81), Región de Antofagasta (79) y Región de Valparaíso (74).

El reto está, entonces, principalmente en las grandes ciudades. Y ya no solo en asegurar la captación o el tratamiento de las aguas, tema que en Chile ya está ampliamente avanzado.

Según cifras de la industria, desde el año 2000 a la fecha las inversiones de las sanitarias suman US$6.700 millones y han posicionado a Chile al nivel de los países desarrollados en términos de cobertura, continuidad y calidad del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

De acuerdo al Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Chile, se estima que hoy casi el 97,95% de la población accede a agua potable, cifra que alcanza a un 99,57% en áreas urbanas; y el 99,9% de las aguas urbanas son tratadas de manera segura. El reto hoy está aguas abajo, y así se entiende a nivel global.

Cambios a la industria sanitaria

Ya en junio de este año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había anunciado la reactivación de un proyecto de ley –cuyo origen se encuentra en una moción parlamentaria– que busca introducir modificaciones en los servicios sanitarios apuntando, entre otras materias, a la fijación tarifaria y al cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.

Se trata de una iniciativa que cuando se comenzó a conocer a fines de 2016 recibió fuertes cuestionamientos de la industria, pero que hoy estaría apuntando principalmente a exigir a las empresas mayores inversiones en infraestructura para enfrentar contingencias derivadas del cambio climático, así como ajustes a aspectos menos regulados como la gestión integral de los residuos industriales líquidos.

Aunque el MOP ya acordó con la Comisión de Obras Públicas del Senado la creación de una mesa técnica para analizar modificaciones a la Ley de Servicios Sanitarios, desde el gobierno se señaló en su minuto que dentro de las modificaciones prioritarias no se encuentra por ahora introducir ajustes a las rentabilidades, sino más bien “una mirada de cambio climático”.

Y en esa línea, se adelantó que uno de los aspectos a discutir será que las empresas asuman la responsabilidad de la evacuación de aguas lluvia, hoy en manos del Estado. Una de las propuestas que se está considerando es que no solo se debe pensar en encauzarlas hacia los ríos o el mar para evitar inundaciones en las ciudades, sino buscar, por ejemplo, darles un nuevo uso recargando acuíferos.

Economía circular

Con más de 2.200.000 clientes en el país, Aguas Andinas tiene el 43% del mercado y se está transformando en el principal impulsor de la reutilización de los recursos hídricos. Pero su ejemplo no es el único.

En Chile, la apuesta de la industria hoy va en impulsar las inversiones para enfrentar los nuevos escenarios climáticos, pero también en desarrollar servicios sostenibles, una línea similar a la que estaría visualizando el gobierno con las modificaciones legales que ya anunció que impulsará.

Actualmente, la industria sanitaria reconoce importantes avances en el tratamiento de aguas servidas con un total de 294 sistemas de abatimiento, los que operan mediante diferentes tecnologías, principalmente lodos activados, lagunas aireadas y emisarios submarinos.

El volumen de las aguas servidas tratadas en el año 2017 se acercó los 1.230 millones de metros cúbicos, cantidad nada de despreciable si pudiera se reusada en distintas industrias.

La Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) indica que, de manera global, se gestionan cerca de 600.000 toneladas de lodos estabilizados (inertes) que se recuperan desde las aguas servidas.

Antiguamente, estos pasivos ambientales eran trasladados a rellenos sanitarios, en su mayor parte, o a monorellenos (en las mismas plantas). Sin embargo, la industria se ha ido abriendo a otras posibilidades para la disposición final de los biosólidos, y contribuyendo también a reducir los impactos sobre las comunidades.

Como resultado de esos esfuerzos, casi la mitad de los pasivos ambientales tratados son reutilizados como abono en cierto tipo de cultivos o recuperador de estos, debido a su alta concentración de nutrientes.

Las empresas también apuntan al reúso del agua ya tratada, y ANDESS indica que cada sanitaria estudia los usos que se pueden dar a las aguas limpias: desde la recarga de acuíferos (infiltración en napas subterráneas) y el riego de áreas verdes en ciudades, hasta ser una alternativa para suplir la falta de agua en zonas de severo estrés hídrico.

Paliando la brecha hídrica

Uno de los sistemas de tratamiento usados por el sector sanitario son los emisarios submarinos: largos acueductos que descargan en el mar el agua servida tratada de forma primaria (separación de sólidos) y clorada. Para muchos esto no solo es insuficiente en términos de tratamiento, también es un desperdicio de agua que podría tener solución.

El académico de la Universidad Católica de Norte y director del CEITZASA (Centro Tecnológico de Investigación del Agua en el Desierto), Leonardo Romero, explica su experiencia en Antofagasta, una zona de alta escasez hídrica pero con intensa actividad urbana e industrial.

“Hicimos un proyecto Corfo para hacer reúso de las aguas del emisario submarino de la sanitaria Aguas Antofagasta, captando el 10% y aplicándole tratamiento biológico. Los resultantes 120 l/s procesados se vendían al área industrial de Isla Negra, que los ocupaba para la fundición y la industria de los alrededores, y parte también a la agricultura o regadío de jardines comunitarios, a través de la municipalidad”, explica Romero.

Finalizado el proyecto, la sanitaria traspasa ese 10% al área industrial, a la fundición AltoNorte. “Si evaluamos la capacidad de recuperación de aguas que hoy se van al mar y sus aplicaciones, hay una diferencia enorme”, afirma el académico. “La minería podría hacerse cargo de eso para sus procesos, pero no lo hace porque no está claro quién es el dueño de esas aguas, y eso es una cosa legal que hay que subsanar para poder aplicar la economía circular. Hasta que no se reglamente eso, no van a haber clientes que se puedan hacer cargo de esas aguas”, recalca.

Romero lamenta que sea legal y no técnica la razón, ya que “las tecnologías existen: nuestro proyecto demostró que las aguas servidas tratadas se pueden emplear en minería, tanto en las fases de hidrometalurgia como concentración, y con buenos resultados, salvo que cuando avanzamos a la extracción por solventes o de electro-obtención. Ahí necesitamos un agua muy pura, pero para eso se puede emplear osmosis inversa”, indica.

Otra iniciativa en la que su centro participó fue la creación de la iniciativa Gota a Gota, que se enfoca en recuperar las aguas grises domiciliarias a través de un sistema bastante simple de filtración y decantación, apoyado por Corfo, para luego ser reutilizadas en el llenado del estanque de descarga del baño y en el riego de áreas verdes. El proyecto busca brindar una solución al tema de uso y reúso del agua inicialmente en viviendas, y en una segunda etapa se piensa escalarlo a un prototipo más industrial y masificado, bajo la premisa de que sea a bajo costo.

En la misma senda, profesionales de la Fundacion Chile dimensionan el aporte del reuso de aguas servidas como importantísimo, en términos de ahorro de recursos y de beneficios para el ecosistema y la producción.

“En Chile existen en total 283 sistemas de tratamiento urbanos, de los cuales 33 son emisarios submarinos que descargan 8 m3/s, equivalentes a tres veces el caudal del río Mapocho o 10% de la brecha hídrica actual. Esto es equivalente al agua que requiere el cultivo de 31.000 ha de palto, con un valor de USD 2,5 MM por año y 31.000 empleos”, dice Gerardo Díaz Moya, jefe del proyecto Reúso Aguas Residuales de la Fundación Chile.

Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile, indica que los sistemas de reúso de aguas residuales tratadas son una alternativa para suplir la falta de agua, que países como Israel o Singapur hoy llevan a cabo en grandes magnitudes por el severo estrés que sufren. Por ejemplo, Israel reutiliza el 80% de sus aguas servidas, lo que combina con desalación.

El análisis adaptado a las condiciones en Chile demuestra que, al igual que los casos internacionales, esta solución resulta costo eficiente y replicable con impactos económicos, sociales y ambientales positivos

“El mayor desafío hoy para alcanzar el escalamiento de los sistemas de reúso de aguas residuales tratadas es la definición de una política nacional de reúso que asegure un uso estratégico de esta nueva fuente de agua, junto con el desarrollo del modelo de implementación y operación para Chile”, concluye.

Medidas de gobierno

A mediados de octubre, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad hídrica. Estas contemplan evaluar las cuencas, crear reservas de aguas subterráneas para consumo humano; intervenciones para reducir extracciones en zonas sobreexplotadas; compra de derechos de aguas e incluso la expropiación de los mismos para consumo humano.

Óscar Cristi, Director General de Aguas, ha dicho que el foco es la seguridad hídrica, “entendida como poder acceder al agua en cantidad y calidad para el consumo humano, para actividades del crecimiento económico y también para la provisión de bienes y servicios ambientales. Un desafío tremendo, al que se añade un factor de “sobreexplotación” de los recursos hídricos: hay más derechos de aguas entregados que la disponibilidad de agua”.

Entre las medidas, se buscará mejorar la información sobre recursos hídricos disponibles, así como la recuperación de acuíferos en zonas críticas por la vía de reducir extracciones y con proyectos de infiltración que es una recarga artificial, donde ya existen algunas experiencias en las cuencas de Copiapó y Aconcagua.

Carlos Flores, de la División de Estudios y Planificación de la DGA, explicó que respalda el desarrollo de este tipo de iniciativas en Chile. En temas de reúso, donde se emplean sistemas de tratamiento, físicos (membranas de osmosis inversa, filtros de arena/malla), químicos (floculantes, adsorbentes, precipitantes), y biológicos (humedales, plantas filtradoras, bacterias, lombrices), la institución afirma que es en este último donde se presentan mejores condiciones técnicas y económicas para su implementación.

“Para ello, la DGA firmará un convenio con la Dirección de Arquitectura del MOP de Atacama con el propósito de que el proyecto del nuevo recinto penitenciario El Arenal incluya la recarga artificial del acuífero con las aguas tratadas del reciento”, indica el profesional.

Aguas grises, la primera iniciativa

En el anterior gobierno se dio impulso a una serie de medidas para modificar el panorama legal hídrico en pos de mejor gestión del recurso. Uno de los resultados es la ley que se aprobó a principios de año que regula la recolección, reutilización y disposición de las denominadas aguas grises, aquellas aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras, que son aquellas que contienen excretas.

Estas aguas grises presentan una opción para la gestión sustentable del recurso hídrico, dado su potencial para ser usado en actividades de irrigación, industriales u otros usos de tipo ambientales. Precisamente este es el principal objetivo, reemplazar al agua potable en las actividades que no requieren de agua de una buena calidad.

“Esta regulación ofrece al menos dos desafíos que nuestro país deberá afrontar. El primero de ellos, consiste en la instalación de los sistemas de reutilización que deberán obligatoriamente contar nuevas edificaciones dentro de una ciudad, lo que se regulará a través de normas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que se tendrán que dictar en el plazo de un año. Estos sistemas tendrán por finalidad asegurar la utilización eficiente de los recursos hídricos en estos proyectos, en consideración a la ubicación geográfica, al déficit de recursos hídricos existente, la carga de ocupación o uso potencial de agua”, afirma Verónica Delgado, investigadora de Centro del Clima y Resiliencia (CR2)

El segundo desafío tiene que ver con la coordinación que debería existir entre el Ministerio de Vivienda, competente para reformar la OGUC; el Ministerio de Salud, que deberá autorizar los sistemas de aguas grises; y el Ministerio del Medio Ambiente, porque la variable ambiental vinculada a las aguas grises es ineludible. En efecto, durante varias décadas las aguas grises han sido una preocupación tanto por sus sistemas de tratamiento y de reúso en países con distintos patrones climáticos para hacer frente a la escasez de agua, minimizar los riesgos de salud y conservar el medio ambiente.

Son numerosos los factores que están relacionados con los sistemas de tratamiento y reúso de las aguas grises, lo que demandará del Estado una coordinación y colaboración para poner a Chile en los países de avanzada en materia de aguas grises. “Y si bien la ley se aplica a suelos urbanos y rurales, sin duda tendrá un gran impacto hacia el objetivo de contar con ciudades sustentables, más aún en un contexto de déficit hídrico como el que se sufre en muchos centros poblados en el país”, puntualiza.