A horas de dejar su cargo como jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, Guillermo González analiza en esta extensa conversación los principales avances en materia de economía circular y gestión de residuos en el país. Fueron cuatro años de administración en que se terminó de implementar definitivamente la Ley REP -uno de los mejores ejemplos de política pública con una mirada de política de Estado, dirá más adelante-, se estableció una Hoja de Ruta para la Economía Circular en el país, se creó una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) y se establecieron nuevas regulaciones al uso de plásticos en el territorio nacional, entre otros hitos.

Fueron también cuatro años de negociaciones, acuerdos, de juntarse con los distintos actores para alcanzar consensos que permitieran implementar de mejor manera regulaciones complejas y que afectan a múltiples actores. “La verdad es que me voy muy agradecido. Para mí ha sido realmente un honor, un privilegio gigante”, dice a poco de terminar su gestión.

“Para alguien como yo -agrega-, que le gusta la política pública y se preparó para esto, poder encabezar algo como esto ha sido un privilegio enorme. Siento que cerramos un ciclo que deja muy bien encaminado el próximo, y en ese sentido me voy muy contento y con la frente en alto porque sé que hemos avanzado. ¿Qué queda mucho por avanzar? Sin duda, y eso creo que es importante tenerlo presente”.

En ese sentido, dice tener mucha confianza en que el nuevo gobierno, y las nuevas autoridades ambientales, van a continuar con este camino recorrido. “Creo que Chile tiene una oportunidad gigante, y ya estamos viendo cómo esto se entra a jugar. Estoy convencido que esto va a seguir muy bien encaminado, no solo desde el ministerio. Siempre decíamos, si hubiera llegado una administración que no quería tener nada que ver con esto igual iba a verse forzada a seguir avanzando, porque hay un ecosistema que lo está empujando. Y por suerte veo que está nueva administración está muy motivada para seguir avanzando”.

Para González, hay dos logros que aparecen como principales porque son transversales a toda la gestión de los últimos cuatro años. El primero es que la economía circular entra en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), el compromiso de objetivos climáticos de Chile ante el Acuerdo de París. Ese hecho, afirma, permite que empiece a permear a todo el ecosistema del emprendimiento, a los ministerios, los gobiernos regionales. “En la campaña presidencial todos los candidatos estaban hablando de economía circular. Creo que eso es tremendamente importante”, afirma.

Y el segundo logro clave es la continuación de la lógica de pensar estas materias como una política de Estado. “La REP probablemente es uno de los mejores ejemplos en la institucionalidad ambiental de políticas públicas que se trabajan en esa lógica. Se empieza a pensar en el tema en Bachelet I, se ingresa el proyecto de ley en Piñera I, se aprueba en Bachelet II, lo reglamentamos en Piñera II, y ahora Boric va a tener que pasar al momento de la acción, cuando ya va a tener que aprobar los planes de gestión y van a tener que salir los camiones a las calles. Estamos hablando de un recorrido bien extenso, y justamente, mirando la Ley REP, es que dijimos ‘los otros temas que trabajemos, también tenemos que hacerlo en esa lógica’. Trabajarlo como política de Estado, y eso significa poner horizontes que trascienden a un gobierno”.

¿En qué se grafica esto, y qué se requiere para mantener esa visión de largo plazo, de continuidad?

Tenemos una Hoja de Ruta para la Economía Circular del país para 2040, una Hoja de Ruta para la Economía Circular en la Construcción al 2035, una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) al 2040. Y si uno quiere que eso traspase tiene que convocar a todos los actores. En las reuniones de traspaso conversábamos de que necesitamos que esto que hemos venido desarrollando traspase a la próxima administración, pero también a las próximas cuatro más. Esos son los plazos, y para eso es clave tener a todos los actores sentados a la mesa, y creo que hemos hecho un trabajo del que podemos estar bien orgullosos; de haber abierto las puertas, generar las instancias de encuentro en los distintos ámbitos, en la hoja de ruta, en ámbitos sectoriales como los residuos orgánicos, en el Pacto por los Plásticos, en la industria de la construcción con su hoja de ruta. Creo que ha sido una marca, y un logro transversal, el empezar a ponerlos a todos juntos a entender que esta transformación no depende del Ministerio del Medio Ambiente, sino de acciones en las que vamos a tener que estar fuertemente en la regulación, pero hay muchas otras en que la regulación no va a solucionar todo. En la hoja de ruta los decimos: la regulación es una de las cuatro patas de la mesa; las otras son el cambio cultural, la innovación, el llegar a los territorios. Nos tiene muy contentos el sentir, porque es algo que hemos ido recogiendo en estas semanas de cierre, un reconocimiento bastante transversal, desde la sociedad civil, desde el mundo privado y de la academia, de que aquí hubo un espacio público que se abrió.

¿Cuál crees que fue el factor que hizo que rápidamente se avanzara a un consenso general de impulsar la economía circular en el país, y de forma rápida? ¿Esa misma apertura a todos los actores?

Creo que hay que mirarlo en un contexto global, en el sentido de que esto que se ha dado con mucha velocidad en Chile también ha pasado en otros países en estos últimos cuatro años. PACE, que es esta plataforma global donde tuve el honor de participar junto con la ministra Schmidt, también data de hace cinco años. Entonces, esto es algo que de repente toma mucha fuerza, y creo que lo tomamos en el momento justo en que a nivel global empezaba a instalarse. Mi punto es que lo que sucedió en Chile también ha pasado afuera. La economía circular tiene la gracia de que estamos hablando de economía, de que esto no significa solamente una lógica de cuidado ambiental restrictiva sino que va de la mano del desarrollo. Y creo que eso le hace click muy rápidamente a todos los actores, porque no se ve como algo en que vamos a ponernos unos contra otros, sino que tenemos que encontrar un camino de transformación donde va a haber algunos que van a poder aprovechar mejor las oportunidades, como ocurre en cualquier transformación. Porque es un camino de transformación que trae oportunidades: genera mayor crecimiento económico, más empleos, y reduce emisiones de gases de efecto invernadero.

Aún así, fue un aterrizaje rápido en el país considerando que en el mundo es aún una tendencia nueva

Es una herramienta que se logra aterrizar. La Fundación Ellen MacArthur ha jugado un rol fundamental en simplificar esto y darle un camino mediante el cual se puede acelerar. Voy a poner un ejemplo: en el sector de la construcción partimos trabajando una hoja de ruta con el mundo privado, que estaba un poco reacio; se fueron metiendo en el tema, fueron parte de ese proceso, y después se dan cuenta del potencial que hay acá y deciden ellos crear una estrategia de economía circular del mismo sector, que publicaron ahora en enero. Eso da cuenta de que algo que sonaba distante, y a lo mejor amenazante, se terminó viendo como una oportunidad. Y creo que eso ayuda mucho.

¿Cuál ves como el punto de inflexión en esta aceleración hacia la economía circular?

Creo que jugamos un rol importante ahí, de lograr llevar adelante estos procesos largos, porque ninguno de ellos fue fácil. Es complejo en muchos sentidos, desde llevar a cabo administrativamente todos estos procesos, pero también en la articulación de los actores. Creo que ahí hubo un trabajo importante. Recuerdo que en la discusión de la hoja de ruta salió el tema de la valorización energética, y había grandes discrepancias al respecto en la mesa. Dijimos hay que conversar, conversar y conversar, y logramos que todos se subieran al carro. No llegamos a un acuerdo, pero por lo menos llegamos a que tenemos un desacuerdo y podemos expresarlo. Creo que esa actitud de batallar, a pesar de que es difícil, ayudó. La mirada estratégica de elegir algunos elementos, como los residuos orgánicos, que estaba en cero desde la política pública; elegimos algo que salta con mucha fuerza porque estaba todo por hacerse. Creo que jugamos un rol catalizador, pero esto fue un trabajo de todas las partes. Tuvimos muy de cerca a Corfo en todo el proceso, y eso es súper importante, porque cuando tienes una agenda de transformación que viene de la mano de la agencia pública que se dedica a generar la transformación en el mundo productivo, claramente eso tiene una potencia mayor. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Minvu, MOP, Economía, trabajamos hartos temas con ellos; es bien importante entender que esto es algo que no solo nos podemos atribuir nosotros, en ningún caso. Es de muchos actores públicos. Y para qué hablar del mundo privado.

El sector privado se involucró activamente en esta agenda, ¿cuánto influyó en ello trabajar en las instancias participativas que se crearon, como los comités operativos ampliados para los decretos de la Ley REP?

Creo que ahí fue bueno el no ser tan experto en todos los temas. Le dije muchas veces al equipo: si nosotros queremos regular bien tenemos que entender bien. Y los que mejor entienden son los que están ahí, donde las papas queman. Desde el punto de vista de que producen eso, o lo reciclan, o que son recicladores de base, o están desde la sociedad civil conociendo lo que pasa a nivel del barrio en este tipo de cosas. Hay un reconocimiento de que no eran instancias de participación para la foto, sino que realmente eran de participación sustantiva. Si había buenos argumentos, los íbamos a escuchar y tomar en cuenta. Eso se valora, y va generando el ánimo colectivo para seguir avanzando. De nuevo, hay que reconocer ahí el trabajo de muchas organizaciones del mundo privado, y también de la sociedad civil. En lo que tiene que ver con la ley de plásticos de un solo uso, por ejemplo, la sociedad civil jugó un rol realmente impresionante. Por eso digo, partimos invitando, pero después todo el mundo se sumó con mucha fuerza, y eso es clave.

¿Qué esperas que ocurra con la economía circular en los próximos años? Ya está el marco, el diseño, y ahora viene implementarlo para el gobierno que viene y los futuros.

Tenemos una hoja de ruta a 2040, con un checkpoint en 2030, donde ya tenemos que haber avanzado mucho. De hecho, tenemos metas que son bien ambiciosas para ese punto intermedio. Confío en que la nueva administración va a seguir en la misma lógica; dado que esto se trabajó como una política de Estado, que mejor y que más valioso que seguir en esa misma senda. Confío en que eso va a suceder, porque estas no son las ideas de nosotros, de la Oficina de Economía Circular. Nosotros lo que hicimos fue recoger un sentir, una visión que es de todos los actores, y por lo tanto el nuevo gobierno tiene todo para seguir adelante por un camino y una hoja de ruta que sabe que es compartida por todos. Sí, viene ahora la parte de la implementación en muchos ámbitos -y eso siempre es complejo-, pero primero teníamos que saber hacia dónde queríamos ir. Eso ya lo tenemos claro y ahora hay que llevarlo a la práctica.

La economía circular necesita aún cambios normativos que aparecen como condiciones habilitantes; por ejemplo, la desclasificación de los residuos. ¿Cuál crees que debiera ser la prioridad de la nueva administración en esta materia?

Si uno tuviera una sola política pública que pudiera desarrollar… De nuevo, la economía circular es economía, ¿y cómo cambias la economía en este mundo? En la economía lineal, si miramos el final de la línea que es el relleno sanitario, y es tan barato llevar las cosas para allá, es muy difícil gatillar todo el cambio aguas arriba. Si uno mira la experiencia comparada, los países decididamente han puesto cargos -en el caso de Colombia- o impuestos, pero han encarecido el llevar los residuos a relleno sanitario. Y eso tiene un efecto multiplicador gigante en toda la economía, porque genera la habilitación económica -ya no solo normativa- del reciclaje de los plásticos, de los orgánicos, de los materiales de la construcción, etc. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande. Veo en el programa del presidente electo que hablan de una ley de economía circular. Si en esa ley se pudiese hacer solo una cosa, habría que hacer esto.

Incrementar el costo de botar la basura…

Claro, porque esto se inserta en un contexto, especialmente a nivel municipal, de una complejidad mucho más profunda. Y por lo tanto uno no puede hacer solo eso, sino que también tiene que ir a resolver ese grave déficit de financiamiento que hoy existe. Esa es una cosa. Ahora, por cierto que es importante avanzar con la desclasificación de los residuos, permitir que cerros de cenizas y de escorias que hoy existen y que no se pueden usar porque los llamamos residuos, puedan utilizarse como material de construcción, como insumos para la agricultura. Claramente ahí hay algunas condiciones habilitantes fundamentales. Puedes tener innovación, una nueva forma de hacer las cosas, y tienes que hacer que la gente lo use. Eso implica un cambio cultural. Pero puedes tener la innovación, y la gente que esté dispuesta a usarla, pero si la regulación no lo permite, no se puede hacer. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con esto que Algramo ha puesto arriba de la mesa que es que se puedan vender a granel shampoo y otro tipo de productos que están en contacto con la piel. Ahí tienes una empresa con una innovación, vecinos que quieren usarlo, pero la regulación no lo permite. Son temas que tienen que ir de la mano.

Balance (y ajustes pendientes) de la Ley REP

Para González, uno delos principales hitos de los decretos que finalmente regulan la implementación de la Ley REP en el país, fue la definición de que -en el caso de los envases y embalajes- estos fueran retirados por un camión desde la puerta de las personas. “Cuando partimos este proceso participativo -dice- yo no lo tenía claro, para nada. No sabía que íbamos a desembocar en eso. La REP, en la ley, está todo pensado como que la infraestructura van a ser puntos limpios. Hay unas autorizaciones simplificadas de puntos limpios, etc. Y lo que fuimos viendo en conjunto con todos los actores, a lo largo de este proceso, era que en verdad no nos iban a dar los puntos limpios para alcanzar las metas que queremos”.

¿Por qué?

Porque si queremos realmente sacar de forma masiva aquello que está yendo a un relleno sanitario, no nos iba a dar con los puntos limpios. Porque no todas las personas pueden o quieren ir; y porque además tienen un problema “infeliz”: que cuando funcionan bien, funcionan mal. Es decir, que cuando todo el mundo va se empiezan a volver puntos sucios, porque se llenan altiro; y es muy difícil de manejar esa logística, porque un día se pueden llenar en la mañana y otro en la tarde, y no sabes a qué hora pasar con el camión. Entonces fuimos decantando entre todos que teníamos que hacer esto masivo y simple, para que las personas puedan hacer esto casi tan fácil como botar la basura. Ese para mí es un hito -más allá de las metas, del decreto, etc.- porque va a generar una transformación importante en nuestro día a día.

De esta REP que hoy tenemos, con dos decretos listos y dos más en curso, ¿qué fue lo más complejo de este trabajo que regula la implementación en terreno de la ley?

Diría que algo que ocurrió en el caso de envases y embalajes, y de aparatos eléctricos y electrónicos -que son los dos más complejos desde el punto de vista de la masividad y de la diversidad de productos-, fue que nos tomó un tiempo para llegar a ponernos en los zapatos de los consumidores, de los vecinos. Cómo yo, como ciudadano, voy a poder ser parte de esto. Esa pregunta, que pareciera como muy obvia en retrospectiva, y desde donde hay que partir, al final uno parte con la mirada más desde arriba. Y cuando llegamos abajo, dijimos “esto nos permite dar pautas claras respecto de cómo avanzar”. Y de ahí surge justamente el camión de reciclaje a domicilio. Y ahora lo que estamos sacando en aparatos eléctricos y electrónicos es lo mismo: darle a las personas la posibilidad de ser parte de la cadena de reciclaje, con bastante simplicidad.

Que reciclar no sea un problema para alcanzar la masividad que requiere…

Para mí es algo súper importante. Cuando en 2019 estuve en Finlandia, me mostraban los sistemas de reciclajes en algunas municipalidades donde los vecinos tenían que separar en diez tipos distintos de materiales. Entonces pregunté qué porcentaje de los vecinos lo hacen, y me contestaron el 60%. Pensé “estamos fritos”. Siempre se dice que se necesita más educación para que la gente haga esto, y si los finlandeses hacen un 60%, estamos mal, cómo vamos a alcanzar eso. Pero claro, lo que pasa es que si les están pidiendo que hagan casi un diplomado para reciclar, tampoco lo hacen. Entonces hay que hacérselo simple, ubicarse en la realidad local, y pensar cómo logramos que las personas lo puedan hacer es clave. En aparatos eléctricos y electrónicos estamos dando distintas opciones; por ejemplo, mandar de vuelta el refrigerador viejo cuando me traen uno nuevo va a ser un derecho a propósito de la REP. O voy a poder ir a dejarlo a algún lugar. Vas a tener distintas opciones, y creo que eso fue clave. Eso fue bien desafiante.

¿Y el trabajo en los comités operativos ampliados para elaborar los decretos?

Eso para mi fue lo mejor. Lo disfrutaba tremendamente, porque en el fondo era un privilegio tener sentados a la mesa a todos los actores, y que ellos empezaran a contrastar argumentos en tiempo real; es impagable. Nos piden hartas reuniones por lobby, y uno plantea una cosa y otro otra. Aquí eso ocurría en la mesa, y el otro le rebatía ahí mismo. Eso fue súper importante porque permitió, en esta lógica de lo participativo, que se genere un espacio donde los actores con intereses legítimos ven que pueden llegar hasta cierto punto, porque esos intereses se empiezan a contraponer con los de otros, que también tienen un punto. Ellos mismos se empiezan a regular, y al final se dan cuenta que el “malo” no es el Ministerio del Medio Ambiente. Si hubiésemos hablado con cada uno por separado, al final habrían dicho “el ministerio no hizo lo que nosotros queríamos”. Pero ahí se dan cuenta de que no es que no queramos algo por capricho, sino que cuando se da una mirada más integral se va llegando a ciertos convencimientos colectivos. Y eso fue lo que sucedió con los comités operativos ampliados. Realmente los disfruté, por cómo aprendíamos y porque era una forma muy eficiente de ir ajustando propuestas rápidamente. Eso ayudó mucho, porque obviamente los distintos actores están preocupados, porque vamos a entrar a regular un ámbito que les significa un impacto en su negocio, pero fue dando más tranquilidad el ver que las decisiones tenían lógica y que había argumentos que tal vez no eran los de ellos, pero que tenían sentido. Eso fue clave.

Después de todo ese proceso, y de los avances en estos meses en que el diseño se ha ido concretando en la realidad, ¿Cuál es tu evaluación de cómo quedaron esos decretos?

Yo creo que tenemos regulaciones bien robustas, me lo han dicho distintos actores regulados y de distintos ámbitos. Eso nos da tranquilidad. En el tema de metas, por ejemplo, creo que estamos bien y tenemos decretos bien robustos, que por cierto ahora tenemos que verlos en acción. Por ahora todavía es un decreto escrito, y que ha empezado a generar los sistemas de gestión. El que uno de los sistemas de gestión en conformación en envases tenga 25 socios y el otro 21 no es casualidad, es porque pusimos una exigencia mínima de 20, y creo que ha sido bueno que se vean exigidos a tener esta mirada colectiva en una industria donde hay miles de actores.

¿Crees que ese objetivo se ha cumplido?

Con 20 estamos hablando de un grupo reducido, pero que sí empieza a cambiar las dinámicas. Teníamos que asegurar un cierto número que obligue a tener actores de distintos sectores, por ejemplo, y creo que eso se empieza a ver. Pero como digo, vamos a verlo en acción ahora. Siempre va a ser posible ir ajustando cosas, eso es lo que uno recoge de la experiencia internacional; uno parte con un decreto, y está contemplado que a los cinco años se pueda perfeccionar. Es de toda lógica, pero creo que el proceso participativo nos permitió jugar en esta cancha con un rayado que estuvo bien socializado. No veo grandes chascarros, lo que veo ahora es que va avanzando. En algunos casos un poco más lento de lo que necesitamos, pero avanza, y los actores se están poniendo todas las pilas para eso.

Lo que se está figurando hoy es un escenario de múltiples sistemas de gestión, con varias propuestas en proceso tanto en neumáticos como envases. ¿Cómo ves este panorama? ¿En el diseño se apuntaba a un escenario de un solo actor, o por el contrario, a que hubiera esta competencia?

Nosotros quisimos evitar una situación que vimos en otros países de la región, donde lo que se tenía eran puros sistemas individuales. Eso en verdad es impracticable, uno de los objetivos que tenemos que perseguir en los decretos es darle efectividad a la REP, y cuando tienes puros sistemas individuales eso no sucede. Por lo tanto, quisimos poner ciertas reglas que empujaran hacia lo colectivo; eso no es ningún secreto, pero nunca dijimos “tiene que ser un solo colectivo”. Podían ser más, y de hecho, había argumentos en el sentido que señalas, que la existencia de varios sistemas de gestión podía agregar un elemento de competencia; si bien es un elemento de competencia distinta, permite que un productor tenga donde elegir. Eso a nosotros nos deja muy tranquilos. Nos parece positivo que existan distintas opciones. Ahora, habrá que ver si en el hecho de que existan tantas opciones -en el caso de neumáticos, que es un mercado más pequeño, hay tres y se habla de un cuarto sistema-, la industria da para tanto. Pero eso se va a ir viendo en el camino. Vemos como algo positivo que los productores vayan a tener dónde elegir entre distintas opciones.

Ya hay algunos temas en que se están pidiendo ajustes. Uno es el de los plazos de tramitación de los sistemas de gestión en el TDLC, y su posterior constitución legal. Varios podrían no llegar en los plazos fijados. Hay también una tardanza de los propios sistemas en su constitución. ¿Hay espacio para mover esos plazos?

Voy a partir por lo último: espacio para mover los plazos es algo que ya hemos conversado con algunos. Y les hemos dicho que si quieren modificar los plazos, tienen que hacer todo el proceso de nuevo, y lo que va a ocurrir es que se le van a cumplir los plazos antes de que culmine ese proceso. Por lo tanto, creo que a estas alturas hay que operar con los plazos que existen. Ahora, tú lo señalabas, los sistemas de gestión se han demorado. En neumáticos, el primer sistema de gestión que inicia sus trámites en el TDLC presenta los antecedentes en diciembre último, y recién después vienen los otros. Entonces, es importante tener eso presente, porque si bien hay un problema de plazos, uno se pregunta por qué se demoraron casi un año. Acordémonos que el decreto de metas de neumáticos se publicó en enero del año pasado, entonces se demoraron el año completo en siquiera iniciar ese trámite. Eso es importante tenerlo en cuenta.

Es un tema que sabían que venía. ¿Qué pasa si no llegan en el plazo?

Por supuesto. Veníamos trabajando en el Comité Operativo Ampliado desde 2018. Había un APL de por medio, entonces no fue algo que los tomó por sorpresa, en ningún caso. Ahora, en términos de qué va a pasar con los plazos, en la medida en que el decreto es lo que es, y que no podemos entrar a modificarlo, diría que está en la cancha de la superintendencia el poder definir cuáles van a ser sus criterios para considerar que un incumplimiento a los plazos, por ejemplo, de presentación del plan de gestión, qué tan culposo es o no. Esto en el sentido de que a lo mejor se convencen de que necesitaban ese año para presentarlo al TDLC -yo creo que no, porque en envases se vio que no fue así-, pero el punto es que hoy esto está más bien en la cancha de la superintendencia, que es la que tiene que verificar el cumplimiento o no de lo que está dispuesto en el decreto, y establecer las sanciones si es que procediera.

Hay también una diferencia interpretativa que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de cobertura territorial y de instalación de infraestructura en el caso de los envases, tanto de recolección domiciliaria como de puntos limpios. Por un lado se plantea que cada sistema de gestión debe cumplir por su cuenta y en forma completa las obligaciones de cobertura, y por otro que no, que depende de la participación de mercado de cada sistema de gestión. ¿Cuál es la visión del ministerio al respecto?

Nosotros incorporamos en el anteproyecto un mecanismo de asignación territorial, justamente a propósito de los comentarios de la consulta pública, que los estudiamos con mucho detalle. Varios decían, ustedes no tienen la atribución legal para poder establecer un mecanismo de ese tipo. Finalmente lo sacamos. Ahora, seguimos creyendo que es necesario tener algún mecanismo de ese tipo, y no porque se nos ocurrió, sino porque es lo que uno ve en países como Alemania y España, donde para distintos productos prioritarios existen mecanismos de ese tipo. Efectivamente hoy la ley no nos faculta para hacer eso, para establecer un mecanismo como tal, y por lo tanto tenemos que navegar dentro de lo que la ley permite.

¿Y respecto de la obligación de recolección domiciliaria e infraestructura?

La pregunta es cómo se define, en ausencia de ese mecanismo, quién se tiene que hacer cargo de qué territorio. Incluso vas un paso antes. Pongamos el caso concreto: si en el primer año, el decreto dice que hay que cubrir un 10% de las viviendas, y si son dos sistemas de gestión, ¿tenemos que cubrir el 20% de las viviendas, cada uno un 10%? Lo que nosotros vemos ahí es que eso te puede llevar a una conclusión que no tiene mucho sentido, porque significaría que al año ocho, cuando se tenga que llegar a un 60% de cobertura, vamos a tener un 120%, y dónde van a sacar ese porcentaje extra. Entonces no da. A propósito de esto, hace algunas semanas atrás, a través de algo que la ley nos faculta, que es interpretar el decreto, y mediante un oficio circular, nos pronunciamos claramente acerca de este punto. Y lo que señalamos es que la obligación tiene que ser cumplida por el conjunto de los sistemas de gestión. Ahora, lo que adelantamos también en ese oficio circular de interpretación, es que cuando nosotros revisemos los planes de gestión, vamos a verificar que si hay un sistema de gestión colectivo (GRANSIC) que introduce al mercado 20 y el otro 80, entonces van a tener que asegurar -para efectos de la aprobación del plan de gestión- algo que esté en proporción con eso. Una cobertura que esté en proporción con eso, en que ese 10% de obligación el primero año, sería 2% y 8%. Nosotros ya nos pronunciamos oficialmente respecto de ese punto.

Residuos orgánicos, el próximo desafío de implementación

Otro hito clave para Guillermo González es la publicación de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), porque a su juicio no tenía sentido que no hubiese existido antes. “Pero bueno, había mucho foco en REP, y hay que entender que estos son procesos de largo aliento, y me parece súper bien. Hubo un primer momento de trabajar en la REP, y cuando llegamos nos metimos fuertemente en los residuos orgánicos, y creo que es un legado enorme el tener claridad de hacia dónde tenemos que ir en esto”, dice hoy.

¿Por qué es tan relevante esta estrategia?

Creo que lo primero, y creo que en este nuevo gobierno se va a ver eso, es que tenemos que responder a la pregunta de cuán seriamente vamos a hacernos cargo como país, como sociedad, de lo que hoy día son los rellenos sanitarios. Como decía antes, el instrumento que tienes para avanzar es que sea más caro, y eso tiene una serie de problemas hacia arriba. Por lo tanto, en el sentido más estricto de la palabra política, de congeniar distintos intereses, tenemos que ver si efectivamente como sociedad estamos disponibles para dejar atrás esa lógica, que genera una serie de impactos en las comunidades pero además genera enormes volúmenes de gases de efecto invernadero como el metano. Ahora, en la medida que cómo sociedad queramos dar ese paso, lo orgánico es clave. Si con la REP nos va increíble, vamos a poder sacar cerca de un 20% de lo que hoy va a relleno sanitario. ¿Y el otro 80%? Eso, en una porción muy relevante, son los orgánicos, y por lo tanto esto es clave. Y aquí claramente el rol es de las municipalidades. En la economía circular tiene que avanzar la industria, y también los municipios, pero es en este punto en que tienen un rol grande. Perfectamente puede haber espacio para que privados puedan desarrollar proyectos, pero para eso tiene que existir un marco normativo que haga esto obligatorio.

¿Cómo se le debiera dar continuidad en el próximo gobierno?

Lo hemos conversado en las reuniones de traspaso, que el presidente electo señala que va a hacer una ley de economía circular, que me parece genial. Un pilar fundamental debiera ser la parte de todo lo que se saca de la ENRO. Qué pasa hoy: La Pintana hace una pega espectacular en residuos orgánicos, una comuna con pocos recursos y que logra mostrar que esto no es una solución de comuna rica. ¿Y qué hacemos con La Pintana? La aplaudimos, genial. ¿Y con las otras comunas? Da lo mismo si desvían o no lo orgánico. Eso no puede ser. Si vamos a tomarnos en serio esto tenemos que pasar de que sea algo buena onda a convertirlo en una obligación. Que los vecinos tengan que separar, que esté prohibido llevarlo a un relleno sanitario, que exista un camión del compostaje, tal como va a ocurrir con la REP. Tenemos que nivelar la cancha en ese sentido, porque la REP hoy va por un camino regulatorio muy marcado, y la ENRO viene un paso más atrás. Creo que sería un tremendo acierto de la próxima administración el avanzar hacia una ley que estableciera de forma obligatoria aquello que hemos establecido en la ENRO.

No parece fácil, porque habría que cambiar la Ley Orgánica de Municipalidades…

Toca eso, pero lo hemos pensado harto y lo hemos socializado con distintos actores. Acá hay tres patas. La primera es de las obligaciones, para los vecinos, los municipios y los rellenos sanitarios. Los vecinos tienen la obligación de separar, los municipios de contar con un camión de orgánicos, y la prohibición de llevar a relleno sanitario. Para poder resolver eso es necesario resolver el problema de desfinanciamiento municipal que tenemos. Por lo tanto, ahí necesitamos avanzar con más recaudación de parte de todas las personas. Lo que planteamos es que los vecinos debieran pagar, pero de una forma inteligente. A qué me refiero: solamente para que le retiren lo que es basura. Si separan lo reciclable, eso está cubierto por la REP; si separan lo orgánico, eso se pude retirar gratis; pero si vas a botar todo mezclado, te voy a cobrar. Hay mecanismos que existen, que han funcionado en otros países, que permiten recaudar al mismo tiempo que potencian la mejor conducta de los vecinos. Eso es lo segundo. Y tercero hay un tema de gobernanza.

¿En qué sentido?

Es clave darle una mirada más institucional a lo que se ha venido trabajando, que las municipalidad trabajen de forma colaborativa para desarrollarlo, y que esto no sea meramente opcional sino que haya un plan en esta materia. Hoy son contadas con los dedos de una mano las regiones que tienen un plan estratégico en este ámbito; tenemos que meter al gobierno regional para que le de la mirada territorial estratégica a este tema. Y que eso se vea reflejado después en un plan de parte de las municipalidades. Así como los privados van a presentar un plan de gestión, y después los vamos a ir a fiscalizar, lo mismo debieran hacer las municipalidades, debieran tener un plan de gestión respecto de qué hacer para avanzar en este camino. Cuando tienes todo eso además se generan oportunidades para un conjunto de actores, de la sociedad civil y del sector privado, que pueden entrar a participar en la construcción de plantas de compostaje a escala barrial o mayor. Ahí hay un desafío gigante, y la ENRO marca el camino pero ahora hay que dar ese paso siguiente de establecer la obligatoriedad, cambiar el sistema de financiamiento y tener una mejor gobernanza.