Veinte años han transcurrido desde el primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) firmado por el sector Celulosa en las regiones del Maule y Biobío. Desde ese hito fundacional, en 1999, los APL se han consolidado como un mecanismo de mitigación climática validado internacionalmente por la ONU, y convertido en el principal puente de conversación entre el mundo privado y público en materia medioambiental y de acción climática.

Contabilizando el último acuerdo suscrito el pasado 29 de agosto por los productores e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos -en el marco de la Ley REP-, se han firmado 158 Acuerdos de Producción Limpia. Estos consisten “en un convenio celebrado entre una asociación empresarial que representa un sector productivo y los organismos públicos que tienen competencia en las materias que se abordan, a través de metas y acciones específicas en un plazo determinado”, explica Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, comité público-privado dependiente de Corfo y el Ministerio de Economía, cuya misión es fomentar la inclusión de la dimensión del cambio climático y el desarrollo sostenible en el sector privado y en los territorios.

Los APL, y esto es muy importante, tienen un carácter absolutamente voluntario, por lo que “se ha logrado establecer una relación de confianza público-privada en que el Estado no controla ni sanciona, sino que, por el contrario, se involucra con las empresas para mostrarles las oportunidades de mejora para ser más eficientes y competitivas”, agrega Calderón, cuya entidad que dirige fue la continuadora de la labor del extinto Consejo Nacional de Producción Limpia.

El objetivo de los APL, desde sus orígenes, ha sido promover buenas prácticas como eficiencia energética e hídrica, reducción de emisiones, gestión de residuos sólidos y líquidos, reciclaje y valorización de residuos, indicadores de sustentabilidad y otras temáticas de interés de cada sector productivo.

Un episodio clave para el éxito de los APL ocurrió el 22 de octubre de 2012, cuando la ONU los validó internacionalmente como primera Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, desde 2016, Chile reporta públicamente a la misma ONU las reducciones de emisiones logradas a través de los APL, según las directrices del Ministerio del Medio Ambiente.

Según las mediciones en el intervalo entre 2012 y 2018, es decir, en los siete últimos años, se evitó emitir a la atmósfera 535.693 toneladas de CO2 equivalente. Las fuentes principales, asegura Giovanni Calderón, provienen de tres fuentes. “Los menores niveles de emisión asociados a quema de combustibles en los establecimientos o transporte (48%), por menor consumo de energía eléctrica en las instalaciones productivas adheridas a los APL (21%) y por menores emisiones relacionados a eliminación de residuos sólidos (28%). Estos resultados dan cuenta del potencial que tienen los APL en el marco de la estrategia de cambio climático y sustentabilidad”, asegura el director ejecutivo de la Agencia.

La otra ventaja de los APL, en el mismo período descrito, son los ahorros que se manifiestan por menor consumo de combustible y gases refrigerantes, disposición final de residuos en vertederos, menor consumo de agua de otras fuentes como camiones aljibe. En total, entre 2012 y 2018 se contabilizó un ahorro económico avaluado en 280 millones de dólares, explican en la Agencia.

En el ítem agua, la Agencia calcula que se han producido reducciones de consumo de agua de red en torno a los 27,7 millones de metros cúbicos, mientras que en lo que respecta a consumo de agua en camiones aljibe, se han reducido 2.700 metros cúbicos.

También se enviaron 53.600 toneladas menos de residuos a rellenos sanitarios, y otras 135.290 toneladas a vertederos. En energía, mientras, se reportan ahorros sobre los 258 mil MwH por menor consumo de electricidad.

El número de empresas involucradas en los APL llega a 8.200, y se han certificado 3.130 instalaciones. “El sector económico con mayor cantidad de APL corresponde a la industria manufacturera con 54 acuerdos (34%), seguido de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 44 acuerdos (28%), y por actividades de alojamiento y servicios de comida se registran 27 (17%)”, detalla Giovanni Calderón.

Los vínculos más macizos con la industria

Las asociaciones gremiales que han participado con mayor fuerza en los APL son Asimet, Cenem, Chilealimentos, Chileoliva, Asoex, Fedefruta, Cirpan, Industriales de La Reina, Indupan, entre otras. Entre los APL más destacados figura el suscrito por el Centro de Envases y Embalajes de Chile (Cenem), cuyas empresas se anticiparon a la implementación de la Ley REP, y tuvo otro metas de sustentabilidad, que incluyó un plan piloto en la comuna de Providencia.

Al final del APL, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático certificó a 12 empresas con 15 instalaciones (fabricantes de envases y gestores de residuos) que implementaron todas las metas del acuerdo, y otras tres (productores o marcas adheridas) hicieron lo propio con las metas asociadas a la Responsabilidad Extendida del Productor.

Según la gerenta general de Cenem, Mariana Soto, este primer APL permitió “agregar valor a la gestión de nuestras empresas, ya que está orientado a incorporar la variable ambiental en los procesos. Hay un compromiso efectivo de la industria de envases y embalajes para tener una producción más limpia”.

Los resultados del primer APL de Cenem fueron asombrosos: se ahorraron 589 mil pesos en energía, se gestionaron 46.244 toneladas de residuos industriales, se aumentó en un 68 por ciento la valorización de los residuos y hubo una reducción de 4.454 toneladas de CO2 equivalente. “Nuestras empresas tuvieron un 100 por ciento de cumplimiento”, acota Mariana Soto.

Por esos días Cenem se encuentra afinando detalles para un segundo Acuerdo de Producción Limpia. “Este se debería lanzar en enero y en términos simples fijará dos grandes metas: gestión del agua, porque hoy estamos en crisis hídrica, y hacer un piloto de gestión de residuos industriales, porque la Ley REP no solo exige metas para los residuos domiciliarios, sino también para los industriales. Para nosotros es un ejercicio práctico, un anticipo de lo que será la Ley REP”, agrega la gerenta general de la asociación gremial.

La industria del recauchaje de neumáticos

Otro APL importante surgió de la mano de la Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile (ARNEC). Este acuerdo partió en 2014, cuando se realizó un diagnóstico sectorial de la industria a nivel nacional para identificar brechas. Entre ellas figuró la necesidad de estandarizar los procesos operacionales de recauchado de neumáticos, la escasa trazabilidad a lo largo de la cadena productiva, el uso de equipos y maquinaria obsoleta, entre otras.

Dos años más tarde, el APL abordó la implementación de acciones que permitieran mejorar las brechas identificadas. Duró 18 meses y, entre otros aspectos, definió como metas la estandarización de equipos y procedimientos de trabajo para asegurar la calidad del proceso de recauchaje de neumáticos, aumentar la competitividad de las empresas y reducir la generación de residuos.

“Los APL permiten generar las metas y objetivos necesarios para avanzar hacia una economía circular. Desde el punto de vista del recauchaje, nuestro APL permitió preparar a la industria para ser parte de este nuevo proceso económico. Dentro de los conceptos básicos de la economía circular está la reutilización o reuso para extender la vida del producto. El recauchaje es precisamente eso. Es más, históricamente hemos contribuido a una economía circular, antes que existiera en concepto. El recauchaje permite reponer la banda de rodamiento gastada, conservando la carcasa. Es como hacer el símil con un envase retornable de bebida o una batería recargable”, explica Eduardo Acosta, gerente general de ARNEC.

En términos de resultados, agrega Acosta, el APL permitió evitar la generación de 169 kilos de CO2 por unidad de neumático recauchado. “El proceso de recauchaje alarga la vida útil de los neumáticos evitando la necesidad de fabricar uno nuevo”, complementa el representante de ARNEC.

“Cada vez que se fabrica un neumático nuevo se emiten 258,5 kg CO2/neumático nuevo. En el supuesto caso que en el año 2017 no se hubiese recauchado ningún neumático, implicaría que las 117.022 unidades serían reemplazadas por neumáticos nuevos, acumulando un total de 30.250 toneladas de CO2. Sin embargo, el proceso de recauchaje genera 59,4 kg CO2/neumático recauchado, lo que para el total que el sector participante del APL equivalen a 6.951 toneladas de CO2”, detalla Acosta.

En otras palabras, el proceso de recauchaje, según Acosta, “permite ahorrar hasta el 74 por ciento de la fabricación de un neumático nuevo, con el consecuente aporte al medioambiente y al cambio climático”.