En septiembre, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados inició el proceso de votación de las 192 nuevas indicaciones presentadas al proyecto de ley que busca crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la única de las instituciones ambientales establecidas al alero de la Ley 20.417 -que creó entre otros el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental- aún pendiente de concretar, y cuyos principales objetivos son la conservación de la biodiversidad en todo el territorio y la administración de un sistema nacional de áreas protegidas. Una institución cuya aprobación se necesita con urgencia, ha advertido el mundo científico.
Así, el proyecto parece entrar en tierra derecha tras una década de espera. Esto luego que un primer proyecto fuera ingresado en 2011 durante el primer gobierno de Piñera, el que sin embargo nunca fue votado ni tramitado. En ese escenario de fojas cero, en junio de 2014 el gobierno de Bachelet ingresó un nuevo proyecto, que es el que hoy se tramita en el Congreso y que ya lleva seis años de discusión, el que recién en 2019 presentó un primer avance concreto, con su aprobación en primer trámite por parte del Senado.
Han sido años de discusiones y participación de distintos actores, desde gremios, sectores productivos, el aparato público, científicos y ong´s, así como de ingresos y retiros de urgencias por parte del Ejecutivo, para que hoy entre en lo que ya se considera “el área chica” para su aprobación final: la votación de las indicaciones ingresadas a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Y aunque desde julio el gobierno había pedido suma urgencia para su tramitación, el pasado 6 de octubre volvió a urgencia simple.
Y hoy, como ha ocurrido durante toda la tramitación del proyecto, la principal oposición al proyecto viene desde los trabajadores de Conaf, desde donde se ha realizado un fuerte lobby para impedir su avance, coinciden prácticamente todos los actores y observadores del proceso. De hecho, ad portas de que el proyecto se reactivara con el ingreso de las indicaciones para su votación, un comunicado público firmado por cuatro sindicatos y una federación de esta entidad -que representa al 99% de los trabajadores de Conaf, afirman- el pasado 31 de agosto, volvió a reclamar por una serie de falencias en los que califican de “un mal proyect.
Entre sus principales críticas, afirman que el SBAP propuesto “no posee un diseño orgánico ni funcional, existe superposición de funciones con otros servicios públicos; hay sustracción de acciones sobre bosque nativo, suelos degradados y amenazados, agua, cuencas, lo cual trae serias y fundadas dudas si será capaz o no de cumplir las funciones encomendadas por la ley”.
Además, agregan sobre el punto que más les preocupa, “existe incertidumbre respecto de cuál va a ser la dotación de servicio. Se abre la posibilidad de realizar contratos a plazo fijo, por obra o faena y con sistema de flexibilidad horaria, lo cual precariza el empleo. Solo los trabajadores que ingresen por concurso público del servicio obtendrán un contrato indefinido (…) El traspaso del personal de Conaf se hará recién tres años después de entrar a operar el SBAP, con lo que este personal traspasado no podrá optar a cargos de jefatura, ya que pasados estos tres años estos puestos ya estarán cubiertos, aunque son los trabajadores de las áreas silvestres os que poseen mayor experiencia en este ámbito”.
¿Legítimas inquietudes laborales o “lobby feroz”?
Ricardo Heinsohn Vergara, Presidente del Sindicato de Profesionales de la Conaf, SINAPROF -firmante del comunicado- afirma que “este proyecto la verdad es que es muy malo, y lo es en tres aspectos, en el aspecto técnico, por la cantidad de funciones; financiero, absolutamente insuficiente el presupuesto que se está destinando para esto; y el aspecto desde el punto de vista laboral con los trabajadores, porque precariza absolutamente a los de Conaf como a los del mismo servicio y del Ministerio del Medio Ambiente. No garantiza absolutamente nada de estabilidad laboral ni mucho menos”.
A esto se suma, agrega Heinsohn, problemas con los bancos de compensaciones que establecería el SBAP, “un mecanismo que abríría la puerta a posibles mitigaciones empresariales, lo que iría en contra de una política de conservación de biodiversidad”, pero el mayor conflicto, reconoce, está en los cambios a su situación laboral planteados en el proyecto. Principalmente, porque hoy los trabajadores del Conaf están regidos por el Código del trabajo, y no por el estatuto administrativo de los funcionarios públicos donde, por ejemplo, no existe indemnización en caso de despido.