Durante este mes la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados debiera iniciar la discusión del proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya aprobación es una prioridad del gobierno que, incluso, aspira a que esté lista antes de la celebración en Chile de la COP25, en diciembre próximo.

El jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Juan José Donoso, se muestra optimista: “Creemos que con el trabajo que se hizo, sobre todo los últimos dos años, hay un acuerdo importante respecto al proyecto de ley, un apoyo fuerte, bastante transversal, de los científicos, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG. Creo que está lo suficientemente maduro para que en la Cámara de Diputados el trámite sea más expedito que en el Senado”.

El proyecto para la creación del Servicio de Biodiversidad fue ingresado al Congreso por primera vez en 2011, pero no prosperó y fue retirado en junio de 2014, fecha en la que una nueva versión fue ingresada a la Cámara Alta. Tras cinco años de tramitación, el pasado 24 de julio fue aprobado por el Senado para dar inicio a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde fue ingresado este 6 de agosto con urgencia simple.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, celebró el avance: “Estamos muy orgullosos, ya que después de ocho años de tramitación hemos aprobado en la Sala del Senado la creación del Servicio de Biodiversidad, clave para completar la institucionalidad ambiental de Chile. La gestión integral de nuestras áreas protegidas terrestres y marinas es fundamental para el cuidado de nuestro patrimonio natural. Tenemos que acabar con esta división burocrática y administrativa que dificulta el cuidado y gestión en terreno de nuestra biodiversidad, y que no responde a la lógica ecosistémica”.

Sin embargo, la larga tramitación en el Senado, y en especial los dos últimos días de debate en la Sala (23 y 24 de julio), hacen prever que la discusión en la Cámara podría ser menos expedita de lo que esperan en el MMA.

El primer desafío es avanzar en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara donde, según explica su presidente Félix González, tienen un “súper agosto”, con “visitas a tres regiones distintas, sesiones especiales para recibir a comunidades que tienen conflictos ambientales, un proyecto de ley con suma urgencia, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y otros proyectos, como el de compras públicas sustentables y el fin de las carreras de galgos”.

“Dentro de todo eso tenemos que programar abordar el Servicio de Biodiversidad y darle el espacio que merece”, resume González.

Con todo, el diputado y presidente del Partido Ecologista cree que la Comisión podría despacharlo antes de la COP25. No obstante, no considera la opción de aumentar la urgencia del proyecto: “El gobierno sería insensato en ponernos 2, 3 o 4 proyectos con suma urgencia porque sería imposible verlos. Lo normal es que sea uno el que ellos quieren empujar y en este caso es el SEIA (…). Una cosa es que la COP sea en diciembre, pero el cambio climático no se termina ahí (…) Lo importante es que tomemos medidas, y si se toman en enero, a mí como ecologista me parece más importante que se haga bien a que se haga apurado”.

Sobre este tema, el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA indica que en la cartera están “buscando los mecanismos que puedan existir para avanzar con los dos proyectos (SEIA y SBAP), porque ambos son prioritarios para el gobierno”. Darle suma urgencia al Servicio de Biodiversidad es “uno de los temas que hay que evaluar”, dice Donoso, pero cree que puede haber otras opciones.

Más allá de las áreas protegidas

En cuanto al contenido del proyecto, “lo que generó más debate en los últimos días en el Senado son ciertas atribuciones del servicio afuera de las áreas protegidas”, explica Donoso.

“Nosotros, como gobierno, hemos dicho que es importante avanzar en una mirada del Servicio de Biodiversidad más allá de las áreas protegidas, cautelando que fuera de ellas haya una coordinación importante con los otros servicios que están en el territorio, que no se genere una burocracia excesiva para los distintos actores que participan en esos territorios”, enfatizó el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA.

La oposición a este punto se manifestó en el Senado principalmente a través de los senadores UDI Ena Von Baer y Juan Antonio Coloma. La parlamentaria por la Región de Los Ríos pidió la votación en particular de varios aspectos, a los cuales se opuso por considerar que generarían duplicidad de funciones entre el nuevo servicio y otras instituciones. Entre otros, cuestionó la definición de sitio prioritario, las especificaciones sobre ecosistemas amenazados y degradados, así como una frase sobre las funciones del Servicio de Biodiversidad: “ejecutar y coordinar la implementación así como velar y fiscalizar el cumplimiento de…”.

El centro del conflicto es que en esos puntos queda abierta la posibilidad de que el Servicio de Biodiversidad intervenga en territorios que no se encuentran dentro de las áreas silvestres protegidas, cuando se trate de ecosistemas amenazados o degradados.

“El problema es que entonces entra este servicio nuevo en contradicción con otros servicios que también tienen tuición sobre esas áreas (…) La pregunta es quién establece los planes de manejo respecto a los bosques nativos, por ejemplo, si va a seguir siendo Conaf o va a ser la nueva Sernafor. O en el caso del mar, si va a ser el Sernapesca. O el SAG, por ejemplo, en la ley de caza. Ahí vamos a tener choques de atribuciones“, señaló Von Baer durante el debate en la Sala del Senado, donde posteriormente todos los artículos fueron aprobados.

El senador Guido Girardi (PPD) presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, es muy crítico sobre este punto: “Un par de artículos que se discutieron en sala tienen relación con que el Servicio de Biodiversidad pudiera intervenir en aquellos ecosistemas amenazados y degradados que no están en área protegidas, y una parte importante de la derecha votó en contra de esa medida. (…) Una parte de la derecha no comparte que el Estado deba velar por ecosistemas valiosos de bosque nativo, de humedales que tienen interés global, cuando estos están fuera del área protegida. Ellos prefieren que se extinga un bosque nativo, que se termine de degradar completamente antes de que pueda intervenir el SBAP, solo por una razón ideológica; porque no creen en la intervención del Estado”.

“Este proyecto no es todo lo que queremos, pero es un buen punto de partida porque crea un servicio especializado, con un comité técnico, un comité científico y que justamente tiene que velar por la biodiversidad. Pero está centrado fundamentalmente en el ámbito de aquellos territorios que están dentro de las áreas protegidas y nos interesa que los territorios privados donde hay ecosistemas valiosos también tengan un cierto nivel de protección, de monitoreo y apoyo para preservar la biodiversidad, incluso cuando estén en ecosistemas privados”, comentó Girardi.

En la misma línea, desde la organización conservacionista WCS Chile, su directora Bárbara Saavedra explica que “los ecosistemas no reconocen bordes privados y públicos; se necesita gestionar de manera integrada ambos espacios, dirigir inversiones y regulación para no degradar los ecosistemas, estén en espacios públicos o privados. (…) Va a ser positivo para los privados, en el contexto de darle sustentabilidad a la gestión de sus propios predios”.

“Algunos creen que están haciendo un bien a sí mismos limitando algunas decisiones en conservación, pero les va a salir el tiro por la culata porque si alguien no se hace cargo de los temas de conservación en sus territorios igual van a colapsar, nosotros lo vemos en todos lados. Por ejemplo con la degradación de los suelos, si no tiene suelos no tiene agua, porque no tiene vegetación, no puede producir ganado porque no tienen pasto que lo sostenga. Y esto no se resuelve con fertilizantes –que además contaminan las aguas-, se resuelve con gestión integrada de cuencas, con restauración de ecosistemas prioritarios o degradados, etc.”, sostuvo Saavedra.

Tras la votación en el Senado, la encargada de Vinculación del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES UC),Francisca Boher, criticó los argumentos que se presentaron en el debate. “Creemos que el nivel de conocimiento fue especialmente bajo entre quienes cuestionaron el proyecto donde, másque fundamentos, primó un interés por limitar las atribuciones del SBAP en aquellas zonas no protegidas donde la actividad empresarial (minera, pesquera o forestal) podría verse afectada”, señaló Boheren declaraciones al diario La Tercera.

Mientras, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja cree que es muy probable que este tema vuelva a aparecer en el debate de los diputados. “Las mismas fuerzas que pusieron indicaciones en el Senado van a tratar de reponerlas acá, porque cuando un sector pierde en una cámara va a dar la pelea en la otra. La tramitación no va a ser una taza de leche”, dice Félix González.

Compensaciones y créditos

Otro de los temas que podría alargar el debate en la Cámara es la creación de Compensaciones de Biodiversidad y de un Banco de Compensaciones de Biodiversidad.

Ambos puntos fueron cuestionados por los senadores Ximena Rincón (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD) durante el debate en Sala, donde además manifestaron preocupación por el financiamiento del servicio, con un presupuesto en régimen de $38.811 millones, que consideran insuficiente pues el 30% debe ser destinado a administración.

En cuanto a la figura de Compensación de Biodiversidad, Latorre estimó que no es consistente con el objetivo del Servicio de Biodiversidad. “Se establece un mecanismo de compensaciones e incluso créditos en biodiversidad, esto implica que se podrá invertir en ciertos proyectos de biodiversidad permitiendo provocar pérdidas y daños en otro lugar. Dado que en el ámbito de la protección de la biodiversidad los daños son difícilmente reparables, consideramos que un mecanismo de esta naturaleza atenta contra el núcleo de lo que el proyecto busca proteger”, dijo el legislador de Revolución Democrática.

Este tema también es cuestionado por más de 20 organizaciones y especialistas de la sociedad civil, coordinadas por Fundación Terram, que el 2 de agosto presentaron una Propuesta de Modificaciones al Proyecto de Ley SBAP con una serie de indicaciones legislativas que, según señalan, “deberían ser incluidas en el servicio, para cumplir con los estándares de conservación que propone la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)”.

Respecto a los bancos de compensación, el documento propone eliminarlos como instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad, entre otras razones porque “la idea de créditos en biodiversidad es contraria a las reglas de la compensación en especie, toda vez que el crédito es fungible”. “Estamos frente a un instrumento que busca dar mayores certezas jurídicas a las resoluciones de calificación ambiental a costa de la pérdida en biodiversidad del país”, dijo Javier Trivelli, director ejecutivo de la Fundación Geute Conservación Sur, una de las organizaciones que suscriben el documento, sobre la figura del banco decompensación en biodiversidad.

Indicaciones

Eventualmente, estas recomendaciones podrían ser incorporadas al proyecto, debido a que el gobierno tiene previsto ingresar indicaciones en la Cámara, “para corregir algunos temas e incorporar otros”, según explicó el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA. “Eso está en conversaciones, internamente en el Ejecutivo, y queda la instancia de escuchar a las distintas organizaciones que participen del debate en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara”, dijo Donoso sin especificar qué temas abordarían estas indicaciones.

Con todo, el proyecto supone un gran avance para el país, señala Bárbara Saavedra, de WCS Chile, aunque agrega que estamos atrasados 25 años respecto a la mayoría de los países, incluidos los de la región, donde destacan los avances logrados en esta materia por Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

Lo principal, dice la especialista, es que con el Servicio de Biodiversidad se deja atrás una institucionalidad “completamente obsoleta, fragmentada”, unificando la gestión de las áreas protegidas -tanto terrestres como marinas- que actualmente están dispersas en cinco ministerios distintos: Agricultura (parques y reservas nacionales), Economía (parques y reservas marinas), Cultura (santuarios de la naturaleza), Bienes Nacionales (bienes nacionales protegidos) y Medio Ambiente (áreas marinas protegidas de múltiples usos, los santuarios de la naturaleza).

Este proyecto “dota al Estado de un mandato claro y único de conservación, y ese ya es un paso hacia esa nueva trayectoria; y reúne en ese mandato cosas que estaban dispersas, para concentrar y focalizar los esfuerzos”, sostiene Saavedra. Otro gran avance, a su juicio, es la integración de un único sistema de áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, públicas y privadas.

Respecto a la pronta aprobación de la ley, la directora de WCS Chile es moderadamente optimista: “Esperamos que tanto discurso ambientalista cuaje en algo concreto y es la oportunidad que tiene el Congreso de demostrar aquello”.

“Está demostrado que gran parte de las soluciones contra el cambio climático van a venir de la conservación de la naturaleza”, sostiene Saavedra y agrega enfática: “Si Chile, como país anfitrión de la COP25, quiere ser consecuente con levantar la bandera contra el cambio climático tiene que incluir en esa bandera la estrella de la biodiversidad, y para eso tenemos que tener esta ley aprobada”.