A más tardar a junio de este año, Chile deberá presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) su quinto informe periódico sobre estas materias, y se espera que este contenga importantes aspectos respecto del avance del país en sus políticas relacionadas con el cambio climático. Aunque en las observaciones del organismo al cuarto informe del país entregado en 2015 estas estaban acotadas a la elaboración de reglamentos y directivas claras para la evaluación del impacto social y ambiental que puedan tener los proyectos de explotación de recursos naturales, así como a aspectos relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento, se espera que esta vez los temas relacionados al cambio climático adquieran una mayor preponderancia.
Esto principalmente a raíz de una declaración presentada en septiembre pasado por cinco organismos de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos el CDESC, donde se señala que, en su trabajo futuro los comités continuarán revisando los impactos del cambio climático y los desastres inducidos por el clima en los titulares de derechos protegidos bajo sus respectivos tratados, así como el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París.
“Los mecanismos de derechos humanos tienen un papel importante que desempeñar para garantizar que los Estados eviten tomar medidas que podrían acelerar el cambio climático y dedicar los máximos recursos disponibles a la adopción de medidas destinadas a mitigar el cambio climático. Es de agradecer que la judicatura nacional y las instituciones de derechos humanos se comprometan cada vez más a garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones bajo los instrumentos de derechos humanos existentes para combatir el cambio climático”, señalaron en el documento.
Así lo han entendido las ong’s chilenas vinculadas a los temas ambientales, principalmente Terram y la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) junto al Movimiento Chao Pescao, que recientemente hicieron llegar al CDESC un informe paralelo para el exámen de la lista de cuestiones relativas a Chile, donde ponen especial énfasis en la política climática y de carbón, las políticas de mitigación, las denominadas “zonas de sacrificio” y los impactos extraterritoriales en los derechos humanos, al tiempo que entregan una serie de preguntas recomendadas para que el organismo realice al gobierno.
“Las principales emisiones de fuentes fijas en Chile que impactan sobre el cambio climático, son las que generan las termoeléctricas a carbón. La decisión del Estado de Chile de haber dejado el cierre de estas centrales a la ‘buena voluntad’ de las empresas generadoras, ha sido una irresponsabilidad por parte del gobierno, así como no haber comenzado en 2016 con el proceso de revisión de la normativa de emisiones, las cuales son una de las principales causas de la condición ambiental a la que son sometidas las comunidades que habitan las zonas de sacrificio y que vulneran su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, señala al respecto Hernán Ramírez, investigador asociado a Fundación Terram.