La medianoche del lunes, el mismo día que en Madrid se daba inicio a la COP25, se cerró el proceso de consulta pública para la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, el compromiso de mitigación de gases de efecto invernadero del país para los próximos cinco años y que será presentado en marzo ante Naciones Unidas. Y en un escenario donde el estallido social ha copado la agenda política, económica y social del país, la participación estuvo muy lejos de la registrada en procesos similares: mientras la consulta pública por la Ley de Cambio Climático recibió 1.475 observaciones, la de NDC solo hubo 243.

Entre los principales lineamientos de la NDC, se destaca en términos de mitigación que se alcanzará un máximo de emisiones (peak) el año 2027, para alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 97 millones de toneladas de CO2 al 2030. Este punto está definido como una “meta incondicional”, transversal a la economía, a lo que se suman medidas forestación y recuperación de suelos para incrementar la captura de carbono. Adicionalmente, se suman otras tres líneas de acción: adaptación, componente de integración y medios de implementación.

Las principales observaciones del proceso estuvieron marcadas por los gremios productivos y las organizaciones ambientales. En cuanto a los primeros, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), si bien valoró los mecanismos de participación, llamó a constituir instancias de trabajo permanentes con diversos actores del sector privado, ya que serán estos los que mayoritariamente deberán llevar a cabo las medidas de mitigación para reducir las emisiones.

“Para que puedan cumplirse los compromisos asumidos en la NDC, el sector privado sin duda deberá involucrarse, pues de lo contrario no será posible lograrlo. Para ello se requiere un trabajo conjunto y permanente, a fin de dilucidar conjuntamente el mejor camino para alcanzar las metas fijadas”, señalan.

Y en esa misma línea, pide una mayor definición respecto de los medios de implementación y las condiciones habilitantes para el cumplimiento de las metas propuestas, “Es fundamental que se indique expresamente cómo se van a lograr los objetivos propuestos, algo que no está desarrollado ni en la NDC ni en el anteproyecto de la Ley Marco de Cambio Climático”, señalan.

En los específico, respecto de la meta de reducción de emisiones, si bien valoró el establecimiento de una meta en términos absolutos y no indexada al PIB, los reparos están más bien en los supuestos para construir dicha meta. “Es recomendable poner a disposición de los interesados la información adecuada acerca de la factibilidad de cumplimiento y los costos asociados de las acciones y medidas que se están considerando, explicitando también las limitaciones de la información existente. Es decir, la NDC debiera identificar y explicitar cómo se proyecta la implementación de acciones conducentes a las metas”, lo que otorgaría señales claras a los diferentes actores (como el sector privado y el financiamiento internacional) respecto de la ruta de descarbonización que se propone el país, señala en sus observaciones.

En el documento, también realiza un análisis específico a los principales ejes de rebaja de emisiones propuestos por el gobierno, en un documento de apoyo a la consulta del NDC, que establece una serie de medidas para la industria, energía, construcción y transporte, entre otros.

Uno de ellos es el plan de retiro de centrales a carbón presentado por el gobierno en junio pasado, que establece la salida de ocho centrales al año 2024, y la totalidad de estas al año 2040. En este ámbito, la Sofofa recalca que ello implica contar con medios de generación alternativos y con la infraestructura de transmisión necesaria. Y en el caso de la segunda etapa de cierre de las 20 centrales restantes (2024-2030), está supeditado a la entrada en vigencia del sistema de“Estado Operativo de Reserva Estratégica”, la entrada en operación de 2 GW de energías renovables y la expansión de la infraestructura de transmisión eléctrica, entre otros.

“Las modificaciones en infraestructura requieren de un tiempo de ejecución del orden de varios años a décadas, y de conocer de antemano la generación proyectada, lo que no se ha traducido en señales e incentivos claros para el sector privado (…) Para llegar con la infraestructura de transmisión necesaria para la red 2030, se requiere definir hoy la naturaleza de esos cambios y comenzar inmediatamente con la construcción”, advierten.

Considerar el nuevo escenario social

En cuanto a los objetivos de electromovilidad en el transporte público, indican que dado el modelo de negocios operativo es probable que los costos de inversión provengan en mayor medida del sector privado en el marco de una nueva licitación de operadores de buses por buses eléctricos, lo que “conllevará probablemente un incremento en el valor del pasaje del transporte público, lo que deberá compatibilizarse con las demandas sociales que han emergido en el país”.

Junto con ello, la Sofofa hace notar la ausencia de protagonismo que se les ha dado a la hidroelectricidad y al gas en la generación futura de energía, ya que “en particular, el gas natural podría conducir a facilitar la transición energética asociada a una descarbonización efectiva”.

En materia de adaptación, el gremio de la industria indica que si bien los recursos hídricos deben ser prioridad, ello no obsta que deban abordarse otras temáticas que también requieren una respuesta oportuna y que están directamente relacionadas con el tema hídrico en cuanto a su vulnerabilidad, como por ejemplo infraestructura crítica como carreteras, líneas de telecomunicaciones y transmisión eléctrica que requieren fortalecer su resiliencia frente a episodios extremos, muchos de los cuáles tienen que ver con crecidas de cuerpos de agua como aluviones y nevazones.  A esto se suma la falta de indicadores claros para medir las acciones propuestas.

“Cuando se enuncia la contribución de Chile en materia de adaptación, no se declaran compromisos de acción específicos y medibles que puedan ser asociados a indicadores que, a su vez, puedan posteriormente detallarse en los instrumentos de gestión que se implementen. Es decir, para el año 2030 se compromete el diseño de planes, herramientas de estudio y monitoreo y procesos participativos, pero no se comprometen medidas concretas implementables de adaptación en el período de vigencia de la NDC”, indican.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), también hace ver el impacto de la ambición de las metas propuestas en el NDC frente a la situación actual del país. “Considerando que las demandas levantadas por la ciudadanía obedecen a un amplio y variado espectro de materias, sería valorable una revisión de las metas a la luz de los recursos destinados para alcanzarlos. Lo anterior, en razón que es previsible que gran parte de los medios se destinen a aspectos prioritarios de las demandas sociales”, indican.

Respecto de las medidas de mitigación concertas, indican que no queda claro de qué forma Chile llegará al peak de emisiones el año 2027, y cómo será la trayectoria de emisiones para lograr la meta de 97 millones de toneladas de CO2 al año 2030.

“Sin perjuicio que está estructurada sobre un presupuesto de carbono que podría otorgar cierta flexibilidad en el alcance de la meta, genera dudas acerca de la trayectoria y la distribución de las emisiones en el marco de este presupuesto. Lo anterior podría influir en la creación de las políticas públicas, y las señales e incentivos que podría tener el sector privado para llevar a cabo acciones de mitigación por sí mismo”, indican.

Y en materia de adaptación, al igual que la Sofofa, advierten que se proponen instrumentos de gestión generales que solo establecerán lineamientos, por lo que “se observa con preocupación la ausencia de concreción de las medidas propuestas. Se releva como prioritario este componente para la realidad nacional, requiriéndose mayor robustez y desarrollo que el presente en los diferentes instrumentos de gestión en materia de adaptación, actualmente vigentes”.

Uno de los puntos donde Sonami pone un énfaisis especial es en la economía circular, uno de los componentes de integración propuestos en la NDC. “Sonami visualiza como prioritario la correcta implementación de la Ley REP. El sector privado, en general, estima que es una regulación necesaria y que se encamina hacia el sentido correcto. Sin embargo, los decretos de metas han demorado la implementación de la ley y el sector privado se ha visto compelido a anticiparse a los efectos, en razón que no posee mayor certidumbre acerca de esta regulación”, indican.

Corma: meta de forestación es insuficiente

Para la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que agrupa a la industria forestal del país, la meta establecida en la NDC de forestar 200 mil ha de bosques, al menos 70 mil ha de ellas de nosque nativo, así como la recuperación y manejo de 200 mil há de bosque nativo, parecen insufientes frente al potencial del país.

“Estas medidas específicas para el sector forestal parecen insuficientes, si consideramos el enorme potencial de suelos a forestar y la superficie de bosque nativo disponible para manejar (ambas cifras cercanas al millón de hectáreas), vemos que la meta de carbono neutralidad al 2050, es difícil de cumplir sin mayor participación del sector forestal”, indican.

Junto con ello, las principales observaciones del gremio se centraron en la necesidad de aclarar algunas definiciones respecto de las metas de forestación y recuperación de suelos establecidas en la NDC para incrementar la captura de carbono a través de los bosques del país.

En tal sentido, Corma sugiere que la meta quede definida como de “Restauración, Conservación y Manejo de Bosque Nativo”, con el objeto de que incluya todas las posibles actividades silvícolas que apuntan a la recuperación y protección del bosque nativo. Esto, afirman, porque el concepto de recuperación no se encuentra definido en la ley de bosque nativo, “lo que induce a confusiones y no deja claro que acciones de silvicultura se deben realizar para lograr el objetivo de esta recuperación”. Una situación que, señalan, se repite para la meta de forestación.

Adicionalmente, indican que “no queda claro cuál será la línea base con la que se medirá el resultado y avance con respecto a esta meta”, y que las “reducciones de emisión se traslapan con las acciones de manejo, recuperación y forestación de bosque nativo”, por lo que “no se entiende cómo se van a contabilizar las emisiones. Si no están incorporadas claramente en los INGEI del país, el nivel de referencia es complejo y genera incertidumbre”.

Y al igual que los otros gremios, pide una mayor participación de todos los actores en materia de los instrumentos de adaptación. “Es importante definir mecanismos de participación que involucren tanto al sector público, el privado, la academia y la ciencia, respecto a todo el proceso para definir la metodología, implementar pilotos y elaborar planes estratégicos”, indican.

Organizaciones ambientales: incrementar la ambición

En general, las ong’s y organizaciones ambientales centraron sus observaciones en la necesidad de una mayor ambición, y en la protección de los recursos naturales del país. Para la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, la meta de 97 millones de toneladas de CO2 al año 2030 “es absolutamente incompatible con un objetivo de mantener la temperatura bajo los 1,5°C a fines de siglo. Con ello, no hay a la luz de la propuesta presentada, elementos que permitan hablar de justicia y ambición climática por parte de Chile”. Para lograr dicho objetivo, agregan, “se requiere que las emisiones de Chile al 2030 sean menores de 71 millones de toneladas de CO2 al año”.

Y en materia de adaptación, afirman que “el horizonte de 10 años para la generación de planes estratégicos de cuencas, resulta fatal para el escenario urgente de escasez hídrica que enfrenta una parte importante del territorio nacional. Necesitamos una acción inmediata para proteger el agua y mantener los equilibrios ecosistémicos a nivel de cuencas”.

Por su parte, Wildlife Conservation Society (WCS) inidca que si bien la actualización de NDC representa un avance respecto al compromiso actual, “sobre todo considerando el manifiesto de la carbono neutralidad de Chile a 2050 como una visión país”, afirma que “existen numerosos e importantes puntos que requieren ser revisados, aclarados o complementados para generar una NDC con un nivel de ambición a la altura del desafío que busca abordar”.

En materia de mitigación, además de señalar que en esta meta se debiera adelantar el año peak de emisiones y adelantar el cierre de las termoeléctricas al año 2030, se análisis se centra principalmente en las medidas relativas a la captura de carbono, ya que “las implicancias de los compromisos adquiridos en este sector determinarán fuertemente no solo la futura capacidad de captura de GEI en el país, sino que las medidas de fomento a la gestión del bosque y el sector forestal, los que a su vez inciden en el devenir de otros usos del suelo, tales como vegetación natural no arbórea, terrenos agrícolas y ganaderos, y humedales”.

En este ámbito, coincide con Corma en señalar que a normativa no define qué se considera por recuperación, conteniendo diversas acciones ejecutables en bosque nativo. Y junto con hacer hincapié en incrementar la reforestación del bosque nativo, indica que las metas actuales solo se refieren al manejo de bosques y sector forestal, ignorando el rol clave que pueden cumplir en mitigación y adaptación los ecosistemas no boscosos como humedales y turberas.

“En el caso específico de las turberas, sabemos que estos humedales constituyen una de las reservas más grandes de carbono terrestre, a tal punto que ha motivado a países como Uruguay a incluir en su NDC metas específicas asociadas a turberas (…) Por lo tanto, se requieren con urgencia tener al 2025 un inventario nacional actualizado que caracterice a las turberas de manera completa (física, ecológica y socialmente) para estimar el almacenamiento de carbono y también determinar sus principales amenazas”, indican.

Y en cuanto a la contribución en materia de océanos, señalan que “es necesario establecer en la NDC metas prospectivas que permitan identificar la distribución y abundancia de ecosistemas costeros (catastros), así como el establecimiento o prueba (piloteo) de las metodologías de cuantificación de carbono almacenado y capturado por unidad de tiempo y superficie. Esta información es clave para que estos ecosistemas puedan ser incluidos en la próxima actualización de la NDC”.

Otra de las organizaciones que participó de la consulta pública fue Mesa Ciudadana de Cambio Climático, reune a 14 organizaciones ambientalistas, entre ellas FIMA, WWF, terram y Greenpeace Chile, quienes realizaron una serie de propuestas para ser incorporadas en la NDC de Chile. Entre ellas, que nuestro país introduzca de manera determinada y categórica las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para alcanzar un 70% de su desarrollo al 2030 y el 100% al 2050.

Junto con ello, proponen que se incremente el “impuesto verde”, hoy de US$5 por tonelada de CO2 emitida. “Para que dicho impuesto cumpla con su finalidad de reducir emisiones e incentivar el uso de tecnologías limpias, se requiere que suba su valor en el rango indicado por la Comisión de Alto Nivel y que se corrija la distorsión de su aplicación en Chile. Cabe señalar que durante el segundo semestre de 2019 y probablemente inicios de 2020, el parlamento chileno estará discutiendo una reforma tributaria, que entre otras medidas contempla el aumento al precio del carbono, esto representa una oportunidad única para elevar el impuesto a las emisiones”, señalan.

Adicionalmente, la Mesa Ciudadana de Cambio Climático propone fortalecer las actuales Políticas de Eficiencia Energética duplicando las proyecciones propuestas para así disminuir el consumo de energía, y “desarrollar una política integral de planificación urbana y transporte, que desincentive el uso del automóvil y promueva la electromovilidad para transporte de carga y pasajeros, tanto a nivel nacional como urbano”.

Y en materia de bosques, afirman que la conservación de los bosques nativos mediante la reducción de la deforestación y la degradación junto al manejo forestal sustentable conforman la estrategia de base más eficaz para la preservación de las existencias de carbono.

“Cualquier propuesta orientada a aumentar y mantener las superficies vegetacionales con bosque u otras formaciones nativas y lograr un almacenaje de carbono perdurable, requiere adecuar la institucionalidad y los instrumentos de la legislación y normativa forestales, fortaleciendo un Servicio Forestal del Estado con capacidad real y medios para fiscalización y trabajo con la comunidad, a escala local y regional. En este sentido, es urgente incluir las facultades antes señaladas en el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal que actualmente se tramita en el Congreso Nacional”, afirman, entre otras propuestas detalladas en el documento.