Una buena acogida ha tenido, hasta ahora, el reglamento sobre compensación de emisiones para las empresas que pagan el impuesto verde, puesto en consulta pública por el Ministerio del Medio Ambiente en el mes de julio.

El documento hace operativo el mecanismo establecido en la Ley N° 21.210 que Moderniza la Legislación Tributaria, promulgada en febrero de 2020, y que da a las industrias afectas la posibilidad de disminuir su carga tributaria a través del financiamiento de proyectos que reduzcan las emisiones, creando a su vez el primer mercado regulado de carbono en Chile.

De este modo, los contribuyentes que pagan dicho tributo “compensan” lo que contaminan mediante la implementación de iniciativas verdes impulsadas por otros actores, como ONG’s, fundaciones u otras instituciones.

En el sector de la generación eléctrica, donde el 52% de la energía producida proviene de fuentes térmicas (carbón, petróleo diesel y gas natural), dicen ver con buenos ojos este sistema de compensación, el que consideran como “un primer paso”.

Desde Generadoras de Chile, gremio que agrupa a las empresas del rubro que operan en el país, destacan que el mecanismo propuesto permitirá a estas compañías hacer una contribución directa a la protección del medio ambiente, algo que no está asegurado por la sola existencia del impuesto verde.

“La fórmula presentada en el esquema de compensaciones del impuesto permite transferir financiamiento directamente a proyectos de reducción o absorción de emisiones. En ese sentido, permite hacer llegar efectivamente recursos a proyectos que generan un beneficio ambiental, cosa que no ocurre con el impuesto en la actualidad, que opera principalmente como medida recaudatoria, pero no genera incentivos a proyectos que permitan reducir emisiones”, comenta Nicolás Westenenk, director de Medio Ambiente y Cambio Climático de Generadoras de Chile.

Lo anterior, según el representante gremial, se ve reforzado por el monto del impuesto: para los denominados “contaminantes locales” (material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno) se calcula mediante una fórmula que considera el impacto en la comunidad donde se emiten, mientras que para el dióxido de carbono es de US$5 por cada tonelada emitida.

“El valor del tributo es relativamente bajo y no necesariamente incentiva a realizar inversiones en cambios tecnológicos en las fuentes emisoras mismas”, señala Westenenk.

El monto del impuesto y el aporte específico que pueden generar los proyectos de reducción de emisiones, forman parte de una ecuación que deberán realizar en el futuro próximo las industrias contaminantes.

Así lo cree Jorge Cáceres, director del Centro Medio Ambiente y Energía de la Sofofa. “Esa referencia por supuesto que es importante al momento de evaluar qué proyectos se tornan costo-efectivos y se viabilizan para efectos de pagar el impuesto de esta manera. Estamos convencidos de que hay un tremendo espectro de posibilidades”, dijo Cáceres en un webinar realizado por el Ministerio de Medio Ambiente el 5 de agosto.

Para dicha federación gremial, el sistema abre la posibilidad de activar iniciativas ambientales que de otro modo no podrían concretarse, movilizando recursos desde el sector privado. “Hemos estimado que en una primera etapa este mercado de opciones de abatimiento podría ser del orden de US$100 millones y eso genera un amplio espectro de beneficios que puede ir en directa ayuda de las comunidades que están en las áreas de influencia de las empresas”, señaló el representante de la Sofofa en dicha actividad.

“Esto nos permite reforzar el efecto ambiental del impuesto verde mucho más allá de lo recaudatorio. En vez de que esos recursos se vayan hacia proyectos generales del Estado, que se vayan directamente a financiar necesidades, requerimientos de emprendedores verdes, de ONG’s, de distintos actores que están haciendo proyectos de captura de emisiones, y que nos permitan aumentar la velocidad de reducción de emisiones en nuestro país”, comentó en el citado encuentro la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

¿Cómo funciona?

El reglamento introduce en Chile el primer mercado de carbono regulado, es decir, fija las reglas para que las empresas compensen las emisiones que producen mediante el financiamiento de proyectos que tienen un impacto concreto en el medio ambiente. Iniciativas de eficiencia energética, recambio de calefactores, transporte limpio y reforestación son algunos ejemplos.

Las emisiones que se reducen gracias a esos proyectos son descontadas de aquellas que se encuentran afectas al impuesto verde en cada empresa, de manera que quien financia una iniciativa puede luego reducir el monto del tributo a pagar.

Pueden acceder a este mecanismo todos los contribuyentes que pagan el impuesto verde, que según la Ley de Modernización Tributaria son todas las empresas cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP) o 25.000 o más toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Los proyectos deben cumplir ciertos requisitos como la adicionalidad, vale decir, las reducciones que produzcan deben ser distintas a aquellas que los establecimientos alcancen producto de otras obligaciones. “Las reducciones de emisiones que se utilicen para compensar emisiones gravadas deben ser adicionales, medibles, verificables y permanentes”, dice el reglamento en consulta.

También se establece que las empresas sólo podrán usar proyectos que reduzcan los mismos contaminantes que se desea compensar. Además, no pueden usarse reducciones alcanzadas en fuentes ya afectas al impuesto verde.

En el caso de las emisiones de CO2, los proyectos podrán desarrollarse en cualquier lugar dentro del territorio nacional. En tanto, las emisiones de contaminantes locales como el MP sólo podrán compensarse mediante proyectos implementados en la misma comuna donde se encuentra la fuente emisora o en comunas adyacentes, o bien en la misma zona saturada o latente, en caso de tener esa condición.

Según explica Tatiana García, jefa de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio Medio Ambiente, los proyectos deben someterse a un proceso de evaluación en el que intervienen distintas instancias.

“Primero debe pasar por una evaluación de cumplimiento de requisitos. En caso de que esa evaluación sea favorable, cuando el proyecto entra en operación debe aplicar metodologías aprobadas por la autoridad para reportar y monitorear las reducciones comprometidas. Será un auditor certificado y controlado por la Superintendencia del Medio Ambiente quien verificará el cumplimiento de las reducciones conforme a los métodos aprobados previamente”, señala.

Concluidas estas etapas, el ministerio emite el certificado de reducción de emisiones y este podrá ser usado por una empresa para compensar. Todos los proyectos certificados constarán en un registro nacional público. “Los certificados estarán disponibles en una plataforma administrada por la Superintendencia del Medio Ambiente, y para que proceda la compensación, ambas partes (contribuyente y titular del certificado) deben expresar conformidad”, agrega Tatiana García.

Un hito

Para el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la implementación de este mecanismo marcará un antes y un después. “Es un hito en la historia medio ambiental de Chile porque será el primer mercado de carbono del país que permitirá reducir emisiones a través de un instrumento económico basado en el artículo 6 del Acuerdo de París, pero que también incluye contaminantes de vida corta, lo que beneficiará a las comunidades locales”, sostiene la jefa de la División de Información y Economía Ambiental del MMA.

De acuerdo a la profesional, esta nueva herramienta “permitirá optimizar los recursos para llegar más rápido a las soluciones que mejorarán la calidad de vida de las personas en sus localidades y permitirán que Chile cumpla con sus compromisos climáticos”.

Una de las expectativas que abre este proceso, en opinión de algunos expertos en cambio climático, es que las empresas transiten más rápidamente a un nuevo paradigma, en el que cumplan un rol más activo en la búsqueda de soluciones al problema que han contribuido a generar.

“Para salir de este problema tenemos que poner todos de nuestra parte, tanto las empresas como la ciudadanía y el gobierno. Este es un paso para que la industria se involucre de forma más activa, más concreta, con respecto a las emisiones que están generando”, opina Nicolás Huneeus, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.

“Las empresas, quizás, van a empezar a considerar esa ecuación: pago el impuesto y sigo contaminando o hago la inversión y compenso”, señala Hunneus, advirtiendo que en esa definición también pesarán otros factores como la reputación corporativa, en un mundo donde las compañías están más expuestas al escrutinio público por el acceso a la información y el uso intensivo de las redes sociales.

Lo que viene

Tras la apertura del proceso de consulta pública, el pasado 19 de julio, el reglamento sobre compensación de emisiones gravadas por el impuesto verde podrá recibir observaciones hasta el 3 de septiembre.

Una de los actores que podría participar es el gremio que agrupa a las empresas de generación eléctrica que operan en territorio nacional. “El reglamento es un primer paso, que sienta las bases para comenzar a evaluar la efectividad del sistema. Sin duda que hay algunas minucias que deben ser abordadas y que serán observadas por las distintas partes interesadas en el proceso de consulta pública, pero lo importante es ir avanzando”, asegura Nicolás Westenenk, director de Medio ambiente y Cambio Climático de Generadoras de Chile.

“Esperamos que este sea un paso más para la continuidad en el desarrollo de instrumentos económicos más integral y complementario que permita abarcar más emisiones en todos los sectores de la economía, dar flexibilidad al cumplimiento de las metas de mitigación de emisiones y lograr la carbono neutralidad de la manera más costo-efectiva”, añade Westenenk.

Finalizada la etapa de consulta ciudadana, se procederá a elaborar el reglamento definitivo para ser presentado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, lo que debiera ocurrir durante el segundo semestre.

Posteriormente, tras su aprobación por parte de dicha instancia, el documento debe ser visado por la Contraloría General de la República. El Ministerio de Medio Ambiente espera que esto se concrete el primer semestre del próximo año, para que hacia la segunda mitad de 2022 comience a implementarse la plataforma pública de proyectos de compensación.

Si se cumple dicho cronograma, el sistema de compensación de emisiones estaría plenamente operativo en 2023.