“Yo participo del Consejo Asesor Presidencial, pero cuando fuimos convocados en marzo, se dijo que Chile iba a dar a conocer sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) en la COP25, y que en diciembre ingresaría al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático. Eso no ha pasado”, subrayó Badenier.
El ex ministro de Medio Ambiente relevó algo que los otros invitados no hicieron: defendió, en cierto punto, a la Constitución del 80. Dijo que es, cuando menos, bastante “progresista” ya que reconoció el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y permitir ejercer el recurso de protección en el contexto de los años ochenta.
“Reconoce la posibilidad de restringir otras garantías constitucionales. Eso es muy relevante. Hay que rescatarlo y favorecerlo. El paso siguiente es que esa garantía a vivir en un ambiente libre de contaminación avance a que el Estado pueda garantizar derechos colectivos”, añadió Badenier.
Andrés Pirazzoli, por su parte, planteó la necesidad de cambiar la Constitución vigente, la que calificó como una herencia de la dictadura, e insistió en incorporar los derechos de las generaciones futuras en la nueva Carta Fundamental.
Enumeró cuatro instancias en que las generaciones futuras pueden tener algún espacio. Citó a las cortes, el Congreso, los estamentos públicos y las ONG’s. “Hay países más progresistas que han instalado las oficinas de las generaciones futuras. Son entidades autónomas del Estado que revisan las políticas públicas para corregir esas inequidades y externalidades negativas. Dicen que tiene que haber un individuo que sea titular de derechos, pero la verdad es que los instrumentos sí existen para proteger a las generaciones futuras.
“No podemos endosarles a las generaciones futuras un planeta sin agua, sin araucarias, sin glaciares. Es una injusticia tener un país desértico. Es un perjuicio no solo para nuestras hijas, sino para los hijos de ellas. No solo podemos pensar en las generaciones presentes”, agregó Pirazzoli.
Entre las Constituciones que resguardan los derechos de las futuras generaciones, Pirazzoli citó a la Carta Magna argentina, la que señala, según él, que “la extracción de los recursos naturales no puede poner en riesgo a las generaciones futuras”. Asimismo, nombró a Noruega, cuya Constitución indica que los recursos naturales deben ser salvaguardados a favor de las generaciones futuras. Concluyó con otros casos de República Dominicana, Noruega y Holanda, donde la población obligó al Estado holandés a hacer más ambiciosa su NDC. Por ello, para el abogado es importante ampliar el concepto de la “legitimación activa”.
De cualquier modo, los tres expositores coincidieron que un cambio netamente en la Constitución no garantiza per se una resolución de los conflictos ambientales y un mejor estándar de vida en esta materia tan sensible. “Dadas las circunstancias del planeta y de nuestro país como uno de los más vulnerables al cambio climático, no deberíamos solo cambiar la Constitución, sino el modelo de desarrollo. Un modelo en que la naturaleza deje de estar al servicio de la economía, sino que la economía se adapte a la naturaleza. Será un avance, pero no solucionará los problemas”, dijo Flavia Liberona.
“Vale la pena correr los riesgos de tener un proceso constituyente inédito”, sostuvo por su parte Pablo Badenier, quien opinó que “la frontera de lo posible y lo imposible se ha corrido”. Sin embargo, los marcos normativos que apliquen los principios de esa Constitución serán tan o más valiosos.
Por último, Andrés Pirazzoli detalló que las temáticas ambientales requieren de una mirada mucho más allá del marco de una Constitución. “Hay que atajar este tema con mentes colaborativas y un espíritu de interés público. La ciencia del cambio climático es bastante asertiva. Podemos proyectar los efectos de largo plazo, no son baladíes. Habrá problemas de seguridad alimentaria y Chile cumple un rol estratégico para el mundo por las fuentes de agua dulce que posee en sus glaciares. Nuestro rol no es cualquiera”.