Agenda 2030 / Universidad Central

Justicia ambiental, derechos de agua y resguardo de las generaciones futuras: los puntos clave que arrojó el conversatorio “Medioambiente y Nueva Constitución”

El seminario organizado por la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central abordó varios puntos centrales en la discusión de una nueva Carta Magna en materia ambiental. Si bien los invitados coincidieron en que la Constitución por sí sola no resolverá los conflictos ambientales en Chile, adelantaron que votarán “sí” en el plebiscito del 26 de abril. Expusieron la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona; el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier; y el abogado de la Universidad de Chile que negoció por nuestro país en el Acuerdo de París, Andrés Pirazzoli.

FOTO: Cristian González F.

“Lo primero es ganar el plebiscito y hay que votar NO”, dice la secretaria ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona. Hay un silencio incómodo en el auditorio del edificio Vicente Kovacevic. A su lado, el abogado Andrés Pirazzoli la corrige con un susurro: “El SÍ”. “Ay, me fui para atrás”, ríe con ganas Liberona, al advertir su propio error y llevar la imaginación al plebiscito de 1988.

Tras el distendido momento, el diálogo prosigue franco y sereno en torno a los puntos centrales que debiese incluir la nueva Constitución en materia ambiental. El otro invitado de ayer al conversatorio “Medioambiente y Nueva Constitución”, organizado por la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, fue el ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Pablo Badenier.

Los tres expositores, antes que todo, no ocultaron su preferencia para el plebiscito del 26 de abril: votarán a favor de una nueva Constitución y mediante el mecanismo de Convención Constituyente, es decir, con participación íntegra de la ciudadanía, sin representantes del Congreso.

Ahora bien, en temáticas ambientales, cada uno de los invitados propuso puntos que podrían estar insertas en la nueva Carta Magna. A juicio de Flavia Liberona, “si los temas de escenario hídrico no están en la Constitución, difícilmente podremos tener mejoras profundas”. Acto seguido, la representante de Terram abogó por discutir “los derechos de propiedad” más que los “derechos a la naturaleza”, específicamente por el agua como bien de uso público.

“Tenemos que considerar qué entendemos por el rol del Estado, por bienes públicos y comunes. Necesitamos que la distribución de cargas negativas sea en forma más justa por el territorio, que no sean siempre los pobres los que paguen todo. Que los vertederos no sean en las comunas pobres, que no haya más Puchuncaví. Los derechos humanos deben estar asociados a temas ambientales”, planteó Liberona.

La secretaria ejecutiva de Terram hizo hincapié en lo que calificó una agenda ambiental “anticuada y regresiva” del Gobierno. Lo mismo opinó en su intervención Pablo Badenier, quien sostuvo que lamentablemente hay proyectos de ley “estancados” en el Congreso. Enumeró al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la ley marco de cambio climático, la modificación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la tipificación del delito penal ambiental y otros que están congelados en el poder legislativo.

Badenier apuesta por que dichos proyectos de ley “tengan movimiento” en paralelo con el proceso constituyente. “Ojalá que la discusión de una nueva Constitución no signifique no avanzar en la agenda ambiental”. La misma percepción tuvo Flavia Liberona: “Hoy hay que meterse en el proceso, jugársela y apostar por la nueva Constitución, pero no abandonar la agenda socioambiental. Hay urgencias que abordar por otro lado”.

Por su parte, el abogado de la U. de Chile recordó su experiencia como negociador por el país en el Acuerdo de París para abogar por la “equidad intergeneracional” en el proceso constituyente en materia ambiental. “Uno de los logros más importantes en el multilateralismo fue introducir el concepto de ‘equidad intergeneracional’. Nos enemistamos con EE.UU. y con los principales productores de petróleo en el mundo. Pero los grandes ausentes de esta discusión son las generaciones futuras, es un deber que tenemos con los que no han nacido aún. Creo que debería ser un principio rector en la discusión de una Constitución”, dijo Pirazolli.

En ese punto, Pablo Badenier sostuvo tajantemente que el gobierno de Sebastián Piñera “no cree en el multilateralismo” y criticó la decisión de Chile de apartarse de la firma del Acuerdo de Escazú. Para el ex ministro de Bachelet, “el acceso a la justicia ambiental debe estar presente en el resguardo de los derechos constitucionales. Requiere como condición número 1 fortalecer los marcos normativos. Son escasos. Hacer de la legitimación activa un derecho amplio, y no restringido”.

Los tres invitados, en ese sentido, concordaron en que la COP25 generó una expectativa desmedida en la población. “Se abrió una posibilidad cierta de que Chile avanzara en políticas públicas en materia ambiental, que fuera una agenda más allá de la COP. Pero al Gobierno le interesaba solo una versión más festivalera de la COP”, indicó Flavia Liberona, mientras que Badenier señaló que en el marco de la Cumbre del Clima se hicieron dos promesas incumplidas.

“Yo participo del Consejo Asesor Presidencial, pero cuando fuimos convocados en marzo, se dijo que Chile iba a dar a conocer sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) en la COP25, y que en diciembre ingresaría al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático. Eso no ha pasado”, subrayó Badenier.

El ex ministro de Medio Ambiente relevó algo que los otros invitados no hicieron: defendió, en cierto punto, a la Constitución del 80. Dijo que es, cuando menos, bastante “progresista” ya que reconoció el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y permitir ejercer el recurso de protección en el contexto de los años ochenta.

“Reconoce la posibilidad de restringir otras garantías constitucionales. Eso es muy relevante. Hay que rescatarlo y favorecerlo. El paso siguiente es que esa garantía a vivir en un ambiente libre de contaminación avance a que el Estado pueda garantizar derechos colectivos”, añadió Badenier.

Andrés Pirazzoli, por su parte, planteó la necesidad de cambiar la Constitución vigente, la que calificó como una herencia de la dictadura, e insistió en incorporar los derechos de las generaciones futuras en la nueva Carta Fundamental.

Enumeró cuatro instancias en que las generaciones futuras pueden tener algún espacio. Citó a las cortes, el Congreso, los estamentos públicos y las ONG’s. “Hay países más progresistas que han instalado las oficinas de las generaciones futuras. Son entidades autónomas del Estado que revisan las políticas públicas para corregir esas inequidades y externalidades negativas. Dicen que tiene que haber un individuo que sea titular de derechos, pero la verdad es que los instrumentos sí existen para proteger a las generaciones futuras.

“No podemos endosarles a las generaciones futuras un planeta sin agua, sin araucarias, sin glaciares. Es una injusticia tener un país desértico. Es un perjuicio no solo para nuestras hijas, sino para los hijos de ellas. No solo podemos pensar en las generaciones presentes”, agregó Pirazzoli.

Entre las Constituciones que resguardan los derechos de las futuras generaciones, Pirazzoli citó a la Carta Magna argentina, la que señala, según él, que “la extracción de los recursos naturales no puede poner en riesgo a las generaciones futuras”. Asimismo, nombró a Noruega, cuya Constitución indica que los recursos naturales deben ser salvaguardados a favor de las generaciones futuras. Concluyó con otros casos de República Dominicana, Noruega y Holanda, donde la población obligó al Estado holandés a hacer más ambiciosa su NDC. Por ello, para el abogado es importante ampliar el concepto de la “legitimación activa”.

De cualquier modo, los tres expositores coincidieron que un cambio netamente en la Constitución no garantiza per se una resolución de los conflictos ambientales y un mejor estándar de vida en esta materia tan sensible. “Dadas las circunstancias del planeta y de nuestro país como uno de los más vulnerables al cambio climático, no deberíamos solo cambiar la Constitución, sino el modelo de desarrollo. Un modelo en que la naturaleza deje de estar al servicio de la economía, sino que la economía se adapte a la naturaleza. Será un avance, pero no solucionará los problemas”, dijo Flavia Liberona.

“Vale la pena correr los riesgos de tener un proceso constituyente inédito”, sostuvo por su parte Pablo Badenier, quien opinó que “la frontera de lo posible y lo imposible se ha corrido”. Sin embargo, los marcos normativos que apliquen los principios de esa Constitución serán tan o más valiosos.

Por último, Andrés Pirazzoli detalló que las temáticas ambientales requieren de una mirada mucho más allá del marco de una Constitución. “Hay que atajar este tema con mentes colaborativas y un espíritu de interés público. La ciencia del cambio climático es bastante asertiva. Podemos proyectar los efectos de largo plazo, no son baladíes. Habrá problemas de seguridad alimentaria y Chile cumple un rol estratégico para el mundo por las fuentes de agua dulce que posee en sus glaciares. Nuestro rol no es cualquiera”.

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