“Enorme victoria” y “fallo histórico” fueron los calificativos que más se repitieron tanto en las las redes sociales como en las bocas de los protagonistas del llamado “Caso del Siglo”, cuando el miércoles 3 de febrero el Tribunal Administrativo de París reconoció que el Estado francés era “responsable” de incumplimientos en materia de la lucha contra el calentamiento global, especificamente en su compromiso por reducir los gases de efecto invernadero.

El Tribunal Administrativo de París reconoció el perjuicio ecológico, pero solamente condenó al Estado francés a indemnizar a las asociaciones denunciantes por el perjuicio moral que se les había provocado a través de un euro simbólico. Sin embargo, el veredicto dictado no está completo, ya que el Tribunal emitió una notificación formal al Estado francés donde se le otorga un plazo de dos a tres meses para que justifique sus políticas climáticas en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tras este plazo el Tribunal deberá decidir el tipo de sanción que se podrá aplicar al Estado.

El caso del siglo

Para comprender la importancia de este caso hay que volver dos años atrás, cuando cuatro organismos no gubernamentales decidieron llevar ante la justicia al Estado francés por incumplimiento de las promesas hechas sobre la reducción de gases a efecto invernadero. Oxfam Francia, Greenpeace, Notre affaire à tous y Fundación Nicolas Hulot se unieron en una campaña que llamaron “El Caso del Siglo” (l’Affaire du Siècle), que tenía, por un lado, una vertiente jurídica al presentar un recurso judicial contra el Estado francés por inacción climática, y, por otro lado, un aspecto comunicacional en el que buscaba el apoyo masivo de la población a través de un sitio que recolectaba las firmas de los ciudadanos que estaban a favor de entablar un juicio contra el Estado. El resultado del último fue concluyente: en un mes las asociaciones habían recibido más de 2,3 millones de firmas.”

“El Caso del Siglo” adquirió gran notoriedad en Francia debido a una campaña en las redes sociales que fue apoyada no solamente por personalidades identificadas con la lucha medioambiental, sino también por un gran número de influencers, youtubers y artistas de renombre mundial tales como Marion Cotillard, Juliette Binoche o el grupo de rock Shaka Ponk.

Victoria histórica

En este contexto se puede entender la gran expectación a nivel nacional que provocó el fallo que se dictó el miércoles 3 de febrero. Para las asociaciones denunciantes es una victoria absoluta. Así lo expresa la Responsable de la Campaña Climática de Oxfam Francia, Élise Naccarato, a País Circular. “Es una victoria histórica, es la primera vez que la justicia reconoce que el Estado es culpable de inacción climática. Concretamente la justicia dice que el Estado no cumplió con las obligaciones que se impuso él mismo y, en especial, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 fijadas por su estrategia nacional ligada al Acuerdo de París, que fue firmado hace 5 años”.

El informe anual del Alto Consejo por el Clima, publicado en julio de 2020, también señaló las carencias del Estado francés en sus políticas medioambientales, subrayando que “las acciones climáticas no están a la altura ni de los desafíos ni de los objetivos”, debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero solo han bajado0,9% entre 2018 y 2019, mientras que la barrera se había fijado en 1,5%. Este ritmo no permitiría llegar al objetivo impuesto en el futuro como es la reducción de 3,2% de emisiones en 2025 y la meta de ser carbono neutral al año 2050.

Aunque la condena judicial es lo primero que salta a los ojos, la profesora de derecho de la Universidad de Aix-en-Provence, Mathilde Hautereau-Boutonnet, explicó en el sitio The Conversation que el fallo del tribunal podría traer consecuencias a nivel político en lo que ella llama la “gestión pública del compromiso”.

“Al comprometerse a cumplir ciertos objetivos, el Estado da fe de su voluntad de actuar, de avanzar, de tomar decisiones, de ser eficaz. En el plano jurídico -y porque ‘las promesas sólo obligan a quienes las reciben’, como dijera el  expresidente Jacques Chirac-, el hecho de prometer puede hacer creer al Estado que no está realmente forzado a cumplir los objetivos planteados. Si no se identifica ningún acreedor específico, ¿por qué debería sentirse obligado un deudor?”, expresó Hautereau-Boutonnet.

Es decir, que las “promesas” políticas adoptadas por el Estado francés ya no son palabras que se las lleva el viento. Para la académica este es el elemento “revolucionario” del fallo, ya que por primera vez la justicia emplaza a los responsables políticos a cumplir sus promesas.

Una visión que también comparte Élise Naccarato. “Uno de los objetivos que se alcanzó con esta condena es la victoria de la verdad, porque hoy ya no se puede decir una cosa y hacer lo contrario, la justicia reconoció que no era coherente. Esperamos que haya más coherencia y menos ‘elementos de comunicación’ (promesas no cumplidas) en las proposiciones y acciones que conciernen al calentamiento global».

Fallo simbólico

Sin embargo, no todos se muestran tan entusiastas frente al fallo del Tribunal Administrativo. La exministra del Medioambiente, Corinne Lepage, lo catalogó como un “juicio a medias tintas” debido a que no se menciona que el Estado debe “reparar el daño ecológico”..

Para el abogado especialista en derecho medioambiental, Arnaud Gossement, no se pueden sacar conclusiones todavía, ya que lo que entregó el Tribunal es solamente un “fallo preliminar”. En una entrevista concedida a Radio Europe 1, el abogado explicó por qué no era pertinente hablar de una victoria histórica por el momento.

«El caso aún no ha terminado, el juez solo se pronunció sobre una parte de las interrogantes que le fueron hechas, en grosso modo solo habló del pasado. Con respecto al pasado, el juez consideró que el Estado había cometido una falta, pero no todas las faltas y que era parcialmente responsable de las consecuencias del cambio climático y, por lo tanto, del perjuicio moral de las asociaciones a la altura de un euro ». También aclaró que el tribunal había dictaminado que “el Estado no tiene la obligación de reparar los daños causados por el cambio climático”.

Gossement se mostró un tanto escéptico frente a la euforia colectiva que provocó el veredicto del 3 de febrero. “Todo el mundo se felicita por este fallo del Tribunal Administrativo pero nadie se siente responsable y, finalmente, tienen razón, porque el Estado no es una persona particular, somos todos nosotros, es una responsabilidad colectiva. Puede que haya un malentendido, pensando que  “El Caso del Siglo” estaba dirigido hacia tal o tal gobernante -Presidente, Primer Ministro-  pero vemos que no, se dirige al Estado en general”. Y concluye diciendo que “la justicia es un instrumento como otro, no es algo milagroso”.

Efecto ” bola de nieve”

Francia no es el primer país en ser condenado por inacción climática: a fines de 2019 la Corte Suprema holandesa, tras cinco años de batalla judicial, confirmó el fallo que exigía que el país disminuyera de 25% las emisiones de gas a efecto invernadero en 2020 en comparación con los niveles de 1990.

Los llamados “procesos climáticos” comienzan a tomar fuerza en muchos países de Europa y el mundo. La visibilidad que ha tenido “El Caso del Siglo” en el viejo continente ha inspirado a países como España, donde un grupo de organismos no gubernamentales también entablaron una demanda contra el Estado por su inacción frente al cambio climático.

Aún más lejos fueron 4 niños y 2 jóvenes portugueses –de entre 8 y 21 años- que tomaron acciones en contra de 33 países industrializados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por su responsabilidad en el calentamiento global.

Para la profesora de derecho Mathilde Hautereau-Boutonnet los jueces franceses abrieron una “caja de Pandora” con el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de París y se pregunta si esta jurisprudencia podría ser utilizada para atacar a las empresas privadas que no cumplan con sus compromisos en materia ecológica. “En un futuro, podría ser que, al igual que el Estado, las empresas también tengan que rendir cuentas delante de los jueces y que, al buscar en la cajita de herramientas del derecho, los litigantes encuentren las llaves de su condena”.

De manera similar, Élise Naccarato cree la justicia francesa ha tendido una mano a los ciudadanos que se han visto afectados por el cambio climático. “El veredicto permite concretamente a cada ciudadano francés o que vive en Francia, que es una víctima directa de las consecuencias del cambio climático – por ejemplo de inundaciones- poder querellarse contra el Estado por inacción climática porque el perjuicio ecológico fue reconocido”.

La última palabra la tendrán los jueces del Tribunal Administrativo de París que deberán emitir un veredicto final en dos o tres meses.