Las imágenes de las manifestaciones de los chalecos amarillos de Francia dieron la vuelta al mundo : barricadas en los barrios más elegantes de París, el Arco del Triunfo rayado, los Campos Elíseos saqueados y en llamas. Una marea amarilla que invadió las calles de las ciudades más importantes del país, pero que también se asentó en las rotondas de los pueblitos.
Como es de suponer, lo primero que emergió de estas protestas es la instalación de una agenda social en el debate público : sueldos, prestaciones sociales, sistema de pensiones, costo de la vida, impuestos, etc. Pero, ¿qué sucede con la tema medioambiental cuando, al parecer, las prioridades son otras?
El movimiento estalló en octubre de 2018 cuando el gobierno anunció el alza del “impuesto al carbono” (taxe carbonne), que gravaba los productos energéticos como los combustibles fósiles, el gas y el carbón en relación a la cantidad de emisiones de efecto invernadero que producen. Este impuesto fue instaurado en 2014 y aumentó todos los años como una forma de desincentivar a los consumidores a utilizar energías que contaminan y preferir alternativas más ecológicas. Este impuesto comenzó en 7€ por tonelada de carbono emitida en 2014, y en 2019 se esperaba que alcanzara los 55€ por tonelada emitida.
Esta contribución, que se había cuadruplicado entre 2014 y 2017, no había causado tanto malestar ni rechazo debido a que el precio del petróleo a nivel mundial había disminuido, lo que permitió durante ese periodo amortiguar la percepción del alza. Sin embargo, en 2018, la subida del precio de los combustibles fósiles junto al alza prevista del impuesto al carbono desataron una contestación nunca antes vista en Francia.
A diferencia de los movimientos sociales tradicionales -y tal como en Chile-, los chalecos amarillos nacieron de una indignación colectiva que no fue canalizada por las “organizaciones intermedias” como los sindicatos o agrupaciones políticas, sino que se articuló de manera espontánea a través de las redes sociales y no ha tenido ni líder ni vocero oficial.
A través de eventos en Facebook los franceses hicieron un llamado a ocupar las calles y puntos emblemáticos de sus comunas, invitando a los participantes a usar el chaleco amarillo –prenda obligatoria para todos los automovilistas- para reconocerse entre sí y tener visibilidad de cara al gobierno. El 17 de noviembre de 2018 se produjo la primera manifestación que ellos denominarían el “acto número uno”, dando a entender que estas protestas tendrían más episodios.
La primera reacción del gobierno francés fue tratar de aplacar el movimiento de los chalecos amarillos a través de las fuerzas del orden. Sin embargo, casi como un ritual, sábado tras sábado volvían los manifestantes a las calles, incrementándose el número de heridos y detenidos.
El fracaso de esta estrategia y la escalada de violencia que se acrecentaba cada semana hicieron que el presidente Emmanuel Macron, a través de un discurso solemne dirigido al país, anunciara ciertas medidas de carácter social como desistir del alza de impuesto a los combustibles, otorgar un bono de 100€ a los trabajadores más precarios y la reducción de los impuestos a los pensionados más pobres.