Las imágenes de las manifestaciones de los chalecos amarillos de Francia dieron la vuelta al mundo : barricadas en los barrios más elegantes de París, el Arco del Triunfo rayado, los Campos Elíseos saqueados y en llamas. Una marea amarilla que invadió las calles de las ciudades más importantes del país, pero que también se asentó en las rotondas de los pueblitos.

Como es de suponer, lo primero que emergió de estas protestas es la instalación de una agenda social en el debate público : sueldos, prestaciones sociales, sistema de pensiones, costo de la vida, impuestos, etc. Pero, ¿qué sucede con la tema medioambiental cuando, al parecer, las prioridades son otras?

El movimiento estalló en octubre de 2018 cuando el gobierno anunció el alza del “impuesto al carbono” (taxe carbonne), que gravaba los productos energéticos como los combustibles fósiles, el gas y el carbón en relación a la cantidad de emisiones de efecto invernadero que producen. Este impuesto fue instaurado en 2014 y aumentó todos los años como una forma de desincentivar a los consumidores a utilizar energías que contaminan y preferir alternativas más ecológicas. Este impuesto comenzó en 7€ por tonelada de carbono emitida en 2014, y en 2019 se esperaba que alcanzara los 55€ por tonelada emitida.

Esta contribución, que se había cuadruplicado entre 2014 y 2017, no había causado tanto malestar ni rechazo debido a que el precio del petróleo a nivel mundial había disminuido, lo que permitió durante ese periodo amortiguar la percepción del alza. Sin embargo, en 2018, la subida del precio de los combustibles fósiles junto al alza prevista del impuesto al carbono desataron una contestación nunca antes vista en Francia.

A diferencia de los movimientos sociales tradicionales -y tal como en Chile-, los chalecos amarillos nacieron de una indignación colectiva que no fue canalizada por las “organizaciones intermedias” como los sindicatos o agrupaciones políticas, sino que se articuló de manera espontánea a través de las redes sociales y no ha tenido ni líder ni vocero oficial.

A través de eventos en Facebook los franceses hicieron un llamado a ocupar las calles y puntos emblemáticos de sus comunas, invitando a los participantes a usar el chaleco amarillo –prenda obligatoria para todos los automovilistas- para reconocerse entre sí y tener visibilidad de cara al gobierno. El 17 de noviembre de 2018 se produjo la primera manifestación que ellos denominarían el “acto número uno”, dando a entender que estas protestas tendrían más episodios.

La primera reacción del gobierno francés fue tratar de aplacar el movimiento de los chalecos amarillos a través de las fuerzas del orden. Sin embargo, casi como un ritual, sábado tras sábado volvían los manifestantes a las calles, incrementándose el número de heridos y detenidos.

El fracaso de esta estrategia y la escalada de violencia que se acrecentaba cada semana hicieron que el presidente Emmanuel Macron, a través de un discurso solemne dirigido al país, anunciara ciertas medidas de carácter social como desistir del alza de impuesto a los combustibles, otorgar un bono de 100€ a los trabajadores más precarios y la reducción de los impuestos a los pensionados más pobres.

Junto a estas medidas también anunció que se hará un Gran Debate Nacional, donde todo el mundo podrá expresar su malestar y aportar ideas para mejorar la situación actual, ya sea a través de un sitio en internet construido para este propósito o a través de las municipalidades que podrán a disposición un “cuaderno de propuestas” para que los adultos que no están familiarizados con internet también puedan participar. El debate tendría 4 ejes centrales : sistema tributario y gastos públicos ; organización del Estado y servicios públicos ; democracia y ciudadanía ; y transición ecológica.

Errores en la concepción y aplicación de políticas medioambientales

El movimiento de los chalecos amarillos rápidamente fue tildado de anti-ecológico debido a que se oponía al impuesto al carbono; sin embargo, este argumento fue desmentido por el propio movimiento, que insistió en que su combate era la lucha contra las injusticias.

Para Olivier Blond, autor del libro “Para terminar con una ecología punitiva” y presidente de la asociación Respire, la masiva contestación que provocó el anuncio del alza del impuesto al carbono “es sintomático de una política medioambiental que se construye en desmedro de las clases más modestas”.

Blond llama a esto la ecología punitiva, “que se posiciona en contra de los ciudadanos, es decir, que va a forzar -a través de leyes, impuestos, aumento de precios o medidas económicas- que la gente haga ciertas cosas que no desea hacer. Para mí eso es el símbolo de que no se ha entendido cómo se debe hacer la política en nuestros días, ya que hay buenas y malas medidas, y las medidas de ecología punitiva son las malas -aunque partan de un buen sentimiento-, porque están mal construidas, mal concebidas, mal aplicadas y nos llevan a catástrofes debido a que no toman en cuenta a la población y provocan retrocesos en la ecología”.

Muchos de los errores –según Blond- que se cometen en la implementación de políticas ecológicas y el rechazo que provocan en la gente están ligadas a la negligencia con que se trata la dimensión sociológica medioambiental, y que finalmente terminan provocando una reticencia de la población a la transición ecológica.

“En Francia la ecología retrocedió debido al movimiento de los chalecos amarillos. Si amenazamos a las personas les hacemos creer que la ecología es un lujo, es un asunto de ricos o de barrios adinerados que pueden pagar más caro tal o tal cosa, lo que produce un descontento en la población que es justificado”, asegura. Algo que, según estima, es “paradójico con las revindicaciones del movimiento de los chalecos amarillos que no son para nada anti-ecológicos”.

Una constatación que también comparte Mathilde Imer, integrante del colectivo Chalecos Ciudadanos, que se crea después del Gran Debate Nacional y que reúne a personas de diferentes sensibilidades, como chalecos amarillos, ecologistas, científicos y actores de la democracia deliberativa.

Para Imer, “el impuesto al carbono, de la manera que fue implementado por el gobierno a fines de 2018, era profundamente injusto desde el punto de vista social”, y agrega que el sentido de justicia en las políticas medioambientales es fundamental para que cada actor de la sociedad se comprometa a aportar un granito de arena en esta causa.

“Los franceses desean esta transición ecológica hoy en día. En Francia ya no hay más debate si existe o no el cambio climático, la gente ya entendió que hay un problema, tienen ganas de hacer una transición ecológica, pero quieren que cada uno haga su parte. El impuesto al carbono como había sido presentado era que los más pequeños y los más pobres hicieran la mayor parte del trabajo, mientras que los grandes y más ricos no hacen la suya”.

Además, explica que es precisamente la mala implementación de políticas de transición ecológica por parte de los diferentes gobiernos de turno lo que provocó el estallido social en Francia.

“Nunca hubiese habido un movimiento como el de los chalecos amarillos si se hubiese hecho la transición ecológica hace 30 años como lo advertían los científicos, porque habríamos tenido el tiempo de hacerlo tranquilamente, con los medios financieros, con un espíritu de justicia social y hubiera sido más fácil. Hemos tardado tanto en hacerlo que se ha vuelto mucho más difícil. Lo que es seguro es que si no hacemos una transición ecológica, si oponemos estúpidamente la ecología y lo social, lo que sucederá es que no se podrá hacer una transición ecológica y mañana los más pobres serán los primeros impactados por el cambio climático y los cambios medioambientales. En todos los casos la cuestión social y climática están ligadas, así que la transición ecológica es algo que se tiene que hacer. La pregunta es cómo hacerla para que sea socialmente justa y que las personas adhieran”.

La desigualdad que existe en el transporte y la capacidad a desplazarse – explica Olivier Blond- es un aspecto que frecuentemente cristaliza el descontento social ya que es el punto de partida para acceder a todos los otros servicios que ofrece el Estado: la salud, la educación, el empleo, la vida social, etc., por lo que las alzas de combustibles o transporte público ponen en evidencia las injusticias resentidas en los otros sectores.

“No se puede pensar la ecología en perjuicio del bienestar de los ciudadanos, sino que hay que hacer una ecología que permita a la gente vivir mejor, y si pensamos de esta manera, no podemos hacer lo que está haciendo el gobierno: no aumentamos el precio del transporte público; por el contrario tendría que tener una tendencia a bajar ya que si deseamos que la gente utilice estos medios, debemos darle las condiciones más justas que se puedan”.

Soluciones del gobierno y la ciudadanía

Las manifestaciones de los chalecos amarillos –contrariamente a lo que se puede creer- no invisibilizaron la agenda medioambiental, sino que provocaron un cuestionamiento en el gobierno en la forma de proponer e implementar las reformas ecológicas.

Luego de tres meses de discusiones y propuestas de la ciudadanía en el Gran Debate Nacional, dos de los cinco puntos más abordados fueron la urgencia climática y cómo mejorar la democracia representativa para que sea más transparente.

Por esta razón, el gobierno decidió implementar una Convención Ciudadana por el Clima, basado en el modelo de convención ciudadana puesto en práctica en Irlanda para consultar a los ciudadanos su opinión acerca del matrimonio igualitario.

En Francia, 150 personas representativas de la sociedad fueron elegidas al azar para debatir y proponer soluciones contra el cambio climático. Esta convención tiene por mandato definir las medidas que permitirán reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, y abordará temáticas como la eficiencia energética, la renovación térmica de las casas, el desplazamiento de las personas, la agricultura, los impuestos ecológicos y todo mecanismo de acción que los participantes juzguen conveniente para alcanzar la meta establecida.

Esta convención, que comenzó en octubre, contempla seis reuniones entre esa fecha y fines de enero de 2020, con una duración de tres días cada encuentro. En estas reuniones consultarán a expertos con opiniones diversas, tales como científicos, abogados, organismos internacionales y organizaciones ciudadanas, lo que permitirá a los miembros de la convención tener un espectro amplio y profundo de la problemática ambiental.

Luego de esto, la Convención Ciudadana por el Clima publicará sus conclusiones a fines de enero o principios de febrero bajo el formato de proposiciones legislativas o reglamentarias que, dependiendo del carácter de la iniciativa, será sometida a plebiscito, a la votación parlamentaria o a la decisión del presidente.

Mathilde Imer es integrante de la Convención Ciudadana por el Clima y explica que esta instancia fue el resultado de las movilizaciones sociales.

“Durante el Gran Debate intercambiamos mucho con el gobierno y el Palacio del Eliseo, que finalmente aceptó implementar una Asamblea Ciudadana de este tipo con los principios metológicos y ciertos límites que demandábamos, lo que dio lugar a la Convención Ciudadana por el Clima. Pero hay que ser claros: esta convención nunca habría sido implementada sin los chalecos amarillos”.

Respecto a las conclusiones y resultados que esta convención puede entregar, Mathilde Imer se muestra entusiasta, aunque sabe que no hay nada definido aún.

“Hoy no puedo decir las medidas que saldrán. Lo que puedo decir es que después de la tercera reunión hay medidas globales que comienzan a fijar un horizonte como, por ejemplo, revisar la constitución francesa para integrar la cuestión climática, medidas estructurantes por sector de actividad, por ejemplo la PAC (Política Agrícola Común) de la Unión Europea; en el caso de las viviendas, cómo se facilita y aumenta la renovación energética de los edificios. Hay medidas que apuntan a prohibir que los fabricantes de autos de Francia sigan haciéndolos a gasolina y diésel de aquí a 2030, está la idea de crear un banco climático que permitiría inyectar dinero a medidas en favor de la transición ecológica, cómo luchar contra la obsolescencia programada de los bienes y cómo informar mejor a los consumidores del impácto ecológico de los bienes. Hay muchas medias que están sobre la mesa, el cuestión será cómo traducirlas jurídicamente y cómo priorizarlas”.

Aunque tampoco se ha definido la manera en que las proposiciones serán adoptadas o rechazadas, Imer señala que “si no hay por lo menos un plebiscito al final de la Convención, creo que será de cierto modo un fracaso”.

Por parte de los chalecos amarillos, una de las figuras emblemáticas del movimiento, Priscillia Ludosky, lanzó en el mes de noviembre la iniciativa de crear un lobby ciudadano que se define “ni partidista ni sindicalista” y que busca “hacer reaccionar a nuestros políticos y demostrar que los ciudadanos también tenemos algo que decir al respecto”.

Tras un año de manifestaciones ininterrumpidas todos los sábados, Ludosky afirma que “no podremos seguir manifestándonos eternamente”, por lo que un lobby ciudadano sería una alternativa más institucional para canalizar el descontento de la gente y también contrarrestar la influencia que tienen los lobbies privados en las decisiones que se toman a nival nacional. Lo que propone es “crear una red a nivel nacional para movilizar a las personas en cuestiones que han sido completamente dejadas de lado”.

“Muchas veces he escuchado a personas quejarse que a nadie le importa lo que pasa a nivel departamental. Algunos sufren de una cesantía extrema, a otros, la contaminación del aire los tiene enfermos, en Carcassonne el arsénico contamina la tierra y el agua”, explica Ludosky.

Para Mathilde Imer la creación de lobbies ciudadanos es una excelente solución, ya que “vienen a completar un sistema democrático representativo que está enfermo, el desafío es de actualizar nuestra democracia, vivimos en una época en que la democracia representativa que fue heredada del siglo XIX no satisface a los desafíos que estamos enfrentados en este siglo XXI”.