La premisa es tan simple como irrefutable: el bienestar humano tiene una dependencia crítica de los sistemas naturales de la Tierra, pero los avances económicos, tecnológicos y sociales han conducido a una reducción de la capacidad del planeta para sustentar el bienestar humano actual y futuro. “El modelo de desarrollo cada vez más desigual y de alto consumo de recursos impulsa el deterioro del medio ambiente a través del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otras formas contaminación y degradación de recursos”. Por lo tanto, así como la transformación de la naturaleza pone en peligro el bienestar humano, la transformación de la relación de la humanidad con la naturaleza es la clave para alcanzar el futuro sostenible.

Estas son las claves del reciente informe del Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) “Hacer las paces con la naturaleza”, que expone los argumentos científicos más convincentes hasta la fecha sobre por qué y cómo debe aplicarse con urgencia esa determinación colectiva para proteger y restaurar nuestro planeta, afirma Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.

En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, “la humanidad ha declarado la guerra a la naturaleza, algo tan insensato como suicida. Las consecuencias de nuestra temeridad ya están provocando sufrimiento humano, importantes pérdidas económicas y un aceleramiento de la erosión de la vida terrestre”. Este informe, agrega, pone en evidencia que nuestra guerra contra la naturaleza ha destrozado al planeta, pero al mismo tiempo “nos muestra el camino hacia un mundo más seguro mediante un plan de paz y un programa de reconstrucción posterior al conflicto”.

La primera parte del informe, preparado por un grupo de científicos de todo el mundo, revisa todas las evaluaciones ambientales realizadas a nivel global en los últimos años y da cuenta de la interrelación existente entre los resultados de éstas y cómo la suma de todas ellas muestra que se ha creado una emergencia planetaria sin precedentes.

“Los cambios ambientales están socavando los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, ya que acarrean costes económicos y millones de muertes prematuras al año. Asimismo, impiden que se avance en aras de la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades y la promoción de un crecimiento económico sostenible, el trabajo decente para todos, y unas sociedades pacíficas e inclusivas”, es uno de sus mensaje principales.

Las causas son múltiples. Entre otras, señalan, en los últimos 50 años la economía mundial prácticamente se ha quintuplicado, en gran parte debido a que la extracción de recursos naturales y energía se ha triplicado, lo que ha impulsado el crecimiento de la producción y el consumo.

La población mundial se ha multiplicado por dos, hasta alcanzar los 7.800 millones de personas y, aunque en promedio la prosperidad también se ha duplicado, unos 1.300 millones de personas continúan siendo pobres y unos 700 millones pasan hambre.

Adicionalmente, señalan, los sistemas sociales, económicos y financieros no tienen en cuenta los beneficios esenciales que la sociedad obtiene de la naturaleza, y tampoco ofrecen incentivos para gestionarla de manera racional y mantener su valor.

A esto se suma, plantean, que la sociedad está lejos de cumplir el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a los 2 °C por encima de los niveles preindustriales y de procurar contener aún más el aumento de la temperatura para mantenerlo por debajo de 1,5 °C. Al ritmo actual, señalan, el calentamiento alcanzará los 1,5 °C en torno a 2040 y probablemente antes.

“En conjunto, las actuales políticas nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sitúan al mundo en una trayectoria de calentamiento de al menos 3 °C en 2100. El calentamiento antropogénico de más de 1 °C ya ha provocado modificaciones en las zonas climáticas, cambios en los patrones de precipitación, derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, aceleración del aumento del nivel del mar y eventos extremos más frecuentes e intensos, lo que supone una amenaza para las personas y la naturaleza”, afirman.

Tampoco se ha cumplido por completo ninguno de los objetivos mundiales acordados para proteger la vida en el planeta y detener la degradación de las tierras y los océanos.

“Tres cuartas partes de las masas continentales y dos tercios de los océanos experimentan ya la perturbación humana. Un millón de los 8 millones de especies de plantas y animales que se calcula que existen en el mundo están amenazadas de extinción, y se están erosionando muchos de los servicios de los ecosistemas esenciales para el bienestar humano”, dice el informe.

En ese escenario, agrega, “los cambios actuales y previstos en el clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación dificultan aún más la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, incluso los pequeños incrementos de temperatura, junto con los cambios que provocan, entre otros, en el clima, las precipitaciones, las lluvias más intensas, el calor extremo, la sequía y los incendios, aumentan los riesgos para la salud, la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la seguridad humana, que se agravan a la par que el calentamiento. Solo en 2018, los daños causados por desastres naturales relacionados con el clima supusieron un costo de aproximadamente 155.000 millones de dólares”.

Medidas para revertir un escenario crítico

Para hacer frente a estos desafíos, el informe científico propone una serie de acciones para transformar la relación de la humanidad con la naturaleza, lo que resultará clave para alcanzar un desarrollo sostenible. Esto no solo requerirá de los conocimientos, la inventiva y la tecnología humana, sino también la cooperación global para un actuar conjunto y global de cara al futuro. Todo el mundo, afirman, tiene un papel que desempeñar en la transformación de los sistemas sociales y económicos.

Entre las acciones que se porponen a nivel gubernamental, por ejemplo, figuran el adoptar planes y objetivos coherentes con el Acuerdo de París para la transición a unas emisiones netas cero de dióxido de carbono en 2050, y reducir las emisiones en un 45% en 2030 respecto a 2010. Poner un precio al carbono, eliminar gradualmente el financiamiento de los combustibles fósiles y suprimir los subsidios que reciben, dejar de construir nuevas centrales eléctricas de carbón y fomentar la adaptación y la resiliencia ante el cambio climático.

A nivel urbano, se propone diseñar y desarrollar ciudades y asentamientos sostenibles desde el punto de vista social y ambiental mediante la adaptación de soluciones basadas en la naturaleza, la promoción de un mayor acceso a servicios como el agua y la energía limpias y el transporte público, y la materialización de infraestructuras y edificios sostenibles.

También hay medidas para la regulación de los mercados. Entre ellas, reformar los sistemas económicos, financieros, de planificación y fiscales nacionales para incluir en la toma de decisiones el capital natural (utilizando la riqueza inclusiva como medida de unos resultados económicos sostenibles) y los costos ambientales (internalizando las externalidades). Integrar los objetivos de neutralidad en emisiones de carbono, neutralización de la degradación de las tierras y conservación de la biodiversidad en todas las políticas y decisiones económicas y fiscales.

También suprimir los subsidios a los combustibles fósiles, establacer impuestos y fijación de precios al carbono, comercio de derechos de emisión de carbono, planes de compensación a la naturaleza, y pagos por los servicios de los ecosistemas.
En cuanto al rol del sistema financiero, se propone que las instituciones de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales, así como los bancos privados, se comprometan a adaptar sus préstamos al objetivo mundial de cero emisiones netas de carbono.

“Los propietarios y gestores de activos deben descarbonizar sus carteras y sumarse a iniciativas como la Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible y la Alianza de Propietarios de Activos con Cero Emisiones Netas. Los bancos de desarrollo multilaterales y nacionales deben comprometerse a aumentar la proporción de la financiación para la adaptación y la resiliencia hasta por lo menos el 50% de su financiación relacionada con el clima en apoyo de actividades como los sistemas de alerta temprana y la infraestructura y la agricultura resilientes ante el cambio climático”, afirman.

El sector privado, las empresas, también tienen que jugar un rol en esta transformación. Entre otras acciones, señala el informe de la ONU, deben ayudar a formular y hacer cumplir una legislación ambiental robusta que establezca condiciones de igualdad, de tal modo que las empresas no puedan obtener ventajas competitivas al externalizar costos que luego son asumidos por la sociedad. Aplicar prácticas sostenibles certificadas e identificables a lo largo de toda la cadena de suministro, y dar a conocer los riesgos financieros relacionados con el clima y el uso de los recursos naturales, así como el impacto de las actividades en el medio ambiente.

También deben ajustar los modelos empresariales y adaptarlos al objetivo global de cero emisiones netas de carbono y a las prácticas de sostenibilidad en todos los sectores, mientras que los inversores deben exigir a las empresas información sobre la resiliencia de estos modelos. Al mismo tiempo, señalan, deben desarrollar y promover alianzas innovadoras entre el sector público y el privado para financiar y participar en la conservación y restauración de la biodiversidad, por ejemplo, mediante el uso de pagos por los servicios de los ecosistemas, aplicar prácticas de gestión de la tierra sostenibles para la agricultura y la silvicultura, y desarrollar cadenas de suministro mundiales sostenibles para productos básicos agrícolas que no contribuyan a la deforestación.

¿Y qué pasa con las personas? Su acción también es clave para que el cambio avance. Por ejemplo, el informe señala que deben ejercer los derechos de sufragio y cívicos, y exigir a las administraciones públicas y el sector privado que rindan cuentas de sus actos a fin de fomentar normas y comportamientos sociales que incorporen los principios de la sostenibilidad; revisar y comentar las políticas locales y nacionales; participar en iniciativas que promuevan el consumo sostenible, y en iniciativas de educación y ciencia ciudadana.

“Tomar en el día a día decisiones respetuosas con el clima en materia de desplazamientos y consumo, que contribuyan a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono (…) Participar en procesos participativos con miras a promover la planificación urbana sostenible y las iniciativas para aumentar el acceso a los servicios urbanos, y promover soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde y azul, y apoyar iniciativas para incluir los costos ambientales en los precios de los bienes y servicios a fin de fomentar las transformaciones económicas y financieras”, señala el informe, entre otras.