Así como la primera revolución industrial produjo un incremento exponencial en la producción mundial de bienes y servicios, incrementando el bienestar y el crecimiento de los países, su dependencia de los combustibles fósiles causó que en las últimas décadas la relación entre el desarrollo económico y el cambio climático se ha tornado endógena a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). “Es decir, el cambio climático ha comenzado a generar efectos negativos sobre el desarrollo de los países, tales como el aumento del nivel del mar, olas de calor que han aumentado la ocurrencia de incendios forestales, e inundaciones más extremas y sequías más prolongadas, que han afectado a todos los sectores productivos”.

Hoy el riesgo es cierto y documentado. Los desastres naturales -la mayoría por fenómenos climáticos extremos- le cuestan a las empresas más de US$300 mil millones al año, y tienen un impacto directo en la población de al menos US$90 mil millones. En cuanto a nuestro país, el informe más reciente sobre el riesgo climático de los países ubica a Chile en el lugar 16 a nivel global. El desafío actual para los países es no solo complejo, sino también doble: mitigar para reducir las emisiones de GEI y frenar el calentamiento global, y adaptarse a los nuevos escenarios para la seguridad de las economías y los ciudadanos.

Así lo plantea un reciente documento de síntesis de política pública de Confluir, una plataforma lanzada oficialmente el pasado 11 de diciembre y creada por jóvenes profesionales que busca pensar un nuevo Chile y sus políticas públicas, generando un punto de encuentro entre la ciudadanía, la técnica y la política. Pero lo que también plantea el documento, es que el cambio climático es una ventana de oportunidad para el desarrollo económico del país. ¿La fórmula? Un salto tecnológico en sectores claves de la economía.

“Desde hace un par de décadas hemos visto que el efecto no es solo de la economía hacia el cambio climático, sino que el cambio climático hacia la economía”, dice Jorge Valverde, director ejecutivo de Confluir y uno de los autores del estudio, al presentar el documento. “El Banco Central -agrega- ha estimado que el 25% de nuestro PIB se encuentra altamente expuesto a los riesgos de cambio climático. Estas son señales de alerta que nos dicen que la cancha en la que vamos a jugar en los próximos años no es la misma en la que jugamos anteriormente. Van a haber nuevas restricciones en el mundo respecto de cómo desarrollarnos, cómo crecer”.

Y en ese escenario, que el cambio climático se transforme en una ventana de oportunidad quiere decir que aumenta la probabilidad de generar esta destrucción creativa que permita un catching up tecnológico, tanto de las empresas como de la industria. “En el largo plazo sabemos que el crecimiento está dado exclusivamente por el progreso tecnológico, y este en función de la innovación, y la innovación genera esta destrucción creativa que permite ser más eficiente, generar mejores productos y un mix productivo más complejo. Para esta ventana de oportunidad existen gatillantes, ciertas variables que hacen más probable o no generar estecatching up: el conocimiento y tecnología, la demanda, y la institucionalidad y regulación”, afirma Valverde.

Según plantean los investigadores en el documento, el establecimiento de metas de emisión por parte de los países representa una palanca para el desarrollo económico, o bien una barrera, dependiendo del nivel tecnológico del país o de su capacidad de absorber nuevas tecnologías. Y para los países que están más cerca de la frontera tecnológica, pero que no son líderes en las distintas industrias, las metas de emisión constituyen una ventana de oportunidad porque coloca incentivos sobre los sectores productivos para que transiten hacia economías bajas en carbono. Esto, finalmente, promueve la innovación y posibilita que los países puedan hacer un catching up respecto a los líderes tecnológicos.

¿Cómo hacerlo en Chile? La propuesta que se plantea es que la meta de emisiones del país sea incorporada institucionalmente como un ancla real para el desarrollo de largo plazo del país, en conjunto con una meta de nivel de desarrollo económico (PIB per cápita) que permita fijar expectativas e incentivos para la evolución de la matriz productiva y el desarrollo tecnológico de las industrias. “La tarea sería trazar distintos patrones de desarrollo económico basados en las industrias nacientes potenciales y la actualización tecnológica necesaria para cumplir ambos objetivos (emitir menos y crecer más), basados en una estrategia conjunta y coherente de desarrollo”, señala el informe.

En el caso de las industrias nacientes potenciales están por ejemplo el hidrógeno verde, al electromovilidad, la comercialización de offset por captura, la matriz de generación renovable o el almacenamiento de energía. La actualización tecnológica, en tanto, se debiera generar en los sectores productivos tradicionales en los que Chile tiene ventajas comparativas a nivel global, como la minería, la industria silvoagropecuaria o la salmonicultura.

“Lo que estamos planteando -dice Valverde- es que hay sectores en los cuales Chile tiene ventajas comparativas, que está dentro de los principales productores, donde podríamos acelerar este catching uptecnológico aumentando la sofisticación de los productos. A la vez, se podría fomentar el desarrollo de nuevas industrias a partir de los mercados verdes, porque si efectivamente la industria a nivel mundial avanzan hacia la carbono neutralidad se va a necesitar captura de CO2 en grades volúmenes”.

“Hoy, agrega, esas capacidades no están completamente empaquetadas, y Chile tiene ciertas ventajas geográficas en que se pueden buscar soluciones basadas en la naturaleza que implican también una innovación, porque hay que generar líneas base y saber, por ejemplo, cuánto se puede capturar por los bosques de algas marinas que Chile posee en sus costas. Cuánto puede capturar la tundra patagónica. Todos estos son mercados incipientes, pero si efectivamente la regulación mundial avanza en esa línea, van a generar una demanda en que Chile, si es un early mover en estos ámbitos, podría tener una ventaja comparativa”.

El rol de la regulación

En esto será clave, ciertamente, el establecimiento de las metas de emisión nacionales y sectoriales, la regulación, los incentivos y un sistema de trazabilidad, entre otros, que minimicen la inconsistencia dinámica que emerge de los cambios regulatorios de cada gobierno y reduzcan la incertidumbre. De acuerdo al documento, “la introducción de instrumentos de política económica implica un cambio radical con respecto a la visión actual, desde un enfoque pasivo a un enfoque proactivo respecto a intencionar los resultados específicos en materia de emisiones y crecimiento económico”.

“Todo el marco regulatorio e institucional es clave para minimizar la incertidumbre de invertir en tecnologías nuevas, innovadoras, y que por lo tanto son riesgosas. Fomentar el desarrollo de nuevas industrias a partir de los mercados verdes necesita la adaptación de distintos componentes del sistema económico a nuevos productos, necesita que la regulación se adapte, necesita que el mundo científico genere nuevas líneas base, necesita medir y verificar que efectivamente existen las capturas o reducciones de emisiones para estos mercados de offset”, plantea Jorge Valverde.

Respecto de la propuesta lanzada en el documento de Confluir, Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), coincide con la afirmación de que el cambio climático es una ventana de oportunidad para el desarrollo económico del país, aunque “obviamente hay matices respecto de cómo esto se logra”.

“Compartiendo la tesis central -agrega Piedrabuena-, es decir, que creemos que el cambio climático ofrece una ventana de oportunidad, es que la CMF desde un año y medio a la fecha ha estado muy proactiva en estos temas. ¿Por qué? Porque entendemos que el sistema financiero va a ser clave para lograr el desarrollo planteado, es decir, el movimiento de recursos hacia estos proyectos que nos permiten hacer el catching upes clave en esta estrategia de desarrollo si es que se quiere adoptar”.

El mercado financiero, plantea, no solo se ve afectado por el cambio climático, sino también puede promover -o no- el cambio. Adicionalmente, para la estabilidad financiera es necesario integrar los factores del cambio climático, ya que este afecta a la economía real porque cambia la estructura de costos, produce interrupciones en los negocios, hay costos de reconstrucción y reemplazo cuando ocurren eventos climáticos catastróficos, se interrumpen las cadenas de suministro y hay volatilidad de precios de activos, ya sean materias primas, renta variable o renta fija.

Es decir, plantea Bernardita Piedrabuena, “el cambio climático afecta la resiliencia del sistema financiero”, por lo que el CMF actúa en este ámbito bajo tres objetivos centrales: la estabilidad financiera, la conducta de mercado y el desarrollo de mercado. Además, para abordar estos desafíos se ha elaborado una estrategia de cambio climático, y un plan para desarrollar el mercado verde entre otros.

Entre las tareas de la CMF, dice Piedrabuena, “se están evaluando instrumentos regulatorios y modificaciones normativas sobre gobiernos corporativos y gestión de riesgos de las entidades que fiscaliza la CMF. Esta norma, la 386, dice relación directa con los temas de ESG. La norma nueva que está en consulta pública, y que estamos discutiendo, establece una serie de requerimientos de información por parte de las sociedades anónimas abiertas, que transan valores de oferta pública, en relación a cambio climático, porque esa información es importante hoy para quienes quieren invertir en instrumentos de empresas”.

Por otro lado, se están identificando y evaluando qué aspectos de riesgo provenientes de cambio climático están afectando tanto a bancos como a intermediarios, corredores, bolsas y compañías de seguro. “Se está trabajando en la normativa para poder actualizar estos estándares a nivel de la industria, y se está integrando la visión de cambio climático en la supervisión de nuestros regulados”.

También se están evaluando las brechas que impiden el desarrollo de un mercado verde, para más adelante proponer cambios legislativos o adoptar cambios normativos para promoverlo. “Ahí un tema clave, si uno conoce la experiencia de los bonos verdes, es la taxonomía y los sistemas de verificación. Es decir, cómo me aseguro como inversionista que a la empresa que le compré una acción o valor está efectivamente invirtiendo en proyectos verdes, y evitar el greenwashing”.

En definitiva, dice, la CMF “considera como estratégicos los efectos del cambio climático en el sistema financiero, no solo por las implicancias de estabilidad y conducta, sino por la función y el apoyo que podemos dar para el desarrollo de este mercado”. Por ello, se formó un grupo de trabajo transversal al interior de la institución en el marco la mesa público-privada de finanzas verdes impulsada por el Ministerio de Hacienda. “Estamos trabajando para aumentar el nivel de conocimiento, el capital humano, los procesos y tecnologías que necesitamos para realizar toda esta tarea que es titánica y muy desafiante. Y, muy importante, asegurándonos que las instituciones financieras que están bajo nuestro perímetro regulatorio, administren en forma adecuada estos riesgos”.

Rodrigo Valdés: orientar el sistema a los objetivos

El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es más escéptico a las oportunidades que se abren con la crisis climática principalmente porque como el tema de la mitigación de emisiones -como define el informe- se entiende como un bien público, en que todos los países se beneficiarían de una reducción de emisiones, y por lo mismo, ninguno tiene el incentivo de asumir ese costo, “estamos frente a un tema mucho más complejo, porque uno no puede obligar a otro Estado a hacer lo que uno cree que tiene que hacer”.

Por ello, afirma, más que una oportunidad, a su juicio la crisis climática es más bien “un shock negativo, descubrimos que teníamos este problema hace algunos años y hay formas de resolverlo mejor o peor. Entonces diría que tenemos un gran problema, y hay maneras de enfrentarlo que son mejores que otras. Las maneras malas nos llevan a desaparecer como raza en un tiempo finito, las maneras buenas nos llevan a existir, y además no es tan caro. Y si lo hacemos muy bien, nos deja igual que hoy”.

“Pero siendo proactivo -agrega-, y suponiendo que vamos a ir por mitigar y no por adaptar, y usar tecnologías pro mitigación, me gustaría apuntar a dos cosas. La primera tienen que ver con la capacidad del Estado y las herramientas que debiera usar para tomar la oportunidad de usar nuevas tecnologías. Creo que es muy importante tener objetivos, como propone el documento, pero es insuficiente. La segunda etapa es cómo hacemos política pública para orientar el sistema hacia esos objetivos”.

En concreto, plantea, la pregunta es qué hacemos: “¿ponemos impuestos, ponemos subsidios, prohibimos empresas, etc?. Y eso creo que hay que trabajarlo. El documento es muy bueno en dejar en claro que no cualquier cosa se puede hacer, que estas cosas tienen costos, pero me falta ese siguiente paso para decir tenemos una estrategia”.

En cuanto a la importancia de una coherencia regulatoria en el tiempo, plantea que “no me preocupan tanto los cambios regulatorios aleatorios, sino que invitar a cambios que un tiempo después se consideran insuficientes y uno se hace poco creíble como Estado si está apretando las tecnologías y no lo hace a tiempo. Para poner un ejemplo, están las fundiciones: cuando se hace el cambio y cuándo se hace en serio es más difícil. Otro tema complejo es la coherencia entre sectores, y ahí voy a poner el agua como un ejemplo. Hay que ordenar las prioridades, y si la prioridad es el cambio climático hay que ordenarse en torno a eso”.