A medida que los efectos del cambio climático (CC) se hacen más evidentes, se hace también  innegable que el nuevo escenario alcanza a todos los ámbitos de la vida. Y en este sentido, el sistema financiero no es la excepción. Así, el mercado donde se transa el dinero está siendo también fuertemente afectado por las alteraciones climáticas causadas principalmente por la actividad humana.

Desde una tradicional cuenta de ahorro hasta un arriesgado fondo de inversión están expuestos a sufrir consecuencias negativas si el sistema financiero no se prepara para hacer frente a los riesgos que significan las consecuencias del cambio climático, entendiendo esos peligros desde el tangible aumento de las temperaturas hasta la inadecuada adaptación a las normativas y a los modos de producción que buscan detener el CC.

Para contribuir a conocer y gestionar esos riesgos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que regula y supervisa a ese sector de la economía, desarrolló su Estrategia para Enfrentar el Cambio Climático, que fue presentada el 25 de septiembre.

Con esa Estrategia, la Comisión busca -entre otros objetivos- ayudar a los partícipes del sistema a visualizar y gestionar adecuadamente los riesgos de los activos financieros asociados al cambio climático. No es algo menor si se considera que la CMF es el servicio público encargado de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero en Chile y, como tal, tiene bajo su ámbito de supervisión a casi ocho mil instituciones, que representan más del 70% de los activos financieros regulados en el país.

Así, la CMF regula a los bancos e instituciones financieras como sociedades de leasing inmobiliario, sociedades de cobranza, cooperativas de ahorro y crédito, emisores y operadores de tarjetas de créditos, entre muchos otros.

Además, dentro del mercado de valores, entre las entidades fiscalizadas por la CMF destacan las cajas de compensación de asignación familiar, corredores de bolsa, fondos mutuos, fondos de admisión rescatables y sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP). Mientras que en el mercado de seguros, la CMF fiscaliza -entre otros- a compañías de seguros (crédito, de vida, generales), asesores previsionales, corredores de seguros, liquidadores de siniestros, y agentes de ventas de rentas vitalicias.

La elaboración de esta nueva Estrategia de la Comisión para el Mercado Financiero estuvo a cargo de un equipo de especialistas encabezado por Carolina Flores, coordinadora del Grupo de Trabajo para Cambio Climático 2020-2022, quien aseguró que “la CMF considera relevante reconocer los impactos de estos cambios en el sistema financiero, a partir de la convicción de que el comportamiento humano tiene efectos en los severos cambios que se vienen produciendo en los patrones climáticos y cómo estos generan efectos en todas las actividades, incluyendo las económicas”.

Esta Estrategia tiene tres objetivos primordiales: impulsar la divulgación de información y riesgos asociados al cambio climático; facilitar el desarrollo de un mercado financiero verde; e integrar los riesgos climáticos a la supervisión prudencial. Para alcanzar estos propósitos, la entidad tiene un plan de trabajo que ejecutará en el corto, mediano y largo plazo.

Es decir, la CMF incorpora el riesgo climático a las múltiples situaciones que debe monitorear para que, tanto del sistema financiero en general como los actores que lo conforman, mantengan su solvencia y estabilidad. “La Comisión reconoce que el CC representa un potencial riesgo financiero y considera que abordarlo es parte de su mandato legal de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del sistema financiero”, indica el documento.

La CMF es una institución relativamente nueva, comenzó sus funciones en 2017 como sucesora de la Superintendencia de Valores y Seguros, y de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, y a partir de 2019 es también la continuadora legal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Según explica Carolina Flores, “la principal ventaja es la visión conjunta y la consistencia regulatoria principalmente en grupos económicos donde antes de la fusión existía más de un regulador. La unificación permite, de hecho, la creación de una estrategia única para todo el sector”.

A partir de ese rol de supervisor financiero integrado, en la CMF recae la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema, principalmente para evitar una crisis financiera que, cuando se produce, golpea a toda la economía y por ende a la sociedad.

– ¿Cómo podría verse afectada la ciudadanía en general, en términos concretos, por los efectos que el CC puede tener en el sistema financiero?

Por ejemplo, al subestimar los riesgos del cambio climático y valorar erróneamente los activos en los que invierte, como las inversiones que realizan las AFP; o subestimaciones por parte de las compañías de seguros que deriven en la imposibilidad de poder cumplir con sus compromisos.

-¿De qué manera “conversa” esta Estrategia de la CMF con la agenda de finanzas verdes del gobierno?

La Comisión participa en la Mesa de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda como contraparte técnica y, además, el presidente de la Comisión es parte del Comité a cargo de la elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050, donde se busca definir una visión país en materias de cambio climático.

-En el documento se señala que también deben ser aprovechadas las oportunidades que el nuevo escenario ofrece, ¿puede mencionar y explicar algunos ejemplos?

No todos los efectos del cambio climático son negativos. A partir de los cambios que implique adaptarse a estos nuevos escenarios pueden surgir oportunidades para nuevos mercados, particularmente un mercado financiero “verde” que asista a la economía en la adaptación y mitigación de los impactos producidos.

-¿Qué actividades económicas o productos financieros “verdes” debieran ser promovidos en este contexto?

Aquellos que permitan garantizar la disponibilidad de recursos para transitar a una economía sostenible y baja en carbono; y que puedan verificar confiable y estandarizadamente su calidad de “verde”.

Los riesgos

En la Estrategia para Enfrentar el Cambio Climático de la CMF se señalan tres tipos de riesgos: físicos,  de transición, y de responsabilidad legal. Respecto a la tercera categoría, se indica que “no goza del mismo reconocimiento transversal (que las otras dos) pero vale la pena abordarla”.

El riesgo físico consiste “en la potencial ocurrencia de pérdidas ocasionadas por el acontecimiento de eventos climáticos extremos o bien, por los cambios graduales y a largo plazo en los patrones climáticos”. Como ejemplos de este riesgo se mencionan la mega sequía que en la última década ha afectado al norte chico y la zona centro-sur, la ocurrencia de grandes marejadas en las costas y los incendios forestales masivos en el centro y sur del país.

Entre otros problemas, esas situaciones podrían afectar eventualmente a las compañías de seguros, ya sea porque no estén debidamente preparadas (por una débil gestión de riesgos) o, porque los eventos extremos dañen zonas muy amplias y se transformen en riesgos sistémicos.

Al respecto, en la Estrategia se señala que “el rol que juegan las instituciones financieras en prevenir esto es importante; así como bancos, administradoras generales de fondos y compañías de seguros deben escoger proyectos que demuestren ser negocios viables y con rangos de riesgos aceptables, debieran también considerar en su evaluación aquellos proyectos que demuestren haber considerado los riesgos climáticos y pueda razonablemente esperarse que sortearán con éxito los riesgos derivados del CC y los efectos que en el tiempo pudiera tener en dichos proyectos o negocios”.

En cuanto al riesgo se transición, se refiere a “la potencial pérdida de valor derivada de la respuesta de la sociedad al cambio climático, que puede materializarse en cambios legales y/o regulatorios, innovación tecnológica o cambios en los patrones de conducta de las personas”. Algunos ejemplos son las iniciativas regulatorias como la Ley Marco de Cambio Climático, que establece una meta de carbono neutralidad al año 2050; la Ley N° 21.100 que Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional; o el Plan de Descarbonización. Todo esto –dice el documento- obliga a los actores de la economía a adaptarse, y los que no estén preparados para hacerlo podrían verse afectados negativamente, lo mismo que aquellos que sean intensivos en la emisión de carbono, como los sectores del retail, energía, transporte y minería.

Y en este ítem no solo cuenta lo que ocurre a nivel nacional. “Cambios regulatorios, en los patrones de consumo o nuevos desarrollos tecnológicos ocurridos en países que sean socios comerciales de Chile son importantes fuentes de riesgo y pueden impactar el valor de materias primas exportadas o demandadas por la economía local afectando otras variables financieras y/o macroeconómicas”, se lee en la Estrategia de la CMF para Enfrentar el Cambio Climático.

Respecto a los riesgos de responsabilidad legal, Carolina Flores explica que “están relacionados con la posible pérdida de valor de los activos financieros de una institución al ser perseguida por la responsabilidad que pudiera caberle al asumirla como responsable de daños asociados al cambio climático”.

Este tipo de responsabilidad –se indica en la Estrategia- es especialmente relevante para las compañías de seguros que asumen ese tipo de riesgos por efecto de los seguros de responsabilidad civil que puedan contratar las empresas que desarrollan actividades que pueden derivar en dichas pérdidas o daños. “En algunas jurisdicciones se ha detectado un aumento de la litigiosidad buscando hacer efectiva la responsabilidad de compañías de sectores industriales, sus directorios y alta administración por un supuesto actuar negligente frente al CC o bien, por supuestamente causar daños indirectamente”, agrega el documento.

–¿Por qué es necesario que la CMF provea de esta información a las instituciones y ejerza su rol de supervisión prudencial?

La disponibilidad de información respecto a los efectos del cambio climático sobre las empresas, y cómo a su vez ellas impactan el medio, permite que los partícipes de los mercados puedan valorar y gestionar adecuadamente los riesgos de los activos financieros asociados al CC, tanto desde la perspectiva de riesgos físicos, como de riesgos de transición, incluyendo riesgos legales y reputacionales. A su vez, permite que los inversionistas que buscan mitigar el cambio climático puedan decidir sobre su portafolio de inversión de manera informada.

Desde la perspectiva prudencial, la información sobre los riesgos de las empresas permite a los intermediarios financieros gestionar de mejor manera sus riesgos de crédito y de mercado.

-¿Por qué el tema no había sido abordado con anterioridad en el sistema financiero, a pesar de que el debate en torno al CC ha estado presente al menos la última década?

Al observar las recomendaciones de organismos internacionales de regulación y supervisión financiera, se tiene que, si bien el cambio climático no es un tema nuevo, las visiones respecto a la forma de abordarlo son relativamente recientes, además de diferencias en términos de los niveles de incorporación en las distintas jurisprudencias. Se podría decir que solo en los últimos años se ha llegado a ciertos acuerdos respecto a la manera de abordar el fenómeno en el mundo.

En particular respecto a la CMF, dado su mandato legal y su enfoque prospectivo y prudencial se encuentra permanentemente identificando, estudiando y monitoreando nuevos riesgos.

-¿Cree que el sistema financiero nacional está preparado para enfrentar estos riesgos?

Hoy no es posible negar la relación de los efectos del CC en la industria financiera, por tanto, los distintos mercados que la componen ya están trabajando para resolver cómo enfrentarlos. La modelación actual de los riesgos en las propias instituciones quizás no menciona de manera específica al cambio climático, pero al analizar en profundidad es posible observar distintos niveles de incorporación en la gestión de las industrias.

Ahora bien, el regulador, reconoce que se requiere avanzar en funciones normativas y de estandarización, en los distintos aspectos de divulgación, supervisión prudencial y desarrollo de mercados.