A medida que los efectos del cambio climático (CC) se hacen más evidentes, se hace también innegable que el nuevo escenario alcanza a todos los ámbitos de la vida. Y en este sentido, el sistema financiero no es la excepción. Así, el mercado donde se transa el dinero está siendo también fuertemente afectado por las alteraciones climáticas causadas principalmente por la actividad humana.
Desde una tradicional cuenta de ahorro hasta un arriesgado fondo de inversión están expuestos a sufrir consecuencias negativas si el sistema financiero no se prepara para hacer frente a los riesgos que significan las consecuencias del cambio climático, entendiendo esos peligros desde el tangible aumento de las temperaturas hasta la inadecuada adaptación a las normativas y a los modos de producción que buscan detener el CC.
Para contribuir a conocer y gestionar esos riesgos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que regula y supervisa a ese sector de la economía, desarrolló su Estrategia para Enfrentar el Cambio Climático, que fue presentada el 25 de septiembre.
Con esa Estrategia, la Comisión busca -entre otros objetivos- ayudar a los partícipes del sistema a visualizar y gestionar adecuadamente los riesgos de los activos financieros asociados al cambio climático. No es algo menor si se considera que la CMF es el servicio público encargado de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero en Chile y, como tal, tiene bajo su ámbito de supervisión a casi ocho mil instituciones, que representan más del 70% de los activos financieros regulados en el país.
Así, la CMF regula a los bancos e instituciones financieras como sociedades de leasing inmobiliario, sociedades de cobranza, cooperativas de ahorro y crédito, emisores y operadores de tarjetas de créditos, entre muchos otros.
Además, dentro del mercado de valores, entre las entidades fiscalizadas por la CMF destacan las cajas de compensación de asignación familiar, corredores de bolsa, fondos mutuos, fondos de admisión rescatables y sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP). Mientras que en el mercado de seguros, la CMF fiscaliza -entre otros- a compañías de seguros (crédito, de vida, generales), asesores previsionales, corredores de seguros, liquidadores de siniestros, y agentes de ventas de rentas vitalicias.
La elaboración de esta nueva Estrategia de la Comisión para el Mercado Financiero estuvo a cargo de un equipo de especialistas encabezado por Carolina Flores, coordinadora del Grupo de Trabajo para Cambio Climático 2020-2022, quien aseguró que “la CMF considera relevante reconocer los impactos de estos cambios en el sistema financiero, a partir de la convicción de que el comportamiento humano tiene efectos en los severos cambios que se vienen produciendo en los patrones climáticos y cómo estos generan efectos en todas las actividades, incluyendo las económicas”.
Esta Estrategia tiene tres objetivos primordiales: impulsar la divulgación de información y riesgos asociados al cambio climático; facilitar el desarrollo de un mercado financiero verde; e integrar los riesgos climáticos a la supervisión prudencial. Para alcanzar estos propósitos, la entidad tiene un plan de trabajo que ejecutará en el corto, mediano y largo plazo.
Es decir, la CMF incorpora el riesgo climático a las múltiples situaciones que debe monitorear para que, tanto del sistema financiero en general como los actores que lo conforman, mantengan su solvencia y estabilidad. “La Comisión reconoce que el CC representa un potencial riesgo financiero y considera que abordarlo es parte de su mandato legal de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del sistema financiero”, indica el documento.
La CMF es una institución relativamente nueva, comenzó sus funciones en 2017 como sucesora de la Superintendencia de Valores y Seguros, y de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, y a partir de 2019 es también la continuadora legal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Según explica Carolina Flores, “la principal ventaja es la visión conjunta y la consistencia regulatoria principalmente en grupos económicos donde antes de la fusión existía más de un regulador. La unificación permite, de hecho, la creación de una estrategia única para todo el sector”.
A partir de ese rol de supervisor financiero integrado, en la CMF recae la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema, principalmente para evitar una crisis financiera que, cuando se produce, golpea a toda la economía y por ende a la sociedad.
– ¿Cómo podría verse afectada la ciudadanía en general, en términos concretos, por los efectos que el CC puede tener en el sistema financiero?
Por ejemplo, al subestimar los riesgos del cambio climático y valorar erróneamente los activos en los que invierte, como las inversiones que realizan las AFP; o subestimaciones por parte de las compañías de seguros que deriven en la imposibilidad de poder cumplir con sus compromisos.
-¿De qué manera “conversa” esta Estrategia de la CMF con la agenda de finanzas verdes del gobierno?
La Comisión participa en la Mesa de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda como contraparte técnica y, además, el presidente de la Comisión es parte del Comité a cargo de la elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050, donde se busca definir una visión país en materias de cambio climático.
-En el documento se señala que también deben ser aprovechadas las oportunidades que el nuevo escenario ofrece, ¿puede mencionar y explicar algunos ejemplos?
No todos los efectos del cambio climático son negativos. A partir de los cambios que implique adaptarse a estos nuevos escenarios pueden surgir oportunidades para nuevos mercados, particularmente un mercado financiero “verde” que asista a la economía en la adaptación y mitigación de los impactos producidos.
-¿Qué actividades económicas o productos financieros “verdes” debieran ser promovidos en este contexto?
Aquellos que permitan garantizar la disponibilidad de recursos para transitar a una economía sostenible y baja en carbono; y que puedan verificar confiable y estandarizadamente su calidad de “verde”.