El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que busca fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad del país. Los cambios incluidos mejorarán la participación ciudadana, fortalecerán los instrumentos de  gestión ambiental –como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)- y resolverán incertidumbres para comunidades e inversionistas en la tramitación de proyectos.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación y destacó que “esta propuesta incluye los aportes de los distintos actores, los que fueron recogidos en un proceso amplio de participación. Esta reforma se plantea como un proyecto de ley equilibrado al combinar aspectos pro-ciudadanía, pro-ambiente y pro-inversión. Está alineado con el Acuerdo de Escazú al mejorar la participación y también disminuye incertidumbres y hace más eficiente la tramitación de proyectos de inversión, mejorando los estándares ambientales”.

La titular de Medio Ambiente añadió que “como país tenemos una gran oportunidad. Este proyecto nos permitirá alcanzar un gran acuerdo transversal para proteger a las personas, el medioambiente y dar certezas a las comunidades e inversionistas”.

Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático la propuesta quedó lista para ser ingresada próximamente al Congreso para su tramitación legislativa.

SEIA: mayor componente técnico

Uno de los aspectos principales de la reforma es mejorar al SEIA. Tras 30 años de funcionamiento, su modernización permitirá prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y hacerlo más eficiente. Para ello, por ejemplo, se fortalecerá el carácter técnico en la calificación de proyectos, para lo que se eliminará el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA). Serán reemplazadas por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Dirección Regional del organismo, respectivamente. Con esto, las decisiones se basarán en antecedentes técnicos y evidencia científica.

También las modificaciones al SEIA apuntan a avanzar en mayor acceso a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que representan el 95% de los proyectos evaluados en el Sistema. Por ello, se eliminan los conceptos de “cargas ambientales” y de “comunidades próximas”, que han sido fuente de importante incertidumbre para los titulares y de exigencia excesiva para la ciudadanía, provocando la intervención de tribunales en reiteradas ocasiones.

Además, se creará un procedimiento voluntario de participación temprana. Así, los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo al ingreso al sistema. Existirán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos.

También, se crea un recurso de reclamación único y simplificado que entrega certeza sobre las vías de impugnación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a todos los actores. Este nuevo recurso de reclamación tendrá legitimidad amplia y la Dirección Ejecutiva del SEA deberá responder basado en los antecedentes técnicos entregados, en un plazo acotado.

Se introducirán modificaciones para considerar los impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación de proyectos en el SEIA. Los proyectos deberán informar sobre los impactos de otras iniciativas en el área de influencia y serán parte del procedimiento de evaluación.

De igual modo, se entregan certezas en materias como la revisión extraordinaria de una RCA, tipologías de ingreso, término anticipado de la evaluación, consultas de pertinencias. Se crean reglas especiales de disminución de plazos de evaluación para necesidades públicas urgentes o en el caso de que existan instrumentos de ordenamiento territorial.

Daño ambiental

La propuesta elaborada por el Ejecutivo, alineada con el Acuerdo de Escazú, mejora la acción de reparación estableciendo la legitimación activa como parte principal a todo evento del Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, se crean mecanismos para disminuir las asimetrías al momento de presentar pruebas y se clarifica mejor el plazo de prescripción por daño ambiental, lo que permitirá cumplir con el principio de responsabilidad, una mayor protección del medio ambiente y dotar de mayor certeza jurídica a las decisiones de los tribunales.