Gobierno envía veto presidencial a artículo de ley Pro Inversión relacionado con calificación ambiental de proyectos
Observación busca suprimir el numeral 2 del Artículo 1, relacionado con el carácter de “no vinculante” de los pronunciamientos del SEA respecto de las consultas de pertinencia para ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A través de un documento firmado por el Presidente Sebastián Piñera; el ministro de Economía, Lucas Palacios; y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el Ejecutivo ingresó hoy al Congreso un veto supresivo al proyecto de ley Pro Inversión aprobado a fines de agosto por el Congreso, observación referida expresamente al numeral 2 del Artículo 1 de la ley, relacionado con el carácter de “no vinculante” de los pronunciamientos del SEA respecto de la pertinencia de ingreso al SEIA de los proyectos de inversión.
El proyecto de ley, presentado en mayo de 2018 por el gobierno, persigue tres elementos centrales: disminuir los plazos de tramitación de los proyectos, reduciendo el costo asociado a tiempo sin sacrificar la rigurosidad de los procedimientos; eliminar las incertezas jurídicas, clarificando la aplicación de ciertos preceptos legales con el fin de evitar interpretaciones ambiguas; y mejorar la información disponible para los inversionistas mineros, haciendo de aquel mercado uno más transparente, competitivo y moderno.
El objetivo, señaló el Ejecutivo, era corregir una serie de aspectos legales que desincentivan o retrasan la inversión, sin rebajar los estándares de evaluación ambiental de los proyectos. Esto implicaba la modificación de una serie de cuerpos legales, entre ellos la Ley de Bases del Medio Ambiente.
Así, durante la tramitación del proyecto en sus distintas instancias, señala el gobierno, se estableció una modificación al Artículo 11 quáter de dicha ley, que señala que “sin perjuicio de las facultades de la Superintencia para requerir el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán dirigirse al Director Regional o al Director Ejecutivo del Servicio (SEA), según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad requiere someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.
“El pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior -agrega la indicación- será siempre vinculante para efectos de seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales que procedan, en conformidad a la ley”.
No obstante esto, señala el Ejecutivo, al pasar el proyecto a Comisión Mixta, “se innovó totalmente respecto de las etapas previas de la tramitación legislativa”, y se modificó dicho texto señalando que “la respuesta que emita el Servicio (SEA) no será vinculante para efecto alguno, y deberá ser comunicada a la Superintendencia (SMA)”, quedando de esta forma en el texto final aprobado por el Congreso.
Esto, señala el veto presentado hoy por el Ejecutivo, “además de ser discordante con el reconocimiento legal de dichas consultas, es contradictorio con la idea matriz y los objetivos que persigue el proyecto de ley”. Al no ser vinculante la respuesta del SEA frente a una consulta de pertinencia, agrega, “la respuesta que entregue el SEA será indiferente frente al órgano fiscalizador -la SMA-, a los tribunales ambientales y a la Corte Suprema, si es que se judicializa en una instancia posterior. Lo anterior se traduce en que se resta certeza jurídica a los titulares de inversión. Así, por añadidura, se le resta importancia a la institución que evalúa ambientalmente”.
En este escenario, agrega la presentación del Ejecutivo, “proponemos suprimir el numeral 2 del Artículo 1, que propone incorporar el nuevo Artículo 11 quater a la Ley 19.300, en atención a que dicha redacción solo generará mayor incertidumbre y burocracia, lo que va en contra de la idea matriz y objetivos del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo”. En términos prácticos, esto implica que el proyecto debe volver al Congreso y las modificaciones sancionadas por ambas Cámaras.
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