Luego de cinco años y medio de tramitación, el Congreso despachó ayer el proyecto sobre protección ambiental de las turberas, un tipo de humedal indispensable para el almacenamiento y limpieza de agua, así como para la retención de carbono, algo que los hace indispensables para la mitigación del cambio climático.

En su último trámite, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 142 votos a favor y 5 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias con el Senado en torno a una parte del articulado. Así, el proyecto (boletín 12017-12) quedó listo para pasar al Ejecutivo a fase de promulgación y así convertirse en ley.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien estuvo presente en la Sala, celebró la aprobación de esta iniciativa, que constituía una de las prioridades legislativas del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y destacó el trabajo del Comité Científico que asesoró a la Comisión Mixta. “Este proyecto de ley demuestra que la discusión legislativa puede conversar con la ciencia y cuando eso ocurre los resultados nos permiten llegar a consensos transversales para proteger nuestro medioambiente. Esta fue la razón por la que como Ministerio del Medio Ambiente propusimos la creación de un Comité Científico que contó con la destacada participación de profesionales especialistas en turberas”, expresó.

“A partir de la evidencia científica tenemos ahora un proyecto de ley que protege la turba (…), pero también permite el uso sustentable del pompón y de esa manera una actividad productiva que es relevante en algunas regiones del país”, sostuvo la ministra Rojas en un video subido a la cuenta de X del MMA luego de la votación en la Sala.

Según información entregada por el MMA, las turberas, que en Chile se pueden encontrar entre las regiones de La Araucanía y Magallanes, representan entre el 50% y 70% de los humedales en el mundo y ofrecen servicios ecosistémicos como: almacenamiento y purificación de aguas lluvia; biodiversidad única; secuestro y sumidero de carbono clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Las turberas, agrega el ministerio, son una importante fuente de captura de metano (CH4), un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento global 25 veces mayor al CO2.  Por ello, cuando se extrae la turba se libera CO2 y CH4 a la atmosfera, eliminando los beneficios de la acumulación de gases de efecto invernadero en su interior.

Discrepancia sobre explotación del pompón

El proyecto de ley inició su tramitación en agosto de 2018 mediante moción parlamentaria de los senadores Carmen Gloria Aravena, Alfonso De Urresti, Francisco Chahuán, Ximena Órdenes y la exsenadora Carolina Goic.

La propuesta fue visada por el Senado en octubre de 2019 pero luego modificada de manera sustantiva por la Cámara de Diputados y Diputadas en abril de 2022. Esta última fue rechazada en su totalidad por el Senado en su Tercer Trámite Constitucional dejando la definición de contenido a la Comisión Mixta, que fue asesorada por un Comité Científico integrado por la abogada Verónica Delgado y los científicos Pablo Marquet, Carolina León, Jorge Pérez, Roy Mackenzie y María Paz Martínez.

El proyecto original apuntaba esencialmente a prohibir la explotación de las turberas, de las cuales se extrae comercialmente la turba y del musgo Sphagnum (los que junto con el agua conforman la turbera). Las turbas son mezcla de restos vegetales o materia orgánica muerta, en distintos grados de descomposición, que una vez extraída se usa como combustible y sustrato para la agricultura. El musgo -también llamado pompón-, en tanto, es cosechado para usarlo como sustrato para cultivos hortícolas, frutales y de orquídeas, como también para la industria de productos absorbentes y material de empaque, además de presentar diversos usos como planta medicinal; su exportación ha ido en aumento. La explotación intensiva e ilegal del musgo Sphagnum es particularmente delicada en la Isla Grande de Chiloé, desde donde se exporta a otros países.

El texto aprobado ayer prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional, pero deja abierta la explotación del pompón, señalando que se podrá autorizar el manejo sustentable de cubierta vegetal de musgo Sphagnum, mediante un plan que asegure que no se modifique de manera permanente la estructura y funciones de la turbera.

Sin embargo, la organización Defendamos Chiloé, una de las impulsoras de la iniciativa original, mostró ayer su discrepancia con el texto que fue despachado del Congreso, debido a esa autorización de la cosecha del pompón. El coordinador de la organización, Juan Carlos Viveros, en conversación con País Circular señaló que “es vergonzoso que el proyecto de ley haya estado basado en prohibir la explotación y termine siendo un perfeccionamiento de esa explotación”.

Viveros explica que, en el caso del archipiélago de Chiloé, el texto aprobado pone en riesgo el abastecimiento de agua. “En un contexto de severa escasez hídrica como en el que nos encontramos, no se puede permitir la explotación del musgo Sphagnum. Por las condiciones especiales de nuestro territorio, el pompón cumple un rol fundamental en el ciclo hídrico para proveer del vital elemento a la población y la naturaleza”.

Carta al Presidente Boric

“Tuvimos reuniones con la ministra Rojas y su equipo (en persona y virtual), y nunca cambiamos la postura de que se debía prohibir toda extracción. La extracción del pompón está actualmente regulada por un decreto y con esto se está elevando su extracción a rango de ley, es decir, quedamos peor porque se va a legalizar la extracción. Chiloé no tiene nieve ni glaciares, depende en un 100% de las lluvias para proveer sus necesidades de agua tanto para las personas como para los ecosistemas. En este sentido, el pompón cumple un rol fundamental de regulación hídrica, pues purifica y retiene -como una esponja- el agua para dejarla disponible en periodos de escasez. Al reducir la cantidad de musgo, aumenta la escorrentía del agua, es decir, se pierde su almacenamiento natural”, explica el vocero de Defendamos Chiloé.

Desde el MMA señalan que de acuerdo a la información entregada por el Comité Científico que asesoró a la Comisión Mixta del Congreso, es posible realizar una extracción sustentable del pompón. Sin embargo, Viveros considera que esa apreciación es relativa pues las condiciones de crecimiento del musgo difieren según el territorio donde se encuentren las turberas, pero además, porque no existe una fiscalización que permita asegurar que en la práctica se hará un manejo adecuado. “La persona que extrae el pompón, a la que le pagan un precio por kilo, y mientras más extrae más gana, esa persona no cumple con las condiciones técnicas de los proyectos científicos ni se preocupa si el pompón se recupera o no. Al tener una tasa de crecimiento diferente, incluso con lugares donde el musgo no se regenera, no hay manera de fiscalizar ni controlar, entonces la destrucción del pompón va a ocurrir igual”.

En este sentido, el vocero de Defendamos Chiloé señala que la ley debería haber tenido un capítulo territorial para prohibir completamente la extracción del pompón en el archipiélago y comenta que hizo este planteamiento al MMA, pero no fue considerado.

Uno de los científicos del comité especial, Roy Mackenzie, investigador adscrito del Instituto Milenio BASE y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), señaló en entrevista con País Circular es agosto pasado que la solución al problema no es netamente técnica ni se puede hacer por ley lisa y llanamente, o haciendo un paper, sino que “son las personas las que tienen que involucrarse, porque son ellas quienes finalmente protegen las turberas o no”.

“Esperamos tener certeza respecto de los criterios que deben cumplirse para el manejo sustentable de las turberas, de manera que puedan seguir prestando servicios ecosistémicos de variada índole. Nos hemos enfocado en el musgo pompón. La ley tal cual como está deja abierta la posibilidad de extraer el pompón como un elemento independiente del funcionamiento de la turbera, cuando no es así. Es misión nuestra demostrar que los elementos que conforman la turbera guardan un equilibrio y cualquier afectación altera ese equilibro ecosistémico”, consideró Mackenzie.

Defendamos Chiloé, junto a otras 23 organizaciones, entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric en la que le solicitan que ejerza su poder de veto para que el proyecto no se convierta en ley. En el escrito entregado durante una visita del mandatario a la isla, el 29 de enero pasado, explican de qué manera podría afectar el abastecimiento de agua a los 200 mil habitantes de ese territorio, gran parte del cual se encuentra actualmente con decreto de escasez hídrica.

“Esperamos y emplazamos al Presidente a darnos una respuesta, a que acceda a considerar nuestra solicitud de veto. (…) No nos oponemos a esta ley, sino al hecho de que no se adecua ni protege nuestro territorio insular”, concluye Viveros.