Para nadie es un misterio que durante los últimos años la problemática del recursos hídrico se toma la agenda nacional, acrecentada en períodos estivales, generando grandes estragos desde el punto de vista de la disponibilidad y afectando en gran medida al sector sanitario (consumo humano) y agrícola (riego).

Sin embargo, los problemas de disponibilidad de agua no solo los provocan los terribles embates del cambio climático que afectan a nivel planetario, sino que, en el caso de nuestro país, a la débil y obsoleta normativa que nos rige, como es el Código de Aguas que data del año 1981 y que en ninguno de sus incisos trata sobre cambio climático, gestión integrada de cuencas hidrográficas y -lo que es peor aún- no considera al recursos hídricos como un bien escaso.

Es importante señalar que uno de los aspectos que sin duda son relevantes para modificar dicho Código fue lo que presentó el Ejecutivo bajo el mando de la Ex Presidenta Michelle Bachelet, que se resumía en buscar en primera instancia modificar el régimen jurídico sobre el uso de las aguas, pasando del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en forma perpetua a concesiones temporales administrativas limitadas a un máximo de 30 años prorrogables, a fin de velar por la sustentabilidad de las fuentes naturales de agua.

Proyecto en las antípodas a lo informado por el actual titular del Ministerio de Obras Públicas, quién anunció el ingreso de una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas señalando, en forma textual, que “tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos de agua va a seguir siendo dueño”, lo que ratifica que los derechos de aprovechamientos de aguas deben ser otorgados a perpetuidad o en forma indefinida, lo que claramente demuestra que para la actual administración el agua no representa un bien nacional de uso público, como lo indica tanto el Código de Aguas como el Código Civil, sino más bien como un bien transable y un instrumento de mercado.

Es claro que lo necesita el Código de Aguas es castigar a los especuladores y titulares de derechos de aguas llamados “ociosos”, quienes acaparan el agua y no la utilizan, de tal modo que la devuelvan al Estado y sea redistribuida a quienes realmente la necesitan buscando así un sentido común, ético y equitativo.

En consecuencia, la guerra del agua se desató y en sectores que sufren la sequía como Petorca, Panquehue y otras zonas afectadas, lo que requieren son acuerdos que impliquen una efectiva  gestión integral del recurso hídrico, pero con todos los actores y no entre cuatro paredes como es hasta ahora, donde solo los grandes empresarios y agricultores tienen el derecho a decir “el que pone la plata pone la música”. Eso es cavernario y totalmente alejado de un país desarrollado.

Las políticas públicas que involucren un bien común como el agua no deben representar un triunfo político de un sector u otro, sino más bien un triunfo de las presentes y futuras generaciones que aclaman ser parte de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

* Gonzalo Peña es investigador de la FAO en Sustentabilidad y Energía, y ex director de la DGA en la Región de Valparaíso.