Hoy somos testigos como en la discusión pública se ha presentado el argumento de que estamos frente a una excesiva “permisología” que traba los proyectos de inversión, dentro de las que se cuenta de forma muy importante los permisos ambientales. Este debate sobre los permisos, intenta desregular los impactos que provocarían ciertos proyectos de inversión, evitando incluir en la ecuación económica el deterioro de los ecosistemas y sistemas de vida asociados a ellos. Consolidando con ello la vieja tragedia de los comunes o el conocido refrán “que pague Moya”.

Pues bien, en los últimos días y meses, hemos visto que el “pato” no lo paga Moya, la falta de regulación en proyectos de inversión, lo pagan los usuarios y los ecosistemas. Lo pagan los usuarios que, confiados en que la autoridad confirió permisos basados en la mejor información y normas, compararon casas y departamentos en lo que, luego de las intensas lluvias, son brazos de ríos, llanuras de inundación y dunas desplomadas.

¿Las normas no previeron que esto podría suceder? ¿los efectos del cambio climático no fueron advertidos? ¿los permisos necesarios para construir no incorporaban estas posibilidades, no eran suficientes? ¿el crecimiento económico, no se ve afectado por estos desastres humanos (no naturales)? ¿quién paga?

No se trata de paralizarse ante la era de la ebullición global ni tampoco de normalizar los efectos del cambio climático (lluvias intensas, olas de calor, etc.), sino de actuar conscientes de que estamos en un escenario donde debemos cambiar las formas en las que hemos venido haciendo las cosas. Donde planifiquemos ciudades y territorios basándonos en las características naturales y en las funciones ecológicas que contribuyen al bienestar de las comunidades.