A 30 años del debut de la Ley sobre bases generales del Medio Ambiente, creada en 1994 y tras sus posteriores modificaciones, ya no sólo tenemos a la Comisión Nacional del Medio Ambiente transformada en ministerio sino también plenamente operativos al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a los Tribunales Ambientales.

Al momento de evaluar logros tras esa institucionalidad recojo lo destacado por los representantes de la OCDE durante la presentación de la Tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, realizada el pasado 7 de marzo, quienes valoraron el desacople que ha tenido el crecimiento económico de las concentraciones de Material Particulado Fino en Santiago y en otras urbes de importancia. Así, mientras la actividad económica se triplicó, las concentraciones de material particulado fino cayeron a un tercio.

El aniversario de la promulgación de la Ley de Bases se da también en pleno debate de una propuesta para volver a reformarla, el que ha estado enfocado en la necesidad de dinamizar el accionar del SEA y en general del funcionamiento del denominado “sistema de permisos”.

Sin embargo, no agilizaremos las inversiones por más de 150.000 millones de dólares que el país necesita para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 poniendo principalmente el foco en el SEA, como lo hizo el debut de la ley de bases, cuyo articulado se centraba mayoritariamente en criterios y tipologías de ingreso a evaluación ambiental.

Las reducciones de material particulado fino sin afectar el crecimiento económico son producto de un desarrollo normativo en lo que concierne al control de contaminantes atmosféricos, que ha trascendido gobiernos y que ha reducido los espacios de discrecionalidad y heterogeneidad de criterios de evaluación de proyectos específicos.

Así, los nuevos desafíos de carbono neutralidad, adaptación climática y cero residuos, requieren de estándares e instrumentos de gestión ambiental de segunda y tercera generación. A modo de ejemplo, en lo concerniente al componente “aguas” debemos acelerar el desarrollo normativo para facilitar todo aquello que incremente nuestra resiliencia hídrica, siendo el pilar fundamental de ello el viabilizar nuevas fuentes de agua como lo permitirían la desalación y el reúso. En el caso de los residuos, en adición al gran avance que ha traído la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debemos aún dar el salto desde normas que tenían pleno sentido sanitario a mediados del siglo pasado a una regulación actualizada que promueva la circularidad en su más amplia extensión, inspirada en lo observable hoy en día en países desarrollados.

Todo ello requiere tanto en el Estado y en las empresas no sólo de información ambiental de la mayor confiabilidad, sino de capacidades técnicas y humanas que nos conduzcan a esgrimir un nuevo liderazgo a escala regional. Uno que se fundamente en cómo un país y una región aún con fuertes desafíos para alcanzar el desarrollo, se dota de normas e instrumentos de gestión ambiental con el más alto sello de costo-efectividad, que constituya referencia no sólo para Latinoamérica sino también para el resto del mundo.