Criterios ESG: avances y desafíos para Chile
La creciente popularidad de los factores ESG tiene una contraparte: el “greenwashing” o “socialwashing”. Sin duda el llamado “lavado verde (o social) de imagen”, sin fundamentos objetivos, atenta contra la credibilidad de los productos realmente sustentables y corroe la confianza de clientes e inversionistas.
Si bien la crisis económica mundial ha provocado una discusión en torno a la pertinencia de los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés), su creciente importancia para los inversionistas y la sociedad, es innegable.
Según Bloomberg Intelligence, el total global de activos manejados bajo estos criterios es de 41 trillones de dólares y se espera que alcance los 50 trillones de dólares en 2025, con una clara tendencia al aumento. A lo anterior se agregan los datos proporcionados por Morningstar, KPMG y PWC, que indican que no sólo los fondos con criterios ESG sobreviven más tiempo que aquellos que no los consideran, sino que además tienen mejor performance y son preferidos por las generaciones más jóvenes.
En Chile, las cifras también son determinantes. El estudio “ESG y gestión de la reputación: una mirada empresarial“, realizado por Acción Empresas y Azerta, en 2023, le consultó a más de 70 ejecutivos líderes respecto a sus percepciones sobre el impacto de los riesgos ESG en la reputación corporativa. Así, el 93% de los encuestados enfatizó en la importancia del buen desempeño ESG para la reputación corporativa, pero el 60% calificó como “bajo” el desempeño ESG en su propio sector, dando cuenta de brechas significativas en la implementación de estrategias y modelos de gestión al respecto.
Sin embargo, la creciente popularidad de los factores ESG tiene una contraparte: el “greenwashing” o “socialwashing”. Sin duda el llamado “lavado verde (o social) de imagen”, sin fundamentos objetivos, atenta contra la credibilidad de los productos realmente sustentables y corroe la confianza de clientes e inversionistas. Según el estudio antes mencionado, el “greenwashing” es considerado el tercer riesgo reputacional más importante, luego de práctica anticompetitivas y de colusión.
Por lo mismo, el proyecto de ley relacionado a este tema ha tomado una especial importancia en Chile, al igual que las exigencias de transparencia y reportabilidad. Un ejemplo de ello es la Norma de Carácter General 461 de la Comisión de Mercado Financiero (CMF), que obliga –en línea con regulaciones internacionales– a bancos, compañías de seguros, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales de fondos y bolsas de valores, a reportar las políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza.
Un primer screening de los resultados de la aplicación de la Norma 461, levantados por Governart con Acción Empresas, en 2023, concluye que si bien las 27 empresas analizadas informan la gran mayoría de los requerimientos de la NCG 461 en sus memorias 2022, sus prácticas ESG todavía no están al nivel de los ejercicios internacionales, con importantes brechas a nivel de conocimiento y evaluación de los directorios.
Lo mismo se refleja en los resultados del “Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial” (DSE), que Acción Empresas realiza anualmente. En la versión 2023, donde participaron 77 compañías, el establecimiento de componentes de remuneración variable asociado al cumplimiento de objetivos ESG aumentó significativamente (de 42% de las empresas consideradas en 2022 al 52% en 2023), pero sólo un 18% de las empresas encuestadas tiene ese tipo de incentivos para sus directorios.
No obstante, el mismo sondeo muestra números alentadores: en comparación al 2022, mejoró el desempeño general promedio y la reportabilidad, pues más empresas están reportando según estándares SASB, IR (Integrated Reporting) e incluso –aunque con un porcentaje bastante menor– según TCFD (Task Force for Climate-related Financial Disclosure). También constatamos un aumento en la medición de huella de carbono, en el establecimiento de metas de carbono neutralidad, y en compromisos explícitos con la diversidad, inclusión y no discriminación. Asimismo, hubo avances tímidos en la incorporación de un enfoque en Derechos Humanos y Naturaleza/Biodiversidad. En tanto, detectamos que la implementación de procesos integrales de Debida Diligencia en Derechos Humanos -como una manera de gestionar proactivamente los riesgos y contribuir a disminuir las desigualdades-, y un compromiso con la regeneración de la naturaleza, serán temas que marcarán tendencia durante los próximos años y donde aún hay mucho espacio para crecer.