La Ley 19.300 ha sido, es y seguirá siendo una muy buena ley. Las razones de esta afirmación son múltiples y se evidencian desde su origen, al acoger los principios de la Declaración de Río apenas un par de meses después de este importante evento mundial. Es una Ley que adoptó e hizo suyo el modelo de desarrollo sustentable, tan relevante en nuestros días y tomó en cuenta, desde entonces, la necesaria consideración por las futuras generaciones. La Ley 19.300 es una legislación innovadora que otorga al Estado y a las personas diversos instrumentos destinados a permitir la gestión ambiental, compatibilizando el desarrollo de actividades económicas de variada índole con el debido resguardo de la vida, la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, hay desafíos pendientes; algunos de ellos relacionados con la actuación de ciertos operadores que utilizan la Ley y sus instrumentos de manera inapropiada con fines específicos, muchas veces, económicos, disfrazados de ambientalismo o incluso, algunas sentencias que omiten su tenor so pretexto de la búsqueda de justicia. Una clara demostración de esto es el conocimiento generalizado entre quienes operan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de que no conviene evaluarse en periodos cercanos a elecciones. Este tipo de situaciones, finalmente, dañan la credibilidad del sistema, debilitan la integridad y la finalidad misma de la Ley 19.300, socavando, en definitiva, la confianza pública en el sistema y en la efectividad de la normativa ambiental. Otro desafío fundamental en torno a la Ley es la imperiosa necesidad de generar incentivos para mejorar los tiempos de respuestas en torno a los instrumentos de gestión ambiental.

Entonces, ¿cómo avanzamos? El desafío más relevante, en mi opinión, es dejar de lado las posiciones altamente ideologizadas y poner en el centro, nuevamente, a las personas, recordando que Chile requiere de más desarrollo y progreso, lo que es plenamente compatible con el cuidado y respeto del medio ambiente; dejar de lado los maximalismos y las frases grandilocuentes que, al final del día, no son más que frases y palabras vacías que generan expectativas que no se cumplirán, frenando decisiones e inversiones a la espera de mayor seguridad y estabilidad.

Chile tiene hoy, una oportunidad relevante para mejorar la ley y sus instrumentos de gestión ambiental -aunque no partimos muy bien con un título de canción que no concuerda con su contenido o porque se pretende seguir ahogando a los regulados con una inflación sancionatoria, conforme indicara el Consejo Minero en la Cámara de Diputados- donde se requiere el esfuerzo honesto, de todos y cada uno de los actores para avanzar en nuestra legislación, sin perder de vista que la ley que se pretende modificar es la Ley de Bases Generales y, por consiguiente, es la ley que debe dar sostén a nuestra regulación ambiental. Pongámonos de acuerdo, dejemos de lado los extremos y avancemos, pensando en Chile y en todos los chilenos.