La reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente, actualmente en su etapa inicial de tramitación legislativa, busca perfeccionar el procedimiento y la institucionalidad de evaluación ambiental. Este esfuerzo es parte de una serie de iniciativas que están siendo debatidas en el Congreso, dirigidas a agilizar los extensos plazos para el otorgamiento de autorizaciones administrativas en el país sin comprometer la protección de nuestro patrimonio ambiental. Este equilibrio es crucial para garantizar un desarrollo sostenible y responsable en respuesta a las demandas actuales y futuras de la sociedad.

Este miércoles, la Comisión de Medio Ambiente del Senado recibió a representantes de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), quienes analizaron la nueva tipología de ingreso al SEIA para plantas desaladoras y la necesidad de potenciar la calificación de urgencia como mecanismo para reducir los plazos de evaluación ambiental de proyectos esenciales, una herramienta legal existente pero poco utilizada por su escasa efectividad.

Agustín Martorell, director de ACADES, destacó el potencial de esta herramienta ejemplificando con la situación crítica de la región de Coquimbo. Martorell resaltó que medidas como la propuesta tienen particular importancia para acelerar la puesta en marcha de plantas desaladoras en zonas en que el inminente déficit hídrico amenaza seriamente el suministro de agua. Situación, que en el caso de la conurbación Coquimbo-La Serena, se estima puede ocurrir el 2029. El abogado explica que la propuesta busca “ampliar las potestades discrecionales a la autoridad para valorar la necesidad de una tramitación urgente”.

ACADES sostiene que es posible lograr “la reducción de los plazos de evaluación sin comprometer su calidad, asegurando que los órganos sectoriales involucrados cuenten con los recursos necesarios para un proceso eficiente”. Otra medida propuesta por el gremio es que “se establezca el umbral de ingreso al SEIA de las plantas desaladoras en la ley para adelantar la discusión reglamentaria que generará la actual tipología de desaladoras de tamaño industrial, fijándolo en una capacidad igual o mayor a 20 litros por segundo de agua producto, cantidad suficiente para abastecer a una población de hasta 10.000 habitantes. Con ello, los proyectos de menor tamaño destinados a abastecer pueblos y aldeas con menos de 10.000 habitantes podrán desarrollarse sin una RCA”.

Durante la sesión, el Senador Rafael Prohens, de la región de Atacama, preguntó por los impactos ambientales de la salmuera en el medio marino, cuestión que fue abordada por el vicepresidente ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios, explicando que esta preocupación tiene su origen en “plantas desaladoras de hace 40 años destinadas al enfriamiento de unidades de generación térmica que devolvían el agua de refrigeración al océano sin difusores y a temperaturas más elevadas que los de los cuerpos receptores. Esto es muy diferente a las modernas plantas desaladoras de osmosis inversa, donde el agua de descarte se restituye al océano con la misma temperatura que el agua de mar, solo que con el doble de concentración de sal, lo que en bahías con buena capacidad de dilución, como lo es en gran parte del territorio nacional, no genera impactos ambientales”.

Los representantes gremiales destacaron la importancia de este proyecto de ley y que, en términos generales, es una iniciativa que va en la dirección correcta. El gremio continuará trabajando en conjunto con las autoridades y otros actores relevantes para asegurar que los proyectos críticos se tramiten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al bienestar de las comunidades y la preservación del medio ambiente.