Al mediodía de hoy comienza en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el estudio del proyecto de ley (boletín N° 16552-12) para la reforma de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, ingresado a tramitación por el gobierno el miércoles pasado. Están invitadas a la sesión la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, por cuanto uno de los aspectos centrales de la iniciativa legal es la modernización del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), que es administrado por el SEA.

La Ley 19.300 fue promulgada hace casi 30 años, en marzo de 1994, y existe consenso sobre la necesidad de modernizarla, aunque los distintos sectores plantean diferentes énfasis para dicha modernización. Es así como dos intentos previos de hacer una reforma profunda al SEIA han fracasado: en 2018 el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyecto, que fue reemplazado por otro de la misma administración en 2019 y que, finalmente, no prosperó; previamente, en 2016 la presidenta Michelle Bachelet creó una comisión asesora para la reforma del SEIA, cuyas recomendaciones no se plasmaron en una iniciativa legal que llegara al Legislativo.

El actual subsecretario del Medio Ambiente, el abogado Maximiliano Proaño Ugalde, conoce bien los anteriores intentos de reforma pues, como asesor parlamentario en esa época, le correspondió hacer el seguimiento de los proyectos; además, ha estudiado el tema en profundidad porque -según cuenta a País Circular-, hizo la tesis de su Magíster sobre una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Para saber un poco más sobre el proyecto de ley, sobre la etapa de elaboración, sus objetivos y por qué esta vez sí debiera tener éxito esta reforma, País Circular entrevistó a Proaño, quien enfatizó que se trata de “una propuesta equilibrada, que logra avanzar en la protección del medio ambiente al mismo tiempo de hacer más eficiente y modernizar nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental”.

-La reforma al SEIA es un proyecto largamente esperado y parte del programa de gobierno, ¿cómo se siente que por fin haya ingresado al Congreso?

Esta es una muy buena noticia no solo para el gobierno, sino para el país, porque se concretó el ingreso de proyectos muy relevantes; el de permisos sectoriales por parte del Ministerio de Economía, por nuestra parte la reforma a la Ley 19.300, y también -dando cuenta de la agenda de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental de nuestro gobierno, en la que hemos estado trabajando en MMA- ingresó un proyecto de ley de reforma y fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Estamos muy contentos, hay mucho trabajo de los equipos -de bastantes meses- detrás de estos proyectos. Estamos contentos en específico en relación al proyecto de ley de reforma a la 19.300, ya que justamente a 30 años de su entrada en vigencia, estamos presentando al Congreso una propuesta equilibrada, que logra avanzar en la protección del medio ambiente al mismo tiempo de hacer más eficiente y modernizar nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Esos fueron los criterios sobre los que trabajamos, es decir, avanzar en la protección del medio ambiente, en los estándares ambientales, y al mismo tiempo responder al diagnóstico compartido de que el sistema requiere ajustes, una modernización para hacerlo más eficiente.

-En ese trabajo previo, ¿cuáles fueron los principales escollos?

Más que un escollo, un trabajo enorme fue reunir a los distintos actores. Tuvimos tres rondas de conversaciones con los diferentes sectores: los gremios productivos; las organizaciones ambientales; y las asociaciones de funcionarios de los servicios involucrados -de la Subsecretaría y del SEA-. Cuando hablamos con los gremios, con las organizaciones, vimos que se parte de una premisa común: la necesidad de modernizar y de hacernos cargo de varios temas que son críticos desde hace tiempo. Las variables ambientales en tiempos de cambio climático, de crisis de pérdida de biodiversidad y de crisis de contaminación son muy dinámicas; entonces, una ley de 30 años ya no estaba respondiendo a ciertas problemáticas ambientales sobre las que se ha tomado mayor conciencia los últimos años.

Con esa premisa común, en la bajada concreta a veces había algunos enfoques distintos. Pero yo diría -y es lo que nos tiene muy conformes- que es un proyecto que entra al Congreso con bastante apoyo, con apoyo transversal (…) Aquí estamos hablando de un sistema, en el caso del SEIA, y hacer cierto ajuste en una parte del proceso tenía implicancia muchas veces en otra parte y, por lo tanto, el equilibrio era fundamental, en especial porque para nosotros una línea roja como gobierno era no debilitar la evaluación ambiental de los proyectos, sino que fortalecer los instrumentos de gestión ambiental y también elevar los estándares.

Fue mucho trabajo, mucho diálogo. Además de las rondas de conversaciones que mencioné, también se hicieron diálogos en todas las regiones del país, con distintos actores y con servicios públicos. Además, se hizo un trabajo prelegislativo bastante importante, tanto en el Senado como en la Cámara -ya que este proyecto de reforma de la 19.300 entra por el Senado y el proyecto de reforma a la SMA entra por la Cámara- para que este proyecto ingresara con una comprensión previa del por qué llegamos a estas propuestas, tanto por parte de los distintos actores como de los parlamentarios y parlamentarias que lo van a revisar.

Sabemos, y así se espera, que en la discusión parlamentaria se puede perfeccionar, hay temas que se pueden seguir conversando, pero también esperamos que sea un proyecto ley que tenga una tramitación profunda, pero expedita, porque tenemos que actuar con sentido de responsabilidad de que esto es algo que requiere nuestro país hace tiempo y que nosotros como gobierno hemos decidido abordarlo de la manera más constructiva y con el diálogo más amplio posible.

-¿Qué temas podrían presentar mayor debate en la tramitación legislativa?  

Hay algunos aspectos que, por cierto, generarán más debate que otros. Por ejemplo, en cuanto al fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso de evaluación, se da reconocimiento legal a algo que en la práctica ya está sucediendo, como criterio del SEA, de ampliar la participación ciudadana también a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) cuando sea solicitada por  la comunidad. También incluimos un sistema de participación temprana, que hoy en día muchas empresas realizan, pero identificamos que se requiere un proceso reglado, y ahí ha habido algún debate respecto a la obligatoriedad o voluntariedad de la participación temprana. El proyecto ingresó con participación voluntaria, y creo que en el Congreso se puede dar un debate al respecto. Hay actores que hubieran preferido que fuera obligatoria, para cierto tipo de proyectos o solo para Estudios de Impacto Ambiental (EIA), por ejemplo; nosotros llegamos a la conclusión que es un modelo que tiene que validarse en la práctica, y tenemos la convicción de que la participación temprana va a permitir que ingresen mejores proyectos, porque le otorga a los titulares de proyectos información valiosa para identificar cuáles son los aspectos críticos de los que deben hacerse cargo.

En general, yo diría que estamos presentando las propuestas que generan mayor consenso; también optamos, de hecho, por presentar un proyecto de ley que, si bien no es acotado -tiene un articulado más o menos extenso-, tampoco tratar de abordar todas las temáticas, porque tenemos el interés, de que este sea un proyecto que se apruebe en esta legislatura.

Otro tema relevante es que proponemos la eliminación de las Comisiones de Evaluación Ambiental a nivel regional (COEVA), que son las que entregan la aprobación o rechazo del proyecto, la RCA, y también la eliminación del Comité de Ministros, que es el que define hoy las reclamaciones. Esto es algo que genera debate, ya que es un cambio importante en nuestro modelo, pero entendemos que es necesario avanzar hacia el carácter más técnico de las evaluaciones, que las decisiones sean tomadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tanto en cuanto a la aprobación o rechazo de los proyectos como en las reclamaciones que se interpongan, pero eso va de la mano también con otras medidas, para no debilitar el sistema (…) Generamos un instrumento que posibilita que el  SEA programe con servicios públicos regionales que lo requieran para la elaboración de sus informes y pronunciamientos, es decir corregimos esto: que en la etapas tempranas de la evaluación es donde el organismos públicos se pronuncien con informes y análisis de calidad, y de eso también nos hacemos cargo en esta propuesta.

-En la ceremonia en La Moneda, donde el Presidente Gabriel Boric presentó los proyectos, había amplia representación de los gremios, pero se echó de menos la participación de organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades, ¿cómo se puede interpretar esa ausencia?

En el trabajo de elaboración de esta propuesta trabajamos muy de la mano con muchas organizaciones ambientales y ellos conocen nuestro proyecto de ley, conocen también el proyecto sobre la SMA; pero no conocen el proyecto de Economía, que tiene también otro foco. Entonces, no era una actividad que estuviera enfocada solo en la agenda de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, sino también de los permisos sectoriales que no dicen relación con temas ambientales.

Yo diría que el diálogo con las organizaciones está, se ha producido durante las distintas etapas de elaboración de esta propuesta, la conocen, y en el trabajo que viene ahora en el Congreso también van a ser escuchadas y podrán ir enriqueciendo con propuestas este proyecto de ley.

-Respecto al contenido de la reforma, ¿cuáles son los elementos clave para el fortalecimiento y modernización de la gestión ambiental?

La estructura de este proyecto de ley está basada en 3 pilares: el primero es el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental, ahí está el SEIA, pero también fortalecemos la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que nos parece muy importante, tanto que las políticas y planes que se sometan a EAE y se traduzcan en proyectos concretos que pasan a evaluación ambiental, se producirá una reducción en los plazos.

El segundo pilar es el fortalecimiento de la participación ciudadana, mediante la inclusión de un sistema reglado de participación temprana, y también de ampliar la participación no sólo a EIA, sino también a las DIA.

El tercer pilar, muy relevante y que ha estado muy en el debate el último tiempo, es dar certezas; que el SEIA sea un sistema que otorgue mayores certezas y predictibilidad a los inversores, por cierto, pero no solo a ellos, sino a todos los actores involucrados, también a las comunidades, y que los tiempos totales del proceso de evaluación -los tiempos más que plazos- sean más eficientes. En algunos casos será mediante la reducción de plazos, por ejemplo, en las consultas de pertinencia, pero también hay disminución por otras medidas: la eliminación del Comité de Ministros per sé conlleva una disminución de  los tiempos totales del proceso (…) que calculamos de 8 a 10 meses.

-Al eliminar las Comisiones de Evaluación (COEVA) en la calificación de los proyectos, la decisión queda en manos del Director o Directora Regional del SEA, ¿qué mecanismos se contemplan para reducir los riesgos de dejar la decisión en una sola persona?

Fue una interrogante que tuvimos durante la formulación de esta propuesta y la enfrentamos de distintas maneras. Primero, se fortalece el rol y la independencia del Director o Directora Regional, dentro de la dirección regional del servicio; si bien actualmente los directores se eligen por alta dirección pública y se logra convocar personas de altas capacidades, se contempla mantener este mecanismo pero aumentar el grado [en la escala de remuneraciones], porque esto fortalece la toma de decisiones con independencia.

Por otra parte, se refuerza la participación de los servicios públicos durante el proceso, y también la calidad de los informes y los pronunciamientos; es decir, ya no se va a producir una instancia en la cual los Seremis votan por un proyecto en contra o a favor, pero los pronunciamientos que tengan mediante informes técnicos bien fundamentados van a resultar fundamentales y decisorios en la evaluación de los proyectos. También se  genera un sistema para que el SEA pueda fortalecer a los servicios cuando no existan las capacidades en algunas regiones para abordar algún proyecto específico, de gran envergadura y se requiera algún profesional muy especializado.

Si bien no está la COEVA, sí hay una instancia previa que se denomina el Comité Técnico, que hoy día existe, pero también se le otorga un nuevo rol donde se reúnen los distintos organismos públicos que participan de la evaluación, para armonizar las distintas observaciones y pronunciamientos que han tenido; esto no es vinculante para la dirección regional, es consultivo.

-Desde su experiencia como conocedor de anteriores intentos de reforma del SEIA y dado que se involucró fuertemente en este proceso, ¿por qué cree que esta vez sí debiera prosperar la propuesta?

Efectivamente, me involucre bastante en este proceso (…) En mi época como asesor parlamentario me tocó hacer seguimiento a los anteriores intentos de reforma y, por lo tanto, tenía bastantes lecciones de esos procesos, que pudieron contribuir a la formulación de la actual propuesta. Es un tema que he estudiado, no sé si corresponde mencionarlo, pero mi tesis de Magíster la hice sobre una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental y para eso entrevisté a muchos de los actores que hoy en día participaron de la reforma. Era algo que me motivaba mucho desde que asumimos el gobierno y, además, está en nuestro programa.

Creemos que es una reforma muy relevante y por eso hicimos un proceso muy cuidado, de diálogos amplios. Primero, identificar qué es lo que los distintos sectores y actores veían como necesidad de reforma, de hecho, esa fue la primera ronda de preguntas, ni siquiera con una propuesta nuestra propia; después ya fue con algunos lineamientos propios; y la tercera ronda de conversaciones fue sobre un borrador y cosas más finas. Lo vimos en los diálogos territoriales también, que las organizaciones tuvieran comprensión respecto a la propuesta para poder nutrirla. Incluso salieron ideas que exceden a este proyecto de ley; desde los diálogos regionales hubo dos aspectos que más se destacaron: uno fue lo de la fiscalización y, por lo tanto, ahí va de la mano con el otro proyecto que estamos presentando, de reforma a la SMA, y otro fue la educación ambiental, por lo que creemos que hay que trabajar un proyecto específico de educación ambiental, porque es una demanda ciudadana y una necesidad país.

También hicimos un proceso prelegislativo profundo, no solo enviar la minuta, sino explicar el por qué llegamos a las formulaciones y a las propuestas que estamos presentando; creo que eso también nos dejan en buen pie de ingreso, y también sabemos -y así lo hemos planteado en las reuniones de trabajo pre legislativo-, que es una propuesta que puede ser perfeccionada por parte del Congreso, así que tenemos toda la voluntad de seguir dialogando durante el trabajo legislativo, y que estamos preparados como equipo para sacar este proceso adelante.