La semana pasada se dio a conocer la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (EDA 2024), un examen realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollado Económicos (OCDE), que consiste en un diagnóstico sobre el escenario ambiental del país y sugerencias para abordar las brechas. Y, en ese contexto, el informe propuso 36 recomendaciones para avanzar en la protección del medio ambiente.

En un seminario organizado por País Circular, denominado “Recomendaciones de la OCDE para mejorar el desempeño ambiental de Chile”, tres expertos debatieron sobre la evaluación: Constance Nalegach, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA); Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram; y Cristóbal de la Maza, director de Postgrado de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.

El debate, moderado por el ex Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, inició con la intervención de Constance Nalegach, quien explicó la importancia de esta evaluación. Se trata de la tercera, en sucesión a las de 2005 y 2016.

“La EDA se basa en datos empíricos, ambientales y económicos, de distintas fuentes que la OCDE considera fiables. Y el objetivo fundamental de hacer esta evaluación es asesorar a los gobiernos en sus progresos, sus brechas y promover también la rendición de cuentas”, destacó la abogada, quien desde su rol en el MMA coordinó gran parte del proceso con la OCDE.

“Pero, más allá de los hallazgos, que en todo diagnóstico son muy bienvenidos, la gracia que tiene la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE, es proponer una serie de recomendaciones. No son decisiones, no son resoluciones, son recomendaciones. Es decir, el Estado podrá asumirlas a corto o mediano plazo e, incluso, no asumirlas. Pero lo que no puede hacer el Estado, es no dar razón de qué hace con estas recomendaciones ¿Por qué? Porque como funcionarios públicos tenemos la obligación de fundamentar nuestro actuar”, argumentó Nalegach.

“Son recomendaciones para rectificar o fortalecer caminos y también para apoyar un fortalecimiento institucional, en la capacidad de análisis, de medición, de proyección. Y el mejorar la información y la participación también es recurrente en las recomendaciones de la OCDE, por supuesto siendo complementarias con otras obligaciones que mantenemos, como puede ser la Agenda 2030 o la Convención Marco de Cambio Climático”, agregó la integrante del MMA.

En tanto, sobre las distintas etapas de la evaluación, Nalegach comentó que fue “un proceso exigente”, que tardó más un año, durante el cual se trabajó a través de profundos cuestionarios y reuniones con diversos actores involucrados, dando como resultado un informe dividido en dos capítulos: “Uno, en general, que tiene que ver con cambio climático, biodiversidad, economía circular, residuos, gestión ambiental, y otro, específico en agua”.

Sobre el financiamiento

La siguiente en intervenir fue Flavia Liberona, quien comenzó su presentación poniendo énfasis en el dificultoso acceso al texto de la Evaluación de Desempeño Ambiental 2024. “Desde el mundo ciudadano, esta evaluación hoy día es súper poco accesible. Lo que encontramos es un documento pequeño, que tiene 25 de las 36 recomendaciones. El libro que tiene la totalidad de las recomendaciones está en inglés, no se accede fácilmente porque se debe pagar. Entonces, creo que ahí  tenemos un primer problema, que es que cuando hablamos de Evaluación de Desempeño Ambiental, esto debería estar en castellano y en inglés, y disponible para quien lo quiera revisar”, subrayó la directora ejecutiva de Fundación Terram.

Y ya indagando en el contenido del documento, Liberona apuntó a ciertas dificultades a nivel nacional que quedaron a la vista: “La EDA reconoce que Chile es un país enfocado en la producción y exportación de recursos naturales; y, por lo tanto, de alguna manera pone un foco en que nuestro país está más interesado en su desarrollo económico que en la protección ambiental. Y ahí tenemos un problema histórico, no es solo de este gobierno ni de los anteriores. No hemos sido capaces, como país, de desligar el crecimiento económico de la protección del medio ambiente, donde siempre es más importante el crecimiento económico y ahí la OCDE hace un punto”.

“Lo segundo tiene que ver con el financiamiento a los temas ambientales. Lo toca de varias formas esta evaluación y es que claramente el aporte fiscal a materias ambientales es muy bajo en relación a los países OCDE. Además, una de las recomendaciones señala que deberíamos tener una suerte de mirada, dentro del Presupuesto Nacional del Estado, de cuánto es el gasto público ambiental”, indicó la bióloga de formación.

Asimismo, Liberona destacó del informe otros aspectos en los que se debe progresar. Por un lado, que Chile tiene un permanente retraso en normas de calidad de aire, estando muy lejos de cumplir con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y, por otro, que se debe seguir avanzando en el plan de descarbonización donde, en la apreciación de Terram, “el foco debería estar en cómo logramos la carbono neutralidad, que se consigue disminuyendo las emisiones y aumentando las absorciones. Y eso, Chile está lejos de cumplirlo”.

Liberona hizo mención a la salmonicultura, que igualmente se aborda en el documento: “Se señala que el gobierno debería impulsar la salida de la salmonicultura de las áreas protegidas. También en la parte de agua hace referencia a la cantidad de contaminantes que genera la salmonicultura en los cursos de agua, en términos de fósforo y nitrógeno. Y esto lo ligo con la normativa, en el sentido de que no tenemos una normativa adecuada para la salmonicultura y para sus emisiones”.

Posteriormente, la directora ejecutiva de Fundación Terram subrayó el foco que pone la EDA en el agua. “Me parece súper relevante que tome el tema, que hable de la necesidad de una autoridad única en materia de agua, que haga énfasis tener más normativa secundaria, donde estamos muy retrasados. Y menciona la necesidad de generar algunos instrumentos económicos, lo que me parece interesante, dado que hoy día todos los consumidores pagamos una tarifa relativamente plana y, en ese sentido, deberíamos  empezar a mirar tarifas diferenciadas de acuerdo al consumo, pero también a la dificultad del acceso al agua en las regiones. No es justo que la gente de Petorca pague lo mismo que la gente de Las Condes”, declaró Liberona.

Temas  “al debe” en la EDA 2024

Cristóbal de la Maza, por su parte, aun cuando reconoce que las anteriores Evaluaciones de Desempeño Ambiental han tenido un impacto en la regulación chilena, afirmó que la presente dejó varios puntos inconclusos. “Si bien se sugieren cambios relevantes, mi sensación es que en el tiempo estas evaluaciones han sido cada vez más políticamente correctas, aunque en un comienzo eran bastante efusivas en la necesidad de cambios. Ahora ponen mucho más énfasis en los avances que en las brechas y nuestro país, por cierto, tiene muchas brechas en temas ambientales”, apuntó el director de Postgrado de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS.

“Acá se pierde la oportunidad, por ejemplo, de hacer hincapié en las metas a 2030. Estamos a la vuelta de la esquina del 2030 y si no tomamos acciones muy fuertes en los años que vienen, va a ser muy difícil cumplir con lo que recomienda la ciencia, que es reducir un 45% nuestras emisiones netas al principio de la próxima década. Son seis años más, un tiempo bastante corto en política ambiental”, aseveró De la Maza.

“También pierde la oportunidad de hacer el hincapié a la implementación de instrumentos que ya están disponibles. La Ley de Cambio Climático incorpora la creación de un mercado de emisiones, de gases de efecto invernadero y de forzantes climáticos de vida corta, como el carbono negro y su cumplimiento a través de establecer normas de emisión y un sistema de certificado. Eso está pendiente, la ley está aprobada y es el único instrumento, tal cual como lo diseñamos, que permitiría cumplir con estas metas”, destacó el ex Superintendente de Medio Ambiente.

“Además, se abandona en lo que el 2005 se hizo hincapié, que son los instrumentos económicos. Acá se mencionan múltiples instrumentos, impuestos de distinta índole. Pero como un eje de trabajo institucional, de habilitar nuevos instrumentos de gestión ambiental, yo creo que les faltó un poquito de fuerza. Podría haberse puesto acento no solo en implementar nuevos, sino que implementar los que están vigentes, como el Mercado de Carbono, que está en la Ley del Cambio Climático; el etiquetado ambiental, que está en la Ley 19.300; y la Ley REP en plenitud”.

No obstante, De la Maza sí remarcó temas importantes que aparecen en esta EDA. Entre ellos, las propuestas de medidas “bastante duras” para el sector de transporte, como los distintos tipos de impuesto, normas y regulaciones.

“Y en materia de agua, yo concuerdo en que el énfasis fue bastante poderoso e importante. (…) Se hace hincapié en agilizar el mercado del agua y se hacen propuestas interesantes, como por ejemplo prorratear los derechos. Pero el hincapié principal que yo creo que sí correctamente el informe lo hace, está en calidad del agua. El control de la contaminación del agua está muy lejos todavía de los estándares de la OCDE”, agregó el académico.

Qué sigue tras la entrega de la EDA

En la etapa final del seminario, Constance Nalegach se refirió a los cuestionamientos a la disponibilidad del informe de evaluación.

“Respecto del acceso a los documentos, efectivamente este es un proceso distinto a los años 2005 y 2016. Esas evaluaciones se hicieron en conjunto con la CEPAL y por eso pudimos tener versiones en castellano accesibles. Las normas internas de la OCDE no tienen esa apertura. Lo que ya logramos hacer, es tener un breve documento con los aspectos destacados, una versión abreviada de esta evaluación y estamos hablando con la OCDE para poder difundir la versión total”, aclaró la funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente.

Con respecto a cómo se viene el trabajo frente a estas propuestas, Nalegach recalcó que “el primer paso tiene que ver con difundir estas recomendaciones y empezar a ver cómo se introducen en las políticas públicas. Tomarlas y adoptarlas en distintos comités y estrategias”.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, por su parte, apuntó a la fiscalización: “Creemos que desde la instalación de la Superintendencia de Medio Ambiente, en la práctica en el año 2013, empieza realmente a haber una fiscalización ambiental  en Chile. Antes era muy difícil fiscalizar y creemos que, independiente de la administración, hoy día tenemos una mejor fiscalización ambiental. Sin embargo, todavía faltan muchos recursos y coordinación con servicios públicos, sobre todo a nivel regional, para hacer una efectiva fiscalización ambiental”, expuso Liberona, quien también reparó en la importancia de una legislación acorde.

“No basta tener una mirada que solo transparente información, sino que acelere los procesos para la aprobación de proyectos. Hay que mirar qué le pasa también a las organizaciones territoriales, a las organizaciones locales, a la ciudadanía, si queremos que no solo los proyectos cuenten con una resolución de calificación ambiental, sino también conciencia social”, indicó la especialista.

Cristóbal de la Maza, en tanto, señaló que “cuando uno tiene el Congreso en contra, obviamente que el trámite legislativo se complejiza. Sin embargo, acá ha pasado algo interesante, porque muchas leyes ambientales han sido aprobadas en los últimos dos años. Eso es atípico”.

“Pero en temas de gestión, yo ahí sí soy bien crítico y creo que estamos al debe. La Ley de Cambio Climático fue promulgada en mayo de 2022 y todavía no están los reglamentos procedimentales. Esto ni siquiera es para reducir emisiones, esto es para establecer cuáles son las reglas. Si este gobierno no implementa las normas de emisión que vienen en la Ley de Cambio Climático, se le va a poner cuesta arriba a la próxima administración cumplir las metas del 2030”, sentenció el académico sobre la urgencia de tramitar estos pendientes.

Puedes ver el seminario completo en el siguiente enlace: