Este miércoles 23 de noviembre, a partir de las 15.00 horas, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados reanudará la discusión en particular del proyecto de ley que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín N° 15.044-12). Durante la última sesión del organismo, celebrada el pasado 9 de noviembre, los diputados y diputadas aprobaron, con algunos cambios, los dos primeros artículos del texto referidos a disposiciones generales y definiciones conceptuales.

Aprobado en general, el proyecto concita apoyo transversal en la Comisión, pero ahora se deben votar las indicaciones presentadas por sus legisladores integrantes para luego pasar a su discusión en Sala. Algunas organizaciones, gremios y expertos contactados por País Circular creen que este texto legal tendrá un gran impacto en la sociedad chilena, pero, al mismo tiempo, perciben que se deben precisar algunas ideas para robustecerlo, y no generar malos entendidos. Dicho sea de paso, el tema fue abordado globalmente en la COP 27 de Egipto por una comisión de expertos de la ONU que lucha contra la tendencia de las grandes corporaciones que se presentan como comprometidas medioambientalmente y que, sin embargo, hacen todo lo contrario.

A la Fundación Basura, entidad que promovió el proyecto de ley ante los diputados, le preocupan algunos elementos presentes en las indicaciones que plantearon algunos legisladores de la Comisión. “Me parece que algunas modificaciones que se quieren hacer le están tratando de complicar el camino al proyecto de ley”, dice Macarena Guajardo, directora ejecutiva de Fundación Basura.

Guajardo cita el caso de la indicación del diputado Eduardo Cornejo sobre el artículo 5 del proyecto de ley, relativo a que las empresas deben mantener disponible, accesible y permanentemente actualizada en sus sitios web la información sobre sus prácticas ambientales. La indicación de Cornejo refiere a “lo anterior se hará con excepción de aquella información que afecte el desenvolvimiento competitivo de su titular”. Cornejo plantea que las controversias que surjan sobre este tema se resolverán en el Tribunal de Libre Competencia.

“Creemos que hacer excepciones para desenvolvimiento competitivo es poner una piedra altiro, porque cualquier cosa podría considerarse competitiva. Me parece interesante que algunas personas le tengan miedo a la transparencia”, comenta Macarena Guajardo, quien fue invitada a exponer sus puntos de vista a la Comisión de Medio Ambiente.

Quienes no fueron invitadas a exponer fueron las integrantes de la Asociación de Consumidores Sustentables (ADC Circular), cuya presidenta Carola Moya se encuentra preocupada por cómo quedó redactado el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso. Por lo mismo, y por intermedio de la diputada Camila Musante y con la asesoría del abogado Pablo Donoso, presentar algunas indicaciones para intentar corregir algunos aspectos que consideran irreductibles para entrar al debate.

“Cuando lo revisamos, vimos que había bastantes falencias con respecto a temas conceptuales, de la idea matriz y de las herramientas de comunicación. En tanto representantes de la sociedad civil en todo lo que tiene que ver con consumo y publicidad, nos preocupaba que estos temas no fueran abordados de forma correcta”, dice Moya, a quien le inquieta una contradicción que habría entre los cambios que el proyecto plantea a la ley del consumidor y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).

La principal objeción, explica Carola Moya, fue que ese cambio a la ley del consumidor exige que “solo serán considerados reciclables o compostables aquellos productos que puedan reciclarse o comportarse en el territorio nacional”, según señala la modificación del proyecto de ley del literal f) del artículo 28 de la ley del consumidor. “Esto se contrapone con la ley REP, y pone en riesgo la gestión y valorización de muchísimos de los residuos actuales. Se lo hicimos saber al Ministerio del Medio Ambiente. Es imposible que todo se pueda reciclar en Chile. Este ítem rompe la cadena de reciclaje actual de los residuos que se generan en el país. En vez de entregar una solución, abriría un problema enorme”. Y agrega: “Si solo nos vamos a dedicar a reciclar en Chile ni siquiera vamos a poder hacernos cargo de las botellas PET”.

A cambio, la diputada Musante, transmitiendo el sentir de ADC Circular, propone en su indicación que aquellos productos que sean considerados reciclables o compostables deben contar “con una ruta consolidada de valorización”.

Otro punto que a ADC Circular le parece perentorio enmendar es la sanción dispuesta para las empresas cuando incurran en publicidad falsa o engañosa sobre sus supuestas prácticas sustentables. También presentaron una indicación al respecto, a través de la diputada Musante, para que las empresas no solo paguen una multa, sino que, además, se hagan cargo del pago por las ganancias, realicen una declaración pública “asumiendo de que entregaron información falsa” y retiren el producto. “El principal problema pasa porque ese producto sigue en el mercado; si solo pagan una sanción, la información sigue mal entregada a la gente”, indica Carola Moya.

Así y todo, Moya cree que, supeditado a la aprobación de las indicaciones presentadas, el proyecto de ley de ecoblanqueo implicará que “la ciudadanía viera un impacto cuando las empresas saquen los productos del mercado y tengan que reconocer que han incurrido en un error o en un engaño. Eso ayudaría a mejorar la transparencia y la credibilidad de las empresas, e influiría en la toma de decisiones de los consumidores”.

Macarena Guajardo, en similar tenor a Moya, opina que “independientemente de las objeciones, el proyecto pueda avanzar”, ya que “apela a la sana y transparente competencia, para hablar el lenguaje empresarial”. Del mismo modo, la directora ejecutiva de Fundación Basura anhela que el texto legal “efectivamente tenga un importante impacto no solo para frenar esas conductas abusivas, sino para construir una cultura socioambiental honesta en Chile. Por nosotras que el proyecto se apruebe y siempre esperamos que esté la puerta abierta a recomendaciones de mejora”.

Por su parte, Acción Empresas -organización sin fines de lucro que agrupa a más de 120 empresas de diferentes industrias y rubros que pugnan por la sostenibilidad como eje central de su propuesta de valor- celebra la iniciativa que hoy se debate en el Poder Legislativo.

“Este proyecto de ley es positivo y clave porque el llamado ‘lavado verde de imagen’ desacredita y deslegitimiza los esfuerzos sinceros basados en la acción que hacen muchas de las empresas en pos del desarrollo sostenible. Tal como dice el documento, es muy importante que la información que comparta el sector privado esté basada en acciones, sea verificable y confiable. Justamente esto se relaciona con uno de los cinco criterios clave de sostenibilidad que estamos promoviendo en Acción Empesas, de reportabilidad y transparencia, que compromete a las compañías a acelerar el avance y gestión en esta área, de manera comprobable a través de la información pública que entregan, lo que se vincula a las nuevas exigencias de reportabilidad, como la NCG 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que exige una memoria anual integrada, incorpore obligatoriamente temáticas ESG, para las empresas abiertas en bolsa”, comenta Kathi Müller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas.

El debate en el mundo de la publicidad

Desde la academia, el publicista y profesor de Marketing de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, valora la iniciativa en trámite en la Cámara de Diputados. Le parece un buen proyecto de ley y prevé que tendrá un efecto en la población, ya que “inhibiría las conductas abusivas de las empresas, obligará a los bufetes de abogados que las asesoran a advertirlas de promover algo que sea real. Habrá una limitación y generará una conversación al interior de la empresa. Y moverá también a las agencias de publicidad”.

Con respecto a la publicidad, Carola Moya, de ADC Circular, es partidaria de incluir en la discusión al Consejo Nacional de Autorregulación y Ética Publicitaria, para hacer cumplir un artículo del código de ética de tal asociación que obliga a las empresas a ser transparentes con la información publicitaria que entregan a la ciudadanía. “El proyecto está pensado desde la sanción y el mercado, pero no desde cómo funciona la publicidad”, asegura la representante.

Con respecto a si las empresas abusan del lavado verde de imagen en su publicidad, el profesor Cristian Leporati considera que “en general las grandes compañías globales han tomado conciencia de esto, pero las compañías en Chile importan productos que no tienen buena fiscalización interna de los insumos con los que se producen. Las industrias no siempre son conscientes de que no todo puede ser una ventaja comercial, menos contra el medio ambiente y con un cambio climático irreversible. Esto nos obliga a tomar una conciencia mucho mayor al respecto”.

Leporati está de acuerdo con las sanciones pecuniarias a las empresas y a las agencias de publicidad; no opina lo mismo sobre la sanción que recae sobre los medios de comunicación que emitan publicidad engañosa de las empresas, los que, según se lee en el texto, “serán sancionados con una multa equivalente al doble del beneficio económico obtenido por su emisión”.

“A mi juicio, el responsable número uno del greenwashing es la empresa, y también las empresas que asesoras a esas compañías: agencias de comunicación estratégica, y de publicidad. Creo que los medios de comunicación no deberían tener sanción, porque no tienen un departamento de contraloría que regulen que si todo lo que se dice en publicidad es verdad o mentira. Eso llevaría a una escalada que es brutal”, complementa Leporati.

Por el contrario, desde ADC Circular creen que la sanción estipulada para los medios de comunicación sí es pertinente: “Creemos que es una responsabilidad sistémica. Todos quienes participen de declarar, realizar o ampliar estas declaraciones estarían siendo responsables. Nosotros consideramos a los medios de comunicación y también a los influencers que transmiten este tipo de información”, dice Carola Moya.

Hay una última objeción que transmite ADC Circular: la idea matriz. “Se contempla una plataforma para hacer el seguimiento, pero no se indica quién estará a cargo de esa plataforma ni cómo será el abastecimiento de información. Ya conocemos de otras iniciativas como Código Verde que no tuvieron éxito porque eso no estaba definido y nadie lo abastecía de información. También nos preocupa el hecho de que las empresas vayan a destruir los productos si incurren en esta práctica. Lo ético y responsable sería reciclarlos y valorizarlos con trazabilidad, si son envases, por ejemplo; si son productos envasados, se deberían donar y gestionar de forma ética y social”, añade Moya, para quien “no haber sido parte del inicio de la discusión en la Comisión de Medio Ambiente, nos deja súper en desventaja para representar los derechos y deberes de la ciudadanía”.