Medio Ambiente / Nueva Constitución

Las 10 iniciativas populares de norma más votadas en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional

Un total de 243 propuestas de norma constitucional enviadas por la ciudadanía han ingresado a la plataforma de participación popular, de las cuales -hasta ahora- solo dos han superado las 15 mil firmas solicitadas, con lo cual podrán ser discutidas en la Comisión de Medio Ambiente y, eventualmente, en el pleno de la asamblea para ser aprobada como norma dentro de la nueva Constitución. Otras -relativas a glaciares, protección de animales no humanos, fin a las zonas de sacrificio, acceso libre a las montañas- esperan aumentar sus firmas digitales para alcanzar la cuota requerida.

Hasta el próximo 1 de febrero la ciudadanía tiene plazo para ingresar su firma digital de apoyo a las iniciativas populares de norma constitucional (IPN), mecanismo que la Convención Constitucional diseñó para canalizar la participación popular en el texto de la nueva Constitución que emergerá desde la asamblea. Cada persona u organización puede presentar una iniciativa popular de norma constitucional hasta el próximo 20 de enero en que vence el plazo.

Para que dichas propuestas lleguen a ser discutidas por las respectivas siete comisiones temáticas de la Convención, y que eventualmente sean aprobadas en el pleno de la asamblea como norma constitucional dentro de la nueva Carta Magna, deberá alcanzar 15 mil firmas de al menos 4 regiones del país. En total, en la última actualización disponible en la web especial de las IPN, se han presentado 1.692 iniciativas populares de norma.

En particular, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico, coordinada por Camila Zárate y Juan José Martin, ha recibido hasta ahora 243 propuestas ciudadanas potenciales de ser norma constitucional. Dentro de ellas, solo dos han superado la cuota requerida de las 15 mil firmas: “Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro” y “#Nosonmuebles – Incorporación de los animales en la Constitución”.

El resto todavía necesita más firmas para poder tener el estatus de las dos anteriores. Cada persona puede ingresar a la plataforma de las IPN y votar por 7 de ellas como tope. En País Circular hicimos un resumen de cuáles son las 10 IPN más votadas, incluidas aquellas que ya cumplieron el requisito y serán debatidas en la Comisión de Medio Ambiente.

1. Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y oro” (Propuesta N° 5.602, 17.471 firmas)

Es una iniciativa del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre que superó con creces las 15 mil firmas requeridas, por lo que será debatida en la Comisión de Medio Ambiente de la Constituyente. En el planteamiento del problema, la IPN indica que el país tiene muchas necesidades sociales “que no pueden ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos necesarios”. Sin embargo, dice el texto, “la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades”. Repudian que las empresas, por lo general, extranjeras, no paguen los tributos necesarios, por lo que, arguyen, “es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas mineras”.

Según parte del articulado propuesto por la IPN, “nadie puede, en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

En lo que toca con la gran minería, es decir, aquellas que produzcan más de 36 mil toneladas de mineral en cualquiera de sus formas, la propuesta señala que la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos de ellas o a la totalidad o parte de sus bienes, así como también a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas.

En el caso de la pequeña minería (hasta 36.000 toneladas por año), agrega el texto, “el Estado podrá otorgar concesiones administrativas al sector privado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”. Estas tendrán una duración no superior a 20 años.

2. “#Nosonmuebles – Incorporación de los animales en la Constitución” (Propuesta N° 1.650, 15.547 firmas)

Es otra de las iniciativas enviadas a la Comisión de Medio Ambiente de la CC que ya logró la meta de las 15 mil firmas. Es una propuesta de Fundación Vegetarianos que ya habían lanzado una campaña “#Nosonmuebles” en el proceso constitucional que abrió la ex presidenta Michelle Bachelet en 2015. Este texto busca la protección y bienestar de los Animales No Humanos (ANH), quienes en este momento tienen el estatuto legal de “cosas” en el ordenamiento jurídico chileno.

De manera que la propuesta busca el reconocimiento de los ANH como “seres sintientes” a través de un principio constitucional, lo que derivaría, dicen, en una “debida protección de los intereses y las necesidades de los ANH por parte del Estado”.

El articulado sugerido tiene algunos pilares, indican: deber del Estado; inclusión de todos los animales; consideración de conceptos de especie y territorio para la creación de políticas públicas y reconocimiento de los animales no humanos como seres conscientes y seres sintientes.

Dentro del texto sugerido, la propuesta indica que “el Estado garantizará la protección y mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad. La ley establecerá las normas de protección y resguardo de los animales”. Asimismo, proponen la creación de un “organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico que fomentará el resguardo, protección y promoción de todos los animales”. Una ley determinará los términos en que funcionará este organismo autónomo, agrega el documento.

FOTO: Softys Water Challenge.
El derecho humano al agua y saneamiento figuran entre los temas principales de las iniciativas populares de norma en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención.

“Es urgente desprivatizar las aguas y recuperar sus fuentes, establecer los derechos humanos al agua y el saneamiento, proteger los glaciares y la criósfera en el marco de los Derechos de la Naturaleza”.

Articulado de la propuesta N° 40.230, del colectivo ``Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares``.

3. Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares (Propuesta N° 40.230, 13.123 firmas)

Menos de 2 mil firmas necesita esta iniciativa popular de norma para ingresar al debate en la Comisión de Medio Ambiente de la CC. Es una propuesta levantada desde una alianza llamada Articulación por las Aguas, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares, que a su vez aglutina al Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), a la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y a Modatima.

Para los motores de esta propuesta, “es urgente desprivatizar las aguas y recuperar sus fuentes, establecer los derechos humanos al agua y el saneamiento, proteger los glaciares y la criósfera en el marco de los Derechos de la Naturaleza”. Argumentan, entre otros factores, que “la privatización del agua destruye los ecosistemas, daña la agricultura familiar campesina, obstaculiza la soberanía alimentaria y la transición a la agroecología y vulnera, entre otros, el derecho humano al agua y la dignidad de personas y familias”.

En el articulado sugerido, la iniciativa propone que, en términos de naturaleza jurídica del agua, éste “en todas sus formas y estados, es un bien común inapropiable, que pertenece a los pueblos y a la Naturaleza”. Del mismo modo, agrega, “es deber del Estado garantizar el uso prioritario de las aguas para la regeneración, recuperación y subsistencia de los ecosistemas y los derechos humanos al agua, sin perjuicio de los derechos al agua de los pueblos indígenas relacionados con su cosmovisión, y del campesinado”.

El texto también plantea derogar el Código de Aguas y crear una Defensoría de la Naturaleza. Sobre los glaciares y la criósfera, el documento aspira a que el Estado garantice y promueva la preservación de la criósfera, entendida como “los componentes de agua en estado sólido, en su diversidad de formas, tales como mantos y casquetes de huelo, permafrost o suelo congelado, nieves y nevizas, todos los tipos de glaciares, entre otras”, toda vez que representa “un papel central en el clima global y local”, en el contexto de la crisis climática.

4. Sujetos, no objetos (Propuesta N° 3.694, 8.127 firmas)

Es una propuesta de la Alianza por los Derechos Animales que busca reconocer a los animales no humanos (ANH) como “sujetos de derecho” y que al respecto la educación tendrá un papel primordial en tanto fomentará “el pleno desarrollo humano y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, por los derechos de los animales no humanos y por la naturaleza”.

En el articulado, la iniciativa popular de norma constitucional plantea la creación de un Consejo Nacional de Protección Animal, autónomo y con personalidad jurídica, el que velará por el resguardo de las leyes de protección a los animales no humanos. La ley, agrega el texto, “definirá los mecanismos que este organismo deberá implementar el pos de la promoción y la protección de tales derechos y los mecanismos de coordinación con los otros órganos del Estado”.

En tal sentido, dicen, “cualquiera podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen los derechos de uno o más animales, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección”.

5. Protección del medio ambiente, cambio climático y fin a zonas de sacrificio (Propuesta N° 3.422, 7.850 firmas)

La Libre y Sustentable República de Chile es el colectivo que elaboró esta IPN que propende a consagrar como tema de Estado el desarrollo sostenible y el deber de todas las personas de proteger el medio ambiente, así como también establecer la necesidad de una institucionalidad que aborde el tema del cambio climático y ponga fin a las llamadas zonas de sacrificio.

En el articulado mismo, justamente, las personas detrás de esta propuesta sugieren que el Estado tiene el deber de velar por la protección del medioambiente, asegurando “a las personas el derecho a vivir en un entorno sano y libre de contaminación”. Asimismo, el Estado “debe establecer los instrumentos adecuados de gestión para propender a un desarrollo sostenible” que garantice la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, pero “sin poner en riesgo a las generaciones futuras”.

Tres de las 10 propuestas que concentran más votos en la Comisión de Medio Ambiente versan sobre la protección de los animales no humanos (ANH).

“El Estado garantizará la protección y mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad. La ley establecerá las normas de protección y resguardo de los animales”.

Articulado de la propuesta N° 1.650, de Fundación Vegetarianos.

6. Acceso al agua para toda la población (Propuesta N° 3.430, 4.189 firmas)

Es una propuesta en tenor similar con la que ocupa el tercer lugar en orden de preferencias. Levantada también por el colectivo La Libre y Sustentable República de Chile, esta IPN busca consagrar a nivel constitucional a las aguas como bienes nacionales de uso público y garantizar su acceso para consumo humano a toda la población.

Complementariamente, la propuesta busca fomentar “el desarrollo de servicios públicos destinados a asegurar el acceso de toda la población” al recurso hídrico. “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre aquellos derechos. Corresponderá al legislador regular el otorgamiento, condiciones de ejercicio, limitaciones y extinción de los derechos de aprovechamiento, en conformidad al interés público o nacional y velando por un uso racional de los mismos”, añade el texto.

7. Modelo económico, libertad de emprender y fomento de mipymes (Propuesta N° 22.338, 3.419 firmas).

Creado por la Multigremial Nacional de Emprendedores, esta propuesta se sitúa en el ítem de modelo económico incluido en la Comisión de Medio Ambiente. La iniciativa popular de norma referida apuesta por que la nueva Constitución consagre la libertad de emprender y hacer empresa, y donde “se asegure que cada persona sin importar su origen, credo, raza o edad, podrá impulsar y desarrollar ideas y toda actividad económica, en un ambiente de estabilidad, con garantías y con respeto a la propiedad privada, al trabajo, a la libre asociación, cuidando siempre los recursos naturales y el medioambiente”.

A su vez, respecto del derecho de propiedad, la iniciativa sugiere en el articulado que “la propiedad es inviolable” y que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales”, excepto “por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador”.

Con respecto a las mipymes, el texto propone protección especial y urgente de amenazas para los emprendedores. A saber: posición dominante de las empresas grandes, monopolios, burocracia estatal, desmesurada carga impositiva.

8. Iniciativa popular Acción Directa por los derechos de los animales (Propuesta N° 6.222, 3.207 firmas)

Creada por Acción Directa Santiago, la iniciativa de norma concibe preliminarmente que “la violencia contra los demás animales es un aspecto dentro de la violencia generalizada entre humanos y reconocerla nos ayudará a vivir más armónicamente, no solo con la naturaleza, sino con los animales de otras especies y entre humanos”.

En el articulado, quienes proponen esta IPN apelan a que el Estado “fomente el reemplazo del uso de animales en las distintas formas de explotación y provea los recursos necesarios con el fin de apoyar el trabajo de organismos de la sociedad civil dedicados al rescate y reubicación de animales, sin distinción de especie”.

Del mismo modo, la propuesta plantea prohibir el uso de animales para entretenimiento, recreación humana, orden público y actividades de riesgo y producción y comercio de pieles de animales en el territorio nacional.

9. Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos (Propuesta N° 15.150, 2.542 firmas).

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los bienes públicos que sean establecidos por ley y, en particular, de las aguas y las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales”, dice el comienzo de la propuesta de articulado de esta iniciativa de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).

El argumento que entrega la CTC para renacionalizar el cobre y los bienes públicos estratégicos obedece a que “la apropiación privada de tales recursos favorece el extractivismo, es decir, su explotación exagerada, en perjuicio de las zonas aledañas y los equilibrios generales de la naturaleza”.

Y si bien la propuesta de norma reconoce la propiedad privada dentro de la nueva Constitución, al mismo tiempo “toda persona podrá ser privada de su propiedad, por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

10. Acceso universal a las montañas (Propuesta N° 7.802, 2.555 firmas).

Es la única de las 10 iniciativas de norma constitucional levantada por un particular. Se trata del músico, realizador audiovisual y montañista Sergio Infante, quien propone el acceso universal a las montañas, toda vez que, dice en su argumentación, el 63,8 por ciento del territorio continental de Chile corresponde a superficie de montaña, del cual el 70 por ciento es de propiedad fiscal. Sin embargo, el 12 por ciento de esos terrenos fiscales no cuenta con ningún tipo de acceso.

Por lo tanto, entre las propuestas de articulado de la IPN, Infante sugiere declarar a las montañas como un bien de uso público, y que el Estado debe garantizar un paso de servidumbre a todas las montañas ubicadas al interior de predios fiscales, mismo paso que deben destinar los privados dentro de sus predios. Además, “el Estado de Chile debe propiciar la creación de reservas y parques de montañas en predios fiscales”, agrega el texto. “Todo ciudadano tiene el derecho a deambular por las montañas de Chile, ya sea con fines deportivos o turísticos, tan solo para contemplarlas o para dormir a sus pies”.

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