En 2013 la famosa ola “La Gotera” perdió esa fisonomía que encantaba a los surfistas y a la comunidad de Pelluhue (Región del Maule). Un proyecto de ampliación de la caleta pesquera referida, que consistió en un estacionamiento y un rompeolas, afectó de forma determinante a la ola que congregaba diversos campeonatos. Hoy la zona se encuentra prácticamente sin uso.

Este es uno de los ejemplos que la Fundación Rompientes cita en cada una de sus presentaciones, a fin de promover un proyecto de ley que busca proteger las rompientes de olas y, de paso, evitar lo que sucedió en el balneario maulino: la ley de protección de rompientes. Dicha agrupación es una alianza entre ONGs, fundaciones, deportistas y amantes del mar que recogió el guante del proyecto original presentado ante el Congreso en 2018 por la Asociación de Surf de Arica, bajo el patrocinio del senador José Miguel Durana.

Actualmente aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el proyecto (boletín 12159-04) se encuentra sometido a observaciones e indicaciones para su mejoramiento ya que, según reconoce Fundación Rompientes, el original tenía varios ripios. Por la misma razón, el proyecto presentado en 2018, que entregaba varias competencias al Ministerio de Deporte que realmente no posee, ha ido evolucionando.

“Lo que siempre buscamos transmitir es que las rompientes son un estadio deportivo natural para los deportes acuáticos, a diferencia de los otros estadios deportivos en que hay que construir los recintos. Entonces, hay que dedicarse netamente a proteger estos estadios naturales”, comenta Manuela Barros, abogada y coordinadora del proyecto de ley ante el Congreso por la Fundación Rompientes.

Por su parte, el surfista chileno Ramón Navarro, un referente mundial de las olas grandes, apunta que el proyecto en cuestión no solo beneficia a los surfistas, sino a todos los deportes acuáticos y al entorno natural. Oriundo de Pichilemu, Navarro también ha destacado como un defensor de la naturaleza en su zona, al punto de ser uno de los fundadores del Comité de Defensa de Punta de Lobos, hecho tras el cual la playa fue declarada “Reserva Mundial del Surf” en 2017 por la organización estadounidense Save The Waves.

“Somos de los primeros en apoyar esta ley. No solo tiene que ver con los deportistas, sino con el libre acceso a las playas que son aptas para la práctica deportiva, y que tienen que ver con el cuidado y el entorno de las mismas. Beneficia a una comunidad que en materia económica podría tener mucho potencial. Pichilemu, por ejemplo, gira en torno a las rompientes de olas. Es un tema más amplio”, cuenta Navarro, también integrante de la Fundación Rompientes.

La definición de “rompiente” que defiende la alianza comprende la “zona donde las olas generadas por el viento interactúan con el fondo marino, aumentando su altura hasta alcanzar el punto de rotura, luego del cual continúan disipándose en su propagación hacia la costa”. En tal sentido, dice Manuela Barros, se busca proteger dos dimensiones de la rompiente: sus características (componentes físicos que le dan forma, funcionamiento y calidad) y sus cualidades (elementos que permiten el uso por parte de los usuarios). Entre las primeras se cuenta la batimetría (coral, arena, roca), la venta de mar de fondo (swell), la trayectoria de las olas, los procesos de sedimentación y el viento; entre las segundas, en tanto, se cuentan el acceso, la calidad de las aguas y la falta de obstáculos que pongan en riesgo a los deportistas.

Lo sucedido con la ola “La Gotera” de Pelluhue comprende uno de los variados casos de afectación -efectiva y potencial- que Fundación Rompientes ha expuesto ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Manuela Barros también cita otros ejemplos de construcciones o afectaciones que le han provocado un daño irreparable a otras olas emblemáticas en Chile para la práctica deportiva: episodios de contaminación de las aguas que han afectado la ola “El Gringo” en Arica; un muro de concreto que impidió que se formaran bancos correctos en la zona de surf y que alteró la ola en el balneario de Curanipe; y la afectación que provocó por mucho tiempo el acceso solo privado a la ola de Puertecillo (Región de O’Higgins), que reúne condiciones extraordinarias en Chile, y que hoy, afortunadamente se encuentra abierta a los usuarios. “También hay afectación con proyectos inmobiliarios que mueven las dunas, y con ello mueven las arenas e influye en la ola”, complementa Manuela Barros.

Hay otra ola en Pelluhue que se encuentra bajo amenaza: “Los botes”. Según dicen en la Fundación, en la zona se pretende construir un espigón que impide la entrada sur de la ola, bloqueando la ventana de swell que viene desde el sur, lo que destruiría totalmente la rompiente. Los niños que practican bodyboard en el lugar, dicen en la agrupación, se verían completamente perjudicados.

Los proyectos al SEIA: la petición de Fundación Rompientes

Al tanto de que el Ministerio del Deporte carecía de atribuciones en el territorio marítimo para llevar el peso de este proyecto de ley, en Fundación Rompientes se han abierto a modificar el proyecto original y han buscado el apoyo de otros parlamentarios para tramitarlo de forma expedita. “Estamos presentando indicaciones para mejorar el texto. En esa etapa estamos hoy, y le queremos dar un carácter más medioambiental al proyecto. Queremos que la rompiente sea un área oficialmente protegida, al igual como ocurre con un parque nacional o un santuario de la naturaleza”, adelanta Manuela Barros.

Acto seguido, la solicitud medular de la agrupación ante la Comisión presidida por la senadora Paulina Núñez es “crear un registro de rompientes aptas para la práctica deportiva, y que cualquier proyecto, público o privado, que afecte dichas rompientes deba pasar por el servicio de evaluación de impacto ambiental”. Según el reconocido surfista Ramón Navarro, “no buscamos prohibir nada, sino regular para que dichas construcciones no interfieran el recorrido natural de las olas”.

Sin embargo, dice Manuela Barros, estos cambios en la legislación chilena recaen exclusivamente en el Ejecutivo, ya que implica otorgar nuevas facultades a organismos públicos, por ejemplo, al SEIA. Y en línea con esa idea, Barros percibe desinterés del Gobierno en continuar la tramitación del proyecto.

“Necesitamos el apoyo del Gobierno para avanzar. Esa modificación para legislar está en manos del Presidente de la República, que tiene facultad exclusiva para ellos. No dependemos de los parlamentarios. Crear un registro de rompientes, incorporar las rompientes al SEIA, ampliar la fiscalización de la Armada a través de Directemar para el cumplimiento de la ley son facultades exclusivas del Presidente”, subraya la coordinadora del proyecto para Fundación Rompientes. A título personal, aclara Barros, cree que el Gobierno “ha sido muy poco activo en este tema, en cuanto a proponer sugerencias y a una voluntad a flexibilizar. No se han pronunciado, yo creo que piensan que el proyecto no tiene un carácter medioambiental tan claro. Esperamos que nos digan que sí o que no, no una postura entremedia”.

Ramón Navarro, desde su perspectiva, cree que esa “indiferencia” del Gobierno con el tema obedece a que “esta ley puede frenar mucho desarrollo inmobiliario o construcciones de puerto o muelles, les da miedo votar a favor”.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Paulina Núñez, coincide con la postura de los integrantes de Fundación Rompientes. “Puse este proyecto en tabla porque me parece importante regular esta materia. Ha avanzado bien gracias a los senadores y senadoras, estamos en primer trámite. Pero ha habido poco interés y algunos ministerios ya han dicho que no es prioridad y no les parece, los motivos son variados. Entre ellos la coordinación con mejorar en la administración del borde costero, creo que confunden los temas y lo hemos hecho ver”.

La inspiración en la ley peruana y el choque con el MOP

Ramón Navarro explica que el proyecto de ley de rompientes en Chile está inspirado en una legislación que ya fue aprobada en Perú, país que tiene un destacado rendimiento deportivo en el surf. “Acabo de estar en Perú y la ley ha producido un efecto positivo en lo turístico y en lo deportivo. Ha crecido mucho el tema en las comunidades, en las caletas de pescadores y en la práctica de los deportes acuáticos”, dice el surfista pichilemino.

En Perú, citan en Fundación Rompientes, ocurrió un episodio terrible que gatilló la discusión de la reseñada ley de protección de olas para la práctica deportiva, que luego fue promulgada en 2001. En la playa La Herradura, en Lima, había una ola de clase mundial que fue afectada producto de la decisión de un alcalde, quien ordenó hacer una pista dinamitando el acantilado y el borde costero sin estudios ambientales ni planificación alguna. El proyecto llenó de piedras y desarenó una de las playas más bellas de la capital peruana. Sin embargo, tras la aprobación de la ley, Perú tiene 33 rompientes protegidas, correspondientes a 868,3 hectáreas, y hay otras 10 rompientes en proceso de protección.

Aterrizando el caso a territorio chileno, apunta Manuela Barros, Chile cuenta con más de 100 rompientes aptas para la práctica deportiva, 20 de ellas de clase mundial. “No es de nuestro interés proteger todas las rompientes en Chile ni todo el borde costero”, aclara la también surfista. Dice Barros que como Fundación Rompientes están abiertos a flexibilizar su postura y, por de pronto, tender a proteger al menos 30 rompientes, ya que cuentan con ese listado preliminar prioritario. “Hay que seleccionar las más emblemáticas. Puedo mencionar ahí a ‘El Gringo’ de Arica, Puertecillo, ‘Roca Cuadrada’ en Matanzas, Buchupureo, Mehuín y Faro Corona en Chiloé”, agrega.

Otra de las piedras de tope que ha encontrado el proyecto de ley es la dificultad planteada por la Dirección de Obras Portuarias (DOP), dependiente de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Invitada el 6 de junio pasado a exponer en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la directora general de Obras Públicas, Scarlett Vásquez, realizó varios comentarios y observaciones al proyecto de ley referido.

Vásquez señaló que “la declaratoria como zona de protección oficial a las zonas de rompientes podría afectar iniciativas que tengan como objetivo la protección de la vida o seguridad de las personas (obras defensivas ante marejadas-tsunamis o rompeolas) o infraestructura crítica. También dijo que falta pronunciamiento a la DOP en tanto encargada de desarrollar la infraestructura del borde costero, de manera que se considere la conservación de las rompientes de las olas en etapas tempranas de los diseños de las obras.

La senadora y presidenta de la Comisión, Paulina Núñez, disiente de Scarlett Vásquez, ya que el proyecto de ley “no afecta lo que plantea como alerta el Ministerio de Obras Públicas”. Además, criticó que “el Gobierno no tiene una postura clara: la opinión del MOP es distinta a la del Ministerio de Defensa y al de Deporte y es la Segpres quien está articulando desde el Ejecutivo”.

Manuela Barros también cree que podría haber “compatibilidad de usos en el borde costero”, y que si se lleva a la práctica bien el proyecto puede coexistir con infraestructura crítica para la seguridad de las personas. Por último, Ramón Navarro tampoco está de acuerdo con lo planteado por el MOP: “En el fondo son cosas diferentes, porque donde están las olas aptas para la práctica deportiva son lugares con rompientes de alto tamaño; en cambio, los lugares que se tienen que proteger por alertas de tsunami no cuentan con olas tan expuestas a la comunidad”.