Juan José Martin (Independientes no Neutrales) es uno de los integrantes más jóvenes de la Convención Constitucional, con 25 años. Oriundo de La Florida, se ha destacado por la lucha medioambiental a través de diferentes instancias como Cverde, organizaciones juveniles de Chile por la sustentabilidad. Pertenece, además, al movimiento Eco Constituyentes, por eso en muchas ocasiones en esta conversación habla desde el nosotros. Su causa: consagrar una serie de derechos medioambientales en la nueva Constitución, y no podía estar mejor situado que en la coordinación de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

En su rol se ha caracterizado por un tono dialogante, abierto a todas las ideas, pero firme en sus convicciones: instaurar un nuevo modelo económico y de desarrollo que tenga como eje el medioambiente. Incluso llegó a hablar de la teoría del decrecimiento, posición que ha matizado considerando que, si es importante crecer, pero con más derechos ambientales, y con reglas más claras. Y de eso habla en esta entrevista, en donde hace un positivo balance sobre el desarrollo de la comisión, confiando en que se pueden llegar a grandes acuerdos, incluso con los convencionales de derecha. Además, explica cómo se están preparando para lo que viene este verano: la deliberación de las normas constitucionales.

¿Cuál es la evaluación que hace de estos meses de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente, lo bueno y las trabas que han tenido?  

Evalúo positivamente el desarrollo de la comisión. Creo que las cosas han funcionado, hemos podido lograr un espacio que llega a acuerdos, que dialoga, que mantiene el respeto, a pesar de las diferencias. Nos hemos mostrado, también, como una comisión flexible que permite adaptarse a las cosas que van sucediendo en la Convención. La Convención es un espacio muy dinámico, siempre están pasando muchas cosas y hemos logrado que se responda muy bien a eso. Los grandes logros tienen que ver con que las cosas están funcionando. En algún momento teníamos la necesidad de tener más sesiones, logramos conseguir más sesiones; hoy la necesidad es tener más tiempo, más días, más horas, pero es algo que escapa de una gestión administrativa. En ese sentido, hago una buena evaluación. Por supuesto que ha habido dificultades, hemos tenidos que enfrentar distintas situaciones, pero siento que se ha podido construir el avance en la coordinación y eso lo rescato. Quizás lo más complejo ha sido este esqueleto normativo y administrativo que tiene la Convención, que muchas veces a los convencionales nos cuesta entenderlo, porque tenemos demasiadas preocupaciones: los aspectos territoriales, las normas que se están escribiendo, y además hay que estar atentos a los tiempos, los cronogramas, los reglamentos.

¿Se ha podido cumplir bien los plazos, van a poder abordar todos los temas y contenidos normativos en el tiempo que resta, que ya es la mitad del proceso?

Creo que vamos bien con los plazos, porque nos hemos ido adaptando. Fuimos la primera comisión en generar una propuesta de cronograma -que después se fue ajustando-, porque lo hicimos antes, incluso, que el cronograma de la Convención. Y luego empezamos a funcionar, y ahora hace poco aprobamos un nuevo cronograma que logró condensar más las sesiones de audiencias, para iniciar antes la deliberación y así poder ajustarnos a las necesidades que están surgiendo en esta etapa. Siento que supimos distribuir las audiencias. Hicimos un esfuerzo importante por recibir la mayor cantidad de audiencias. Fueron ordenadas, y se formó un equipo de audiencias que ayudó a articular ese trabajo, lo que democratizó esa decisión. Nos quedan dos semanas de audiencias, y luego comienza la deliberación de las normas que ya se han ido trabajando -paralelamente- en los diferentes colectivos políticos y espacios de colaboración y, también, junto a la ciudadanía que está entregando sus inquietudes. Acá el problema del tiempo siempre ha estado en lo acotado del proceso constitucional, que nos dieron solo un año. Pero durante ese proceso, hemos hecho lo que mejor hemos podido hasta la fecha.

¿Cómo se podrá converger el proceso de participación ciudadana -que aún estará en marcha y durante todo enero con la iniciativa popular de norma que cierra su proceso el 1 de febrero, los cabildos– con la deliberación y votación de normas?

Los acuerdos que hemos tomado en todas las comisiones es que no se votarán normas en particular, hasta después de cerrado el proceso de iniciativa popular de norma. Eso significa que las normas ya recibidas se pueden votar en general; es decir, las normas sí la vamos a revisar, pero no se votan indicaciones ni la norma final. Solo se aprobarán los bocetos ingresados. Habrá votaciones de normas en general, con anterioridad al cierre del proceso de iniciativa popular, pero no se decidirá ninguna norma hasta después de ese proceso. Lo que vamos a hacer es avanzar con las normas ya ingresadas, pero dejando la puerta absolutamente abierta para las decisiones en particular.

¿Cuál es la evaluación a este amplio proceso de participación ciudadana que se ha instaurado en paralelo al trabajo de los convencionales?

Nunca en la historia institucional de Chile se había hecho un proceso de participación así: oficial, descentralizado, con esfuerzo permanente. No sólo las comisiones y el Pleno saliendo, están las semanas territoriales que se hacen efectivas una vez al mes por convencionales. Uno ve el Parlamento que tiene semanas distritales, pero no se hace trabajo territorial, no hay un ejercicio de estar con las organizaciones del territorio, en la calle, conversando. Este proceso ha sido muy bonito e inédito para Chile y esperamos que, de ahora en adelante, eso se transforme en la norma y no en la excepción. Ha sido un esfuerzo muy grande para la Convención, pero que ha dado sus frutos: llevar el trabajo a las personas, que lo sientan suyo, y de empaparse con las realidades. Hay que entender que Chile es un país al que se le había arrebatado la educación cívica. Ha sido un proceso de democratización, un proceso simbólico. El principal aporte de la Convención a la ciudadanía es de educación cívica, en donde se responden dudas, la gente sabe desde qué conversamos, dónde nos sentamos, qué horarios tenemos. Todo eso acerca este proceso a las personas. Y para el otro lado, hemos recibido preocupaciones. En nuestra comisión lo que más se repite es cómo los grandes sectores industriales han pisado las comunidades, han destruido sus entornos naturales. Hemos recibido muchas quejas contra forestales, minerías, contra las instituciones del Estado que funcionan de manera negligente. Mucha queja contra la falta de la provisión de servicios por parte del Estado y de fiscalización. Se genera un ciclo vicioso, que secuestra un poco las cosas y así las comunidades lo expresan, porque, a veces, dependen de una empresa que les hace daño. Ha sido una radiografía que nos han entregado, muy latente. Sin embargo, cada territorio tiene su particularidad. Y eso se traduce en que las normas sean mejor pulidas. No es lo mismo escribir que la naturaleza tiene derecho al agua, que decir que se van a reconocer ciertos bienes comunes y que ese derecho al agua se puede traducir en tal o cual norma. El cómo permea -en el detalle de las normas- nace de este ejercicio de escuchar las preocupaciones y muchas veces, también, de propuestas de las personas.

¿Cómo dialoga esa mirada ciudadana con los sectores productivos y económicos que también tienen la propia y que pueden resultar miradas diferentes? Y en ese sentido ¿cómo se puede equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y las personas?

Nosotros, en general, no estamos en contra -para nada- del desarrollo, estamos a favor del desarrollo y, por supuesto, la actividad económica es algo súper importante y queremos que siga ocurriendo. Creo que nadie en el mundo quiere que desaparezca la actividad económica: el punto es qué tipo actividad económica. En ese sentido, las propuestas y cómo lo estamos tomando es pro-desarrollo, pero de manera responsable. ¿Qué significa el desarrollo? No puede ser solo económico, sino que tiene que ser social, cultural, ambiental. No creo que sean necesariamente visiones que pugnen. Creo que pugnan en casos particulares, cuando hay ciertas actividades, ciertas empresas, ciertas instituciones que tienen prácticas irresponsables que van en contra de las comunidades y los ecosistemas; pero en general, cereo que esta sensación de que es economía v/s naturaleza o comunidades es falsa. Hay muchos sectores económicos y productivos que se presentan diciendo: nosotros queremos ser parte de las soluciones, queremos aportar, tenemos esta relevancia social y queremos hacerla de manera responsable, estamos haciendo nuestros esfuerzos, tenemos algunas necesidad donde el Estado nos podría ayudar, y eso es lo que plantean. Diría que el 90% de los casos son sectores que llegan con ganas de no generar problemas, sino que de ser parte de la solución y eso lo hemos recibido muy bien. Por eso, esa dicotomía es muy caricaturesca, porque en la práctica se ha dado un espíritu mucho más constructivo.

En la opinión pública, a veces, queda otra sensación, más de conflicto, de propuestas muy extremas, con poca opción de moderarse.

Es que los medios, muchos, se alimentan del cahuín. Algunos medios tratan esto como si fuera un reality, como si fuera Pelotón. Eso es un gran error. Acá hay un ejercicio del diálogo, en donde todas las posturas tienen que ser escuchadas y sopesadas, desde las posturas más locas -para cualquier lado-, o desde lo más neoliberal que hay a una más controladora del Estado. Hay que escucharlo todo para nutrir esta conversación. Y eso es un proceso de trabajo y dialogo.

Pero también hubo hechos, como lo que pasó con la CPC y el Consejo Minero, que son organismos importantes del empresariado. ¿Cómo abordaron las críticas que hubo cuando quedaron fuera de las audiencias?

Al final si van a estar (fueron recibidos el lunes 27 de diciembre). Se nos abrió un cupo para 14 organizaciones, y lo que hicimos fue pedirle a los convencionales que vieran alguna organización que no fue sorteada y que pudiese presentarse y ahí quedaron. Todas las organizaciones son importantes de escuchar, pero sí quiero decir que, a pesar de que estarán, hay que decir que ellos se intentaron saltar la fila, no reconocieron que hubo un proceso de sorteo sin arbitrariedades. Ellos querían que hubiera arbitrariedades, porque se consideran más importantes que otros; puede ser cierto o no, pero no corresponde que hayan querido saltarse la fila. Nosotros les dijimos que era un proceso transparente, con acuerdo de toda la comisión para los sorteos, pero no hubo ninguna organización escogida con nombre y apellido. Tuvieron mala suerte, no más, pero quedaron sí otros gremios y muchos. Por ejemplo, la SNA expuso más de una vez, también con un salto de fila, respondieron un formulario con diferentes representantes y terminaron yendo más de una vez y eso tampoco era lo que se quería lograr. Lo que quiero transmitir es que hay algunos sectores que están acostumbrados a que la sociedad los trate con prioridad y lo que nosotros hemos dicho es que son importantes, pero vamos a hacer criterios objetivos y eso se hizo. Además, la audiencia no es la única forma, también está la ley de lobby e incluso ahí tienen más tiempo para exponer. Hubo una manipulación de querer mostrarse presentando algo que no correspondía, pero a pesar de todo no somos rencorosos y terminaron presentando igual.

¿Cuáles son los ejes más importantes que se han estado tratando y que más se han reiterado en la comisión?

Creo que hay un relativo consenso en que el agua sea reconocida como derecho humano y también como un derecho de la naturaleza (al agua). Creo que se generará una titularidad de los derechos de la naturaleza, hay consenso en eso. Se está trabajando la titularidad en su detalle, pero hay consenso en que sea sujeto de derecho. El tema del agua, desprivatizarlo antes de reconocerlo como un derecho implica ese primer paso: generar una gestión con prioridad en las personas y en los ecosistemas que sí permita el uso económico del agua, pero que no pueda estar en contra del bienestar de las personas y el ecosistema, que sea un uso responsable. Ahora, en el detalle, creo que lo más complejo que estamos trabajando es que hay una intensión, bastante transversal, de generar una nueva institucionalidad para que se logre hacer cargo de esto, porque la institucionalidad actual nunca lo logró. Hay un esfuerzo en ese tema, una nueva institucionalidad que logre garantizar derechos humanos, derechos sociales, derechos de la naturaleza y que se logre una economía responsable sobre este nuevo aparato del Estado. Creo que se va a avanzar mucho en eso.

¿Existe consenso en estos temas al interior de la comisión, incluyendo, también, a los sectores más liberales y de derecha, se pueden presentar visiones comunes junto a ellos también?

Espero que sí. Nosotros conversamos con quien quiera conversar. A mí me gusta decir: uno discute sobre lo que está sobre la mesa, no sobre la silla. Entonces, me puedo juntar con cualquiera a conversar sobre las ideas y está absolutamente permitido el disenso y no estar de acuerdo, y no por eso tenemos que ponernos a pelear sobre las personas, sino sobre ideas. Esa actitud de diálogo creo que es mayoritaria; no es 100% compartida, pero si es mayoritaria. Al final, habrá ciertos disensos, porque hay visiones políticas diferentes, pero también valóricas y de vida, pero esto es parte del ejercicio del democrático. Lo que sí te puedo decir es que el esfuerzo de intentar encontrar esos espacios de encuentro está, pero también está el entendimiento de que en la democracia el que se pica pierde. No siempre se va a lograr todo lo que se espera que se logre, pero sí creo que hay mantener el espíritu de que esta nueva Constitución será mucho mejor que la anterior. No concibo por ningún lado que no sea mejor. Tendrá una nueva visión de Chile, será la primera Constitución hecha de manera democrática.

¿Cómo se trabajará con las demás comisiones, dado que los temas medioambientales también se están tratando en casi todas las demás instancias?

El aspecto ambiental es transversal. El otro día estábamos hablando de un tema de salud, se hablaba de condicionantes sociales, y dijimos: también medioambientales. Es un ejemplo de que en todas las comisiones se está viendo este tema. El espacio de encuentro es el ejercicio de construcción de normas. Hay dos formas de ingreso: a través de convencionales y la iniciativa popular de norma constituyente. En ese ejercicio, nosotros conversamos con nuestros colectivos políticos, con los espacios de colaboración que son, por ejemplo, los eco constituyentes, el espacio de profesores o feministas. Allí se están trabajando las normas, se están mostrando y retroalimentando. En ese ejercicio se ve la transversalidad de los temas. Ese es el espacio final, que no ocurre dentro de las sesiones, pero es donde se construye la norma, donde ocurre esta convergencia. Y este mes que nos queda, enero y febrero de elaboración de normas, es el periodo más crítico de la carga de trabajo, hasta que partan las votaciones.