Al principio partieron en silencio, agrupándose poco a poco, hasta llegar a conformar un cuerpo de 34 convencionales a quienes los movía una causa común: la lucha medioambiental. Así, los “Eco Constituyentes” se reunieron para elaborar una serie de normas que perseguían llevar adelante un cambio de paradigma, instaurando los temas medioambientales y la protección de la naturaleza como un eje central para la nueva Constitución. En esa cruzada tuvieron un primer e incipiente logro: consagrar a la Convención en emergencia climática y ecológica, lo que significaba que la temática medioambiental debía ser abordada de forma transversal dentro del debate constitucional.

El agua, los bienes comunes naturales, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, los derechos de los animales, fueron sus temas centrales de lucha constitucional. Ivanna Olivares, representante del distrito 5 de la provincia de Choapa, estuvo en la comisión, defendiendo la causa ambientalista desde su territorio sumido en una permanente y aguda crisis hídrica. Al hacer el balance de las normas aprobadas, ella destaca, por sobre todo, el nuevo estatuto del agua que la reconoce como un derecho humano incomerciable; también apunta a los avances en el derecho a la naturaleza como un derecho fundamental que deberá ser protegido. Junto con ello, valora lo que se avanzó en el tema minero con la instauración de áreas protegidas, aunque muestra su desazón por el rechazo a la nacionalización de la minería, causa de la cual fue una de las impulsoras, pero que no logró pasar la barrera del Pleno.

En esta entrevista con País Circular Olivares aborda cómo quedará la relación entre el medio ambiente y la actividad productiva que, a su juicio, ya no estará supeditada solo a los temas económicos, y en la cual el sector productivo deberá ajustarse para dar cumplimiento a nuevas reglas del juego que tendrán como protagonista la protección al medio ambiente como un elemento clave.

La comisión de Medio Ambiente estuvo en el ojo del huracán por las normas y temas que allí se abordaron, ¿qué evaluación hace del desempeño y del resultado que tuvo la instancia?

Esa comisión fue una de las más importantes y, también, de las más difíciles dentro de la Convención. Desde un principio, conscientemente peleamos por integrar dos temas que, muchas veces, se tratan de una forma en la cual siempre uno estaba en superposición del otro y que tiene que ver con los bienes comunes naturales (la naturaleza) y el modelo económico, que generalmente se ven de forma separada, pero donde pareciera ser que siempre el modelo económico estaba por sobre la naturaleza y los bienes comunes. Entonces, al entender que nuestro gran desafío era la protección de la naturaleza, y que esta no fuera solo un acápite de la nueva Constitución, sino que permeara todo el texto, es que tomamos el desafío de integrar todas estas temáticas en un solo trabajo de comisión.

Eso estuvo, de alguna forma, logrado. Entre los avances que alcanzamos en esta comisión está, por sobre todo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Eso es un progreso en el cambio de paradigma que trae la nueva Constitución y es un gran avance para Chile, porque se integra a este constitucionalismo latinoamericano donde se establece que la naturaleza no solo es un medio que sirve para los humanos, sino que declaramos que tanto la humanidad como la naturaleza forman un sistema integrado e interdependiente y que, por lo tanto, proteger y restaurar esta naturaleza es un fin en sí mismo. La naturaleza tiene un valor por sí misma.

Economía y protección del medio ambiente

¿Cree que se logra un equilibrio entre la economía y el resguardo del medio ambiente?

Hemos establecido lineamientos generales sobre la participación del Estado en la economía para cumplir con los objetivos que se establecen en la Constitución. Pero, además, se instauran ciertos principios, por ejemplo, el de la obtención de los objetivos económicos basados en principios de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. Estos elementos, si bien tienen una perspectiva económica y social, pueden estar perfectamente unidos a las definiciones y principios que salieron de la comisión de medio ambiente. Estas propuestas generales pueden ir entrelazándose, dialogando con los principios de esta Constitución ecológica que estamos planteando. Ninguna de las dos está en estado de superposición, sino que estamos en una convergencia que nos permita lograr el equilibrio entre el cuidado, el equilibrio ecosistémico con las actividades económicas.

Por ejemplo, en materia de agua las normas son muy protectoras de las actividades económicas para los pequeños productores en la agricultura. El hecho de consagrar el agua para los ecosistemas permite un restablecimiento que, sin duda, llevará a una fórmula en que tiene que ocurrir un proceso de redistribución de las aguas. Para ir consagrando esto lo que se está haciendo con una de las normas transitorias respecto a la nueva institucionalidad del agua con la Agencia, es que tiene que ocurrir un proceso de redistribución, porque entendemos que la crisis hídrica también deviene de grandes asimetrías, de personas que tienen mucho aprovechamiento de agua, y son los que no permiten que otras actividades -como la pequeña agricultura o los pequeños pirquineros- tengan acceso al agua. Estamos siendo muy protectores de las economías locales (…) El Estado debe promover las economías locales, los circuitos cortos y la economía circular. Esas determinaciones están dialogando con la protección medioambiental, pero también con una gran mayoría de las personas que requieren acceso al agua, y que hoy no lo tienen, porque la Constitución del 80 generó mucha concentración de la propiedad.

¿Se establece una vara más alta para el sector productivo, privado y empresarial en cuanto a protección de la naturaleza y el medio ambiente?

Sí, efectivamente estos mandatos ecológicos van a generar un acuerdo político, institucional más protector, donde el eje productivista que resguardaba la Constitución del 80 se tendrá que ajustar a una política más protectora del medio ambiente.

Un elemento que puede haber faltado es un régimen más claro en minería, aunque mantuvimos el dominio del Estado sobre los productos mineros y se hace un mandato más claro, donde el Estado debe velar por el conjunto de la minería. Actualmente, la institucionalidad ambiental pone pocas restricciones a la gran actividad minera. Somos un país cordillerano, con grandes yacimientos que tienen muchos minerales que vienen siendo explotados, con una desregulación muy grande en términos de donde se sitúa la actividad minera, y eso es un avance. Pero al mismo tiempo, nos llevamos un sabor amargo al no lograr establecer un régimen claro en esta materia, y tampoco logramos un mayor control del Estado sobre la actividad minera. Teníamos iniciativas populares de normas que abogaban por la nacionalización de la gran minería, pero después tuvimos que retroceder un poco con esta expectativa de nacionalizar todo, avanzando hacia una chilenización o nacionalización pactada en que el Estado se hace partícipe de la actividad minera de una forma más mayoritaria; tampoco se logró. Después vino la propuesta de cambiar el régimen de concesión plena por autorización administrativa; tampoco quedó. Finalmente, lo único que nos quedaba era una propuesta de royalty, donde se establecía que no era un impuesto, sino una compensación que las grandes mineras deben entregar al Estado por el uso de los minerales que son del pueblo de Chile. Así, fuimos avanzando desde la nacionalización hasta el royalty, pero nada fue aprobado. Esa es una de las grandes decepciones del proceso constituyente, porque intentamos por varias fórmulas alcanzar los dos tercios, pero no se logró.

¿Cuáles podían ser los beneficios de una nacionalización de la minería? Usted ha mencionado, por ejemplo, el caso de Bolivia como algo a imitar…

Bolivia hace un resguardo de sustancias estratégicas que sirven para el financiamiento del Estado, y además están incorporando valor agregado, algo que los países latinoamericanos no hacen. Entonces, lo que nosotros veíamos a través de un proceso de nacionalización es que era el Estado el que definía la política en torno a la actividad minera y podía incorporar, tanto valor agregado como lo está haciendo Bolivia, pero también podíamos hacer acuerdos ecológicos.

De todos modos, en las normas aprobadas se establece una mayor protección de la naturaleza para la actividad minera, ¿en qué se podría traducir este nuevo marco en la práctica?

Estamos viendo eso en las normas transitorias; por ejemplo, que la protección de ciertas áreas naturales se traduzca en que se debe iniciar un proceso de revisión de las mineras que están en estas zonas, con un proceso de formulación para un plan de cierre de las mineras en estos lugares de especial protección. Entonces, eso se materializa con una norma transitoria. Debe ser así, porque estamos dando eficiencia a un mandato constitucional que es bien sensible para la actividad minera; pero también para las comunidades que tienen mineras en las cuencas hidrográficas y que están siendo vulnerados en sus derechos ancestrales desde la cordillera al mar. Es muy nocivo lo que ocurre.

¿Hay que establecer un catastro?, ¿tienen alguna estimación de cuántas mineras podrían verse afectadas?

No, lo que se hace es establecer que la Ley debe ver el resguardo de los lugares protegidos, de las cuencas hidrográficas. Lo que hacemos con la transitoria es mandatar un catastro, un mapeo, de lugares que deben ser protegidos de la actividad minera, cuáles son las cuencas que deben protegerse y después ver el proceso de plan de cierre de sus faenas. Será un proceso progresivo, viendo las dificultades tanto en la vulneración de derechos humanos, como también las actividades económicas de las empresas.

¿Habrá compensaciones para las mineras que deban cerrar?

Eso lo tendrá que ver la ley.

Derechos de la naturaleza

Sobre los derechos de la naturaleza, este es un principio novedoso y que genera algunas dudas en la ciudadanía ¿Qué impacto tiene esta norma?

Lo que pasó en la comisión de armonización fue muy importante porque logramos que los derechos de la naturaleza pasen al capítulo de los derechos fundamentales. Eso es muy relevante, porque si el Congreso de Diputadas y Diputados quiere hacer un proyecto de reforma constitucional, debe pasar por un referéndum ratificatorio. Si no se integraban los derechos de la naturaleza a los derechos fundamentales, el Congreso podía modificar sin que la ciudadanía pudiese plebiscitarlo. Esto protege más los derechos de la naturaleza.

¿Cómo se protege el derecho a la naturaleza?, ¿quién tendría la tutela para ir en su defensa?

El capítulo de naturaleza y medio ambiente está encabezado por la declaración de los derechos de la naturaleza, después de eso se hace toda la referencia hacia el estatuto de los bienes naturales y se termina con la Defensoría de la Naturaleza. Estamos generando un texto constitucional que se presenta muy armónicamente, que queda con la perspectiva del derecho que se consagra y se resguarda y la forma de protegerlo, por medio de esta defensoría, y cualquier persona puede acudir a esta defensoría en representación de la naturaleza para decir que su derecho está siendo vulnerado. Y se puede judicializar, por eso es importante que haya quedado en derechos fundamentales, porque está ahí la acción de tutela.

¿Ocurre lo mismo con el derecho a los animales?

Eso quedó en el capítulo de medio ambiente, entonces será un poco más interpretativo, aunque igual se puede acudir a la Defensoría de la Naturaleza.

Desde la bancada Eco Constituyente, ¿cuál es el balance sobre los temas que intentaron establecer en esta nueva Constitución?

En un principio había altas expectativas con la Constitución Ecológica y en la comisión de Medio Ambiente entró una gran cantidad de normas, pero desde el Pleno se vio esta idea de maximalismo ecológico y rápidamente recortaron todas las iniciativas que emanaban desde esta bancada y desde la sociedad civil. El Pleno fue dejando lo que consideraban más esencial. En ese afán quedaron cosas muy buenas: el estatuto del agua, por ejemplo; para quienes venimos del activismo ambiental es un triunfo que el Pleno haya dado su apoyo a un estatuto que cambia completamente el estado jurídico del agua; lo mismo con el establecimiento de los bienes comunes naturales; la exclusión de zonas mineras de producción; y el reconocimiento de la crisis ecológica y climática. Lo esencial está en la Constitución y con eso me voy plenamente satisfecha, salvo con lo que ocurrió con el estatuto minero. Lo que nos ayuda a generar mejores condiciones ambientales para las comunidades y para la naturaleza está recogido en este nuevo proyecto de Constitución y como Eco Constituyentes nos vamos satisfechos por este logro.