Gastos exorbitantes de algunos municipios para trasladar su basura y depositarla a cientos de kilómetros, rellenos sanitarios que están tratando de alargar su vida útil y conseguir los permisos para poder seguir recibiendo basura, oposición ciudadana a la instalación de nuevos recintos de este tipo, así como problemas sanitarios recurrentes a causa del colapso de rellenos o vertederos, son solo algunos de los síntomas de la crisis que el país vive en materia de instalaciones de disposición final de residuos sólidos domiciliarios.

Una de las formas de hacer frente a este problema es propender a la reducción de la generación de residuos, lo que se está impulsando desde hace varios años en el país con instrumentos de política pública como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) y la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040.

Sin embargo, los tiempos de implementación de estos instrumentos no tienen la misma celeridad que la crisis de la basura.

En ese contexto, el gobierno creó la Comisión Interministerial de Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular, que está integrada por los ministerios de Salud, del Medio Ambiente, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere, del Ministerio del Interior), que preside la instancia. La Comisión fue oficializada ayer, mediante la publicación en el Diario Oficial del Decreto N°123 de la Subdere.

Consultada sobre la criticidad del problema y el aporte de esta Comisión, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) señalaron a País Circular que “la situación crítica se genera a partir del cumplimiento de la vida útil de algunas instalaciones de manejo de residuos sólidos domiciliarios. Lo que se proyecta es que en los próximos 10 años, de los 42 rellenos sanitarios que operan en el país, cerca de la mitad cumplirán su vida útil”.

Por lo anterior, añaden, “es urgente tomar medidas que planifiquen y orienten soluciones sustentables, de manera coordinada con todos los actores competentes sobre la materia, agilizando y acotando los tiempos de cada proyecto que aporte a la solución”.

Desde la Subdere comentaron que, si bien se oficializó ayer, “la instancia ya ha tenido 8 sesiones, desde junio del 2022”. Asimismo, subrayaron que “entre sus objetivos principales está el tener un panorama claro de la situación a nivel nacional y definir acciones de apoyo generales y otras específicas para cada región, trabajando bajo una estrategia donde se han definido ejes fundamentales que apuntan a mejorar los procesos de planificación territorial en las regiones, incluyendo las coordinaciones intersectoriales, con la idea de generar carteras de proyectos que respondan rápidamente a las necesidades de cada territorio”.

De igual forma, explican, “se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades en los territorios y en aspectos normativos que busquen eficiencia y otorguen sostenibilidad a los sistemas”.

Funciones

En el Decreto N°123 se detallan las funciones de la Comisión, y se consigna en primer lugar el recabar los datos que permitán tener un panorama de la real magnitud de la crisis: “Solicitar información a las entidades pertinentes en relación con el estado de las instalaciones de disposición final de residuos sólidos domiciliarios, para efectos de realizar propuestas que permitan abordar las dificultades y problemas que se generan”.

Otras de las tareas establecidas en el decreto tienen relación con las formas de enfrentar los problemas derivados de la crisis: proponer políticas, programas, planes y acciones necesarias (incluyendo planes preventivos y de respuesta a situaciones críticas) para abordar eventos críticos relacionados con los residuos sólidos domiciliarios, pudiendo analizar resultados y sistematizando lecciones; y proponer medidas ante situaciones vulnerables, con el fin de prevenir y mitigar situaciones de riesgo.

También se incluyen funciones relacionadas con el fomento de las estrategias vinculadas a la economía circular, la gestión de residuos y, en general, a la reducción de la basura que se genera, con una mirada territorial. Por ejemplo, “apoyar, acompañar y fortalecer a la institucionalidad descentralizada para la generación de soluciones definitivas con una mirada territorial y un enfoque de economía circular”. Asimismo, “apoyar y proponer acciones para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, institucionales y de capital humano en los territorios para el diseño e implementación de políticas, planes y programas sobre la materia impulsando la innovación; la competitividad; la creación de redes”.

Consultada sobre el papel del Minsal en la Comisión Interministerial, desde la Subsecretaría de Salud Pública pusieron énfasis en la colaboración para avanzar en la puesta en marcha de las normativas que fomentan la economía circular. “El rol del Ministerio de Salud en la Comisión, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, es contribuir al desarrollo de la normativa que se requiere para la implementación de algunos aspectos de la Ley REP, como por ejemplo, el artículo 35 que en lo medular establece que la Autoridad Sanitaria debe elaborar un procedimiento simplificado con plazos, condiciones y los requisitos para la autorización de las labores de recolección, recepción y almacenamiento de residuos, peligrosos y no peligrosos, de productos prioritarios”, respondió la Subsecretaría.

Episodios críticos

Entre los aspectos que se consideran para la formación de la Comisión Interministerial, el documento publicado ayer señala que “cada cierto tiempo se producen episodios críticos en la gestión de residuos sólidos, provocando la suspensión de actividades educativas, económicas y sociales”. En muchos casos, añade el documento, “estos episodios representan, además, riesgos para la salud de las personas, para lo cual se deben proponer gestiones de prevención y mitigación de riesgos asociados a estas materias, labor en la cual el Ministerio de Salud tiene un papel preponderante, pero a la cual también es necesario sumar a otras entidades del nivel central, regional y comunal para que sean abordadas de manera integral”.

En esa línea, enfatiza la importancia de la colaboración interministerial, en especial de los que integrarán la Comisión: “Tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, así como los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, a través de las Subsecretarías del Medio Ambiente y de Salud Pública, respectivamente, tienen competencias relacionadas con la gestión de residuos sólidos y la solución a eventos críticos que ella genera, así como también los gobiernos regionales y las municipalidades, a nivel subnacional”.

En este sentido, desde la Subdere señalan a este medio que el abordaje interministerial es necesario “dado el carácter multidimensional que tiene la materia, que incluye aspectos normativos, ambientales, sanitarios, sociales y presupuestarios, entre otros, por lo que resulta fundamental el aporte de distintos ministerios, así como también de los gobiernos regionales, de las municipalidades, del sector privado y de la academia”.

Otra de las consideraciones para crear este consejo es el imperativo de modificar las formas de producción y consumo, insostenibles en el contexto de la crisis climática y ambiental. En ese sentido, se releva las metas relacionadas al tratamiento de residuos que el país se ha impuesto en el marco de la Hoja de Ruta para un Chile Circular al año 2040 (publicada en 2021).

Por ejemplo, se menciona la “disminución de la generación de residuos sólidos municipales por habitante; 10% al año 2030 y 25% al año 2040”, así como el “aumento de la tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales; 30% en año 2030 y 65% en año 2040”.