Un importante paso para profundizar la democracia ambiental en el país se dio ayer con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), instrumento creado de manera colaborativa para avanzar de manera progresiva y continua en mejorar los estándares de los derechos de acceso y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Este plan permitirá avanzar en la implementación en el país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, al que Chile se sumó en julio de 2022. Este tratado internacional tiene como objetivo principal garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación del PIPE, asegurando que “este plan es transversal. Se construyó a través de un proceso participativo en el que se incluyó la opinión de las personas naturales y también de 25 servicios públicos, comprometiéndose a más de 230 medidas que se deberán realizar de aquí a 2030, que lo que buscan es fortalecer la democracia”.

En tanto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos que su cartera presentó y que constituye una herramienta que servirá en la implementación del Acuerdo de Escazú. “El Consejo de Ministros tomó conocimiento de la aprobación por parte de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, el 4 de abril, del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, que es firmado por todas las instituciones del sistema de enjuiciamiento criminal, para aquellas personas que dedican sus acciones a la defensa y promoción de los derechos humanos y para que éstas puedan ser ejercidas en entornos seguros, libres de violencia”.

Cinco líneas estratégicas

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Estos puntos coinciden con los principales pilares del Acuerdo de Escazú.

Primero, el pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.

Segundo, la participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos de participación pública temprana, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales o fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ambientales.

Tercero, el acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas de acceso a la justicia ambiental y faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales. Así, aparecen medidas como difundir y educar sobre las herramientas y normativa ambiental para el acceso a la justicia y disminuir las asimetrías para acceder a la justicia y avanzar hacia la protección de datos personales.

Cuarto, sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. De esta manera se plantea elaborar un diagnóstico sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales o reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.

Quinto, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.

El documento aprobado del PIPE quedará disponible próximamente en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, según informaron desde esa cartera.

Elaboración participativa

Para la creación del PIPE el Ministerio del Medio Ambiente, conforme a los propios estándares definidos en el Acuerdo de Escazú, desarrolló dos grandes procesos: una etapa de participación temprana y luego una Consulta Pública.

La participación temprana se efectuó entre junio y octubre de 2023. Su objetivo fue difundir el Acuerdo de Escazú y recoger opiniones para la elaboración de la propuesta del Plan de Implementación, documento que fue puesto a consulta pública posteriormente. En esta etapa participaron 1.297 personas y se recogieron 3.640 aportes ciudadanos.

Posteriormente, entre el 27 de noviembre de 2023 y el 01 de febrero de 2024, se desarrolló la Consulta Pública. Se realizaron 16 talleres abiertos a todo público, uno en cada región. Además, se efectuaron 12 talleres con pertinencia cultural, orientados a la participación de pueblos indígenas. También se realizaron 4 encuentros con niños, niñas y adolescentes, en Arica, Concón, Quintero y Punta Arenas.

Se realizaron talleres en todo Chile. Los lugares más remotos en los que se realizaron fueron Putre, Puerto Williams y Rapa Nui.

El PIPE se elaboró con un trabajo inédito en los procesos de participación pública ambientales. Se realizaron 40 cabildos autoconvocados, que fueron organizados por municipalidades, organizaciones de la sociedad civil y personas naturales. Hasta se realizó un cabildo autoconvocado en Europa, a través del formato online. Además más de 25 instituciones públicas han comprometido más 230 medidas en el marco de fortalecer el plan.

Hubo eventos virtuales con alta convocatoria, donde representantes de municipios, la academia, el sector privado y ONG ambientales debatieron sobre la implementación de Escazú en Chile. En todo este despliegue se recibieron cerca de 1000 observaciones ciudadanas, a través de la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente. Todos fueron aportes muy valiosos que son cuidadosamente analizados para evaluar su incorporación en el documento final del Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile 2024- 2030.