El pasado 21 de abril se vivió, quizás, uno de los momentos más tensos entre los convencionales luego de que el segundo informe de propuestas normativas de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico fuera rechazado por completo en general en el Pleno, lo que impidió que se revisara cada una de las normas en particular. Aquella noche hubo duras recriminaciones de parte de algunos convencionales — sobre todo de la bancada Eco Constituyente — en contra de quienes habían rechazado dicho informe, sobre todo hacia los integrantes del Colectivo Socialista. Incluso ese día en el punto de prensa se leyeron a viva voz los supuestos responsables de la caída del informe que lo habían rechazado. Un hecho que no se había visto, hasta ese momento, en ninguna de las otras jornadas de votaciones, y que también se cuestionó —desde transversales sectores— como una mala práctica política.

Más allá de estas acusaciones entre los colectivos progresistas, ambientalistas y de izquierda de la Convención, lo concreto es que el informe tuvo que ser revisado por completo en todos sus articulados que abordan temáticas muy importantes como el desarrollo de la actividad productiva, la minería, el derecho de uso de aguas y de energía y el nuevo marco constitucional que se pretende brindar al modelo económico bajo una mirada medio ambiental. Por ello, los temas que están ahí en discusión son vistos con detenida atención por diferentes actores económicos, productivos y sociales.

¿Cuáles son las principales normas que se votarán?

Como los tiempos apremian, pues el próximo 13 de mayo debe estar cerrada la votación de normas, el Pleno citó para este sábado 7 de mayo la deliberación y votación de este nuevo informe de reemplazo. Un informe que, al haber sido rechazado en general, y en caso de aprobarse y pasar a la votación en particular, las normas que eventualmente no logren los 2/3 pueden nuevamente volver a la comisión para la elaboración de un último informe. Es decir, aún las normas tendrían una nueva oportunidad, salvo que el informe completo sea rechazado en general por segunda vez, cuestión que aseguran desde la coordinación de la Mesa no ocurrirá.

Haciendo un zoom a este nuevo informe lo primero es que es más acotado que el anterior: de 50 se redujo a 35 normas. Y en sus contenidos, se aprecian algunas modificaciones, sobre todo con redacciones más concisas y directas, con el fin de establecer un mayor orden jurídico a las normas, pues muchas de las normas presentadas en primera instancia debido a su exceso de contenidos, terminaban cayendo en contradicciones y redacciones poco claras. Pero lo cierto es que el contenido se mantiene en prácticamente todos sus elementos y principios centrales como las restricciones al uso del agua para actividades que vayan en contra de la naturaleza, la preponderancia del Estado en las actividades mineras, las mayores regulaciones al sector privado, y con los conceptos de diversificación productiva, economía social, solidaria y pluralismo para la consagración de un nuevo modelo económico.

En esa línea, por ejemplo, sobre el derecho al uso de las aguas quedaron varias normas, entre ellas las que establece que “el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos”. Una norma que, comparada a su versión anterior, profundiza más sus alcances.

En torno a los usos prioritarios que deben tener las aguas, se presentará al Pleno la norma que indica: “El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”.

Siguiendo esa línea, también se profundiza la norma que habla sobre esta nueva institucionalidad del agua, referida en la Agencia Nacional y los pasos que deben existir para autorizar determinados usos de agua.

En ese sentido, el artículo 3 afirma que “el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión. Los Consejos de Cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras instituciones competentes. La ley regulará las atribuciones, funcionamiento y composición de los Consejos. Esta deberá considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo. Los Consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos casos en que no se constituya un Consejo, la administración será determinada por la Agencia Nacional de Agua.”

Junto con ello, también se busca reconocer el derecho de los pueblos y naciones indígenas sobre el uso de las aguas con la norma que indica: “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley”.

Por su parte, sobre las cuencas hidrográficas, un tema que ha causado gran debate se mantiene en gran medida la primera propuesta que busca regular sus usos: “Los comités de cuencas hidrográficas deberán ser compuestos por representantes del Estado, Usuarios y Sociedad Civil con actuación comprobada en la Cuenca. Los usuarios son aquellos que tienen el poder para usufructuar de los recursos hídricos, pudiendo estar sujetos a un permiso o una concesión formal de derechos de uso. Los representantes del Estado deben ser entidades integrantes de los gobiernos municipales, regionales y cuándo tratase de una Cuenca entre regiones, deberá estar representado el poder central”, afirma la norma.

Por su parte, sobre la energía prácticamente se mantuvo la única norma que se refiere al tema y que establece el derecho a la energía como bien vital, y al mandato hacia el Estado para fomentar energías renovables. “Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, asegurando la continuidad de los servicios energéticos. El Estado deberá planificar y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajas emisiones. La infraestructura energética es de interés público. El Estado fomentará las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo, protegiendo a quienes las realizan y garantizará el acceso a los bienes necesarios para su actividad”, dice la norma.

Respecto a la titularidad minera se insistirá, tal como en el primer informe, en el dominio exclusivo e inalienable del Estado sobre los recursos mineros. “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas. La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”.

Agregándose a dicho articulado el rol del Estado por velar la protección medio ambiental de la actividad. “El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros”, dice la norma.

Junto con ello, se volverá a establecer zonas excluidas de la actividad minera dejando un margen a que la ley pueda considerar dichas excepciones productivas. “Quedarán excluidas de toda actividad minera las áreas protegidas, los glaciares, las zonas de origen de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de las demás exclusiones que establezca la ley”, se afirma.

Sobre rol del Estado y el rol de privados emerge un complejo artículo 27, que según reconocen desde la misma mesa de la coordinación llega sin acuerdo. En esa línea, se presentarán dos normas al Pleno una que afirma: “El Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado. De las Autorizaciones Administrativas: Todas las actividades mineras requerirán autorización administrativa otorgada por la autoridad”.

Junto con ello, emerge otro artículo que indica que señala que “los organismos públicos competentes y empresas del Estado, creadas por ley, podrán explorar y explotar las sustancias establecidas en el artículo 22. Son sustancias estratégicas el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos y aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución considere de interés nacional”.

Tampoco llegará con todo el piso político la norma que establece las compensaciones que deberían hacerse hacia el Estado en caso de explotación de un recurso natural. En esa línea, la norma que se votará el sábado indica que “La ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado y las entidades territoriales correspondientes por la explotación de las sustancias del artículo primero. Estas deberán reflejar el valor que tiene para Chile la pérdida del bien natural ocasionada por la actividad productiva, la que no podrá ser menor a una quinta parte del valor de venta de las sustancias o su equivalente, determinada proporcionalmente a su refinación, la incorporación de valor agregado y en consideración de las distintas escalas de explotación. Dichas regalías u otro tipo de compensaciones no constituyen un gasto deducible”, dice la norma.

Respecto al modelo económico también se mantiene la esencia del primer informe, solo acotando algunas redacciones, pero reforzando la idea de la concreción de un sistema económico solidario, ecológico y pluralista.

En esa línea, sobre el rol de Estado en la economía se define como: “El Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución. El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley. El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular.”

Además, se busca otorgar mayores derechos a las personas en materia económica con la norma que afirma que “el Estado deberá asegurar la protección de las personas en las relaciones de consumo. Para ello, la ley establecerá las condiciones en que se asegure un trato digno y la provisión de información fidedigna y oportuna. Asimismo, deberá regular los procedimientos eficaces para la adecuada defensa y reparación de sus derechos reconocidos por la ley”.

Optimismo y desazón

Juan José Martin (INN), uno de los coordinadores de la Comisión, explica que este informe llega con un piso de acuerdo bastante más amplio que el anterior, por lo que el riesgo de que se caiga por completo es casi nulo. El acuerdo es, eso sí, con las fuerzas progresistas y de izquierda, pues desde la derecha la visión que tienen sobre este informe ya no sólo es con criticas hacia su forma, su redacción jurídica, sino que, hacia su contenido, hacia el fondo. Algo que, al menos desde la comisión, se supo desde un primer momento, pues su predominio de convencionales Eco Constituyentes, incluso sin presencia del Frente Amplio, hacía ver que el norte de las normas iba a ser uno bien claro: el respeto al medio ambiente debía ser sin matices. Y así ha quedado claro, por lo que los caminos con los sectores de derecha son, a esta altura, inseparables.

Martin explica a País Circular que confía en gran parte de este informe, salvo en algunos artículos en los cuales no se llegaron a acuerdos, básicamente en el 27 y 28 referidos al rol de los privados en la actividad minera.

“Vivimos una jornada muy extensa de votaciones, teníamos que cerrar sí o sí el comparado el día de ayer (lunes), tenemos fechas muy apremiantes para finalizar el trabajo de la comisión, pero logramos sacar la tarea adelante, entrando la madrugada y habiendo votado las 280 indicaciones. Personalmente estoy bastante conforme con las votaciones, con los artículos a los que se llegaron. Nuevamente, se tuvo una mesa de diálogo transversal, donde participaron todos los colectivos progresistas de la Convención, para llegar a estos articulados”, explica.

El convencional agrega y explica estar normas con las cuales se presentarán varias alternativas para poder tomarle el pulso al Pleno, considerando su rechazo no implica que una norma muera, pues puede volver nuevamente:

“Hay algunos de ellos, y eso es importante de mencionar, que son artículos instrumentales, esto significa que van en el informe sólo para ser devueltos porque hay materias que no alcanzaron a ser cerradas, y esto es natural, porque nos queda el informe de segunda propuesta que es la última oportunidad para cerrar algunas conversaciones. Esto no significa que no se haya avanzado, se ha avanzado mucho; sin embargo, faltan las delimitaciones, las delineaciones finales. Entonces, hay un par de articulados que son instrumentales, simplemente para ser devueltos. Hay también dos artículos que presentan dos opciones para la misma materia, y esto es una práctica que se había visto en otras comisiones, y eso significa que no se ha logrado terminar de consensuar todavía, y se exponen dos líneas argumentativas, estas líneas van al Pleno para ver cuánto apoya el Pleno a cada una de esas líneas, sabemos que ninguna de las dos sea aprobada, y esto ocurre con el artículo 27 y el 28, pero sí podemos medir la temperatura del Pleno con estas dos líneas argumentativas en cuanto a esas materias. Fuera de esos articulados, el resto generó grandes consensos lo que es súper importante. Se mantuvo la esencia y el fondo de todas estas materias y nuevamente se hizo un esfuerzo de reducción del articulado, para dar un mandato jurídico muy claro en su redacción. Conformes, esperamos que la gran mayoría de esto sea aprobada y hay unos pares que serán devueltos y con eso finalizar ya el trabajo de la comisión”, puntualiza.

Por su parte, desde la vereda contraria, el convencional UDI, Pablo Toloza, comenta que, su juicio, este informe es peor que el otro, por lo que debería ser nuevamente rechazado por completo.

“Si el pleno es consecuente, debiera necesariamente rechazar en general este informe, al parecer las izquierdas pertenecientes a esta comisión hicieron oídos sordos al pleno, si el primer informe era regresivo este es francamente peor, y solo generará pobreza y más cesantía. No existe actividad económica alguna que no se vea perjudicada con este informe. En materia de aguas y en contra de todas las opiniones de expertos que señalaban que solo se debería consagrar el derecho humano al agua y al saneamiento, este informe establece una prelación de usos, sin tomar en cuenta la diversidad de territorios de nuestro país. En materia minera el informe evidentemente es un retroceso, es una regulación maximalista y contradictoria. Atenta no solo contra las grandes empresas, sino que también en contra de las medianas y pequeñas las mayorías de esta de carácter regionales, pues dispone que el estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo”, afirma.

Para complementar, agrega que estas normas desconocen la importancia en el empleo de la actividad minera:

“Al parecer los miembros de izquierda de esta comisión desconocen absolutamente como es la industria minera y sus encadenamientos productivos, desconocen la importancia de la minería en la economía de nuestro país. Cuando esta Convención está consagrando algunos derechos sociales, por otra parte, hace imposible su financiamiento y genera cesantía y pobreza. Tendremos un Chile cesante”, finaliza.