Sostenibilidad, cambio climático, economía circular, ley REP, son todos conceptos que en los últimos años han ido subiendo su popularidad y posicionamiento, pero donde aún tenemos desafíos enormes por sortear.

No basta la convicción de algunos adultos, ni nuevas generaciones -lideradas por Greta- protestando por el cambio climático, ni la evidencia científica, ni la evidencia empírica de cientos de desastres naturales, ni la pandemia que estamos viviendo, ni osados inversionistas valorando criterios ASG (ambientales, sociales y gobernanza), ni consumidores más responsables, ni gobiernos comprometidos con la agenda medioambiental, sino que tenemos que remar todos de manera coordinada hacia la misma dirección para hacernos cargo de la urgencia ambiental y social.

En los últimos años nuestro país ha avanzado en el desarrollo de políticas públicas que procuran hacer ambientalmente sustentable el proceso de desarrollo, destacando el año 2016 la promulgación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP), la cual tiene como objetivo principal establecer la responsabilidad por la generación de residuos y su posterior gestión asociada a la recolección y valorización, obligando a todos los fabricantes e importadores de los denominados “productos prioritarios” a responsabilizarse de ellos hasta el fin de su vida útil, es decir, hasta que su producto se convierta en residuo y luego este una materia prima que pueda ser utilizada en un nuevo proceso productivo.

A pesar de los esfuerzos asociados a la Ley REP, pasarán varios años más hasta ver desplegada en toda su magnitud las obligaciones emanadas de esta Ley, dado que para su puesta en marcha se requiere la promulgación de metas de recolección, valorización y otras exigencias para cada uno de los seis productos prioritarios, las cuales según información del Ministerio del Medio Ambiente se prevén estén disponibles en su totalidad para finales del año 2021.

Sin embargo, es fundamental que el calendario legislativo avance en paralelo y colaborativamente con la adopción de conocimiento por parte de las empresas y ciudadanía, con el desarrollo de infraestructura, con la promoción de un ecosistema que haga coexistir la innovación tecnológica con la inclusión social de recicladores de base.

Es en dicho contexto que desde la Cámara de Comercio de Santiago, junto a 17 empresas del sector de Artículos Eléctricos y Electrónicos (que representan alrededor del 40% de los productos de consumo domiciliario colocados en el mercado), estamos desarrollando una agenda de implementación temprana de la ley REP, que está siendo materializada a través de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), instrumento que es coordinado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, materializando un excelente ejemplo de trabajo público-privado.

A este Acuerdo público-privado han adherido Airolite, Canon, Claro, Electrolux, Falabella, MABE, Newell Brands, PC Factory, Ripley, Samsung, Sindelen, Sodimac, Sony, Ursus Trotter, VTR, Walmart y Whirlpool, las cuales son representadas por la CCS, y se han comprometido instituciones tales como el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Servicio Nacional de Aduanas, Municipalidad de Peñalolén, Municipalidad de Puente Alto, Municipalidad de Renca, Municipalidad de Vitacura y los Traperos de Emaús.

Entendiendo que la gestión de este producto prioritario es particularmente desafiante y que sus tasas de recolección y reciclaje no superan el 3%, nuestras principales acciones están concentradas en mejorar la información de línea base, definir un modelo de inclusión de los recicladores de base en la gestión y manejo de estos residuos, contar con un mapa de iniciativas y pilotos públicos y privados de recuperación y valorización, desarrollar campañas educativas y delinear un sistema colectivo del sector.

A través de este ejemplo podemos identificar cientos de posibilidades de avanzar en conjunto los actores públicos y privados hacia una economía circular, que permita equilibrar la rentabilidad económica con los beneficios ambientales y sociales y así caminar a paso firme hacia un modelo de desarrollo sostenible.