Cuando se comenzó a hablar de la necesidad de una Reactivación Sostenible para hacer frente a la difícil situación económica y social generada por las múltiples crisis que enfrenta el país, a fines de mayo, desde la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 (EH2030) hicieron ver que era necesario incluir en ese esfuerzo una serie de medidas para abordar la grave crisis del agua, que amenaza tanto al consumo humano como a la actividad productiva y al medio ambiente.

Las alternativas propuestas por EH2030 están reunidas en cinco categorías: restauración y conservación de ecosistemas hídricos; plan de ahorro y eficiencia en el riego de la gran agricultura; reúso de aguas residuales urbanas que se descargan a través de emisarios submarinos; servicios ecosistémicos para la gestión sostenible; y desarrollo de sistemas de captación de aguas lluvia, infiltración y recarga de agua.

Son acciones de alto impacto para abordar la crisis del agua y caminar hacia la seguridad hídrica, han dicho desde EH2030. Asimismo, todas ellas significan inversión público-privada, empleos, beneficios económicos, sociales y ambientales, agregan.

“Cuando uno mira los países que son referente en materia de buena gestión del agua, hay ciertos denominadores comunes en las soluciones que han implementado. Es el caso de estas cinco medidas, que son fundamentales, son acciones sin arrepentimientos (no regrets)”, explica Ulrike Broschek, líder de EH2030, iniciativa coordinada por Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina.

“Se trata de soluciones que ya están muy exitosamente probadas en otros países, reconocidos por ser líderes en esta materia, como Singapur e Israel. Ahora Estados Unidos está empezando a aplicarlas, lo que implica un cambio en su tendencia hacia las grandes obras”.

¿Por qué señala que son medidas “sin arrepentimientos”?

Porque en otros casos uno puede tener incertidumbre, por ejemplo, respecto de una desaladora, un embalse, o sobre los beneficios de una carretera hídrica, pero en el caso de estas cinco medidas, siempre van a generar externalidades positivas y, por lo tanto, nunca nos vamos a arrepentir de haberlas hecho.

Esa es la base de nuestro planteamiento: si en Chile queremos comenzar a implementar soluciones a partir de la información que existe actualmente, debemos iniciar con estas cinco medidas que, sí o sí, van a generar beneficios, van a significar ahorro de agua y nuevas fuentes para abordar la falta de agua.

Otro factor importante es que son soluciones aceptadas y recomendadas ampliamente por todos sectores y en los diferentes niveles, entonces son proyectos que no se van a judicializar ni se van a entrampar en un estudio de impacto ambiental. Eso asegura que se pueden implementar en el corto plazo, a diferencia de otras soluciones como las obras más grandes que, además de ser demorosas en sí mismas (15 a 20 años), hoy se están tardando más por efecto de judicialización y objeciones sociales y ambientales.

¿Qué pasa en relación a los costos de estas medidas?

Estas cinco medidas permiten abordar la crisis del agua en el corto plazo, con costos bajos o medios, y con un alto impacto positivo social, ambiental y económico.

Hemos realizado una estimación de los costos y existen costos referenciales; por ejemplo, en el caso del plan de ahorro y eficiencia en el riego de la gran agricultura –donde actualmente se pierde más del 50% del agua-, tendría un valor de unos 3.300 dólares por hectárea. Sin embargo, no se puede hablar solo del costo monetario porque se tendrían que valorizar los muchos beneficios que conllevan. Por mencionar el mismo caso del riego eficiente, por una parte, permite mantener la superficie cultivada actual y, además, deja disponibles 226 m³/s de agua para otros usos, que pueden ser consumo humano, caudales ecológicos, reservas de agua.

En ese mismo ejemplo, otro de los beneficios de la eficiencia en riego es que aumenta el valor agregado de los productos, en momentos en que los mercados de exportación son cada vez más exigentes en cuanto al uso sostenible de los recursos utilizados en la producción. Asimismo, este ahorro de agua evita el sobredimensionamiento de obras para nuevas fuentes, es decir, probablemente se disminuye la necesidad de proyectos de embalse o desalación.

Es decir, son acciones que generan múltiples externalidades positivas. Por eso decimos que tienen un impacto social, ambiental y económico. Generan muchos más beneficios que el costo que tienen y, comparativamente, en cuanto a los gastos de inversión y mantención, son mucho menores que todas las otras alternativas que se están presentando, como las desaladoras o el trasvase.

En relación a los tiempos de implementación, ¿cuánto es, en este caso, corto y mediano plazo?

Todas estas acciones se pueden implementar en un periodo de 2 a 5 años. En cuanto a sus efectos, algunos son inmediatos y otros a mediano plazo.

En el caso de la eficiencia en riego, por ejemplo, los resultados se pueden ver enseguida, lo mismo que el reúso de aguas residuales de los emisarios submarinos. En cuanto a la restauración de ecosistemas es progresivo, hacia un mediano plazo.

Y todas las medidas que hemos propuesto son sostenibles a largo plazo porque, en el fondo, son cambios estructurales que aseguran y garantizan el agua a futuro. Esa es la diferencia con otras acciones que se están implementando, como la profundización de pozos, que implica la captación de agua en un acuífero que va a la baja y, en la medida que se sigue profundizando, es para seguir sacando la reserva y sobreexplotando.

Eso es lo que está ocurriendo ahora y si se sigue así en algún minuto esa agua subterránea se va a agotar. Es lo que está pasando en el acuífero de Copiapó, por ejemplo, que según todas las proyecciones se va a agotar en menos de diez años.

¿Es necesario modificar alguna normativa para aplicar las medidas que proponen?

Todas ellas se pueden implementar de forma acumulativa y sin necesidad de una ley, pero dependiendo de las voluntades. Son soluciones que se pueden ejecutar inmediatamente y tendrían un impacto significativo. Son soluciones per se. Sin embargo, funcionan mejor cuando van acompañadas de la regulación e incentivos adecuados.

En ese sentido, una buena regulación e incentivos –como subsidios, rebaja de impuestos, etc.-garantizarían que el ahorro de agua y el aumento en la capacidad de almacenamiento que estas acciones provocan sea utilizado efectivamente para abordar la brecha y el riesgo hídrico, y no terminen aumentando, por ejemplo, la superficie de riego.

Por eso, estas soluciones tienen que ir acompañadas por un plan de acción, por un liderazgo desde el Estado y con legislación, de tal manera que se puedan masificar y obtener un resultado óptimo. Es necesario que exista una gobernanza que permita su implementación en los territorios, de manera colaborativa, porque no afectan a un solo sector, sino que son multipropósito y en beneficio de toda la comunidad.

En el caso del reúso de agua servida que proponen, ¿existe la normativa adecuada para hacerlo?

Sí, en el caso de los emisarios submarinos se puede hacer. De hecho, hay algunos proyectos de reúso, pero podrían ser muchos más. A nivel nacional existen 33 emisarios submarinos, que descargan 8,7 m³/s de agua servida al mar, y si reutilizáramos todo ese caudal se podría reducir poco más del 10% la brecha hídrica nacional informada por la Dirección General de Aguas (DGA).

Hasta ahora solo se han dado algunos proyectos que generan un negocio, y en el caso de las sanitarias, por ejemplo, no existen incentivos para reutilizar esas aguas. Sin embargo, se trata de una medida que permitiría avanzar hacia la seguridad hídrica; su desarrollo habilitaría nuevas fuentes de agua para regiones con alta escasez hídrica, como Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, y Arica y Parinacota. Por esa razón, no deben ser vistas solamente como acciones que generan utilidad en el sector privado, sino que deben ser mandatados por el Estado para el bien del país.

Reusar esa agua significaría tener una nueva fuente y, además, descontaminar el mar.

Impacto económico

 Escenarios Hídricos 2030 inició su trabajo en 2016, con el propósito de lograr la seguridad hídrica de Chile, es decir, garantizar la disponibilidad de agua que se requiere para el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y asegurar los ecosistemas. Es en ese contexto donde han identificado las cinco medidas que ahora están proponiendo como parte indispensable de la recuperación económica del país.

 ¿Por qué se debe incluir el agua en un plan de Reactivación Sostenible?

Existe amplio consenso y evidencia de que uno de los principales efectos del cambio climático en Chile es la disminución de la disponibilidad de agua, así como las consecuencias tanto del déficit hídrico como de los desastres ocasionados por el agua.

Entonces, si bien Chile ha avanzado en mitigación, tenemos que considerar que como país aportamos 0,25% a las emisiones a nivel mundial. En cambio, es en la adaptación donde estamos teniendo el principal efecto, por lo que es ahí donde debemos poner un foco especial. En el caso del agua, se proyecta que Chile al año 2040 va a ser el país latinoamericano más afectado por una escasez hídrica que va a ser extremadamente aguda.

Es decir, tenemos un claro desafío en relación a cómo vamos a reaccionar y planificar las intervenciones sobre el recurso, considerando que vamos a tener aun más déficit de agua en gran parte del territorio. Y vamos a tener mayor número de desastres ocasionados por periodos de sequía muy importantes, así como por lluvias y exceso de agua, como lo que hemos visto en el altiplano y otros eventos de precipitaciones intensas que generan, por ejemplo, la remoción en masa de sedimentos que generan aluviones.

¿Cuáles son los impactos económicos de sus propuestas?

Implementar estas medidas permite garantizar la disponibilidad del agua para los diferentes usos, como el consumo humano, la mantención del medio ambiente y los ecosistemas como base para el sustento de toda la vida, así como para los sectores productivos.

Es decir, aseguran el desarrollo económico en la medida en que garantizan la disponibilidad del recurso a futuro, en el largo plazo y considerando las nuevas y crecientes demandas.

Actualmente el desarrollo productivo del país se está dando y se sostiene con reservas de agua que, en algún minuto, se acaban. Por lo tanto, no es sostenible la manera en que actualmente se está interviniendo el recurso, y en el mediano a largo plazo se va a generar un colapso en el desarrollo económico de todas las actividades que dependen del agua, como la agricultura, el sector forestal, algunas actividades industriales y también la minería.

En este punto, quisiera recordar que el 18 de mayo Chile agotó sus recursos renovables disponibles para 2020, según los datos de la Red Global de a Huella Ecológica. Eso significa que hacemos una sobreexplotación de los recursos y que el resto del año usamos las reservas, pero, ¿qué pasa cuando esas reservas se acaban?

Hay sectores, como la minería, que se concentran en las partes altas de las cuencas, donde pueden acceder primero y asegurar el recurso, pero afectan lo que ocurre aguas abajo, en las partes medias y bajas de los valles, donde están la agricultura y las ciudades.

En el caso de la pequeña agricultura, por ejemplo, el impacto es evidente. Cuando no logra sostenerse –y eso ya está ocurriendo- se produce una migración de la agricultura hacia la zona sur del país, en busca de las fuentes de agua, lo que va empobreciendo al país e impidiendo la diversificación productiva.

El detalle de estas y otras medidas propuestas por Escenarios Hídricos 2030 se puede encontrar en el libro “MAS Seguridad Hídrica”.