Tras más de una década de proyectos de ley y tramitaciones fallidas, la creación de una ley que tipifique los delitos ambientales y que los sancione con cárcel parece estar finalmente encaminada a concretarse. Así lo anunció este lunes la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde afirmó “que el gobierno ha decidido presentar un proyecto de ley sobre la materia que permita primero reconocer los proyectos que han sido presentados, recogerlos todos, actualizarlos y poder fundirlos entregando un camino que permita conducir la discusión”.
En el Congreso existen al menos cinco proyectos de ley destinados a esta materia a partir de mociones impulsadas por parlamentarios de todas las tendencias, el primero de ellos presentado en 2007 por el senador Guido Girardi y el último en septiembre de este año por los senadores Chahuán, Aravena, Elizalde, Girardi y Sandoval.
Todas las iniciativas anteriores fueron finalmente refundidas en un solo texto por el Senado, y en lo esencial propone modificaciones al Código Penal y otros cuerpos normativos, para castigar con penas de hasta presidio menor en su grado máximo y multas a quien contamine cualquiera de los componentes del medio ambiente.
“Hay un total acuerdo que tenemos un vacío en nuestra legislación importante que tenemos que solucionar (…) Si queremos avanzar tenemos que hacerlo mediante una ley y no esperar la tramitación completa del Código Penal”, dijo Schmidt, en alusión a que la demora en legislar al respecto se ha debido, en parte, a la espera de la decisión de si se debe tramitar dentro de la reforma al código -lo que podría demorar años- o bien como una ley aparte.
De acuerdo a lo señalado por la ministra, el proyecto de ley sería ingresado durante este mes, y entre los criterios que se debieran incorporar esta el castigo con prisión para la contaminación culposa, sanciones a los impactos graves y las negligencias ambientales, proteger al sistema de evaluación ambiental de información falsa, y abordar el problema generado por los proyectos de inversión que no cuentan con resolución de calificación ambiental.