A mediados de enero, la empresa New Hope Ecotech -nacida en Brasil y con operaciones en Francia- anunció el ingreso a trámite de su sistema de gestión para el reciclaje de envases y embalajes domiciliarios ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la Ley REP, y se transformó así en el segundo gran sistema colectivo de gestión de residuos (GRANSIC) en proceso de constitución legal en el país.

Apoyados en dicha instancia por el estudio de abogados Cariola Díez Pérez-Cotapos, hoy el sistema de gestión en conformación representa a 21 empresas de distintos rubros, y su objetivo es llegar a 1.300 empresas al momento de presentar su plan de gestión al Ministerio del Medio Ambiente el segundo semestre de este año.

“El sistema de gestión impulsado por nosotros es una solución completa de cumplimiento para la Ley REP. No se trata de compensaciones ambientales -queremos que eso quede claro-, somos representantes de nuestras empresas y nuestra ventaja competitiva para que nos prefieran hoy es por la experiencia internacional, la tecnología, y también porque traemos un modelo competitivo, ambicioso, innovador, que responde muy bien al objetivo final que es el levantamiento del reciclaje en Chile”, dice Rodrigo Sagaceta, líder estratégico en New Hope Ecotech y coordinador del proyecto GRANSIC.

En esta entrevista, Sagaceta analiza los pasos que están dando para esta constitución y los desafíos que se vienen para el ecosistema REP y la constitución legal de los GRANSIC, entre ellos la existencia de plazos ajustados para las aprobaciones finales y diferencias interpretativas respecto del reglamento que regula las metas de valorización para envases y embalajes, así como otras obligaciones, entre ellas la cobertura territorial que deberán tener estos sistemas.

En lo que respecta a la actual tramitación del GRANSIC en el TDLC, explica que “lo que el tribunal quiere observar es una muestra representativa del funcionamiento del sistema de gestión, de cómo se van a cumplir las metas, cómo se va a abordar la cobertura territorial, las bases de licitación que se van a distribuir, cómo se establecen todos los mecanismos de inversión y cómo acceden los mercados a esas inversiones de parte de los privados que nosotros representamos. Y se entrega también una aproximación del plan de gestión, que es el documento de estrategia que indica cómo es el funcionamiento del sistema, y cuál es la propuesta de este grupo de 21 empresas para el cumplimiento normativo de reciclaje de envases domiciliarios, que es nuestra experiencia y nuestro foco en este sistema que estamos constituyendo”.

¿Cómo será esta estructura que están presentando, es bajo la figura de una corporación?

Exactamente, hicimos una gran exploración de figuras jurídicas tanto nacionales como internacionales, porque desde New Hope traemos al escenario local experiencias internas en Brasil y Francia, y también la recolección de los más de 25 años de REP en el mundo, para que la operatividad sea lo más amigable posible al mercado local. Hicimos una revisión a las mejores prácticas internacionales y a todas las figuras posibles para albergar a esta colectividad. Fuimos hasta el historial de la normativa para dilucidar que la corporación es la mejor figura jurídica que acompaña a la Ley REP. Por lo tanto, eso es lo que se va a constituir una vez que estemos aprobados por el TDLC, y bajo esa figura es bajo la que se está asentando todo: los estatutos que presentamos, y la gobernanza que se está proponiendo para administrar esta figura a largo plazo.

¿Qué detalles puedes adelantar de como va a funcionar este sistema de gestión?

Hay una propuesta muy innovadora en cuanto a gobernanza. Proponemos una gobernanza más pequeña, este servicio más operacional y tradicional de Europa, donde hay un operador externo que se encarga de la gestión entrega una gobernanza más chica en cuanto a directores y administración; no le entrega toda la carga administrativa a la propia corporación, lo que lo hace más competitivo en cuanto a costos. Por otro lado, también hemos propuesto acercarnos al ecosistema de reciclaje a través de un comité observador, porque realmente los productores de productos prioritarios no necesariamente son empresas que saben de reciclaje. Por lo tanto, se propone una gobernanza muy parecida a la del Foro Económico Mundial, donde aterriza con un comité observador a la industria, proponiendo la participación desde la recomendación de la industria del reciclaje, la voz ciudadana, los municipios, etc., a la cabeza del sistema de gestión. Hay mucho que estamos entregando que sin dudas va a ser un factor diferenciador en esta gran meta que tiene Chile, que es cumplir las metas de la Ley REP en 12 años.

¿Y en términos de operación y tarifa, qué se plantea?

En relación a las tarifas, hay un escenario que no está totalmente cerrado, porque finalmente los sistemas de gestión lo que hacemos es canalizar las inversiones en reciclaje de todos los productores que representamos. Por lo tanto, ese costo se va a definir cuando tengamos el volumen total, que es lo que va a ingresar el segundo semestre al Ministerio del Medio Ambiente con el plan de gestión. Ahí le diremos ‘tenemos tantas empresas en nuestro sistema’, lo que va a significar el cumplimiento de metas territoriales y también el tonelaje a recuperar. Ahí vamos a poder determinar tanto la eco-contribución, que es el costo por tonelada y por materiales que van a tener que pagar los productores, y también las membresías y cuotas que van a financiar la administración de los sistemas. Pero sí hay estimaciones en relación al ejercicio comparado mundial -que se han compartido con los productores- de cuánto vale un sistema de gestión, para que tengan una noción de cuánto puede llegar a costar. Y por supuesto que eso se aterriza a lo que está solicitando Chile, que no solamente son toneladas sino también inversiones en una distribución territorial que se requiere.

Ustedes vienen con la experiencia de Brasil, que no es un modelo REP, y de Francia, que sí lo es. ¿Cómo se aterrizan este trabajo en Chile?

Es súper importante, porque en Brasil sí consideramos la recolección también en distancias largas, porque es un país complejo logísticamente, y eso nos entrega mucho know how al ejercicio chileno. Chile le suma el pretratamiento y la valorización, que entregan más valor y más costo al sistema. Y nos entregan la forma de cómo trazar, que es importante para el cumplimiento de metas; cómo recolectamos la data de esos procedimientos que están distribuidos en todo Chile a través de plataforma tecnológica, y facilitar esa transmisión de datos para el cumplimiento normativo. Necesitamos tener información en tiempo real para hacer el sistema transparente y eficiente. Creo que esa es la mejor forma en que permea la experiencia internacional de New Hope, tanto en Brasil como en Francia, a lo que estamos proponiendo para los productores que estamos representando en Chile.

Parten con 21 empresas, ¿Qué tipo de empresas son, y cómo buscan ampliarse a un universo más grande?

La característica de los sistemas de gestión domiciliarios es que se integran empresas de distintos rubros, tenemos empresas del rubro alimentario, de lácteos, y otras que también distribuyen envases como empresas de pinturas, retail… Conviven y coexisten dentro del sistema empresas de distintos rubros, pero lo más importante es que tenemos la posibilidad de que coexistan competidores. Eso es lo que se está observando fuertemente en el TDLC, que la información que se maneja dentro del sistema sea muy cuidada, muy sensible.

¿Y a cuántas empresas quieren llegar?

Es muy importante que el financiamiento de los sistemas de gestión tenga un volumen necesario, y nuestra proyección es, a un plazo de 5 a 6 años, tener un 40% del mercado, lo que es equivalente a cerca de 6 mil empresas afectas a la Ley REP de envases y embalajes. Ese es nuestro horizonte de planeación, y para eso estamos caminando.

¿Y cómo les ha ido en el trabajo para sumar empresas? Porque parece que no todas entienden las obligaciones de la Ley REP, y que esto hay que hacerlo ahora.

Es cierto, pero cada día se ve más interés de las empresas. El primer semestre del año pasado había un desconocimiento total, no había apuro ni presión. Hoy sí estamos viendo un despertar de las empresas que tienen mayor participación en el mercado de los envases, y también de otras más chicas. Claro, hay un desconocimiento, hay dudas en relación a estas colectividades a las que tienen que sumarse, por qué no lo pueden hacer solos, y nuestro trabajo como impulsores de sistemas de gestión no solo es adherir, sino también una suerte de evangelización en cuanto al cumplimiento normativo. Es una captación muy técnica la que estamos haciendo. Y por lo mismo se agradece la información que tenemos que transmitir, y este semestre hemos visto una respuesta muy positiva.

¿En qué se ha notado?

En que se está generando un músculo dentro de las empresas que antes no existía, que es lo que trae la REP a colación, que es contabilizar y cuantificar cuántos envases están introduciendo al mercado. Es lo que trata de hacer el ministerio con las declaraciones preliminares -obligándolos a declarar-, pero hay un gran porcentaje que no lo ha hecho y que tiene que generar todo este músculo, incluso la contratación de personas para dedicarse a este control logístico de materiales que se introducen al mercado, mitigar el impacto y hacerse cargo de eso porque viene la Ley REP. Estamos viendo esa reacción, tanto nuestros asociados como las empresas están preocupados por este proceso nuevo, es una nueva labor que tienen que integrar, y por tanto es parte de lo que también empuja la REP: generar nuevas posiciones de trabajo por parte de los mismos productores.

Tiempos de tramitación y cobertura territorial

En el escenario actual, el primer sistema de gestión que ingresó al TDLC lleva más de un año en tramitación. Ustedes ingresaron en enero, y para el segundo semestre ya hay que estar aprobado y con un plan de gestión presentado al Ministerio del Medio Ambiente ¿Cómo ven estos plazos tan ajustados para llegar a la constituirse?¿O ven que esta tramitación ya en curso favorece que la de ustedes sea más acelerada?

Primero, tenemos una opinión en relación a la consideración de los plazos que estimó el ministerio en la normativa al proceso del tribunal. No se establecieron considerando modificaciones elásticas respecto de lo que hace el tribunal. Por lo tanto, ahí hay un punto, y nuestra forma de abordarlo es tener un canal constante con la ministerio, de plantearle el tema de los tiempos, y es un desafío que no tenemos solamente nosotros sino también los sistemas de gestión de neumáticos, que tienen un plazo muchísimo menor que el de nosotros, y esa es una respuesta que vamos a ver ahora en abril. Nuestro punto de vista, sin el ejercicio comparado, es que en los tiempos regulares del tribunal, es que alcanzamos a ingresar con el plan de gestión en septiembre al ministerio. Ahora, que eso se extienda o se acorte va a significar algunas intervenciones con el ministerio, para hacer lo posible de entrar con ese plan de gestión durante el segundo semestre. Hay algunas ventanas y hay conversaciones, pero estamos todos muy claros del escenario. No solamente nosotros estamos preocupados, el ministerio también, porque si no entran los neumáticos no van a tener cumplimiento normativo, y van a estar todas las empresas multadas. Entonces, es un trabajo que está en desarrollo, y es un poco parecido a lo que pasa con la distribución territorial.

Hasta ahora, lo que ha dicho públicamente el ministerio es que no están abiertos a modificaciones de plazo. ¿Se abre esa posibilidad con el ingreso de un nuevo gobierno?

Sin duda que los plazos no se pueden modificar, y lo que tardaría la tramitación de una modificación de plazos demoraría más que el mismo plazo interno. Es decir, por más que ingresemos hoy una solicitud de modificación de plazos, esa resolución va a terminar después de las fechas límites que tenemos. Por lo tanto, siempre va a ser una opción, pero también hay que pensar en otras estrategias de cómo darle cumplimiento a lo plazos actuales. Nosotros no tenemos ninguna duda de que vamos a ingresar con un plan de gestión en el plazo del segundo semestre de este año, porque lo tenemos listo, pero todo depende de cuánto se demore el TDLC en ejecutar el informe favorable a lo que se está solicitando.

A propósito de la distribución territorial que planteabas, lo que dice el decreto es que el sistema de gestión tiene obligaciones de cobertura de recolección domiciliaria de 650 mil viviendas y 100 puntos limpios el primer año. Aquí hay discrepancias interpretativas. Por un lado se plantea que esta obligación debe cumplirla cada sistema de gestión por separado, y otra visión es que esto se reparte entre todo el sistema en su conjunto. ¿Cuál es su interpretación?

Dentro de un escenario de competencia de los sistemas de gestión, que es nuestra propuesta y parte de las banderas que hemos integrado a este ecosistema de la REP, está nuestra interpretación, que tiene relación con las empresas que representamos. Nosotros vamos a representar a un porcentaje de las empresas chilenas en el cumplimiento normativo, y tenemos que invertir en reciclaje y en distribución territorial acorde a ese volumen. Si nosotros empezamos a cumplir e invertir por distribución territorial en nombre de empresas que no representamos, me estoy pasando del margen. Nosotros interpretamos del decreto que el cumplimiento normativo tiene que ser directamente relacionado con las empresas que representamos como sistema de gestión. Y eso es acorde a los envases puestos en el mercado por las empresas (POM). Por lo tanto, eso se tiene que distribuir entre los actores que están en el mercado, sea uno, dos o tres sistemas de gestión.

O sea, si el sistema de gestión tiene el 30% del mercado -por poner una cifra como ejemplo-, ¿la interpretación que hacen es que el sistema de gestión debe responder por un 30% de esa obligación de cobertura e infraestructura de recolección?

Exactamente, y es una interpretación que hemos compartido con el ministerio, y ellos también lo observan desde ese punto de vista. Finalmente, si como sistema nos hacemos cargo del total de la meta, también estamos representando a freeriders, a empresas que no van a financiar ese plan de gestión el primer año, por lo tanto vas a traspasarle un costo a tus asociados que no les corresponde. Entonces es muy importante que se determine eso. Y hay otro punto importante, que también hemos estado compartiendo con el ministerio: dado que hay un escenario competitivo -no solo en envases y embalajes, también en otros productos prioritarios-, esta regulación quién la toma. Quién va a regular la distribución territorial, quién va a regular dónde va a implementar su plan de gestión cada sistema. Aquí se han propuesto muchas alternativas, se le ha propuesto al ministerio que tome cartas en el asunto.

Eso estaba en el anteproyecto del decreto, que el ministerio definía territorios en caso de más de un actor interesado, pero eso finalmente se sacó del decreto final y es cada sistema de gestión el que tiene que llegar a acuerdo con las comunas.

Sí, pero lo que queremos evitar es que vaya un camión detrás del otro en el mismo municipio, eso no tiene ni una base sostenible. Y esta es una ley de sostenibilidad, por lo tanto es muy importante que exista un voz centralizada desde el gobierno que arbitre la distribución territorial de los sistemas de gestión. E insisto, no solamente es un punto para envases y embalajes. Entonces aquí no solamente está la interpretación de qué porcentaje de cobertura van a tener los sistemas, sino cómo se va a administrar el territorio, y esto es parte de una ley nueva que se tiene que ir conjugando hasta su implementación en 2023, y que va a ser uno de los desafíos -sin duda- de la nueva administración del Ministerio del Medio Ambiente que entra ahora.

Si uno va al decreto, lo que debiera regir es lo que está puesto ahí. ¿Cómo se podrían trabajar esos cambios, hay conversaciones en marcha con la nueva autoridad?

Lo importante de los sistemas en vías de constitución, es acompañar al ministerio a entender el trabajo realizado, darle una buena actualización de lo que se está haciendo, sin interrumpir este proceso de entendimiento. Necesitamos primero que se tenga la claridad del ecosistema, de todos los actores, y luego en conjunto observar cuáles van a ser las modificaciones que se quieren proponer, y los motivos por los cuales se quieren proponer. En vista de que hay poco tiempo, por supuesto hay un trabajo conjunto que tenemos que desarrollar. Hasta el momento las conversaciones son con el ministerio actual, dado que han tenido un rol fundamental en el desarrollo del decreto.

¿Qué pasa si estos planteamientos no se aceptan?¿Qué pasaría con el sistema en general, y con la competencia entre sistemas?

Ahí tendríamos que apelar a la proactividad de los sistemas, viendo qué tan posible es un relacionamiento desde la libre competencia entre los sistemas de gestión, para poder coordinar el trabajo y que -insisto- la implementación de la Ley REP sea eficiente. Nosotros, como promotores de la competitividad entre sistemas, sabemos que esto le inyecta mucho dinamismo y celeridad al cumplimiento de las metas. Aquí lo que vamos a ver es una evaluación de parte de las empresas, que es algo que no existía; en el escritorio ahora van a tener dos intenciones de adhesión, y eso es muy bueno para los productores, que puedan decidir entre alternativas y no solo ir a lo que se impone en el mercado. Por otro lado, los sistemas de gestión van a tener que observarse unos y otros, apelando a resaltar sus ventajas competitivas.

Te pongo en el caso contrario: si se aceptan todas estas modificaciones, incluyendo también las de los plazos de tramitación ¿No podría terminar postergando la implementación definitiva de la Ley REP programada para enero próximo?

Las modificaciones de plazo del reglamento también demoran harto. Nosotros lo hemos visto en el ejercicio comparado en el mundo: los primeros años son de ajuste. Inclusive, si se retrasa la puesta en marcha de la ley, esos primeros años igual van a ser de ajuste, por lo tanto no sé si es necesario hacerlo. Lo importante es partir ya con el reciclaje, y que nos vayamos ajustando en este proceso. Yo no soy partidario de que se retrase, sí de que partamos y nos vayamos ajustando en el camino, porque el que pierde con un retraso en la implementación de la normativa es el ciudadano, que no va a tener el retiro del reciclaje en su casa.

La tramitación de la Ley REP lleva ya una década de negociaciones y acuerdos. ¿En ese sentido, qué esperan de esta nueva administración: que se mantenga como está, algunos ajustes rápidos?

La implementación de la Ley REP en Chile ha tenido matices muy estrictos para la conformación de los sistemas de gestión. Sin embargo, eso se traduce en una calidad normativa tremenda, en entender los mercados, en tratar de evitar lo mayor posible el abuso de posición dominante, las operaciones de concentración. Eso no se da en el caso español, por ejemplo; no se da en el caso brasileño. Por lo tanto, si bien estamos claros en que es muy riguroso, no cualquier colectividad va a poder superar estas barreras, y no nos cabe ninguna duda de que eso es en virtud de una implementación de calidad, limpia, prolija. Apunta a eso. Por lo tanto, no esperamos que el nuevo gobierno haga grandes modificaciones, sí que exista empatía con los procesos, y entender los procesos. Por supuesto que el TDLC privilegia las causas contenciosas, y esta no lo es; no hay un litigio que se esté evaluando, sino que es en virtud de algo positivo que es el reciclaje en Chile. Entonces, hay que ser empáticos con el proceso del TDLC, entenderlo bien. Esperamos que el ministerio entienda que a pesar de que estamos cumpliendo con todos los desafíos de libre competencia, que son rigurosos, esto puede ser elástico y con procesos muy largos. Esperamos que sea receptivo, no que se generen grandes modificaciones en virtud de lo buena que es la ley.