En abril de 2012, a 179 kilómetros de Copiapó, la localidad de Freirina estalló. Cansados de los malos olores provenientes de un plantel de cerdos de Agrosuper y el impacto que tenía en su calidad de vida, sus casi 7 mil habitantes se dividieron entre quienes exigían el inmediato cierre de la faena y los que pedían mantenerla por sus beneficios económicos y laborales. La tardanza en una solución hizo que pueblo se transformara en un polvorín, y derivó en una violenta revuelta con cortes de caminos, enfrentamientos con carabineros, decenas de heridos, vehículos destruidos e incluso viviendas quemadas que acapararon la atención del país. El conflicto terminó finalmente a inicios de 2013 con el cierre del plantel Agrosuper -diseñado para 6 mil animales- y fue el germen para la elaboración de una estrategia para olores en Chile, iniciada ese mismo año por el Ministerio del Medio Ambiente, que llevó a que siete años más tarde se creara primera norma ambiental que regula los olores como fuente de contaminación en el país, cuyo anteproyecto fue publicado ayer en el Diario Oficial.
Freirina no fue el último conflicto de este tipo. En los últimos años se han repetido decenas de ellos, aunque a menor escala, principalmente en la zona central del país, entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins, donde se concentra el 79% de los 939 planteles y establos de crianza y engorda de animales del país. Y la mayor concentración de ellos está en la Región Metropolitana, con 268.
Sin embargo, no son la única fuente. Un estudio realizado en 2014 por la consultora Aqualogy reveló que en Chile existen 2039 fuentes potenciales de contaminación por olores, correspondientes a 12 tipos distintos de actividades industriales. Pero el mismo estudio reveló que los la mayor cantidad de ellas se concentra precisamente en los planteles de crianza de animales (46,1%), seguida de las plantas de tratamiento de aguas servidas (14,4%), las pesqueras y plantas procesadoras de productos del mar (14,3%) y los sitios de disposición final de residuos (rellenos sanitarios, con un 10,7%).
Adicionalmente, se analizó geográficamente la información recopilada. De esta forma se obtuvieron las regiones que tienen una mayor posibilidad de sufrir problemas de olores derivados de estas cuatro actividades. Estas son la Metropolitana con el 18% del total de las actividades, la de Valparaíso con el 16,6% del total, la de O’Higgins con el 13,3 % del total y la de Los Lagos con el 11,2% del total de actividades. Estas cuatro regiones suman el 59,1% del total de instalaciones.
Y al mismo tiempo, el sector agroindustria, principalmente el sector porcino, aparece como la principal fuente de emisión en las más de 130 denuncias de este tipo recibidas en la Región Metropolitana por la Superintendencia del Medio Ambiente entre 2014 y 2016.
Fue el análisis de estos antecedentes lo que llevó finalmente al Ministerio del Medio Ambiente a decantarse por regular, en una primera etapa, la emisión de olores como contaminantes en los planteles porcinos, dejando para etapas posteriores las otras fuentes. Se trata además de un problema que afecta a las zonas socioeconómicamente más vulnerables del país, que deriva en numerosos conflictos que involucran a la población afectada, las actividades productivas y a las autoridades.
“La norma de emisión de olores para el sector porcino obligará a los establcimientos a reducir sus emisiones, mejorando tanto su estándar operacional, como disminuyendo la frecuencia y la concentración con la que se percibe el olor actualmente. Si bien hay empresas que ya están aplicando tecnologías que evitan olores molestos, con esta norma estableceremos los niveles que garanticen que el olor no afecte el bienestar ni la vida de las personas”, afirmó ayer la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
